Poco clara, enajenación de 183 hectáreas de la isla La Palma, señala Antonio Cruz Lucatero

Fuente: La Jornada
CLAUDIA AGUILAR

En el Congreso del Estado persisten dudas con respecto al destino de las posibles aportaciones económicas que recibió la administración anterior de manos de una compañía trasnacional, debido a la enajenación de 183 hectáreas de la isla La Palma, en el municipio de Lázaro Cárdenas, así como por los términos en que se ofrecería el resto del inmueble a la misma empresa.

A la fecha, los diputados desconocen el procedimiento para desincorporar de la administración pública las alrededor de 400 hectáreas que restan, y que pasarían a manos de Kansas City Southern (KCS), así como el monto económico que se obtendría por ello, el destino de tales recursos y si existen estudios sobre el impacto ambiental que traería la construcción de la terminal multimodal ferroviaria que se pretende construir ahí, señalaron los diputados Antonio Cruz Lucatero y Epigmenio Jiménez Rojas.

Sin embargo, esto no se aclarará hasta mediados del mes próximo, cuando asista a comparecer en el Legislativo el secretario de Administración y Finanzas en el estado, Humberto Suárez López.

Antecedentes

En noviembre de 2006, la 70 Legislatura aprobó un decreto según el cual se autorizó al entonces titular del Ejecutivo, Lázaro Cárdenas Batel, desincorporar 183 hectáreas de la isla de La Palma y parte de la isla de El Cayacal, con “el objeto de aportarlo mediante donación al fideicomiso número 2112 para que éste desarrollara un “recinto fiscalizado estratégico” en la zona.

El documento también señala que si “se destinase a objeto distinto del señalado” anteriormente, o bien “no se dispusiese del mismo en el término de dos años, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, lo donación quedará sin efecto y el inmueble en referencia volverá a formar parte del patrimonio del estado”.

Ahora bien, en mayo anterior la Administración Portuaria Integral (API) de Lázaro Cárdenas publicó que KCS habría obtenido en comodato 184 hectáreas de la isla a cambio de 23 millones de dólares, aunque sin especificar si se refería al terreno que observa dicho decreto. La misma API informó que la construcción de la terminal, que implica una inversión total de “80 millones de dólares”, comenzó desde 2007.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública en el Congreso, Epigmenio Jiménez Rojas, explicó sobre lo anterior que “hasta donde sabemos, esas 184 hectáreas se otorgaron por donación a la empresa, pero no sabemos si, en efecto, esto se llevó a cabo”.

En enero pasado, refirió, el gobierno del estado “ofreció 23.5 hectáreas a la empresa, y ésta dijo que eran pocas para sus necesidades, por lo que la donación quedó en pausa; en mayo, el fideicomiso nuevamente les ofreció 47 hectáreas, prácticamente el doble, supuestamente ya no por donación, pero no lo sabemos” con certeza.

Esta es la razón de que se haya llamado a comparecer al secretario Suárez López, pues si bien los diputados acudieron a Lázaro Cárdenas el 25 de junio pasado para verificar la situación de la isla, aún falta “que nos explique si se llevó a cabo la venta, a qué precio, si ya percibieron estos recursos, y además en qué términos se va a desincorporar el resto” del predio, agregó el diputado panista.

Desincorporación en puerta

Antonio Cruz Lucatero, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, refrendó lo anterior dado que “es necesario saber cuál es la situación de los terrenos y el trato con la empresa extranjera; qué es lo que están ofreciendo y qué es lo que se pretende hacer con ese recurso, porque se menciona que puede ir a un fideicomiso, pero de antemano estamos en desacuerdo”.

Lo anterior, explicó el legislador por el PRD, dado que “no sabemos qué va a hacer el fideicomiso con el recurso que se obtenga (se habla de 27 o 28 millones de dólares); pero si fuera así, no estaría de acuerdo con desincorporar ese predio, porque ese recurso se tiene que aplicar para obra social, ya sea en Lázaro Cárdenas o en lo municipios del estado”.

Jiménez Rojas añadió en este sentido que “el predio que se desincorpore va a pasar al fideicomiso, para que éste los enajene y disponga del capital. Coincido con el diputado Cruz Lucatero, en que lo más deseable sería que lo los ingresos se inviertan en el mismo puerto, en desarrollo e infraestructura, y que no se queden fuera y sean utilizados en otras cosas”.