La reforma energética representa oportunidades para las navieras mexicanas que brindan servicios a Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que permitirá que se incrementen "de 16 a más de 100" las plataformas que requieren de avituallamiento, informó Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y Marina Mercante.
Sostuvo que una de las condiciones que pone la Ley de Navegación y Comercio Marítimos para que un barco extranjero brinde servicios en aguas nacionales, es que el mismo artefacto no exista en México, por lo que, mientras las navieras aztecas cuenten con los buques necesarios, Pemex los va a seguir demandando.
En el seminario "El reto de las 500 millones de toneladas del Gobierno Federal" organizado por la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC), el funcionario indicó que ese es el desafío del Ejecutivo para cuando finalice el sexenio, de las cuales, 250 millones de toneladas pertenecerá al rubro de petróleo y sus derivados.
Mencionó que actualmente estas mercancías representan poco más de 40% de las toneladas que se mueven por los puertos y que con la reforma representarán el 50%, una vez que la se comiencen a presentar los efectos de la reforma, en un par de años.
Además, agregó que representa un motor de desarrollo para la zona del Golfo de México y zonas de explotación petrolera, debido al incremento en la demanda de servicios y productos que va a atraer el avituallamiento de la flota que brinda servicios off shore a la paraestatal.
Respecto de los retos que se tienen en México para alcanzar la meta de pasar de 280 millones de toneladas a 500 millones de toneladas al finalizar el sexenio, Guillermo Ruiz de Teresa comentó que se debe invertir en los recintos para alcanzar la capacidad de las 500 millones de toneladas, sin que ello represente que se mueva esta cantidad de mercancías, ya que ello dependerá del ritmo de crecimiento de la economía.
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sábado, 16 de agosto de 2014
SCT da entrada a Puerto Nayarit
La Secretaría (Ministerio) de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio entrada a la revisión del proyecto denominado Puerto Nayarit, aclarando que la dependencia “no está proyectando”, sino que está a la espera de recibir el proyecto ejecutivo del puerto para su autorización, indicó Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la dependencia.
“Cuando empezó esta administración nos encontramos con que los puertos competían entre sí, sobre todo en tarifas. Entonces lo que nosotros estamos haciendo son dos sistemas portuarios, lo que implica resaltemos la vocación particular de cada uno, aunque todos son multipropósito, y en vez de canibalizarse, que se apoyen y se ayuden”, sostuvo.
Además, Ruiz de Teresa resaltó que “hay que ver si hay hinterland”. “O sea, está muy bien el puerto, pero si no tiene carreteras suficientes, pues hay que ir creciendo Puerto Nayarit junto con sus carreteras, hay que ver sí van a sacar producto, que eso es lo que quieren hacer, sacar producción de esa zona de Chihuahua y Nayarit, y eso pues es una buena vocación de salida que es distinta a la de Manzanillo”, dijo, al término de su participación en el seminario "El reto de las 500 millones de toneladas del Gobierno Federal" organizado por la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC).
Respecto de si el denominado Puerto Nayarit tendría que ir a licitación pública debido a que se proyecta una terminal de contenedores, la autoridad portuaria dijo que “depende de cómo lo vayan a hacer”. “Yo puedo dar el permiso para una privada, la ley lo explica, nosotros podemos hacerlo privado, para hacerlo público entonces ya tenemos que licitar, pero si usted maneja su propia compañía sus propios contenedores el permiso se da como una terminal privada. No podrían brindar servicio a todas las navieras, o si podría pero con ciertas restricciones, porque la ley obliga a que si es pública debe ser por licitación”, recalcó.
“Puerto Nayarit ese es un puerto privado, es un puerto que están impulsando los gobernadores de Nayarit y Chihuahua, es un puerto que lo están planteando hacer con inversión privada china y en lo que nosotros participaríamos es en darles los permisos, yo soy el que autoriza, yo represento a la autoridad (…) ojalá que se pueda hacer, ya que (los puertos) son un polo de desarrollo importante no sólo para el país, sino un polo de desarrollo regional fundamental” mencionó.A pregunta expresa sobre si se necesita un nuevo puerto dadas las recientes construcciones de nuevas terminales en Manzanillo y Lázaro Cárdenas, el funcionario federal destacó que lo que busca la actual administración es que los puertos no compitan entre sí, sino que “se ayuden”.
“Cuando empezó esta administración nos encontramos con que los puertos competían entre sí, sobre todo en tarifas. Entonces lo que nosotros estamos haciendo son dos sistemas portuarios, lo que implica resaltemos la vocación particular de cada uno, aunque todos son multipropósito, y en vez de canibalizarse, que se apoyen y se ayuden”, sostuvo.
Además, Ruiz de Teresa resaltó que “hay que ver si hay hinterland”. “O sea, está muy bien el puerto, pero si no tiene carreteras suficientes, pues hay que ir creciendo Puerto Nayarit junto con sus carreteras, hay que ver sí van a sacar producto, que eso es lo que quieren hacer, sacar producción de esa zona de Chihuahua y Nayarit, y eso pues es una buena vocación de salida que es distinta a la de Manzanillo”, dijo, al término de su participación en el seminario "El reto de las 500 millones de toneladas del Gobierno Federal" organizado por la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC).
Respecto de si el denominado Puerto Nayarit tendría que ir a licitación pública debido a que se proyecta una terminal de contenedores, la autoridad portuaria dijo que “depende de cómo lo vayan a hacer”. “Yo puedo dar el permiso para una privada, la ley lo explica, nosotros podemos hacerlo privado, para hacerlo público entonces ya tenemos que licitar, pero si usted maneja su propia compañía sus propios contenedores el permiso se da como una terminal privada. No podrían brindar servicio a todas las navieras, o si podría pero con ciertas restricciones, porque la ley obliga a que si es pública debe ser por licitación”, recalcó.
lunes, 13 de mayo de 2013
La SCT dotará a 50 mil embarcaciones menores de dispositivos de localización
México cuenta aproximadamente con un total de 11,592.77 kilómetros de litorales al Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, en consecuencia aun cuando la presencia de embarcaciones mexicanas mayores, es decir, de mas de 500 Unidades de Arqueo Bruto (UAB), no constituyen el grueso de la flota, el número de embarcaciones menores de 300 UAB es realmente considerable, y las actividades que se realizan con estas también, tanto en las actividades turísticas de servicios, como en la pesca comercial, actividades realmente importantes para las economías de algunos Estados de la República.
La explotación de embarcaciones en este tipo de actividades conlleva la presencia de los riesgos propios de un medio que no es el naturalmente determinado para el ser humano. El número de embarcaciones en el marco delimitado por la regulación que se pretende emitir, de menos de 300 UAB y mas de 7 metros de eslora, es de aproximadamente 25,502 en el Pacífico y de 26,004 en Golfo de México y Rivera Maya, haciendo un total de 51,506, lo cual representa aproximadamente una tercera parte del total de las embarcaciones que componen la flota mercante mexicana, cuya cifra es de 162,300 (a diciembre), por tanto el riesgo esta presente cada vez que una de estas embarcaciones sale de puerto para prestar sus servicios y realizar su actividad comercial, tanto para la tripulación como para los pasajeros.
