Primera “Carta Pastoral Colectiva” que escriben juntos los tres Obispos de las Diócesis del Pacífico costarricense titulada: “La Iglesia entre las gentes del mar”.
Introducción:
Esta Carta Pastoral, como lo indica el subtítulo, busca ser una: Propuesta de acompañamiento pastoral a las comunidades costeras del Pacífico costarricense.
A petición de los mismos señores Obispos, aunque todavía no contemos con los ejemplares impresos, se ha querido que el día solemne en que se anuncie dicha CARTA PASTORAL COLECTIVA, sea el 2 de Agosto de 2009, día de la Virgen de los Ángeles.
Aunque en la Iglesia de Costa Rica se han escrito diversos mensajes dirigidos a “la gente del mar” con ocasión de la celebración de la Virgen del Mar (el 16 de julio) o pequeños esfuerzos por iluminar el mundo de la pesca, esta es la primera vez que los obispos escriben una CARTA PASTORAL en la que logran penetrar profundamente en la oscura noche de las familias costeras costarricenses, ofreciéndoles posteriormente una sólida doctrina bíblica y eclesial que les anima a seguir adelante con fe y confianza en el futuro, no sin antes denunciar aquellas situaciones de pecado social contra este sector productivo tan vulnerable, comprometiéndose a caminar más al lado de las familias costeras, a montarse en sus pobres embarcaciones y reconocer la dignidad de las pescadoras y pescadores artesanales.
Detrás de esta CARTA PASTORAL COLECTIVA, alimentando la voz que valientemente han expresado nuestros pastores, está el esfuerzo de un sinnúmero de pescadoras y pescadores que participaron en el “Foro de las gentes del mar”, haciéndoles llegar sus angustias y esperanzas a los señores obispos y a sus agentes de la Pastoral Social. Igualmente la voz de algunos funcionarios públicos, ONG´s, grupos ecologistas, asociaciones, cooperativas, especialistas en derecho, religiosas, sacerdotes y otras personas relacionadas con la cultura de las gentes del mar.
Finalmente, agradecemos a los sacerdotes directores de la Pastoral Social de las Diócesis de San Isidro del General, Puntarenas y Tilarán-Liberia y a sus equipos respectivos, particularmente a los agentes de la Pastoral de las gentes del mar, por haber animado este proceso de casi dos años que culmina en la CARTAS PASTORAL COLECTIVA que hoy se asoma al fondo del paisaje marino como esperanza de un nuevo amanecer para las poblaciones costeras costarricenses, particularmente para aquellas comunidades amenazadas de desalojo.
Que La Virgen de los Ángeles, patrona de las montañas, llanuras, costas e islas que conforman Costa Rica, alcance del cielo la bendición, la liberación integral y la promoción social de las poblaciones costeras costarricenses.
Pbro. Gerardo Fernández, Director de Pastoral Social (Diócesis de San Isidro)
Pbro. Luis Carlos Aguilar, Director de Pastoral Social (Diócesis de Puntarenas)
Pbro. Gustavo Meneses, Encargado de la Pastoral del Mar (Diócesis de Puntarenas)
Pbro. Ronal Vargas, Director de la Pastoral Social (Diócesis de Tilarán-Liberia)
Pbro. Edwin Aguiluz, Director Nacional de Pastoral Social. CARITAS, Costa Rica.
Propuesta de acompañamiento pastoral a las comunidades costeras del Pacífico costarricense
CARTA PASTORAL COLECTIVA
2 de Agosto de 2009, día de la Virgen de los Ángeles
A todos nuestros queridos fieles católicos de Costa Rica y a todas las personas de buena voluntad que llevan en el corazón la preocupación en favor de nuestra gente del mar; sus pastores de la zona costera del Pacífico, les saludamos cordialmente y les dirigimos esta Carta Pastoral.
PRESENTACIÓN:
1. La Pastoral de las gentes del Mar tiene su origen en un lugar y en un tiempo muy concretos: en las orillas del lago de Genezareth, en el inicio mismo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, con un grupo de pescadores, una barca y unas redes (Mt 18, 22), un llamado, una respuesta, una misión, unos destinatarios, una realidad muy concreta: una cultura de las gentes del mar que es asumida y redimida. Jesucristo acompañaba a sus discípulos en los viajes en barca por el lago de Galilea (cf. Mt 8,23-27; Mc 4,35-41; Lc 8,22-25), les ayudaba en sus faenas y les calmaba las tempestades (cf. Mt 14, 22-23; Mc 6,47-57; Jn 6, 16-21).
