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La fianza de 2,7 millones, impuesta por Capitanía Marítima, servirá para hacer frente a las posibles responsabilidades por haber realizado presuntamente dos vertidos y haberlo silenciado
Fuente: Diario de Tarragona
A las diez y media de la noche de ayer, Capitanía Marítima autorizaba a la plataforma a abandonar las costas de Tarragona después de haber estado retenida desde el pasado jueves , según confirmó al Diari el capitán marítimo Fernando Collado. Ese día la Dirección General de la Marina Mercante le abrió un expediente sancionador. Le acusa de haber cometido cuatro infracciones, entre ellas realizar dos vertidos –el 15 de mayo y el 23 de junio– y haberlo ocultado a las autoridades.
La plataforma es propiedad de Pride, una empresa con sede en Houston (Texas), proveedora de servicios de perforación de pozos, tanto en tierra como en el mar. Fue contratada por Repsol Investigaciones Petrolíferas (Ripsa) para realizar dos sondeos frente a las costas del Ebre para determinar la rentabilidad y posibilidades de extracción de crudo de dos bolsas que ya fueron detectadas hace años, pero que en aquel momento no era viable su explotación.
Ayer por la mañana se ingresaron en la Caja General del Depósito de la Agencia Tributaria los 2,7 millones de euros de la fianza, figurando como avaladores tanto Pride como una subsidiaria de Repsol. Si hasta la fecha dicha empresa se había mantenido al margen de la polémica entre la plataforma y la Administración central, al parecer ayer la empresa Ripsa hizo llegar una carta a las autoridades en la que se presentaba como única responsable. En la misiva se apuntaba que asumirá las responsabilidades derivadas de los posibles vertidos del 15 de mayo y 23 de junio (inicialmente no tienen relación con las manchas de hidrocarburo aparecidas hace unos días en las costas de Tarragona).
Legal representante
Pero hasta la fecha, la empresa Pride no tenía ningún representante legal en España para que la Dirección General de la Marina Mercante o Capitanía Marítima le haga llegar toda la documentación y notificaciones, además de ser los representantes en la tramitación del expediente sancionador. Dicha figura era clave para que la tramitación del expediente sancionador siguiera la legalidad vigente. Por ello, a pesar de pagar la fianza, la plataforma seguía retenida.
Finalmente, a primeras horas de la noche de ayer llegó a Capitanía Marítima un documento desde el consulado de España en Houston donde se hacía constar que la empresa Pride nombraba al famoso bufete de abogados de Barcelona Uría&Menéndez sus legales representantes a todos los efectos.
Con esta notificación, Capitanía Marítima autorizó a la plataforma a marcharse a otro destino, como iba a hacer el pasado jueves cuando fue inmovilizada.
Ayer se presentaron en Capitanía Marítima, acompañados por una abogada de Barcelona, dos de los responsables de la plataforma para aportar sus nombres y pasaportes al expediente abierto.
Por otra parte, hasta dentro de como mínimo dos meses no se tendrán los resultados de las muestras tomadas de los vertidos realizados así como de sus posibles fuentes para poder cotejar los resultados. Los laboratorios que están realizando dichos estudios son los que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona.
Fuente: Diario de Tarragona
A las diez y media de la noche de ayer, Capitanía Marítima autorizaba a la plataforma a abandonar las costas de Tarragona después de haber estado retenida desde el pasado jueves , según confirmó al Diari el capitán marítimo Fernando Collado. Ese día la Dirección General de la Marina Mercante le abrió un expediente sancionador. Le acusa de haber cometido cuatro infracciones, entre ellas realizar dos vertidos –el 15 de mayo y el 23 de junio– y haberlo ocultado a las autoridades.
La plataforma es propiedad de Pride, una empresa con sede en Houston (Texas), proveedora de servicios de perforación de pozos, tanto en tierra como en el mar. Fue contratada por Repsol Investigaciones Petrolíferas (Ripsa) para realizar dos sondeos frente a las costas del Ebre para determinar la rentabilidad y posibilidades de extracción de crudo de dos bolsas que ya fueron detectadas hace años, pero que en aquel momento no era viable su explotación.
Ayer por la mañana se ingresaron en la Caja General del Depósito de la Agencia Tributaria los 2,7 millones de euros de la fianza, figurando como avaladores tanto Pride como una subsidiaria de Repsol. Si hasta la fecha dicha empresa se había mantenido al margen de la polémica entre la plataforma y la Administración central, al parecer ayer la empresa Ripsa hizo llegar una carta a las autoridades en la que se presentaba como única responsable. En la misiva se apuntaba que asumirá las responsabilidades derivadas de los posibles vertidos del 15 de mayo y 23 de junio (inicialmente no tienen relación con las manchas de hidrocarburo aparecidas hace unos días en las costas de Tarragona).
Legal representante
Pero hasta la fecha, la empresa Pride no tenía ningún representante legal en España para que la Dirección General de la Marina Mercante o Capitanía Marítima le haga llegar toda la documentación y notificaciones, además de ser los representantes en la tramitación del expediente sancionador. Dicha figura era clave para que la tramitación del expediente sancionador siguiera la legalidad vigente. Por ello, a pesar de pagar la fianza, la plataforma seguía retenida.
Finalmente, a primeras horas de la noche de ayer llegó a Capitanía Marítima un documento desde el consulado de España en Houston donde se hacía constar que la empresa Pride nombraba al famoso bufete de abogados de Barcelona Uría&Menéndez sus legales representantes a todos los efectos.
Con esta notificación, Capitanía Marítima autorizó a la plataforma a marcharse a otro destino, como iba a hacer el pasado jueves cuando fue inmovilizada.
Ayer se presentaron en Capitanía Marítima, acompañados por una abogada de Barcelona, dos de los responsables de la plataforma para aportar sus nombres y pasaportes al expediente abierto.
Por otra parte, hasta dentro de como mínimo dos meses no se tendrán los resultados de las muestras tomadas de los vertidos realizados así como de sus posibles fuentes para poder cotejar los resultados. Los laboratorios que están realizando dichos estudios son los que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona.
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