Al respecto, la Dirección General de Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha notado un crecimiento considerable en el número de personas que fallecen en accidentes e incidentes marítimos en los últimos años, por ejemplo, en el año 2011 se tenia registro de 61, más del doble de los registrados en 2009 y 2010, cuyos datos son de 24 y 22 respectivamente, a tales datos es necesario agregar el número de personas desaparecidas, cuyas cifras en 2009 fue de 80, y en 2010 y 2011 de 102 y 124, en ambos supuestos (fallecidos y desaparecidos) se registra la perdida de vidas humanas, con la diferencia que en uno se rescata el cuerpo y en otro no, de esta manera con la suma de ambas cifras, en el año 2009 se cuentan 104 perdidas humanas, 124 en 2010 y 185 en 2011. En el año 2012, al 31 de diciembre se registraron de 122, de esta manera tenemos que el número aumento en forma alarmante en un 78% de 2009 a 2011, y aun cuando la cifra disminuye en 2012 a 122 perdidas, esta cifra sigue estando por arriba de las registradas en 2009 y similar a la de 2010. Esta situación ha llevado a la Autoridad Marítima explorar diversas opciones que permitan disminuir el riesgo, que deriva en la perdida de vidas humanas.
Se considera que la mejor opción para atender la problemática es el Acuerdo que se presenta como anteproyecto, toda vez que la obligación de contar con dispositivos de salvamento ya se establece en el citado artículo 72 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, pero no se precisa en ningún otro instrumento de carácter general éste tipo de dispositivos para el rango de embarcaciones objeto del anteproyecto, sólo en instrumentos internaciones se prevén para las embarcaciones iguales o mayores a 500 unidades de arqueo bruto (UAB), por tanto, considerando que la autoridad marítima cuenta con atribuciones para ello, y que se propone entregar los Dispositivos Transmisores de manera gratuita, a través de comodato a los navieros, propietarios o legítimos poseedores de este tipo de embarcaciones, sin costos significativos para los particulares, es que se considera que el Acuerdo propuesto cumple, al tratarse de una disposición de carácter general, como mecanismo jurídico idóneo para proveer en el ámbito administrativo, los fines que pondera la legislación vigente en la materia y las disposiciones internacionales, en materia de seguridad en la navegación, para la preservación de la vida humana en el mar:
La explotación de embarcaciones en este tipo de actividades conlleva la presencia de los riesgos propios de un medio que no es el naturalmente determinado para el ser humano. El número de embarcaciones en el marco delimitado por la regulación que se pretende emitir, de menos de 300 UAB y mas de 7 metros de eslora, es de aproximadamente 25,502 en el Pacífico y de 26,004 en Golfo de México y Rivera Maya, haciendo un total de 51,506, lo cual representa aproximadamente una tercera parte del total de las embarcaciones que componen la flota mercante mexicana, cuya cifra es de 162,300 (a diciembre), por tanto el riesgo esta presente cada vez que una de estas embarcaciones sale de puerto para prestar sus servicios y realizar su actividad comercial, tanto para la tripulación como para los pasajeros.
Al respecto, la Dirección General de Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha notado un crecimiento considerable en el número de personas que fallecen en accidentes e incidentes marítimos en los últimos años, por ejemplo, en el año 2011 se tenia registro de 61, más del doble de los registrados en 2009 y 2010, cuyos datos son de 24 y 22 respectivamente, a tales datos es necesario agregar el número de personas desaparecidas, cuyas cifras en 2009 fue de 80, y en 2010 y 2011 de 102 y 124, en ambos supuestos (fallecidos y desaparecidos) se registra la perdida de vidas humanas, con la diferencia que en uno se rescata el cuerpo y en otro no, de esta manera con la suma de ambas cifras, en el año 2009 se cuentan 104 perdidas humanas, 124 en 2010 y 185 en 2011. En el año 2012, al 31 de diciembre se registraron de 122, de esta manera tenemos que el número aumento en forma alarmante en un 78% de 2009 a 2011, y aun cuando la cifra disminuye en 2012 a 122 perdidas, esta cifra sigue estando por arriba de las registradas en 2009 y similar a la de 2010. Esta situación ha llevado a la Autoridad Marítima explorar diversas opciones que permitan disminuir el riesgo, que deriva en la perdida de vidas humanas.
Se considera que la mejor opción para atender la problemática es el Acuerdo que se presenta como anteproyecto, toda vez que la obligación de contar con dispositivos de salvamento ya se establece en el citado artículo 72 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, pero no se precisa en ningún otro instrumento de carácter general éste tipo de dispositivos para el rango de embarcaciones objeto del anteproyecto, sólo en instrumentos internaciones se prevén para las embarcaciones iguales o mayores a 500 unidades de arqueo bruto (UAB), por tanto, considerando que la autoridad marítima cuenta con atribuciones para ello, y que se propone entregar los Dispositivos Transmisores de manera gratuita, a través de comodato a los navieros, propietarios o legítimos poseedores de este tipo de embarcaciones, sin costos significativos para los particulares, es que se considera que el Acuerdo propuesto cumple, al tratarse de una disposición de carácter general, como mecanismo jurídico idóneo para proveer en el ámbito administrativo, los fines que pondera la legislación vigente en la materia y las disposiciones internacionales, en materia de seguridad en la navegación, para la preservación de la vida humana en el mar:
GUILLERMO RAÚL RUIZ DE TERESA, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, con fundamento en los artículos 1°, 2° fracción I, 9°, 14, 18, 36 fracciones I, XIV, XVI, XIX y XXVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 fracciones I, II, V, VIII, IX, XIII y XXII, 10, 11, 13 fracción I, 20, 50, 51, 65 y 78, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; 1o., 2o., 3o., 7o., 15 y 16, de la Ley Federal del Mar; así como 1o., 2o. fracción VI, 3o. y 6o. fracciones X y XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y
CONSIDERANDO
Que conforme al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le corresponde regular, promover y organizar la marina mercante; regular las comunicaciones y transportes por agua; así como coordinar en los puertos marítimos y fluviales las actividades y servicios marítimos y portuarios, los medios de transporte que operen en ellos y los servicios principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación para su eficiente operación y funcionamiento.
Que la Ley de Navegación y Comercio Marítimos prevé que el Ejecutivo Federal ejerce la Autoridad Marítima mercante a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la cual corresponde, entre otras atribuciones, ser la autoridad ejecutora de los Tratados Internacionales en materia marítima en el ámbito de su competencia y ser su intérprete en la esfera administrativa.
Que la seguridad de la navegación y las medidas de protección que se aplican al transporte por agua responden a exigencias del entorno mundial y no atenderlas afectaría las actividades comerciales y de convivencia internacionales de nuestro País, convirtiéndolo en poco atractivo para el mercado mundial comercial y turístico, razones por las que debe crearse la normativa necesaria para que la actividad del transporte marítimo nacional sea acorde con tales medidas de seguridad y protección internacionales y no represente una ruptura de las mismas.
Que con la instalación de un Dispositivo Transmisor que permita la identificación y ubicación de las embarcaciones, se contribuiría a la disminución de riesgos en la navegación, tomando en cuenta que los incidentes o accidentes marítimos acontecen de manera inesperada poniendo en riesgo de manera inminente la seguridad de las personas, al comprometer su vida y su salud, lo cual se atenuaría, al permitirle a la Autoridad Marítima:
· Tener un control eficiente del tráfico de embarcaciones en aguas nacionales y en puerto, contribuyendo a la vigilancia que se realice, en relación al semáforo meteorológico de banderas y las restricciones a la navegación que se determine, de acuerdo al estado del tiempo, y
· Contar con una herramienta indispensable, en la toma de decisiones y reacción en caso de incidentes o accidentes, para las operaciones de búsqueda y rescate de personas.
