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Fuente: Tribuna Campeche
FRONTERA, TAB.— A dos años del aseguramiento de los barcos pesqueros camaroneros “Inca XIII” y el “Eduardito”, por parte de las ya desaparecidas Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y Policía Federal Preventiva (PFP) el 18 de septiembre de 2007, por tráfico ilegal de combustibles, aún no es aclarado el caso.
Aquí todo es hermetismo y no hay informes sobre los responsables que alientan el tráfico de combustóleos y compra ilícita del energético, del propietario de las embarcaciones que operan clandestinamente o el curso legal de las investigaciones iniciadas.
La impunidad es tal, que incluso el “Eduardito”, un año después de su aseguramiento, en septiembre del 2008 obtuvo permisos de Capitanía de Puerto de Frontera para reiniciar el tráfico de gasolinas, aunque de nueva cuenta fue detenido poco después por incurrir en el mismo delito.
La noche del martes 18 de septiembre de 2007, elementos de la PFP y la AFI aseguraron al “Inca XIII” y el “Eduardito” con 70 mil litros de hidrocarburos.
INICIA AVERIGUACION
Por este delito, el agente del Ministerio Público de la Federación inició la averiguación previa PGR/TAB/VHSAIII/776/D/2006 por la comisión del Delito Ambiental y Robo de Hidrocarburos.
En los dos casos, Capitanía de Puerto permitió, por causas aún no aclaradas, que el “Eduardito” reiniciara actividades nocturnas de tráfico de combustibles desde la base de operaciones del muelle “Terminal” de Frontera.
La detención de los pesqueros puso al descubierto el tráfico de combustibles que ocurre en este puerto desde hace muchos años de forma, lo que incluso ha sido denunciado en múltiples ocasiones por pescadores locales.
Para los pescadores, es Capitanía de Puerto la que permite que las naves se muevan del muelle; en este caso, se autorizó la movilización a un barco sobre el que pesaba un delito federal, sin equipos de pesca pero con tanques agrandados, listo para el tráfico de combustibles.
SIN ARRIBO PESQUERO
Se trata de barcos que nunca han reportado arribos de producción pesquera, pese a que siempre han estado activos por la noche.
Hasta el momento, no hay datos de investigación alguna contra los presuntos socios de la cooperativa pesquera de Ciudad del Carmen (Campeche) que desde hace varios años movilizaron al “Eduardito” a Frontera para el tráfico ilegal de gasolinas y combustóleos.
El Código Penal Federal señala en su artículo 368 que el que sustraiga y aproveche hidrocarburos o sus derivados, cualquiera que sea su estado físico, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo, o de los equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo Petrolero, será sujeto de 500 a 10 mil días de multa, o condenado a tres o 10 años de prisión.
Cabe resaltar que incluso el anterior capitán de Puerto, Alejandro Tirado Zariñana, fue acusado por pescadores de esta localidad ante las autoridades de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, como uno de los protectores de la mafia del tráfico de combustóleos, y finalmente aquel fue removido de su cargo.
Las líneas de investigación están encaminadas a gente directamente relacionada al trasiego y carga de combustibles en las monoboyas del puerto de Dos Bocas, donde presumiblemente los barcos cargaban el combustible que era traído a puerto para su venta ilícita y clandestina.
Tanto el “Eduardito” como el “Inca XIII” no tienen las condiciones para navegar y operar como barcos pesqueros; no obstante, previamente a los aseguramientos, salían de este puerto en jornadas nocturnas, según sus encargados, para probar la maquinaria.
Cuando ambos barcos fueron asegurados, evidenciaron falta de equipos pesqueros; ni siquiera tenían las “plumas” —estructura movible que suspende las redes en las acciones de pesca del camarón— si no sólo el “cascarón” o casco, y sus máquinas eran lo único en buen estado.
Pese a todo, a dos años de que quedara en evidencia que estos delitos son flagrantemente cometidos desde el mismo puerto de Frontera, hasta ahora los responsables de estas violaciones a la ley siguen en la impunidad.