2. "Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Les dijo Simón Pedro: Me voy a pescar. Le contestaron: Vamos también nosotros contigo. Salieron y se montaron en la barca, pero aquella noche no cogieron nada” (Jn 21, 2-3). El panorama de la realidad que analizaremos en la primera parte de esta Carta pareciera una noche larga y vacía para las gentes del mar, pero la presencia de Cristo en sus barcas enciende una señal de esperanza.
3. Costa Rica ha sido bendecida al contar con dos costas bañadas por el Océano Pacífico y el Mar Caribe, con todo lo que eso significa en riqueza biológica, cultural, histórica y socio-económica. No obstante, hemos vivido de espaldas al mar, manejando históricamente la zona costera sin integración de leyes y decretos que garantice la unidad de la planificación y políticas claras en beneficio de las mayorías.
4. Nosotros, pastores de las diócesis de Tillarán, Puntarenas y San Isidro, somos conscientes de que urge una solución de fondo que permita lograr armonía entre el ser humano y la naturaleza, de tal forma que la normativa de desarrollo apunte a la sustentabilidad. Una visión integral y real de la situación de la zona costera es imprescindible, porque los efectos −actuales y potenciales− de las actividades que allí se realizan ponen en serio peligro la estabilidad de los ecosistemas y de las fragilizadas culturas humanas asociados a la zona costera.
5. El litoral Pacífico ha contribuido históricamente con más del 90% de la producción pesquera de Costa Rica. Miles de familias que conforman pequeñas comunidades tradicionalmente se han dedicado a la pesca en pequeña escala o artesanal y a las actividades asociadas a este oficio (como el lujado, la venta local de pescado, etc.). Estas actividades son de gran importancia desde el punto de vista socio-económico, particularmente porque han garantizado la soberanía alimentaria de nuestro país, en beneficio principalmente de las gentes de menores recursos.
6. Así ha sobrevivido a lo largo del litoral Pacífico un número considerable de comunidades de pescadores y pescadoras artesanales que han dado origen a “la cultura de las gentes del mar” en zonas tan diversas como el Golfo Dulce, Golfito, Quepos, Parrita, Tárcoles, Puntarenas, Golfo y Península de Nicoya, Coyote, El Coco, Cuajiniquil y Bahía Salinas.
7. Durante los últimos decenios se ha dado un constante empobrecimiento de las familias en la zona costera, lo que ha ocasionado el abandono de la actividad pesquera por parte de muchos que en años anteriores la tenían como su medio principal de sustento. Los que se han visto obligados a dejarla, no han encontrado alternativas para la mejora de su calidad de vida por lo que, a veces, se han involucrado en otras prácticas laborales para las que no están capacitados, lo que les ha llevado a un estado de creciente frustración o, peor aún, en actividades que, más bien, afectan su integridad personal y la de sus familias.
8. Encontramos las causas de esta problemática social en el aumento de prácticas ilícitas y no sostenibles de pesca, un modelo de desarrollismo turístico, el desalojo que han sufrido algunos pobladores y las crecientes amenazas que continúan en la zona costera, que ya abarca a comunidades enteras, la creciente contaminación y destrucción ambiental y el desorden reinante que no considera el marco jurídico de nuestro país, en beneficio de sectores ajenos a de las gentes del mar y sus familias.
9. Nuestras instituciones estatales han privilegiado un desarrollo turístico e inmobiliario por encima de las comunidades que tradicionalmente han vivido en las costas. Por ello nos vemos en la obligación de ofrecer una palabra de esperanza a quienes todavía, a pesar de la marea política, jurídica, económica y social en su contra, han hecho de esta antiquísima ocupación el principal sustento de sus familias. “El lema de espaldas al mar, ha cobrado vigencia en los últimos veinte (años), donde la ignorancia, la codicia y el compadrazgo político han hecho de nuestra región costera presa fácil”.