Que los riesgos para la personas aumenta en la temporada ciclónica que cada año se presenta y que afecta a los litorales mexicanos, comprometiendo de manera inminente la seguridad de la navegación y con ello la salvaguarda de la vida humana en el mar.
Que como parte contratante del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 1974 (SOLAS), y de su Anexo modificado mediante enmiendas en las que se agregó el Capítulo XI-2 "Medidas Especiales para Incrementar la Protección Marítima" y se creó el "Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias” (Código PBIP), nuestro país estima necesario crear la normatividad que en el ámbito nacional corresponda, para que existan medidas de seguridad y protección compatibles con el ámbito internacional de acuerdo con dicho convenio, para aquellas embarcaciones que operan en aguas nacionales.
Que para cumplir con lo anterior, esta Autoridad Marítima requiere que las embarcaciones mexicanas a las que no aplican las disposiciones en materia internacional y que en este Acuerdo se identifican, lleven abordo un Dispositivo Transmisor encendiendo y transmitiendo de manera permanente que permita su identificación automática, a fin de que durante su navegación y estancia en puertos y aguas mexicanas sean localizables.
Por las razones antes señaladas, que la identificación y control de la navegación de las embarcaciones debe regularse en forma estricta e inmediata para garantizar la seguridad en la navegación, a fin de preservar la vida humana en el mar en aguas marinas mexicanas, he tenido a bien expedir el siguiente:
Acuerdo que establece los criterios para la asignación e instalación de un dispositivo transmisor en las embarcaciones menores de trescientas unidades de arqueo bruto y de más de siete metros de eslora.
CAPÍTULO I
Del objetivo y definiciones.
Artículo 1.- El presente Acuerdo establece los criterios para la asignación e instalación de un Dispositivo Transmisor para la localización de embarcaciones, que tendrá como finalidad garantizar la seguridad de la navegación y proteger las vías generales de comunicación por agua, el cual deberá instalarse en embarcaciones mexicanas menores de trescientas unidades de arqueo bruto y de más de siete metros de eslora.
El presente Acuerdo es de observancia obligatoria para todos los navieros, propietarios o legítimos poseedores, de las embarcaciones que se citan en el párrafo precedente, sea que cuenten con matrícula mexicana en sus embarcaciones o cuando la obtengan por primera vez.
Artículo 2.- Se exceptúan de la aplicación de este Acuerdo, las embarcaciones que se dediquen de manera regular y continua a la navegación interior y aquellas a las cuales aplica la Norma Oficial Mexicana NOM-062-PESC-2007, Para la utilización del sistema de localización y monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras, publicada el 24 de abril de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 3. Para los efectos de la presente Acuerdo se consideran las siguientes definiciones y abreviaturas:
I.- Autoridad Marítima: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Marina Mercante.
II.- Capitanía de Puerto: Es la autoridad dependiente de la Secretaría, a través de la cual ésta ejerce sus funciones como Autoridad Marítima, que cuenta con la jurisdicción y atribuciones que señalan la Ley y las demás disposiciones legales y administrativas.
III.- Dirección General: La Dirección General de Marina Mercante.
IV.- Dispositivo Transmisor: La terminal emisora de datos que se instala en la embarcación para determinar su posicionamiento al navegar o al encontrarse en puerto, por señales de radiofrecuencia banda marina.
V.- Embarcación de más de siete metros de eslora: Cualquier embarcación que como resultado de la inspección practicada por inspectores técnicos navales de la Autoridad Marítima, tenga como resultado de su medida de eslora más de siete metros.
VI.- Embarcación menor de trescientas unidades de arqueo: Cualquier embarcación que de acuerdo a la inspección practicada por inspectores técnicos navales de la Autoridad Marítima, tenga como resultado de su medida de arqueo doscientas noventa y nueve unidades de arqueo bruto o menos.
VII.-GPS: El Sistema de Posicionamiento Global.
VIII.- Información meteorológica: El informe meteorológico, análisis, pronóstico y cualquier otra declaración relativa a condiciones meteorológicas existentes o previstas, difundidas por la Capitanía de Puerto.
IX.- Ley: La Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
X.- Matrícula: El certificado que otorga la Autoridad Marítima y que determina la nacionalidad de la embarcación como mexicana, una vez que se comprobó que cumple condiciones de seguridad para su navegación.
XI.- Propietario o legítimo poseedor: Los previstos en los artículos 2 fracción VIII y 11 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
XII.- Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
XIII.- Vías navegables: Las señaladas en el artículo 3 de la Ley.
CAPÍTULO II
Disposiciones generales.
Artículo 4.- La Autoridad Marítima vigilará que en el Dispositivo Transmisor queden establecidos los datos cifrados de la embarcación, tales como sus características y dimensiones, uso, tipo de navegación, equipo de seguridad, motores y los datos del propietario o poseedor, sea persona física o moral. El Dispositivo Transmisor deberá formar parte permanente de la embarcación.
Artículo 5.- El Dispositivo Transmisor deberá fijarse en la parte interna de la embarcación en un lugar estanco o que no permita el paso del agua, de fácil visibilidad y acceso, pero protegido, para evitar que sea golpeado, rayado o dañado intencional o accidentalmente.
CAPÍTULO III
Procedimiento para la asignación e instalación del Dispositivo Transmisor a las embarcaciones.
Artículo 6.- A todas las embarcaciones mexicanas a que se refiere este Acuerdo y aquellas que estén en trámite de obtener la bandera y matrícula mexicanas menores de trescientas unidades de arqueo bruto y de más de siete metros de eslora, les será asignado e instalado por la Autoridad Marítima, un Dispositivo Transmisor que contará con un GPS integrado, a fin de que sea posible su localización e identificación automática durante su navegación o estancia en puerto.
Artículo 7.- Para cumplir con lo señalado en el artículo anterior, los navieros, propietarios o poseedores de las embarcaciones objeto de este Acuerdo, previo a la asignación e instalación del Dispositivo Transmisor, deberán realizar la solicitud correspondiente en un formulario que le proporcionará dicha Autoridad Marítima, con los datos de la embarcación y los del naviero, propietario o legítimo poseedor. El formulario constituye el Anexo 1 de este Acuerdo y es parte integral de éste.
Artículo 8. Una vez hecha la solicitud, la Capitanía de Puerto comunicará en esa misma fecha al naviero, propietario o legítimo poseedor, el día en que le será asignado e instalado el Dispositivo Transmisor sin costo alguno, mediante la firma de un contrato de comodato.
Dicho contrato de comodato constituye el Anexo 2 de este Acuerdo y es parte integral de éste.
La información que proporcione el naviero, propietario o legítimo poseedor, en su solicitud se sujetará a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública Gubernamental.
Artículo 9.- Los navieros, propietarios o legítimos poseedores, de las embarcaciones objeto de este Acuerdo, deberán permitir que personal de la Secretaría instale el Dispositivo Transmisor que les sea asignado en sus embarcaciones y permitir en cualquier tiempo su verificación, por el personal que designe la Secretaría a través de la Dirección General.
