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Fuente: El Salvador
Después que el gobierno tomó la delantera en el manejo del Puerto La Unión, mientras hacen reparaciones a la sede marítima de Acajutla, en Sonsonate, en la Asamblea Legislativa se avecina un nuevo estira y encoge por la ley que avalaría la concesión de los embarcaderos.
Los diputados del FMLN y del PCN plantean desechar la normativa que actualmente está en el Congreso, que ha tenido un tránsito escabroso y lento en las manos de los legisladores, ya que consideran que ha quedado desfasada con la actual crisis financiera mundial.
Mientras que del lado de ARENA se tiene otra visión: reimpulsar la aprobación de la legislación que envió la anterior administración de Elías Antonio Saca, en la que se establece que la empresa privada manejará el 90% y el Estado el 10%.
Sin embargo, el efemelenista Orestes Ortez opina que "esa ley no atrae a ningún inversionista; en los términos que está a nadie le interesó. Ese proyecto ya no puede ser. Tenemos que construir un nuevo proyecto de ley".
Ortez, quien además asesora al partido oficial en el negocio de Alba Petróleos, afirma que la realidad económica ha cambiado.
"La crisis es un factor que ha hecho que cambie el mercado. Hay que reactualizar el estudio del mercado, hay que sentarse y escuchar a los sectores, unir esfuerzos y producir la legislación que nos garantice que a mediano plazo se puede concesionar", argumentó, aunque rehusó especificar qué porcentaje debe quedar en manos estatales, porque eso sería "como poner la carreta delante de los bueyes".
Lo que sí cree el diputado del FMLN, es que una compañía extranjera se interesará por el puerto sólo si sabe cómo funciona, por ello es que ve acertada la decisión del gobierno de ponerlo a funcionar en tanto la Asamblea define cómo se concesionará y a quien.
De la misma idea de Ortez es el dirigente y diputado del PCN, Dagoberto Marroquín.
"El mundo ha cambiado, la ley ya perdió vigencia. Hay que hacer una nueva legislación acorde a la realidad actual, pero pensando en el desarrollo local", indicó el legislador pecenista.
Para Marroquín, una de las realidades que se deben tomar en cuenta es que ahora los países que estarían en condiciones económicas para manejar un proyecto portuario son China e India, pero lamentó que con ellos no se tenga relaciones diplomáticas.
ARENA, por el plan actual
La que discrepa en el tema de la legislación para manejar las sedes marítimas es Milena Calderón, diputada de ARENA.
"Deberíamos aprobar esa ley (enviada por Saca); deberíamos estudiarla viendo los ejemplos de otros países para darnos cuenta que en la concesión se puede poner las reglas claras. Después de conversar con el presidente de Cepa vamos a impulsar la aprobación de la ley", apuntó la arenera.
La legisladora tricolor argumenta que, "el Estado no es un administrador (de puertos), debe formar parte con un porcentaje. El FMLN piensa que todo lo debe manejar el Estado, pero debe ser la empresa privada la que lo administre… el Estado puede ser un controlador".
No obstante, Calderón dejó abierta la posibilidad de que como partido opositor puedan flexibilizar en cuanto al porcentaje que tendría el concesionario. "No nos podemos casar con un número; veamos qué es lo que le conviene al país", dijo, pero pide consultar a los alcaldes de las zonas portuarias y a otras instancias.
Recalcó que el gobierno debe decir qué tipo de puerto quiere, pero anticipa que si se hace un puerto local no será competitivo.
Los diputados del FMLN y del PCN plantean desechar la normativa que actualmente está en el Congreso, que ha tenido un tránsito escabroso y lento en las manos de los legisladores, ya que consideran que ha quedado desfasada con la actual crisis financiera mundial.
Mientras que del lado de ARENA se tiene otra visión: reimpulsar la aprobación de la legislación que envió la anterior administración de Elías Antonio Saca, en la que se establece que la empresa privada manejará el 90% y el Estado el 10%.
Sin embargo, el efemelenista Orestes Ortez opina que "esa ley no atrae a ningún inversionista; en los términos que está a nadie le interesó. Ese proyecto ya no puede ser. Tenemos que construir un nuevo proyecto de ley".
Ortez, quien además asesora al partido oficial en el negocio de Alba Petróleos, afirma que la realidad económica ha cambiado.
"La crisis es un factor que ha hecho que cambie el mercado. Hay que reactualizar el estudio del mercado, hay que sentarse y escuchar a los sectores, unir esfuerzos y producir la legislación que nos garantice que a mediano plazo se puede concesionar", argumentó, aunque rehusó especificar qué porcentaje debe quedar en manos estatales, porque eso sería "como poner la carreta delante de los bueyes".
Lo que sí cree el diputado del FMLN, es que una compañía extranjera se interesará por el puerto sólo si sabe cómo funciona, por ello es que ve acertada la decisión del gobierno de ponerlo a funcionar en tanto la Asamblea define cómo se concesionará y a quien.
De la misma idea de Ortez es el dirigente y diputado del PCN, Dagoberto Marroquín.
"El mundo ha cambiado, la ley ya perdió vigencia. Hay que hacer una nueva legislación acorde a la realidad actual, pero pensando en el desarrollo local", indicó el legislador pecenista.
Para Marroquín, una de las realidades que se deben tomar en cuenta es que ahora los países que estarían en condiciones económicas para manejar un proyecto portuario son China e India, pero lamentó que con ellos no se tenga relaciones diplomáticas.
ARENA, por el plan actual
La que discrepa en el tema de la legislación para manejar las sedes marítimas es Milena Calderón, diputada de ARENA.
"Deberíamos aprobar esa ley (enviada por Saca); deberíamos estudiarla viendo los ejemplos de otros países para darnos cuenta que en la concesión se puede poner las reglas claras. Después de conversar con el presidente de Cepa vamos a impulsar la aprobación de la ley", apuntó la arenera.
La legisladora tricolor argumenta que, "el Estado no es un administrador (de puertos), debe formar parte con un porcentaje. El FMLN piensa que todo lo debe manejar el Estado, pero debe ser la empresa privada la que lo administre… el Estado puede ser un controlador".
No obstante, Calderón dejó abierta la posibilidad de que como partido opositor puedan flexibilizar en cuanto al porcentaje que tendría el concesionario. "No nos podemos casar con un número; veamos qué es lo que le conviene al país", dijo, pero pide consultar a los alcaldes de las zonas portuarias y a otras instancias.
Recalcó que el gobierno debe decir qué tipo de puerto quiere, pero anticipa que si se hace un puerto local no será competitivo.
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