10. Para reflexionar sobre estas situaciones nos dimos a la tarea de provocar, desde la Pastoral Social-CARITAS de las tres diócesis, un encuentro con representantes de las comunidades pesqueras afectadas y algunas ONG´s ecologistas. En adelante nos referiremos a él como el FORO de las gentes del mar. Este se dio los días 29 y 30 de noviembre de 2008 en las instalaciones de la Universidad Nacional en Punta Morales, en el que participaron más de 50 personas. Sus aportes y conclusiones serán guía fundamental para la presente Carta Pastoral.
I. “Ver nuestra realidad asomándonos mar adentro”
“Al atardecer, bajaron sus discípulos a la orilla del mar” (Juan 6,16)
11. En el litoral Pacífico de Costa Rica, existen cinco principales puntos de desembarque de productos pesqueros y muchos otros de menor tamaño en zonas circunvecinas. Los principales puntos de desembarque de Norte a Sur en el Pacífico son: Cuajiniquil, Playas del Coco, Puntarenas, Quepos y Golfito.
12. A lo largo de estas costas surge una gran cantidad de comunidades de pescadores y pescadoras artesanales. Para efectos prácticos se mencionan a continuación algunas de las principales. De Norte a Sur, siguiendo el entorno costero, encontramos las siguientes: Puerto Soley, El Jobo, Cuajiniquil, Playas del Coco, Tamarindo, Sámara, Marbella, Lagartos, San Juanillo, Ostional, Playa Peladas de Nosara, Garza, Malpaís. Dentro del Golfo de Nicoya, Isla Venado, Isla Caballo, Isla Chira, Puerto Thiel, Corozal, Coyote, Paquera, Cuchillo, Pochote, Puerto Moreno, Níspero, Colorado, Manzanillo, Costa de Pájaros, Punta Morales, Chomes, Cocorocas, La Islita, Puntarenas y Tárcoles. Más al sur tenemos Esterillos, Parrita, Quepos, Dominicalito, Uvita, Piñuela, Ojochal, Punta Mala, Coronado, Coopemangle, Puerto Cortés, Sierpe, Puerto Jiménez, Golfito y Pavones.
13. El abandono que han sufrido estas comunidades de pesca artesanal, se hace evidente en la falta de organización del sector, con consecuencias perjudiciales para el mismo, lo que ha provocado:
a. La proliferación de intermediarios;
b. la carencia del equipo de enfriamiento necesario;
c. favoritismos por parte de algunos funcionarios estatales;
d. relaciones laborales y comerciales marcadas por la explotación;
e. ventas del producto muy por debajo del valor real;
f. dificultades para la adquisición de equipo;
g. debilidad del gremio para luchar por sus derechos;
h. falta de recursos financieros para mejorar las condiciones de pesca.
14. La actividad pesquera más que un medio de producción es una cultura, una forma de vivir. Podemos afirmar que los pescadores tienen un arraigo tal en su entorno, que no podemos pensar en las islas y la zona costera de nuestras diócesis, prescindiendo de sus habitantes, u obviándolos.
15. Alistar el equipo necesario para salir a pescar, no se ve compensado con la pesca que se logra, ya que esta, en no pocas ocasiones, apenas alcanza para sufragar los gastos, o produce pérdidas que desestimulan la actividad. A esto se aúna la inestabilidad en los precios de los combustibles que es siempre creciente.
16. La imposibilidad de acceso a financiamiento para mejorar las embarcaciones y superar el rezago tecnológico, que les imposibilita adentrarse más a la mar y determinar donde se encuentran los lugares aptos para realizar la pesca, afecta directamente a los pescadores y pescadoras artesanales.
17. La contaminación de nuestros mares, en especial del Golfo de Nicoya, es provocada sobre todo desde la desembocadura de grandes ríos, como el Tárcoles, que acarrean desechos del Valle Central y otros producidos por las prácticas anti ecológicas de las grandes plantaciones agrícolas de monocultivos (en particular de caña, piña, melón, sandía y arroz) de la zona guanacasteca y puntarenense. Las comunidades costeras sufren las consecuencias de una contaminación producto de una actividad que no ha contribuido a su desarrollo; problema al que ni la ciudadanía en general ni las instituciones le prestan atención, en orden a solucionarlo.