Artículo 10.- El personal designado por la Dirección General que acuda a realizar la instalación del Dispositivo Transmisor, levantará constancia de ello, señalando las condiciones en que éste quedó instalado o las razones por las que no se haya podido realizar dicha instalación.
Si dicha instalación no se realizó por causas atribuibles al naviero, propietario o legítimo poseedor de la embarcación, le será negado el despacho hasta en tanto se efectúe la instalación.
Si las causas por las que no se pudo realizar la instalación del Dispositivo Transmisor, no son atribuibles al naviero, propietario o legítimo poseedor de la embarcación, la Autoridad Marítima le notificará por escrito a éste una nueva fecha para la instalación, permitiéndole la navegación con el acuse de recibo de la solicitud referida en el artículo 7 del presente Acuerdo.
Artículo 11.- Los navieros, propietarios o legítimos poseedores de embarcaciones que se encuentren en los supuestos de este Acuerdo y que acudan a tramitar la matrícula de su embarcación, a la resolución del trámite serán informados por la Capitanía de Puerto, de resultar éste procedente, de la fecha en que le será instalado el Dispositivo Transmisor a la embarcación, en la inteligencia que en caso de que el naviero, propietario o legítimo poseedor no permita la instalación del citado Dispositivo estará impedida para navegar, negándole su despacho.
Artículo 12.- En el caso de los navieros, propietarios o legítimos poseedores de embarcaciones, que al estar matriculadas como mexicanas al momento de la entrada en vigor de este Acuerdo carezcan del Dispositivo Transmisor, contarán con un plazo máximo de tres meses para solicitar su instalación, a partir de la citada vigencia, debiendo sujetarse a lo previsto en el artículo 14 del presente Acuerdo a su incumplimiento.
Artículo 13.- Los navieros, propietarios o legítimos poseedores de embarcaciones, quedan obligados a mantener activado el Dispositivo Transmisor, una vez que haya sido instalado, durante la navegación y durante la realización de cualquier maniobra en puerto y fuera de éste, permitiéndose su inactividad únicamente para efectos de su recarga y por el tiempo estrictamente necesario para ello.
Artículo 14.- Aquella embarcación a la que le haya sido asignado e instalado el Dispositivo Transmisor y que resultado de la verificación que se le haya realizado por la Autoridad Marítima, se haya hecho constar que no lo tiene encendido y funcionando, le será negado el despacho correspondiente; lo mismo ocurrirá para el caso de aquellas embarcaciones que transcurrido el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo no hayan solicitado la asignación de su Dispositivo Transmisor.
La Autoridad Marítima, permitirá navegar a aquellas embarcaciones a las que no se haya instalado el Dispositivo Transmisor en la fecha programada pero que cuenten con acuse de recibo de la solicitud realizada para la instalación del mismo.
Artículo 15.- Tomando en cuenta que el Dispositivo Transmisor se entregara al naviero, propietario o legítimo poseedor de la embarcación, mediante contrato de comodato, es decir, únicamente para el uso del Dispositivo de forma gratuita. El comodatario, que en este caso es el naviero, propietario o legítimo poseedor de la embarcación, está obligado a poner toda diligencia en la conservación del mismo, por lo que será responsable del deterioro que sufra por su culpa, dolo o negligencia, salvo en los casos fortuitos o de fuerza mayor.
Artículo 16.- En caso de que el Dispositivo Transmisor presente alguna avería o mal funcionamiento, el naviero, propietario o legítimo poseedor hará del conocimiento de ello por escrito a la Capitanía de Puerto de forma inmediata para que en su caso, se haga efectiva la garantía, y se tomen las medidas necesarias por la Autoridad Marítima, permitiéndole la navegación hasta en tanto ésta no determine lo conducente.
En caso de que la avería o pérdida del Dispositivo Transmisor sea atribuible al naviero, propietario o legítimo poseedor de la embarcación y la pérdida no sea cubierta por la garantía, aquél deberá reponerlo en un plazo no mayor a 30 días naturales, a partir de que así le sea notificado por la Capitanía de Puerto, por lo que una vez transcurrido dicho plazo, sin que el Dispositivo Transmisor sea repuesto e instalado en la embarcación a su costa, le será negado el despacho a la misma.
Artículo 17.- Por lo que respecta a la garantía, el procedimiento se llevara a cabo de forma inmediata por la Autoridad Marítima, de acuerdo con los términos del contrato de adquisición de los Dispositivos o, en su caso, del seguro correspondiente, en el que se señalan los plazos para ello.
CAPÍTULO IV
Vigilancia, verificación y sanciones.
Artículo 18.- La dependencia encargada de la aplicación, vigilancia y cumplimiento de este Acuerdo, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección General de Marina Mercante.
Artículo 19.- Las infracciones e incumplimientos a la misma, se sancionarán por la misma de conformidad con lo previsto en la Ley de Navegación y Comercios Marítimos, y demás ordenamientos legales que resulten aplicables.
Artículo 20.- La Autoridad Marítima llevará a cabo verificaciones periódicas por medio del personal del Resguardo Marítimo Federal durante sus patrullajes y en forma aleatoria a través del monitoreo constante en los equipos informáticos dedicados a recibir la información de los Dispositivos Transmisores.
Artículo 21.- La Capitanía de Puerto al realizar las verificaciones, levantará constancia de las embarcaciones que no tengan funcionando el Dispositivo Transmisor, y en su caso negará su despacho hasta en tanto no se corrobore el adecuado funcionamiento de éste, salvo lo dispuesto en el artículo 16 de este Acuerdo.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor:
a Para las embarcaciones sujetas a la jurisdicción de las Capitanías de Puerto establecidas en el litoral del Océano Pacífico, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y
b) Para las embarcaciones sujetas a la jurisdicción de las Capitanías de Puerto establecidas en el litoral del Golfo de México y Mar Caribe, a los trescientos ochenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Las solicitudes de matrícula que estén pendientes de resolver al momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, al expedirse el certificado de matrícula respectivo se le comunicará al naviero, propietario o legítimo poseedor de la embarcación la fecha en que será instalado el Dispositivo Transmisor en ésta, sujetándose en todo lo subsecuente a la dispuesto en el presente Acuerdo.
Fuente: COFEMER
martes, 6 de marzo de 2012
DECLARATORIA de abandono de una embarcación menor, sin nombre, sin número de matrícula, tipo Zena
DOF: 06/03/2012
DECLARATORIA de abandono de una embarcación menor, sin nombre, sin número de matrícula, tipo Zena.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.- Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.- Dirección General de Marina Mercante.- Capitanía de Puerto de Chetumal.- Oficio 7.2.548.008.2012.
EL C. PILOTO NAVAL ALVARO FLORES PARRA, Capitán de Puerto en Chetumal, en el Estado de Quintana Roo, con fundamento en los artículos 36, fracciones I, XVI, XVIII y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 3o. fracción VI, 4o., primer y segundo párrafos 6o., fracción XX, 9o. y 13 de la Ley General de Bienes Nacionales; 1o., 2o., 4o., 5o., 6o., 7o., fracción I, 8o., fracción VIII, 9o. fracciones V, VIII y XIV, 13, fracción II, 53, tercer párrafo, 78, 80 fracción VI, 89 fracción IV, 172 y 174 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; 2o., fracción XXIII.1, 28, fracciones I y XX y 29 fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y
CONSIDERANDO
Que mediante actas de policía marítima de fechas 3 y 11 de agosto de 2007, emitidas por el C. Vicealmirante C.G. DEM Armando García Rodríguez, Comandante de la Décima Primera Zona Naval, dio a conocer a esta Capitanía de Puerto, el hallazgo de una embarcación menor, sin nombre, ni número de matrícula, tipo Zena, con una dimensión de 33 pies de eslora, color gris oscuro, con dos motores fuera de borda, de la marca Yamaha, con una potencia de 200 H.P., cada uno.
