Culpa de Pemex, el sindicato y la STPS, la tragedia en la plataforma: petroleros

Fuente: La Jornada

Legisladores constataron la inseguridad en la sonda de Campeche, afirma Peyrot

Carolina Gómez y Andrés T. Morales (Reportera y corresponsal)

En la tragedia ocurrida en la plataforma Usumacinta la responsabilidad es de Petróleos Mexicanos (Pemex), el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) –encabezado por Carlos Romero Deschamps– y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), manifestó Hebraicaz Vázquez Gutiérrez, presidente del disidente Movimiento Nacional Petrolero (MNP).

“El Congreso de la Unión debe investigar lo que sucede en la paraestatal con el subcontratismo y las condiciones de seguridad”, aseveró el especialista en la materia e higiene industrial, quien señaló que el frente frío número cuatro no fue el causante de la tragedia, como aseguró Pemex, sino el “detonador de una situación que iba a ocurrir tarde o temprano”.

El yerro de la STPS, como ocurrió en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, donde fallecieron 65 trabajadores el 19 de febrero de 2006, fue no cumplir su responsabilidad de vigilar las condiciones de seguridad e higiene.

El envío de especialistas e inspectores –anunciado el viernes por el titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón– es “tardío, pues si la inspección laboral funcionara en las plataformas no habría tanta inseguridad ni prevalencia de condiciones laborales deplorables de trabajadores subcontratados, quienes ponen en riesgo sus vidas y las de sus compañeros, así como a la principal empresa del país”.

Precisó que desde hace más de dos décadas desmantelan a Pemex ciertas áreas, con el propósito de permitir la entrada de la iniciativa privada. Fustigó que se deje laborar a empresas que practican el outsourcing (contratismo) y escatiman a los trabajadores no sólo salarios y condiciones de seguridad, sino prestaciones. Además, envían a gente que “a veces no está preparada”.

A quienes trabajan para esas empresas les dicen pelones, “porque no ganan el salario de un trabajador petrolero, no les pagan tiempos extras, no tienen servicios médicos, vacaciones y tampoco fondo de ahorro. Aunque se ha exigido que perciban lo mismo que los petroleros no sucede nada”, comentó.

Vázquez Gutiérrez sostuvo que el MNP, que aglutina a cerca de 10 mil petroleros, no entiende “por qué si se sabía del ciclón no se ancló la torre –como se hace con los barcos– y se desalojó a los trabajadores”.

Por su parte, la Asociación Sindical de Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante Nacional denunció que, debido a las anomalías en que incurrieron contratistas de Pemex, “los deudos de los obreros fallecidos enfrentarán un calvario para obtener las indemnizaciones de ley”.

Enrique Pacheco Torres, secretario general de la organización, señaló en Veracruz que si hay voluntad para aplicar la ley saldrán a la luz todas las irregularidades en que trabajan los obreros en la sonda de Campeche y las complicidades de autoridades con contratistas para evadir su responsabilidad en materia laboral, seguridad física y aspectos técnicos.

Desde hace meses se denunció que contratistas de Pemex alteraban reportes que son enviados al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para evadir el pago de cuotas. “A los trabajadores se les da de alta en el IMSS con cotización de uno o dos salarios mínimos, a pesar de que no es cierto”, señaló.

“Pedimos que el IMSS revise expedientes y cumpla su función, que verifique que las indemnizaciones sean acordes con los salarios que percibían. Si no lo hace será una violación más a los derechos”, apuntó.

Marco Antonio Peyrot Solís, secretario de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, comentó por su parte que legisladores federales que visitaron la sonda de Campeche dos semanas antes del accidente constataron las precarias condiciones de seguridad.

La STPS apenas tiene 311 inspectores en todo el país, lo cual significa que no hubo supervisión laboral, técnica ni de seguridad, dijo. Anunció que se trabaja en una ampliación presupuestal para incrementar el número de inspectores y los programas de supervisión de esa dependencia para “evitar situaciones como la de Pasta de Conchos o la del Usumacinta”.