18. La sobreexplotación del recurso marino es producto de varios factores, entre los que se destaca:
a. la pesca indiscriminada y depredadora, provocada por prácticas que van en contra de las normas establecidas, como la utilización de rastras y trasmallos inadecuados;
b. las embarcaciones grandes que se acercan demasiado a la costa y a las desembocaduras de los ríos, violentando la normativa existente;
c. el incumplimiento del tiempo de Veda, fundamental para la regeneración del recurso marítimo; y
d. falta de políticas claras, precisas y eficientes por parte del INCOPESCA en la regulación de la actividad de la pesca, así como insuficiente fiscalización y control.
19. Hay muchas deficiencias relacionadas con el subsidio durante el tiempo de veda, lo que da al traste con su cumplimiento, pues se paga a destiempo; en muchas ocasiones hasta cuando termina y por un monto muy inferior a las necesidades básicas familiares. Se suma a esto la ausencia del subsidio para muchos pescadores y pescadoras que no han podido obtener su licencia, porque sus embarcaciones no reúnen las condiciones, o porque no han podido pagar la seguridad social. Debe destacarse que INCOPESCA no ha otorgado desde hace años licencias de pesca, lo que mantiene en la ilegalidad a un gran número de trabajadoras y trabajadores de la pesca.
20. La Ley de protección al trabajador (Nº 7983), del año 2000, terminó desprotegiendo a los trabajadores de la pesca, pues afirma que si un empresario no está al día con la CCSS, no puede recibir ayudas ni exoneraciones. El espíritu del legislador pensaba en los grandes empresarios, para que paguen todo lo de ley, controlando la evasión a la CCSS; pero el artículo 34 se aplicó por igual a los grandes empresarios y a los pequeños trabajadores independientes, que es el caso de pescadores y pescadoras artesanales.
21. Por lo que respecta a las personas intermediarias, entre quienes pescan y quienes compran el producto del mar, es sabido que sus ganancias se multiplican a costas del sudor de los primeros y de la volatilidad del mercado. La dificultad de superación económica y organizativa de las familias pescadoras es determinada, en muchas ocasiones, por el monopolio en la venta y comercio por parte de personas ajenas al trabajo digno en el mar, que se aprovechan de su falta de organización y del poco conocimiento que tienen de sus derechos.
22. Se carece de una acción gubernamental más interesada y eficaz para abordar toda la problemática pesquera y ofrecer una solución integral a través de las instituciones a las que les corresponde, que supere el mero asistencialismo mediante una más efectiva coordinación interinstitucional.
23. La actual situación legal con respecto a la inaplicabilidad de la Ley de Zona Marítima Terrestre (ZMT) está causando una grande inseguridad en cuanto que atañe directamente al derecho de sus habitantes a poseer la tierra. Se podría decir que las gentes del mar viven como extranjeros en su propia tierra. Si bien es cierto que fue la intención del legislador de la ZMT conservar la soberanía nacional y la protección de los recursos naturales, la realidad es que ha dejado casi en total desprotección a los más vulnerables, las comunidades costeras, que históricamente poseen el derecho de vivir allí y que son parte fundamental del paisaje cultural.
24. La ZMT está conformada por los 200 metros, tierra adentro, que se extienden desde el fin de la creciente del mar. La zona está dividida en dos: 50 metros inalienables de playa y 150 metros que se pueden dar en concesión, lo que la constituye en un bien de dominio público, que debe conservarse en beneficio de las actuales y futuras generaciones. Por lo tanto, es necesario incluirla en la Constitución Política, a fin que el Estado pueda ejercer soberanía plena, para la protección de este bien demanial. “Forman parte de ésta zona también todos los manglares de los litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional, los márgenes de los ríos desde la desembocadura hasta donde llegue la marea”.
25. Este carácter demanial de la ZMT se reconoce expresamente en la jurisprudencia, lo cual significa que no puede ser objeto de comercio entre las personas y ni de apropiación privada; sin embargo, son conocidos los casos de construcciones irregulares o las limitaciones al acceso de la población a la zona pública cerca de determinados complejos turísticos de capital extranjero. A pesar de la claridad de esta Ley, se ha hecho caso omiso de ella, y los gobiernos locales han mostrado falta de capacidad para aplicarla, sobre todo en procesos de ocupación de la zona pública dentro de la ZMT.