Que derivado del hallazgo, se dio conocimiento a la Agencia Federal de Investigaciones establecida en Chetumal en el Estado de Quintana Roo, para los efectos correspondientes.
Que habiéndose dictaminado por parte de la Procuraduría General de la República el no ejercicio de la acción penal, y atendiendo a lo previsto en los artículos 172 y 174 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la Secretaría de MarinaArmada de México, solicitó la disposición de la embarcación a favor de la Décima Primera Zona Naval, en Chetumal, en el Estado de Quintana Roo, por ser de utilidad para el ejercicio de sus funciones; por lo que he tenido a bien expedir la siguiente:
DECLARATORIA
ARTICULO PRIMERO.- Se declara el abandono de una embarcación, libre de todo gravamen, con todos sus efectos y pertenencias y motores, cuyas características son las que a continuación se indican:
Tipo: Zena
Eslora: 33 pies
Color: Gris oscuro
Motores: 2 fuera de borda de 200 H.P. cada uno.
Marca: Yamaha
ARTICULO SEGUNDO.- La embarcación a que se refiere la presente declaratoria, quedará con todos sus efectos pertenencias y motores, a favor de la Nación, a través del Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a disposición de la Secretaría de Marina, sin ningún tipo de gravamen, determinándose a través de la Capitanía de Puerto de Chetumal, en el Estado de Quintana Roo, en los términos de la normatividad que resulte aplicable a la materia, particularmente en lo que se refiere al destino de la embarcación.
ARTICULO TERCERO.- Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, tendrán la intervención que las leyes respectivas les confieran, para la ejecución de lo dispuesto en la presente Declaratoria.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Declaratoria surtirá sus efectos al día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Las Secretarías de Marina y de Comunicaciones y Transportes, por conducto de esta Capitanía de Puerto, coordinarán todo lo conducente a efecto de llevar a cabo lo señalado en el Artículo Segundo de esta Declaratoria, y en su caso los trámites necesarios ante las Dependencias y entidades correspondientes.
Chetumal, Quintana Roo, a 18 de enero de 2012.- El Capitán de Puerto de Chetumal, Piloto Naval, Alvaro Flores Parra.- Rúbrica.
jueves, 2 de septiembre de 2010
Paro de labores en Centro SCT-Yucatán
Fuente: Tribuna Campeche
Reinstalación de Noé Canto genera inconformidadMás de 220 trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Yucatán iniciaron ayer un paro indefinido de labores en contra de la reinstalación de Noé Canto García, como subdirector de Transportes Federales.
El secretario del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la SCT en la entidad, Manuel Batista Povedano, explicó que el problema se dio porque “hace un año ese funcionario fue removido de su cargo en Mérida, ya que tuvo problemas serios con su secretaria y otros empleados a quienes hostigó”.Ante esa situación, dijo, el Sindicato de la SCT acordó con la delegación federal no sacarlo, pero sí removerlo de su cargo en Yucatán.“Se acordó mandarlo a otro lado, fue puesto a disposición de la autoridad y lo enviaron hace un año a Villahermosa, Tabasco, pero ahora nuevamente lo regresan y ya comenzó con su prepotencia y acoso contra los trabajadores”, denunció.“Su salida fue por daños morales contra los empleados, hostigamiento laboral hacia los compañeros, principalmente las secretarias, y hasta se ponía a investigar a la gente cuando hay un órgano de control interno para hacerlo. Muchos pidieron ser dados de baja por su culpa”, acentuó.
“El Comité Ejecutivo Nacional, representado por Víctor Manuel López Carranza, quien es el líder nacional, está tomando medidas en la Ciudad de México, hablando con Asuntos Laborales y Recursos Humanos para ver si se puede mover a esta persona y resolver el problema”, añadió.Esto es un paro de labores dentro de las instalaciones, destacó, no estamos violando ningún apartado, había un acuerdo bilateral con las autoridades, pero ante la situación se da este paro indefinido hasta que se atiendan las exigencias de los 220 trabajadores del Sindicato.Advirtió que Capitanía de Puerto suspendería labores hoy a las ocho de la mañana en caso de que la dirigencia nacional de la SCT y el Sindicato no lleguen a un acuerdo.
El secretario del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la SCT en la entidad, Manuel Batista Povedano, explicó que el problema se dio porque “hace un año ese funcionario fue removido de su cargo en Mérida, ya que tuvo problemas serios con su secretaria y otros empleados a quienes hostigó”.Ante esa situación, dijo, el Sindicato de la SCT acordó con la delegación federal no sacarlo, pero sí removerlo de su cargo en Yucatán.“Se acordó mandarlo a otro lado, fue puesto a disposición de la autoridad y lo enviaron hace un año a Villahermosa, Tabasco, pero ahora nuevamente lo regresan y ya comenzó con su prepotencia y acoso contra los trabajadores”, denunció.“Su salida fue por daños morales contra los empleados, hostigamiento laboral hacia los compañeros, principalmente las secretarias, y hasta se ponía a investigar a la gente cuando hay un órgano de control interno para hacerlo. Muchos pidieron ser dados de baja por su culpa”, acentuó.
“El Comité Ejecutivo Nacional, representado por Víctor Manuel López Carranza, quien es el líder nacional, está tomando medidas en la Ciudad de México, hablando con Asuntos Laborales y Recursos Humanos para ver si se puede mover a esta persona y resolver el problema”, añadió.Esto es un paro de labores dentro de las instalaciones, destacó, no estamos violando ningún apartado, había un acuerdo bilateral con las autoridades, pero ante la situación se da este paro indefinido hasta que se atiendan las exigencias de los 220 trabajadores del Sindicato.Advirtió que Capitanía de Puerto suspendería labores hoy a las ocho de la mañana en caso de que la dirigencia nacional de la SCT y el Sindicato no lleguen a un acuerdo.
POSTURA OFICIAL
Por su parte, el subdirector de Administración de la SCT-Yucatán, Xavier Rosado Echánove, reconoció que la situación afecta gravemente a los usuarios que acuden a realizar trámite de renovación de licencias federales.
“Diariamente hay de 15 a 20 personas que vienen de otros estados de la República para tramitar sus permisos o sus licencias federales y tienen que hacer el trámite mediante la cita que se les asigna a través del sistema nacional de citas por teléfono”, comentó.“Estamos viendo si podemos brindarles el servicio, porque en el caso de Medicina Preventiva que les tiene que hacer sus exámenes, los médicos están apoyando también el paro y mientras se afecta a los usuarios”, acentuó.“Tenemos que hacer la gestión a nivel federal para que se reprogramen las fechas, estamos viendo si se puede atender al mayor número posible a través del encargado de Medicina, y a quienes no podamos atender vamos a reprogramarlos para que les den prioridad para compensar la molestia por el gasto que hicieron al venir a realizar sus trámites y no poderlos concretar”, señaló.“Estamos pendientes de las oficinas centrales para resolver este problema laboral y esperamos la resolución que dé la Secretaría Federal para ver qué procede, ya que hay diálogo a nivel nacional con el Sindicato”, acotó.
