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Fuente: La Estrella
PANAMÁ. El embajador de Venezuela en Panamá, Jorge Durán Centeno, insistió ayer que los buques de bandera panameña Corregidora, Marianela y Edalan, son legítima propiedad del gobierno del país sudamericano, en virtud de una orden de expropiación girada en tribunales venezolanos, y que se ventila en instancias judiciales superiores de Panamá.
“Se produjo una medida fraudulenta en el traspaso de los buques. Lo que reclamamos es que se ratifique la soberanía venezolana sobre estos barcos y no hemos interferido ni presionado en forma alguna a Panamá. Esperamos que se actúe con legalidad en este proceso”, explicó Durán Centeno a La Estrella.
El diplomático aseguró además que Venezuela no le adeuda a ninguna de las empresas nacionalizadas, y que el 100% de la industria cementera es propiedad del país.
“Se produjo una medida fraudulenta en el traspaso de los buques. Lo que reclamamos es que se ratifique la soberanía venezolana sobre estos barcos y no hemos interferido ni presionado en forma alguna a Panamá. Esperamos que se actúe con legalidad en este proceso”, explicó Durán Centeno a La Estrella.
El diplomático aseguró además que Venezuela no le adeuda a ninguna de las empresas nacionalizadas, y que el 100% de la industria cementera es propiedad del país.
LAS ACUSACIONES
El abogado Tulio Francisco Cusman, quien actúa en el caso en nombre de la Procuraduría General de Venezuela, tomó la palabra para hablar del asunto.
Cusman acusó al grupo Cemex México de haber movido “de manera fraudulenta” la propiedad de los buques para no ser afectada; agregó que la situación “no es un asunto político, sino jurídico”.
Dijo a La Estrella que los trámites que se adelantan en Panamá, por parte de la Autoridad Marítima de Panamá “tienen visos de irregularidad”, porque “ellos saben de esto desde hace un año y todavía no dan respuesta”.
Al respecto, Cusman recibió el análisis de la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, quien hizo saber a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que “debe acceder” a la petición de “reconocimiento y ejecución de la sentencia extranjera” con respeto a las motonaves en litigio.
La petición —sostiene Gómez— “cumple con los requisitos que exige la legislación marítima panameña para esta clase de negocios”.
El abogado Tulio Francisco Cusman, quien actúa en el caso en nombre de la Procuraduría General de Venezuela, tomó la palabra para hablar del asunto.
Cusman acusó al grupo Cemex México de haber movido “de manera fraudulenta” la propiedad de los buques para no ser afectada; agregó que la situación “no es un asunto político, sino jurídico”.
Dijo a La Estrella que los trámites que se adelantan en Panamá, por parte de la Autoridad Marítima de Panamá “tienen visos de irregularidad”, porque “ellos saben de esto desde hace un año y todavía no dan respuesta”.
Al respecto, Cusman recibió el análisis de la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, quien hizo saber a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que “debe acceder” a la petición de “reconocimiento y ejecución de la sentencia extranjera” con respeto a las motonaves en litigio.
La petición —sostiene Gómez— “cumple con los requisitos que exige la legislación marítima panameña para esta clase de negocios”.
LA RESPUESTA
La Autoridad Marítima de Panamá, a través de su oficina de Relaciones Públicas, señaló mediante una nota de prensa que la legitimidad de la propiedad de una nave, no es competencia de la institución, “por lo que la misma debe ser dirimida ante los tribunales judiciales competentes”.
La fuente de la AMP aseguró que cuando los buques se registraron provisionalmente en la institución, a nombre de Sunbulk Shipping, “no se tenía conocimiento de la problemática de expropiación de las naves por parte del gobierno venezolano”.
Esta empresa, relata la nota, registró la hipoteca y propiedad en el Registro Público de Panamá, “actuación que la Autoridad Marítima de Panamá no está facultada para cuestionar”.
La AMP señala además que el registro permanente a las motonaves no se otorgará hasta la solución del conflicto.
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LA SITUACIÓN EN LITIGIO
Hace más de un año, el presidente Hugo Chávez ordenó la expropiación de las empresas cementeras en Venezuela. CEMEX Venezuela era una de las empresas que el mandatario tenía en la mira. La empresa y el gobierno de Chávez iniciaron un litigio en tierra de Bolívar por la propiedad de las motonaves Corregidora, Marianela y Edalan, pero las circunstancias llevaron el caso a los tribunales panameños, específicamente, a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, que ya permitió que una de las naves en conflicto, Edalan, fuera liberada, mediante el pago de una fianza de tres millones y medio de dólares. Los tres buques, a todo esto, están registrados bajo la bandera de Panamá.
JULIO ALFARO.
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REGISTROS
La Ley 57 del 7 de agosto de 2008, no contempla límites en cuanto a la otorgación de patentes provisionales o prórroga de las mismas.
Mediante nota de la AMP del 16 de febrero de 2009, reiterada el 7 de julio pasado, a criterio de la Cancillería del gobierno anterior, debía considerar viable “no otorgar la patente definitiva” pero a la vez no cancelar las naves “hasta que un tribunal competente decida sobre la propiedad de las tres motonaves en conflicto”.
El caso continúa su curso en los tribunales panameños.
La Autoridad Marítima de Panamá, a través de su oficina de Relaciones Públicas, señaló mediante una nota de prensa que la legitimidad de la propiedad de una nave, no es competencia de la institución, “por lo que la misma debe ser dirimida ante los tribunales judiciales competentes”.
La fuente de la AMP aseguró que cuando los buques se registraron provisionalmente en la institución, a nombre de Sunbulk Shipping, “no se tenía conocimiento de la problemática de expropiación de las naves por parte del gobierno venezolano”.
Esta empresa, relata la nota, registró la hipoteca y propiedad en el Registro Público de Panamá, “actuación que la Autoridad Marítima de Panamá no está facultada para cuestionar”.
La AMP señala además que el registro permanente a las motonaves no se otorgará hasta la solución del conflicto.
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LA SITUACIÓN EN LITIGIO
Hace más de un año, el presidente Hugo Chávez ordenó la expropiación de las empresas cementeras en Venezuela. CEMEX Venezuela era una de las empresas que el mandatario tenía en la mira. La empresa y el gobierno de Chávez iniciaron un litigio en tierra de Bolívar por la propiedad de las motonaves Corregidora, Marianela y Edalan, pero las circunstancias llevaron el caso a los tribunales panameños, específicamente, a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, que ya permitió que una de las naves en conflicto, Edalan, fuera liberada, mediante el pago de una fianza de tres millones y medio de dólares. Los tres buques, a todo esto, están registrados bajo la bandera de Panamá.
JULIO ALFARO.
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REGISTROS
La Ley 57 del 7 de agosto de 2008, no contempla límites en cuanto a la otorgación de patentes provisionales o prórroga de las mismas.
Mediante nota de la AMP del 16 de febrero de 2009, reiterada el 7 de julio pasado, a criterio de la Cancillería del gobierno anterior, debía considerar viable “no otorgar la patente definitiva” pero a la vez no cancelar las naves “hasta que un tribunal competente decida sobre la propiedad de las tres motonaves en conflicto”.
El caso continúa su curso en los tribunales panameños.
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