26. Aunque está claro en nuestra legislación este carácter demanial, todavía en nuestros días es posible descubrir en varias páginas de Internet cómo no sólo las zonas costeras sino, también, las islas costarricenses son ofrecidas en venta a precios exorbitantes por personas inescrupulosas, ante la indiferencia de nuestras autoridades responsables de velar por la soberanía nacional.
27. Datos de la Contraloría General de la República (CGR) indican que el 87% del litoral costero no cuenta con lineamientos que regulen su desarrollo y ordenamiento territorial, lo que ha permitido que esos territorios sean ocupados ilegalmente y con construcciones irregulares, muchas al margen de la ley , dejando en una posición de desventaja a las comunidades tradicionalmente pesqueras que hoy sufren la amenaza del desalojo, frente a lo que sus propios gobiernos locales mantienen una actitud indiferente.
28. La Memoria Anual de la CGR, presentada en mayo de 2008, marca un hito en la historia del desarrollo marino de Costa Rica, pues señala con valentía los principales vicios de la Administración Pública: “A partir de los años noventa, Costa Rica empieza a experimentar un cambio radical en la actividad turística, que se convierte en una de las principales fuentes de divisas; no obstante, no se ha dado un equilibrio entre el desarrollo de infraestructura en las zonas costeras nacionales y la protección del ambiente, lo que pone en peligro los recursos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas, así como la sostenibilidad de diversas actividades económicas no vinculadas con el turismo, tales como la pesca y la agricultura. Entre otros síntomas, la ZMT está mostrando indicios de degradación y desaparición de humedales costeros, pérdida y contaminación de sistemas de dunas de playa y otras plataformas abrasivas por la producción de desechos sólidos y la evacuación de las aguas negras, deterioro del paisaje, alteración de cauces, salinización de los mantos acuíferos y los manantiales, y un excesivo consumo de agua potable en turismo y sus actividades complementarias”. Con más especificidad, encontramos expuesta esta problemática en el Decimocuarto Informe del Estado de la Nación, recién emitido.
29. Sobre este punto, el Duodécimo Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, publicado en el año 2006, señala que “paradójicamente, las zonas costeras son el principal escenario del desarrollo turístico nacional, y en ellas se observan grandes contrastes entre los megaproyectos turísticos y los bolsones de pobreza, que se agravan por la limitada inversión en el mejoramiento y rentabilidad de las actividades que realizan las comunidades pesqueras”. Además, es claro y evidente que “el desarrollo que viven las zonas costeras del país carece de una planificación social. Esto incide en que no se pueda atender a la población que resulta afectada por la ejecución de proyectos”.
30. Señala la señora Contralora General que, “como consecuencia del crecimiento desordenado en las construcciones, debido al turismo y sus actividades complementarias, la Zona Marítimo Terrestre está mostrando indicios de degradación de manglares y desaparición de humedales costeros, pérdida y contaminación de sistemas de dunas de playa y otras plataformas abrasivas por la producción de desechos sólidos y la evacuación de las aguas negras, deterioro del paisaje, alteración de cauces, salinización de los mantos acuíferos y los manantiales, y un excesivo consumo de agua potable. Tal parece que este desarrollo vertiginoso nos tomó por sorpresa y que el amplio marco institucional creado no ha reaccionado para evitar los daños que se están presentando. Todavía no se han definido políticas públicas claras para recuperar esa zona de los graves defectos de la gestión y que permitan retomar un desarrollo con sostenibilidad, preservando el acceso de la ciudadanía a estas zonas”.
31. Los planes reguladores son mecanismos legales y estratégicos para ordenar el uso de la tierra y ofrecer el mejor aprovechamiento territorial. Su finalidad es armonizar las necesidades de la comunidad y la conservación natural. Desafortunadamente, a la hora de implementarse, desconocen con frecuencia los derechos colectivos de las comunidades pesqueras tradicionales y favorecen, más bien, a la actividad turística.
32. La Ley ZMT establece que las Municipalidades deben reservar hasta un 25% de las concesiones para asociaciones comunales, cooperativas, etc. (art. 57, inciso c), lo cual en general, hasta ahora ha quedado en letra muerta. La misma ley no permite dar más de una concesión a la misma persona, a su cónyuge o hijos (artículo 57), concesionar a extranjeros ni a sociedades con mayoría de socios extranjeros; sin embargo, con artimañas legales se siguen creando asociaciones o personas jurídicas ficticias, aunque a derecho, para recibir la concesión . Por ejemplo, ha sucedido esto, entre otras, en las playas Zapotillal y Nombre de Dios en Matapalo de Santa Cruz.
