REFORMA PETROLERA Y REGLAMENTO PROPUESTO A LEY DE NAVEGACIÓN “PONDRÍA DE RODILLAS” A MÉXICO

ALIANZA DE MARINOS MERCANTES Y

TRANSPORTISTAS CAMPESINOS DE MÉXICO

CNC

SECRETARIA DE PRENSA Y DIFUSIÓN

COMUNICADO DE PRENSA

México, D. F. a 27 de julio 2008

REFORMA PETROLERA Y REGLAMENTO PROPUESTO A LEY DE NAVEGACIÓN “PONDRÍA DE RODILLAS” A MÉXICO

· Deben ser desechadas por los legisladores nacionalistas y por la SCT, respectivamente, “por sentido común” y para que “todos ganemos”

· Poco a poco el gobierno entrega los patrimonios nacionales y soberanía del país a extranjeros

· Devastada la marina mercante nacional, pese a afirmaciones triunfalistas de autoridades quienes “maquillan” la información


La iniciativa de Reforma Energética del Presidente Felipe Calderón contiene errores y controversias jurídicas al igual que el Reglamento General propuesto a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, por lo cual es de “sentido común” y para que “todos ganemos” que ambas sean desechadas y elaborar otras donde se tomen en cuenta a todos los que en verdad conocen de los temas petrolero y marítimo, y no copiar leyes de otros países.

La Alianza de Marinos Mercantes y Transportistas Campesinos de México, afiliada a la Confederación Nacional Campesina (AMMYTCM-CNC) y el Frente Unido de Marinos Mercantes (FUMM), advirtieron que el sector social no esta de acuerdo con la Reforma Energética de PEMEX y reprueba el Reglamento General propuesto a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, debido a que “pondrían de rodillas” al país ante los empresarios e industriales extranjeros, que de por si ya se están apoderando de puertos, playas, carreteras, aeropuertos, telecomunicaciones y de actividades relacionadas con la explotación, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, entre otros patrimonios nacionales.

Piden a los partidos políticos nacionalistas desechen los cambios a Petróleos Mexicanos (PEMEX) tal como los envió el Ejecutivo y que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), rechace por completo el Reglamento General propuesto a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, ya que ambas son anticonstitucionales, además de que afectan los derechos laborales y humanos no sólo de los trabajadores de mar, sino de todos los mexicanos.

Salvador Rivera Castrellón, presidente de la AMMYTCM-CNC, afirmó que tanto en la iniciativa de Reforma Energética como en el Reglamento propuesto a la Ley de Navegación no se tomó en cuenta la opinión de los colegios de marinos y organizaciones sociales involucradas; entonces, lo que se debe hacer es derogarlas y elaborar otras en donde intervengan todos los que saben de los temas petrolero y marítimo, para que se de realmente una certeza jurídica y no cause polémicas y controversias, como sucede actualmente con la Ley de Navegación”, subrayó.

Por su parte, el Capitán de Altura Víctor Martínez Rodríguez, presidente del FUMM, afirmó que la marina mercante nacional ha sido devastada y no ha sido reactivada, debido a que cada vez se han incrementado más los permisos de navegación a barcos extranjeros para hacer cabotaje en nuestro país; así como tampoco se han generado nuevos empleos, pese a afirmaciones triunfalistas de autoridades del sector que más bien “maquillan” la información.

Recordó que el Frente Unido de Marinos Mercantes en su oportunidad presentó al Senado de la Republica sus propuestas a la Reforma Energética para reorientar el transporte marítimo petrolero, pero que tal parece no se tomaron en cuenta; sin embargo, ve con agrado, por otra parte, que al rechazo inicial que también hiciera esta asociación de marinos al Reglamento General propuesto a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, se estén sumando otras organizaciones y entidades sociales y sindicales.

“Con la Ley de Navegación tal y como está, se corre el peligro de que haya desabasto para empresas como PEMEX y barreras para las aseguradoras navieras; así como obstáculos al impulso de la marina mercante que va en contra del desarrollo del transporte marítimo mexicano”, subrayó.

Pero, en el Reglamento General propuesto a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, agregó, se aprecian artículos inconstitucionales, además de contrasentidos, como la atribución de facultades a la Dirección General de Marina Mercante (DGMM) de la SCT para interpretar la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASP), así como la Ley de Obra Pública, que corresponden a la Secretaría de la Función Pública.

También, aseveró, el artículo 37 limita que las embarcaciones de 500 o más UAB (Unidades de Arqueo Bruto), para las que se pretenda obtener la matrícula y bandera mexicanas no deberá exceder de los 20 años de antigüedad en su construcción en el momento de la solicitud, salvo justificación técnica aprobada por la DGMM; excepción ésta que prevemos será rutinariamente abusada por la citada dependencia, como es el caso de la reciente matriculación de una embarcación de 33 años de edad, que ya transita en el cabotaje mexicano.

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha marcado directrices sobre la vida útil de los buques de 20 a 25 años o incluso más; por lo que México estaría contraviniendo acuerdos internacionales, advirtió.

Luego, mencionó que el Reglamento propuesto a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos no otorga certeza jurídica para las partes en el contrato de un seguro, debido a que hay dificultad de colocación de riesgos en los mercados nacionales e internacionales de seguros.

Por ultimo, indicó que aunque “la política del actual gobierno es desarrollar una marina mercante nacional”, según lo comentara el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, la verdad es que “a los marinos mercantes nos queda claro que no se está haciendo lo realmente necesario y prueba de esto, son los pobres resultados que se muestran en el documento de Revisión y Fiscalización de la Auditoria Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2005, que forma parte del ciclo de revisión al Sistema de Transporte Marítimo-Portuario que se inició con la evaluación a la operación del Sistema Portuario Nacional, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2003, llevadas a cabo por la Cámara de Diputados”, acotó.

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