FRONTERA, TAB.— A dos años del aseguramiento de los barcos pesqueros camaroneros “Inca XIII” y el “Eduardito”, por parte de las ya desaparecidas Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y Policía Federal Preventiva (PFP) el 18 de septiembre de 2007, por tráfico ilegal de combustibles, aún no es aclarado el caso.
Aquí todo es hermetismo y no hay informes sobre los responsables que alientan el tráfico de combustóleos y compra ilícita del energético, del propietario de las embarcaciones que operan clandestinamente o el curso legal de las investigaciones iniciadas.
La impunidad es tal, que incluso el “Eduardito”, un año después de su aseguramiento, en septiembre del 2008 obtuvo permisos de Capitanía de Puerto de Frontera para reiniciar el tráfico de gasolinas, aunque de nueva cuenta fue detenido poco después por incurrir en el mismo delito.
La noche del martes 18 de septiembre de 2007, elementos de la PFP y la AFI aseguraron al “Inca XIII” y el “Eduardito” con 70 mil litros de hidrocarburos.
INICIA AVERIGUACION
Por este delito, el agente del Ministerio Público de la Federación inició la averiguación previa PGR/TAB/VHSAIII/776/D/2006 por la comisión del Delito Ambiental y Robo de Hidrocarburos.
En los dos casos, Capitanía de Puerto permitió, por causas aún no aclaradas, que el “Eduardito” reiniciara actividades nocturnas de tráfico de combustibles desde la base de operaciones del muelle “Terminal” de Frontera.
La detención de los pesqueros puso al descubierto el tráfico de combustibles que ocurre en este puerto desde hace muchos años de forma, lo que incluso ha sido denunciado en múltiples ocasiones por pescadores locales.
Para los pescadores, es Capitanía de Puerto la que permite que las naves se muevan del muelle; en este caso, se autorizó la movilización a un barco sobre el que pesaba un delito federal, sin equipos de pesca pero con tanques agrandados, listo para el tráfico de combustibles.
SIN ARRIBO PESQUERO
Se trata de barcos que nunca han reportado arribos de producción pesquera, pese a que siempre han estado activos por la noche.
Hasta el momento, no hay datos de investigación alguna contra los presuntos socios de la cooperativa pesquera de Ciudad del Carmen (Campeche) que desde hace varios años movilizaron al “Eduardito” a Frontera para el tráfico ilegal de gasolinas y combustóleos.
El Código Penal Federal señala en su artículo 368 que el que sustraiga y aproveche hidrocarburos o sus derivados, cualquiera que sea su estado físico, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo, o de los equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo Petrolero, será sujeto de 500 a 10 mil días de multa, o condenado a tres o 10 años de prisión.
Cabe resaltar que incluso el anterior capitán de Puerto, Alejandro Tirado Zariñana, fue acusado por pescadores de esta localidad ante las autoridades de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, como uno de los protectores de la mafia del tráfico de combustóleos, y finalmente aquel fue removido de su cargo.
Las líneas de investigación están encaminadas a gente directamente relacionada al trasiego y carga de combustibles en las monoboyas del puerto de Dos Bocas, donde presumiblemente los barcos cargaban el combustible que era traído a puerto para su venta ilícita y clandestina.
Tanto el “Eduardito” como el “Inca XIII” no tienen las condiciones para navegar y operar como barcos pesqueros; no obstante, previamente a los aseguramientos, salían de este puerto en jornadas nocturnas, según sus encargados, para probar la maquinaria.
Cuando ambos barcos fueron asegurados, evidenciaron falta de equipos pesqueros; ni siquiera tenían las “plumas” —estructura movible que suspende las redes en las acciones de pesca del camarón— si no sólo el “cascarón” o casco, y sus máquinas eran lo único en buen estado.
Pese a todo, a dos años de que quedara en evidencia que estos delitos son flagrantemente cometidos desde el mismo puerto de Frontera, hasta ahora los responsables de estas violaciones a la ley siguen en la impunidad.
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