33. La figura de los pobladores (Ley ZMT, art. 70) nos dice que la gente que tenía diez años de vivir en la zona al comenzar a regir la ley tienen derechos adquiridos. La CGR adujo que para poder ser declarado “poblador” se debe ser reconocido por la Municipalidad. En teoría, el municipio, aunque tiene potestad para dar prioridad en la concesión a las gentes del mar, no lo hace, aunque sí privilegia a foráneos. Tratar por igual a los que están en una condición desigual, es injusto. No podemos tratar por igual a un poblador de muchos años en la zona pública que a un hotel usurpador, que por permisos y actos de corrupción se apropió de una concesión, construyendo hasta en la zona pública. En Golfito muchos campesinos que habitaban zonas junto al mar, cuando se dieron cuenta, existían extranjeros que pagaban a la Municipalidad por la zona en la que ellos habitaban, terminaron siendo desalojados, según testigos del FORO de las gentes del mar. “Los habitantes autóctonos son desplazados de sus espacios y lugares originarios y deben reubicarse en asentamientos informales con servicios básicos limitados, condiciones ambientales inaceptables y pocas o inexistentes oportunidades de trabajo”.
34. Las Municipalidades tienen las herramientas necesarias para confeccionar un adecuado Plan Regulador que responda a los intereses de sus comunidades. A su vez, las comunidades tienen un gran poder que raramente utilizan: la posibilidad de escoger a los representantes políticos idóneos.
35. Hay partes de la ZMT que no son administradas por las Municipalidades, sino por el MINAET, como las áreas protegidas, humedales, bosques, etc. Eso genera muchos roces y conflictos entre ambas instituciones. El caso de Ostional de Santa Cruz es significativo: un proyecto comunitario, solidario y exitoso, basado en el manejo responsable de la preservación y comercialización de los huevos de tortuga, como no se ha dado en ningún lugar del mundo, ha provocado rivalidades y conflictos constantes con el MINAET y el eventual desalojo de la población. Además, si existen áreas de bosque en la ZMT se deben remarcar y pasar a la administración del MINAET, pero la realidad es que esas áreas no se están delimitando.
36. Caso contrario ha sido lo acontecido en la comunidad de La Islita, en el manglar de Puntarenas, donde una gestión coordinada desde la Pastoral de las gentes del mar y la asociación comunidades ecologistas la Ceiba-Amigos de la tierra (Coeco-Ceiba-AT), junto a varias instituciones del Estado como son MINAET, MIDEPLAN, MEP y otras, logró la permanencia de una población histórica que ya tenían orden de desalojo, gracias a una resolución del SINAC que reconoce que “una comunidad tradicional pesquera como La Islita juega un papel importante en la preservación del ambiente”, por lo que se les declaró “guardianes del manglar”. Hoy en día ya poseen mejores condiciones de vida y, lo más importante, la seguridad jurídica que les da una mayor estabilidad social.
37. Se ha dado un intenso desarrollo inmobiliario en el litoral Pacífico, que tiende a reproducir los desordenados patrones de zonas urbanas, caracterizados por ser expansivos y por la ausencia de planificación. En 2005 y 2006 el auge constructivo sobrepasó los promedios históricos y se expandió hacia Guanacaste y el Pacífico Central. Entre los mismos años, el total construido en el país creció un 31%, en tanto que en Guanacaste lo hizo en 69,5% y en Puntarenas en 44,3%. Entre los primeros ocho cantones con mayor participación estuvieron Santa Cruz, Carrillo y Garabito (18% del total del país). Se estima que los montos de bienes inmuebles adquiridos por extranjeros ascendieron a 176,5 millones de dólares en 2004 y a 224,5 millones de dólares en 2005. En las provincias de Guanacaste (37%) y Puntarenas (25%) se capturó buena parte de esas inversiones, con señales de que esta tendencia continuará.