“Más que anomalías de parte del funcionario a quien condenan, hubo divergencias, problemas de relación humana, la Secretaría hace un año decidió que era conveniente que fuera a cubrir una vacante que estaba en Tabasco, pero el pasado martes terminó su comisión, y este miércoles se presentó a trabajar y se dio este problema”, mencionó.
“Diariamente hay de 15 a 20 personas que vienen de otros estados de la República para tramitar sus permisos o sus licencias federales y tienen que hacer el trámite mediante la cita que se les asigna a través del sistema nacional de citas por teléfono”, comentó.“Estamos viendo si podemos brindarles el servicio, porque en el caso de Medicina Preventiva que les tiene que hacer sus exámenes, los médicos están apoyando también el paro y mientras se afecta a los usuarios”, acentuó.“Tenemos que hacer la gestión a nivel federal para que se reprogramen las fechas, estamos viendo si se puede atender al mayor número posible a través del encargado de Medicina, y a quienes no podamos atender vamos a reprogramarlos para que les den prioridad para compensar la molestia por el gasto que hicieron al venir a realizar sus trámites y no poderlos concretar”, señaló.“Estamos pendientes de las oficinas centrales para resolver este problema laboral y esperamos la resolución que dé la Secretaría Federal para ver qué procede, ya que hay diálogo a nivel nacional con el Sindicato”, acotó.
“Más que anomalías de parte del funcionario a quien condenan, hubo divergencias, problemas de relación humana, la Secretaría hace un año decidió que era conveniente que fuera a cubrir una vacante que estaba en Tabasco, pero el pasado martes terminó su comisión, y este miércoles se presentó a trabajar y se dio este problema”, mencionó.
El funcionario comentó que el Centro SCT tiene alrededor de 330 empleados, incluyendo a 80 que laboran en la Capitanía de Puerto.“De la Capitanía del Puerto dependen todas las capitanías en la costa yucateca. Ahí se atienden los permisos de navegación y lo relacionado con la actividad portuaria, por lo que la afectación de un paro en el sitio sería muy grave”, sentenció.
VARIOS AFECTADOS
Mientras tanto, trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas transportistas como Autobuses de Oriente (ADO) de Yucatán y Cancún, Quintana Roo, resultaron afectados por el paro.
Juan Carlos Jiménez, de Cancún, llegó a revalidar su licencia, luego que le asignaran fecha a principios de agosto “porque no había cupo en Cancún”.“Me mandaron a Mérida, pero ahora me dicen que hasta que se resuelva el pleito sindical me atenderán, no me han dado nueva fecha, quedaron que verán si lo solucionan y mientras nos afecta, porque tenemos que trabajar y sólo nos dan dos o tres días para sacar la licencia. Al momento que vence el documento te cortan del trabajo porque no puedes trabajar sin licencia federal”, destacó.
Daniel Pérez, de Mérida, y Luis Alfonso Reyes Viena, de Progreso, acudieron a realizar un trámite de servicio médico, pero tampoco fueron atendidos.“Estoy haciendo mi trámite del servicio médico para revalidar mi libreta de mar, la cita la pedí hace una semana y me la dieron para hoy, venimos y nos dijeron que no hay servicio médico por un problema sindical”, dijo Daniel Pérez.“Hablamos con el director Renán Canto Jairala, quien nos mandó a desayunar por su cuenta y se comprometió a resolver el asunto. Lo que nos molesta es que no nos informen nada porque llegamos desde las ocho de la mañana y los doctores nunca nos quisieron atender, no nos informaron al ir a pagar”, añadió.
“Estamos desesperados porque necesitamos el papel para hacer el trámite ante Capitanía de Puerto, para nosotros hacer este trámite genera gastos, y cuesta un día tanto para nosotros como para la empresa, no es justo, ellos tienen su problema laboral pero deben atender al público y si no se puede que cierren la oficina, pero bien que siguen cobrando”, lamentó.
“Estamos desesperados porque necesitamos el papel para hacer el trámite ante Capitanía de Puerto, para nosotros hacer este trámite genera gastos, y cuesta un día tanto para nosotros como para la empresa, no es justo, ellos tienen su problema laboral pero deben atender al público y si no se puede que cierren la oficina, pero bien que siguen cobrando”, lamentó.
Manuel Manrique Castillo, de Cancún, comentó que “independientemente si los señores tienen problemas o no con el sindicato, no deben afectar a los usuarios”.“Ellos exigen un cierto papeleo para realizar el trámite y nosotros tratamos de hacer las cosas como ellos lo piden. En mi caso la empresa ADO donde trabajo me dio una semana para renovar la licencia, por políticas de seguridad no puedo trabajar hasta renovarla y mientras tanto como conductor si no trabajo no gano, ya tengo dos días aquí parado y ahora quién sabe cuánto tiempo más por culpa de ellos”, sentenció.
El trámite que los trabajadores pagaron y no pudieron realizar fue una revisión médica con un costo de mil 418 pesos, por persona.
El trámite que los trabajadores pagaron y no pudieron realizar fue una revisión médica con un costo de mil 418 pesos, por persona.
jueves, 27 de noviembre de 2008
Trabajadores de empresas subcontratistas indefensos en la sonda de Campeche
Boletín N°. 3315 CAMARA DE DIPUTADOS
Arriesgan la vida de 13 mil 500 trabajadores empresas subcontratistas de Pemex: Cuauhtémoc Velasco
Los múltiples accidentes en la Sonda de Campeche se deben a la inseguridad y falta de mantenimiento de las plataformas petroleras, a la deficiente o nula capacitación, así como a las constantes violaciones a los derechos humanos laborales de los trabajadores de compañías subcontratistas de Pemex, denunció el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, secretario de la Comisión de Energía.
Subrayó que Petróleos Mexicanos ha dejado de utilizar sus plataformas en labores de exploración y explotación de crudo, para arrendar las de compañías privadas, nacionales y extranjeras, que presentan graves deficiencias y no cumplen las normas mínimas de seguridad e higiene que establecen los acuerdos internacionales.
Al operar bajo estas condiciones, precisó, las empresas subcontratistas no sólo ponen en riesgo la vida de 13 mil 500 trabajadores en esa zona del Golfo de México, sino que ya han ocasionado el 50 por ciento de los accidentes registrados.
Por lo anterior, rechazó categórico las conclusiones que la Comisión Especial Independiente, encabezada por el Premio Nobel Mario Molina, dio a conocer el pasado viernes 31 de octubre en torno a la tragedia en la plataforma Usumacinta, donde perdieron la vida 22 trabajadores, porque encubren a los responsables y resulta frustrante para los deudos.
Es absurdo, dijo, que dicha Comisión exonere a Petróleos Mexicanos y a la Compañía Perforadora Central, propietaria de la plataforma colisionada y sobre la que pesan innumerables denuncias, pero más lamentable es que la responsabilidad de las muertes haya recaído en los propios trabajadores.
Dio a conocer el legislador de Convergencia que en su reciente visita a la Sonda de Campeche recabó información y testimonios de primera mano que echan por tierra gran parte del contenido de la investigación. La respuesta, aseguró, está en la negligencia y la corrupción que involucran a Pemex, a las empresas que contrata y a la Secretaría del Trabajo.
