¿Certeza jurídica o seguridad humana?

Fuente: La Cronica de Hoy

Los lamentables acontecimientos ocurridos en la costa de Campeche hace unos días han puesto una vez más en el centro de la atención pública a la siempre polémica empresa estatal de energéticos, Petróleos Mexicanos. Los accidentes y su inaceptable pérdida de vidas fueron el resultado de la combinación impredecible —pero siempre esperable— de todos los factores de riesgo asociados a la operación y desarrollo de una actividad tan compleja y peligrosa como la extracción de petróleo en alta mar: fenómenos climatológicos, operaciones empresariales llevadas al límite de la rentabilidad, desdén por la seguridad, y presiones políticas y financieras para aumentar la producción.

Las respuestas que hasta este momento han dado las diversas autoridades responsables no parecen contemplar debidamente todos los factores que incidieron en esta tragedia. Como es frecuente en este tipo de situaciones, ya se ha anunciado la realización de investigaciones que llevarán a identificar a un supuesto culpable, sea éste una persona o una organización; pero también se ha recurrido a la simplificación burda del problema: el impredecible clima del Golfo de México.

Como resulta obvio, la opinión pública nacional no puede aceptar ninguna de estas dos argumentaciones; pues no son capaces por sí solas, o de forma combinada, de responder como es debido a las interrogantes que se han generado y que se añaden a otras que ya estaban presentes a raíz de la propuesta de modificar el régimen fiscal de la paraestatal. Esto no quiere decir que se tenga que exigir a Pemex que en sus operaciones nunca ocurran incidentes de este tipo.

Incluso en las empresas energéticas con mayores niveles de seguridad, como las nórdicas, los accidentes suceden y no hay forma de evitarlos completamente. De lo que sí se trata es de definir si en el funcionamiento habitual de la empresa más grande del país lo fundamental es la certeza jurídica de sus actos y operaciones, o la seguridad que debe ofrecer a todos los que participan o se benefician de ellas.

Al plantear esta interrogante, asumo de entrada que mis colegas Steph Ronda y Vicente Ugalde tienen razón cuando afirman que no se trata de una oposición, de una disyuntiva; sino que en realidad la certeza jurídica es un factor necesario, aunque no suficiente, para garantizar y ampliar la seguridad.

Sin embargo, y tal y como se han venido desenvolviendo los acontecimientos al interior de esta industria en los últimos meses, lo que parece existir es una contradicción entre estos dos rasgos. Se tiene así que, por un lado, el debate sobre una mayor apertura del sector a la inversión extranjera directa se ha ampliado y complicado de tal manera, que muy pocos ciudadanos y organizaciones son capaces de seguirlo y de participar activamente en él.

En el fondo de las discusiones se encuentra ya no solamente el añejo y deslavado asunto de la soberanía nacional. Para fortuna nuestra, el reconocimiento del Gobierno Federal y de los partidos políticos respecto a la necesidad de buscar alianzas para poder acceder a tecnología de punta, que permita aprovechar las nuevas reservas, ha desdibujado las posturas más radicales.

Pero ello ha permitido, en cambio, que posiciones e intereses que plantean la necesidad de contar con una mayor certeza jurídica para las inversiones, aumenten su peso e influencia.

El resultado de este ajuste de posiciones es la adopción, por parte de algunos funcionarios y directivos de alto nivel, de una visión en la que lo esencial para el desarrollo de este sector es la creación de un clima de negocios favorable y estable. Los accidentes ocurridos recientemente bien pueden servir como argumento para demandar avances y compromisos en este campo.

Ahora bien, por otro lado, no puede dejar de reconocerse que en el funcionamiento habitual de Pemex existen serios problemas de operación y seguridad que ninguna inversión, por amplia o avanzada que sea en sus aportaciones financieras y tecnológicas, podrá resolver. Por lo menos, no de forma sencilla.

A lo largo de 2007, hemos tenido que añadir a los frecuentes accidentes en ductos e instalaciones terrestres —especialmente en Veracruz y Tamaulipas—, la ocurrencia de actos de sabotaje perpetrados supuestamente por grupos guerrilleros, y ahora de accidentes en alta mar.

Como una consecuencia más, la percepción social hacia la empresa y sus trabajadores se ha deteriorado a niveles todavía más bajos de los que recibieron cuando se hicieron públicos los montos que se destinan a salarios y prestaciones sindicales.

Consecuentemente, el sector en su conjunto requiere de cambios profundos y audaces que, por lo menos, comiencen a revertir los rasgos más negativos de su actual condición.

De ahí que no parezca recomendable que la estrategia de mejora de la empresa se centre solamente en la creación de un clima de negocios estable, dominado por la idea de dotar a los inversionistas de certeza jurídica. Por retrógrado que pueda parecer el argumento, lo que se requiere es formar una nueva alianza entre la dirección, los trabajadores (incluido el sindicato, por supuesto), y los inversionistas para generar un modelo de operación que otorgue a la certidumbre jurídica y a la seguridad el mismo nivel de importancia.

No atender esta necesidad será permitir que esta enorme industria siga a la deriva y que eventualmente colisione con otros problemas sociales, tal y como sucedió a las dos plataformas en la Sonda de Campeche.

* Analista político-administrativo

ppsosa@hotmail.com