El fallo estructural que hundió al 'Prestige' era conocido desde 1996

Fuente: Cantabria confidencial

Las mejores pruebas de la Abogacía del Estado en su pleito por la catástrofe del petrolero Prestige han permanecido secretas desde mayo de 2003, cuando España presentó una demanda judicial en Nueva York contra ABS (American Bureau of Shipping), la compañía que debió controlar con sus inspecciones periódicas el buen estado del buque -botado en 1976 y hundido frente a las costas gallegas, con 77.000 toneladas de fuel en su tripa, en noviembre de 2002-. Si habláramos de coches, sería la empresa que, año tras año, le hizo la ITV al Prestige.La Abogacía del Estado ha concentrado en ella la acusación por una razón sencilla: era la única entidad vinculada al desastre que no está cubierta por el convenio antivertidos, que obliga a indemnizaciones tasadas. Por esa vía, España sólo va a cobrar unos 100 millones de dólares. La Abogacía del Estado no dirigió el tiro judicial contra el armador, el naviero o el capitán del Prestige en el proceso penal que se tramita -es un decir, dada su parálisis- en el juzgado de Corcubión (A Coruña).

Ahí no podía arrancar ni un euro por encima de la indemnización automática pactada. No. Disparó sus pruebas secretas contra ABS en Nueva York porque ahí sí podía sacar una indemnización superior a los 1.000 millones de dólares (637 millones de euros). La misma suma que le ha costado al Estado español el siniestro.

Recientemente, la justicia de Nueva York se ha declarado no competente para esclarecer este asunto. La Abogacía General del Estado ha recurrido esa decisión, y las pruebas que maneja han dejado de ser secretas. Lo que sigue es un amplio resumen de la batería de pruebas acumuladas por la Abogacía del Estado en este proceso que se ventila en EE UU.