38. El aumento en las concesiones de agua hace que la elaboración de estudios que determinen el balance hídrico nacional sean urgentes para tomar las decisiones de distribuir un recurso escaso con equidad. En Guanacaste hay preocupación por la oferta hídrica y se han suscitado repetidos conflictos por el uso del agua, como en el caso del acuífero de Nimboyores, en Santa Cruz. Junto a regiones del Pacífico Central y Huetar Norte, la cantidad de pozos perforados en el período 2000-2005 superó el total de la década de los noventa, mostrándose serias debilidades en el control y el otorgamiento de permisos y concesiones en la zona costera.
39. Como señala el Decimotercer Informe Estado de la Nación, “Paralelamente, el patrimonio formado por la zona marítimo-terrestre evidencia problemas serios en las políticas y los entes encargados de su control. La Sala Constitucional ha insistido en la inalienabilidad de la zona pública, pero hay juzgados locales que reconocen allí derechos privados. Pese a la obligación de contar con amojonamiento y planes reguladores costeros para otorgar concesiones (Reglamento de la Ley 6043), estas se adjudican sin que se haya cumplido la totalidad de los requisitos. Existen casos en que la concesión, de hecho, se extiende hasta la zona pública. También se presentan situaciones de restricción al libre paso por la zona pública, como hacen algunos dueños de negocios en Sámara, Tamarindo y otros sitios, y en ciertos complejos turísticos, con la ayuda de guardas privados”.
40. A nosotros, pastores, nos preocupan grandemente algunos proyectos de Ley de ZMT que se han venido presentando en la Asamblea Legislativa, pues acarrean intereses, a todas luces beneficiosos para un pequeño grupo de inversionistas, sacrificando el patrimonio territorial costero. Parecen responder a la necesidad de establecer el derecho de la tierra por parte de las gentes del mar; sin embargo en la práctica su fin último es facilitar el acceso de grandes inversionistas a sus territorios. Esto provocaría un éxodo de las familias de pescadores y pescadoras atraídas por la posibilidad de la venta de la herencia de sus padres, con el riesgo de perder su cultura de pescadores y teniendo que buscar otras actividades para su sustento.
41. También nos preocupa sobremanera los intereses que puedan estar detrás del hecho de que se estén tramitando actualmente 13 proyectos de ley que buscan flexibilizar los requisitos y ampliar los derechos de concesión de los inversionistas en marinas y atracaderos turísticos.
42. Para justificar algunas concesiones, es común que se afirme que “las playas están muy contaminadas”, que “no hay vegetación porque los pescadores las deterioraron”. Sin embargo, tales afirmaciones no toman en cuenta la cultura de las gentes del mar, basada en la pesca artesanal y en una relación vital con los frágiles ecosistemas costeros, ignorados por algunos Municipios. En los cantones de Aguirre (Playa Pará) y La Cruz (Punta Castilla) se hicieron planes para el desarrollo turístico de áreas o zonas declaradas como de aptitud boscosa o forestal, aunque, según la normativa jurídica vigente, no deben ser objeto de explotación por formar parte del patrimonio natural del Estado.
43. La ley de Marinas establece que se respete la zona pública, sin embargo en la práctica no acontece así, pues ellas terminan cerrando el acceso a la zona pública, y por ende, privatizándola. Es incomprensible cómo algunos Municipios permiten con facilidad las marinas para yates de lujo y ponen trabas para que se desarrollen áreas de atracaderos o muelles para las lanchas de pescadores artesanales.
44. Hay una injusta aplicación de la ley cuando se da el mismo trato a los grandes empresarios de barcos atuneros y a los pequeños pescadores. Ante un mismo delito la ley establece idénticas multas para pescadores artesanales y para las grandes embarcaciones. Nos resulta doloroso que, “mientras los pescadores artesanales tienen que buscar la asistencia social del Poder Ejecutivo para medio alimentar a sus familias, las grandes transnacionales atuneras se llevan decenas de miles de toneladas de atún sin pagar siquiera por los permisos de pesca”.
45. No ha existido por parte del Estado una estrategia integral de mediano y largo plazo para atender a nuestros pescadores artesanales. Además, las instituciones destinadas a velar por su progreso y bienestar no han cumplido con su cometido. Sin embargo, por más que en algunos momentos las circunstancias nos lleven a desconfiar de la actitud honesta y solidaria de algunas de ellas, somos conscientes que desde nuestras comunidades costeras debemos caminar de la mano con las instituciones gubernamentales, sin menoscabar la denuncia directa y sincera por sus malas acciones u omisiones.
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