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Fuente: La Jornada
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El gobierno de Felipe Calderón anuló el decreto expropiatorio de los terrenos de Altamira, Tamaulipas, donde se asienta uno de los más importantes puertos industriales del país, el cual fue expedido en 1981 por el entonces presidente, José López Portillo.
La determinación del Ejecutivo que, de acuerdo con fuentes gubernamentales y judiciales consultadas, fue firmada por Calderón en marzo pasado, y notificada a un juez federal de Tamaulipas apenas hace tres semanas, se dio en cumplimiento a una ejecutoria de amparo definitivo obtenido el 5 noviembre de 2008 por dos grupos ejidales representados por el ex senador del PAN Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador general de la República Antonio Lozano Gracia, también panista, socios en un bufete jurídico.
Con la resolución del amparo concedido por un tribunal colegiado de Tamaulipas, el gobierno calderonista, por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), estaba obligado a devolver a los ejidatarios varios terrenos de la zona expropiados hace casi tres décadas o a indemnizar a los quejosos con más mil 500 millones de pesos, de acuerdo con cálculos de las mismas fuentes.
La respuesta del gobierno federal, a fin de no incurrir en desacato judicial, fue la declaratoria de “insubsistencia” del decreto expropiatorio del suelo de Altamira.
A decir de las fuentes consultadas ayer, la anulación del decreto presidencial no significa que se vayan a devolver los terrenos expropiados a los dos núcleos ejidales amparados –eso pondría en riesgo la viabilidad del centro portuario, asiento de casi 60 empresas mexicanas y extranjeras, entre ellas la alemana Basf de México, la española Gas Natural y la colombiana Biofilm–, sino que “representa que la autoridad responsable admitió el fallo judicial y optó por llegar a un cumplimiento sustituto de la sentencia, mediante la indemnización a los ejidatarios, calculada a valor actual de los terrenos expropiados hace tres décadas”.
Los avalúos son emitidos por la Dirección Portuaria Integral de Altamira, por instrucciones de la SCT –según consta en el oficio APIALT-DG 198/ 2009, copia del cual tiene este diario–, instancia que ya efectúa el levantamiento topográfico, con cuadros de construcción de la superficie de las compañías ubicadas en Altamira.
Las empresas afectadas con el amparo litigan también en tribunales federales en busca de la protección de la justicia y que su asunto llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues alegan que en el juicio que ganó el Jefe Diego no se les citó a comparecer como “terceros perjudicados”.
Las fuentes indicaron que el pasado 15 de junio en el juzgado décimo de distrito de Tamaulipas, en el expediente 881-2007, el gobierno federal notificó al juez de amparo del cumplimiento de la sentencia que benefició a los integrantes de los ejidos Francisco Medrano y Ricardo Flores Magón, con lo cual quedó prácticamente anulado el decreto que expropió las tierras de esos núcleos campesinos a principios de la década de los 80.
La Jornada consultó ayer la lista de resoluciones de ese juzgado, que se publica en la página web del Consejo de la Judicatura Federal y, efectivamente, existe un acuerdo del 15 de junio que señala: “se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa (dos ejidos), el proveído de 19 de junio del año en curso, en el que se da vista a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, con el cumplimiento que la autoridad responsable dice haber dado a la sentencia dictada en el presente juicio de garantías”.
Apenas el 11 de junio pasado, el titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, aseguró a un diario de circulación nacional que “no estamos dispuestos a que se pague dos veces” por los terrenos expropiados donde se construyó el puerto industrial de Altamira.
Advirtió que en la defensa de los intereses sociales “vamos a tomar todas las acciones de tipo jurídico” para evitar que litigantes obtengan ganancias “incorrectas”.
Para entonces Molinar ya sabía de la anulación del decreto expropiatorio firmado por su jefe; sin embargo, lo omitió.
La determinación del Ejecutivo que, de acuerdo con fuentes gubernamentales y judiciales consultadas, fue firmada por Calderón en marzo pasado, y notificada a un juez federal de Tamaulipas apenas hace tres semanas, se dio en cumplimiento a una ejecutoria de amparo definitivo obtenido el 5 noviembre de 2008 por dos grupos ejidales representados por el ex senador del PAN Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador general de la República Antonio Lozano Gracia, también panista, socios en un bufete jurídico.
Con la resolución del amparo concedido por un tribunal colegiado de Tamaulipas, el gobierno calderonista, por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), estaba obligado a devolver a los ejidatarios varios terrenos de la zona expropiados hace casi tres décadas o a indemnizar a los quejosos con más mil 500 millones de pesos, de acuerdo con cálculos de las mismas fuentes.
La respuesta del gobierno federal, a fin de no incurrir en desacato judicial, fue la declaratoria de “insubsistencia” del decreto expropiatorio del suelo de Altamira.
A decir de las fuentes consultadas ayer, la anulación del decreto presidencial no significa que se vayan a devolver los terrenos expropiados a los dos núcleos ejidales amparados –eso pondría en riesgo la viabilidad del centro portuario, asiento de casi 60 empresas mexicanas y extranjeras, entre ellas la alemana Basf de México, la española Gas Natural y la colombiana Biofilm–, sino que “representa que la autoridad responsable admitió el fallo judicial y optó por llegar a un cumplimiento sustituto de la sentencia, mediante la indemnización a los ejidatarios, calculada a valor actual de los terrenos expropiados hace tres décadas”.
Los avalúos son emitidos por la Dirección Portuaria Integral de Altamira, por instrucciones de la SCT –según consta en el oficio APIALT-DG 198/ 2009, copia del cual tiene este diario–, instancia que ya efectúa el levantamiento topográfico, con cuadros de construcción de la superficie de las compañías ubicadas en Altamira.
Las empresas afectadas con el amparo litigan también en tribunales federales en busca de la protección de la justicia y que su asunto llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues alegan que en el juicio que ganó el Jefe Diego no se les citó a comparecer como “terceros perjudicados”.
Las fuentes indicaron que el pasado 15 de junio en el juzgado décimo de distrito de Tamaulipas, en el expediente 881-2007, el gobierno federal notificó al juez de amparo del cumplimiento de la sentencia que benefició a los integrantes de los ejidos Francisco Medrano y Ricardo Flores Magón, con lo cual quedó prácticamente anulado el decreto que expropió las tierras de esos núcleos campesinos a principios de la década de los 80.
La Jornada consultó ayer la lista de resoluciones de ese juzgado, que se publica en la página web del Consejo de la Judicatura Federal y, efectivamente, existe un acuerdo del 15 de junio que señala: “se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa (dos ejidos), el proveído de 19 de junio del año en curso, en el que se da vista a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, con el cumplimiento que la autoridad responsable dice haber dado a la sentencia dictada en el presente juicio de garantías”.
Apenas el 11 de junio pasado, el titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, aseguró a un diario de circulación nacional que “no estamos dispuestos a que se pague dos veces” por los terrenos expropiados donde se construyó el puerto industrial de Altamira.
Advirtió que en la defensa de los intereses sociales “vamos a tomar todas las acciones de tipo jurídico” para evitar que litigantes obtengan ganancias “incorrectas”.
Para entonces Molinar ya sabía de la anulación del decreto expropiatorio firmado por su jefe; sin embargo, lo omitió.
1 comentario:
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