Reveló que el día del accidente se observaron dos omisiones graves: no se aplicó procedimiento precautorio alguno para suspender labores, a efecto de disminuir la vulnerabilidad de la tripulación ante los efectos anunciados del clima adverso y que 21 de las 81 personas abordaron la plataforma con documentos falsos; es decir, no contaban con licencia de mar y carecían de la capacitación suficiente para enfrentar este tipo de contingencias.
Además de estas irregularidades que ameritan fincar responsabilidad, señaló que las empresas subcontratistas de Pemex obligan al trabajador a firmar contratos en blanco, no pagan salario por día de descanso ni prestaciones de ley como aguinaldo y vacaciones, el reparto de utilidades es nulo o se otorga en cantidades irrisorias que hacen pensar que evaden el fisco.
Se regatea, dijo, el servicio médico a los trabajadores durante su estancia en las plataformas, la mayor parte del personal es contratado mediante triangulaciones. Agregó que el 90 por ciento de las deficiencias se registran en el rubro de seguridad industrial y la parte que más sacrifican las empresas contratistas es el de bienestar de sus trabajadores.
Agregó que en la mitad de las plataformas se observan ínfimas condiciones habitacionales, en otras no existen botes salvavidas ni balsas, señalamientos ni rutas de evacuación, equipos de radiocomunicación, extintores ni sistemas de alarma. Éstas y otras violaciones a los derechos laborales y humanos han sido solapadas por Pemex y la STPS que a la fecha no han rescindido un solo contrato a estas empresas.
En el caso de Perforadora Central, destacó que a esta empresa de capital mexicano Pemex le ha pagado en los últimos cuatro años 9 mil millones de pesos por el arrendamiento de sus plataformas Usumacinta, Tonalá, Hakuryu-V y Grijalva. Por el alquiler de esta última la paraestatal paga un millón 300 mil pesos diarios.
Desde 2004 a la fecha Petróleos Mexicanos ha erogado por concepto de arrendamiento de plataformas 22 mil millones de pesos en total, precisó Velasco Oliva.
Dio a conocer que en 2007 en la Sonda de Campeche entraron en operación 40 plataformas --actualmente existen 100--, de las cuales 31 son propiedad de los consorcios texanos Mexdrill Offshore, Noble Contracting, Nabors, Todco, Pride Drilling y su subsidiaria México Drilling, que en su mayoría presentaban graves deficiencias en infraestructura y sistemas de seguridad.
Incluso, indicó, dos de ellas --Ocean New Era y The 205-- fueron declaradas no aptas por supervisores de Pemex sin que se les rescindieran los contratos.
El diputado Velasco Oliva informó que desde la Cámara de Diputados buscará revertir las conclusiones de la Comisión Investigadora Independiente, a fin de que el accidente ocurrido hace más de un año en la plataforma Usumacinta no se sume a la larga lista de casos de impunidad y tragedias.
Asimismo, dijo que promoverá iniciativas que garanticen mayor seguridad y capacitación al personal que labora en las plataformas petroleras fijas y móviles, mejorar las normas oficiales aplicables e incrementar la capacidad instalada en zonas navales y capitanías de puerto en materia de salvamento, búsqueda y rescate de personas, embarcaciones y artefactos navales en la Sonda de Campeche.
Fuente: comunicación social, camara de diputados H. congreso de la unión 09-11-2008
Arriesgan la vida de 13 mil 500 trabajadores empresas subcontratistas de Pemex: Cuauhtémoc Velasco
Los múltiples accidentes en la Sonda de Campeche se deben a la inseguridad y falta de mantenimiento de las plataformas petroleras, a la deficiente o nula capacitación, así como a las constantes violaciones a los derechos humanos laborales de los trabajadores de compañías subcontratistas de Pemex, denunció el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, secretario de la Comisión de Energía.
Subrayó que Petróleos Mexicanos ha dejado de utilizar sus plataformas en labores de exploración y explotación de crudo, para arrendar las de compañías privadas, nacionales y extranjeras, que presentan graves deficiencias y no cumplen las normas mínimas de seguridad e higiene que establecen los acuerdos internacionales.
Al operar bajo estas condiciones, precisó, las empresas subcontratistas no sólo ponen en riesgo la vida de 13 mil 500 trabajadores en esa zona del Golfo de México, sino que ya han ocasionado el 50 por ciento de los accidentes registrados.
Por lo anterior, rechazó categórico las conclusiones que la Comisión Especial Independiente, encabezada por el Premio Nobel Mario Molina, dio a conocer el pasado viernes 31 de octubre en torno a la tragedia en la plataforma Usumacinta, donde perdieron la vida 22 trabajadores, porque encubren a los responsables y resulta frustrante para los deudos.
Es absurdo, dijo, que dicha Comisión exonere a Petróleos Mexicanos y a la Compañía Perforadora Central, propietaria de la plataforma colisionada y sobre la que pesan innumerables denuncias, pero más lamentable es que la responsabilidad de las muertes haya recaído en los propios trabajadores.
Dio a conocer el legislador de Convergencia que en su reciente visita a la Sonda de Campeche recabó información y testimonios de primera mano que echan por tierra gran parte del contenido de la investigación. La respuesta, aseguró, está en la negligencia y la corrupción que involucran a Pemex, a las empresas que contrata y a la Secretaría del Trabajo.
Reveló que el día del accidente se observaron dos omisiones graves: no se aplicó procedimiento precautorio alguno para suspender labores, a efecto de disminuir la vulnerabilidad de la tripulación ante los efectos anunciados del clima adverso y que 21 de las 81 personas abordaron la plataforma con documentos falsos; es decir, no contaban con licencia de mar y carecían de la capacitación suficiente para enfrentar este tipo de contingencias.
Además de estas irregularidades que ameritan fincar responsabilidad, señaló que las empresas subcontratistas de Pemex obligan al trabajador a firmar contratos en blanco, no pagan salario por día de descanso ni prestaciones de ley como aguinaldo y vacaciones, el reparto de utilidades es nulo o se otorga en cantidades irrisorias que hacen pensar que evaden el fisco.
Se regatea, dijo, el servicio médico a los trabajadores durante su estancia en las plataformas, la mayor parte del personal es contratado mediante triangulaciones. Agregó que el 90 por ciento de las deficiencias se registran en el rubro de seguridad industrial y la parte que más sacrifican las empresas contratistas es el de bienestar de sus trabajadores.
Agregó que en la mitad de las plataformas se observan ínfimas condiciones habitacionales, en otras no existen botes salvavidas ni balsas, señalamientos ni rutas de evacuación, equipos de radiocomunicación, extintores ni sistemas de alarma. Éstas y otras violaciones a los derechos laborales y humanos han sido solapadas por Pemex y la STPS que a la fecha no han rescindido un solo contrato a estas empresas.
En el caso de Perforadora Central, destacó que a esta empresa de capital mexicano Pemex le ha pagado en los últimos cuatro años 9 mil millones de pesos por el arrendamiento de sus plataformas Usumacinta, Tonalá, Hakuryu-V y Grijalva. Por el alquiler de esta última la paraestatal paga un millón 300 mil pesos diarios.
Desde 2004 a la fecha Petróleos Mexicanos ha erogado por concepto de arrendamiento de plataformas 22 mil millones de pesos en total, precisó Velasco Oliva.
