Vuelve el oscuro Ramón

Fuente: El Universal / Novedades de Quintana Roo
Por: SALVADOR GARCÍA SOTO

Desde las sombras, sin dar la cara ni asumir públicamente sus posiciones, el senador Ramón Muñoz Gutiérrez ha vuelto a operar del mismo modo que lo hizo durante seis años en Los Pinos. Como si fuera aún el poderoso e influyente asesor presidencial, este personaje, ligado a la ultra católica y a El Yunque de Guanajuato, ha asumido la defensa del ex presidente Fox, de su controvertida esposa Marta Sahagún y de sus enriquecidos hijos, los Bribiesca Sahagún.

Ramón fue uno de los tres miembros del gabinete foxista que encarecidamente pidieron fuero al terminar el sexenio.

El otro fue Juan Bueno Torio, hoy también senador y director de Pemex Refinación en el gobierno pasado. Esa fue el área donde, según ha documentado la Auditoría Superior de la Federación, se otorgaron contratos irregulares a varias empresas —Oceanografía, TMM y Arrendadora Ocean— favorecidas por la paraestatal a petición de Marta Sahagún y de sus hijos Manuel y Jorge Bribiesca. Tanto Bueno como Muñoz conocieron en su momento esas operaciones.

El tercero que quería fuero parlamentario para protegerse era Pedro Cerisola Weber, pero al ex secretario de Comunicaciones lo rechazaron los panistas cuando Fox intentó meterlo a las listas plurinominales al Senado.

Hoy Ramón Muñoz demuestra para qué necesitaba el fuero y opera entre los senadores del PAN para obstaculizar cualquier avance de las indagatorias contra Fox. Aliado con Santiago Creel, otro ex colaborador del sexenio pasado, el senador Muñoz es ahora el principal alfil del foxismo y, según afirman compañeros de su bancada, se mantiene en contacto con el ex presidente al que defiende a capa y espada.
Fue Ramón quien convenció a varios senadores del PAN de no firmar la carta que la semana pasada emitió el Senado para respaldar a su presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio Beltrones, ante las acusaciones públicas que le había hecho el ex mandatario Fox. Y con esa acción se frenó lo que Beltrones anticipaba en las declaraciones que ocasionaron la iracunda respuesta de Fox: el inicio de investigaciones formales desde el gobierno calderonista contra los hermanos Bribiesca Sahagún.

Aquella declaración de Manlio, sobre la empresa Oceanografía y su vinculación a "los negocios de la señora Marta Sahagún y su familia", anunciaba la punta del iceberg de un expediente que tiene listo el gobierno de Felipe Calderón, vía la Secretaría de la Función Pública, sobre los contratos millonarios otorgados por Pemex a esa y otras empresas por intermediación —"coyotaje" le llamó Beltrones— de Manuel y Jorge Bribiesca, así como de Guillermo Sahagún, hermano de Marta.
El comentario del senador sonorense activó la alarma entre los foxistas incrustados lo mismo en el Congreso que en la dirigencia nacional del PAN. Desde el Senado, con Muñoz a la cabeza, y en el CEN con el desgastado Manuel Espino, se inició una movilización interna para defender a Fox y oponerse a cualquier investigación avalada o apoyada desde el gobierno calderonista.

En este momento las baterías de los foxistas, encabezados por Ramón, están sobre Lino Korrodi y su declaración ante la PGR. Las presiones deben ser fuertes porque el propio Lino solicitó ayer a la Procuraduría posponer su citatorio en la averiguación que se sigue por la denuncia del senador Ricardo Monreal en contra de Fox.
Korrodi no sólo es un personaje clave en el entramado político y financiero que permitió el enriquecimiento de los Fox y los Bibriesca, sino que es el único testigo que podría aportar elementos claros sobre el modus operandi de la red de tráfico de influencias, donativos y sobornos que encabezó Marta Sahagún con el apoyo de personajes como el propio Ramón Muñoz.

No es fortuito que haya sido Lino el encargado de armar el fideicomiso 14607-0 de Banamex, creado en 1998, y a través del cual Vicente Fox Quesada manejó todas sus propiedades y bienes antes, durante y después de la presidencia. En ese fideicomiso, creado por los Amigos de Fox, aparece el rancho La Estancia, así como un sinfín de bienes y acciones propiedad del ex presidente, y de cuya documentación tiene copia Korrodi.

Tampoco fue casualidad que, cuando decidió crear la Fundación Vamos México, Marta Sahagún haya copiado el modelo diseñado e implementado por Lino Korrodi en los Amigos de Fox. La recaudación de fondos entre los grandes empresarios, primero para la campaña y luego para supuestas labores filantrópicas, fue una idea que Marta le fusiló a Lino, a quien para ese entonces —2002— ya se había encargado de alejar del ánimo del presidente.

En fin, los oscuros asesores y las maquiavélicas señoras están de vuelta. La dupla Sahagún-Muñoz, la misma que manipuló al presidente y definió muchas de las torpes y fallidas acciones y decisiones de la presidencia foxista, han vuelto a juntarse para ejecutar su defensa.

Por otra parte, la Suprema Corte se está volviendo un poder que se desborda y se cree inexpugnable. En los últimos días los ministros han tenido confrontaciones soterradas con el Legislativo. A los legisladores les quieren imponer en el Senado la designación de Jorge Meza como consejero de la Judicatura, cuando la vacante libre desde hace un año es para un candidato ciudadano en el órgano que fiscaliza y sanciona a jueces y magistrados. El único candidato que sobrevive y que no tiene vínculos con el Poder Judicial es el abogado Rafael Luna Alviso, quien no es mal visto por el PAN, al que le corresponde la selección. Pero las presiones a Santiago Creel han sido directas de la Corte y se menciona al ministro José Ramón Cossío como el principal promotor.

La otra confrontación que tiene en estos momentos la Corte es contra la Auditoría Superior de la Federación, dependiente de la Cámara de Diputados. Resulta que el auditor intentó revisar las cuentas del Consejo de la Judicatura, bajo el principio de que son recursos federales fiscalizables, y las áreas administrativas del Consejo le negaron el acceso a la información. El asunto escaló a tal nivel que en una sesión reciente, en privado, los ministros de la Corte discutieron el asunto y acordaron que no permitirán que la ASF revise las cuentas de la Judicatura. Es decir, los del Poder Judicial quieren controlar el órgano que debe revisar y sancionar su trabajo —y que por ley debe tener representantes ciudadanos para guardar los equilibrios—, y al mismo tiempo se niegan a que el manejo de los dineros en sus dependencias sea fiscalizado por las instancias respectivas.

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