Dio a conocer que en 2007 en la Sonda de Campeche entraron en operación 40 plataformas --actualmente existen 100--, de las cuales 31 son propiedad de los consorcios texanos Mexdrill Offshore, Noble Contracting, Nabors, Todco, Pride Drilling y su subsidiaria México Drilling, que en su mayoría presentaban graves deficiencias en infraestructura y sistemas de seguridad.
Incluso, indicó, dos de ellas --Ocean New Era y The 205-- fueron declaradas no aptas por supervisores de Pemex sin que se les rescindieran los contratos.
El diputado Velasco Oliva informó que desde la Cámara de Diputados buscará revertir las conclusiones de la Comisión Investigadora Independiente, a fin de que el accidente ocurrido hace más de un año en la plataforma Usumacinta no se sume a la larga lista de casos de impunidad y tragedias.
Asimismo, dijo que promoverá iniciativas que garanticen mayor seguridad y capacitación al personal que labora en las plataformas petroleras fijas y móviles, mejorar las normas oficiales aplicables e incrementar la capacidad instalada en zonas navales y capitanías de puerto en materia de salvamento, búsqueda y rescate de personas, embarcaciones y artefactos navales en la Sonda de Campeche.
Fuente: comunicación social, camara de diputados H. congreso de la unión 09-11-2008
jueves, 1 de mayo de 2008
El reglamento propuesto por SCT, inviable
Las posturas de estos organismos coinciden con la de Cofetel
Angelina Mejía y David Aguilar
Fuente: El Universal
angelina@eluniversal.com.mx david.aguilar@eluniversal.com.mx
La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), TV Azteca y Iusacell se manifestaron en contra del anteproyecto de reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La CIRT consideró que este documento no promueve la mejora regulatoria ni la competencia, pues consolida esquemas de doble ventanilla y deja a la Cofetel sólo como un órgano de consulta, lo cual es contrario a la resolución de la Suprema Corte de Justicia.
El hecho de que el secretario tenga la facultad indelegable de ciertas autorizaciones provocaría ineficiencia administrativa, opinó.
Incluso, dijo la CIRT, estas disposiciones “vendrían a entorpecer el desarrollo cotidiano que se da entre autoridades y regulados, lo cual generará mayor burocracia y costo para los regulados”.
Estas posturas son coincidentes con las de la Cofetel, órgano que ya envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) sus comentarios sobre el proyecto de la SCT, en el sentido de que acentuará la doble ventanilla e implica una interferencia por parte de la dependencia en las facultades del órgano regulador.
TV Azteca dijo que el anteproyecto “debe considerarse como una regresión dentro del sistema regulatorio, máxime si con dicho ordenamiento se pretende que sea la SCT y no la Cofetel la administradora del espectro radioeléctrico”.
Con este reglamento la SCT pretende adjudicarse facultades en materia de radio y tv que corresponden a la Cofetel, lo cual va en contra de la Constitución, dijo.
Nuevo Comité de Infraestructura
En materia de infraestructura, el reglamento de la SCT propone la creación de un comité de infraestructura, presidido por el secretario Luis Téllez e integrado por Óscar de Buen, subsecretario de Infraestructura; Humberto Treviño, subsecretario de Transporte y Logística; Rafael del Villar, subsecretario de Comunicaciones; por el Oficial Mayor, los coordinadores generales de Puertos y Marina Mercante; por el coordinador de los centros SCT; por el coordinador de Asesores del secretario, Manuel Rodríguez Arregui, y por Gonzalo Martínez Pous, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
Las funciones de este nuevo órgano interno serán definir los proyectos en la materia a cargo de la dependencia e incluso opinar respecto de la programación y asignación de recursos bajo la consigna de hacerlo de forma equilibrada entre los diferentes modos de transporte tales como terrestre, ferroviario, portuario y aéreo.
También tendrá como responsabilidad proponer nuevos proyectos que atiendan las necesidades de infraestructura del país, pero no considera qué relación tendrá con el Consejo Nacional de Infraestructura.
Otro planteamiento del proyecto es cambiar el nombre de la Subsecretaría de Transporte, que en caso de ser aprobada la iniciativa de reglamento interno llevaría el apellido “Logística” para finalmente denominarse “Subsecretaría de Transporte y Logística”.
Según un comunicado de la SCT, se incorporarán otras áreas que orgánicamente ya existen en la Secretaría y que emiten actos de autoridad. “Lo anterior, a fin de evitar autoridades de facto”.
Angelina Mejía y David Aguilar
Fuente: El Universal
angelina@eluniversal.com.mx david.aguilar@eluniversal.com.mx
La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), TV Azteca y Iusacell se manifestaron en contra del anteproyecto de reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La CIRT consideró que este documento no promueve la mejora regulatoria ni la competencia, pues consolida esquemas de doble ventanilla y deja a la Cofetel sólo como un órgano de consulta, lo cual es contrario a la resolución de la Suprema Corte de Justicia.
El hecho de que el secretario tenga la facultad indelegable de ciertas autorizaciones provocaría ineficiencia administrativa, opinó.
Incluso, dijo la CIRT, estas disposiciones “vendrían a entorpecer el desarrollo cotidiano que se da entre autoridades y regulados, lo cual generará mayor burocracia y costo para los regulados”.
Estas posturas son coincidentes con las de la Cofetel, órgano que ya envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) sus comentarios sobre el proyecto de la SCT, en el sentido de que acentuará la doble ventanilla e implica una interferencia por parte de la dependencia en las facultades del órgano regulador.
TV Azteca dijo que el anteproyecto “debe considerarse como una regresión dentro del sistema regulatorio, máxime si con dicho ordenamiento se pretende que sea la SCT y no la Cofetel la administradora del espectro radioeléctrico”.
Con este reglamento la SCT pretende adjudicarse facultades en materia de radio y tv que corresponden a la Cofetel, lo cual va en contra de la Constitución, dijo.
Nuevo Comité de Infraestructura
En materia de infraestructura, el reglamento de la SCT propone la creación de un comité de infraestructura, presidido por el secretario Luis Téllez e integrado por Óscar de Buen, subsecretario de Infraestructura; Humberto Treviño, subsecretario de Transporte y Logística; Rafael del Villar, subsecretario de Comunicaciones; por el Oficial Mayor, los coordinadores generales de Puertos y Marina Mercante; por el coordinador de los centros SCT; por el coordinador de Asesores del secretario, Manuel Rodríguez Arregui, y por Gonzalo Martínez Pous, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
Las funciones de este nuevo órgano interno serán definir los proyectos en la materia a cargo de la dependencia e incluso opinar respecto de la programación y asignación de recursos bajo la consigna de hacerlo de forma equilibrada entre los diferentes modos de transporte tales como terrestre, ferroviario, portuario y aéreo.
También tendrá como responsabilidad proponer nuevos proyectos que atiendan las necesidades de infraestructura del país, pero no considera qué relación tendrá con el Consejo Nacional de Infraestructura.
Otro planteamiento del proyecto es cambiar el nombre de la Subsecretaría de Transporte, que en caso de ser aprobada la iniciativa de reglamento interno llevaría el apellido “Logística” para finalmente denominarse “Subsecretaría de Transporte y Logística”.
Según un comunicado de la SCT, se incorporarán otras áreas que orgánicamente ya existen en la Secretaría y que emiten actos de autoridad. “Lo anterior, a fin de evitar autoridades de facto”.
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