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Fuente: Europa Press
El proyecto de Ley General de Navegación Marítima que el Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2008 a instancias de los entonces titulares de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y Fomento, Magdalena Álvarez, para actualizar el régimen jurídico del sector con especial atención a la protección medioambiental, lleva paralizado más de un año en el Congreso de los Diputados.
El nuevo proyecto de ley, que formula un régimen general del tráfico marítimo, adaptado a los nuevos tiempos, derogando las normas de 1885 y modificando parcialmente la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, lleva atascado en el trámite de presentación de enmiendas desde el 10 de febrero de 2009.
Desde entonces, se ha prorrogado hasta en cuarenta ocasiones el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad de una norma que consta de 535 artículos y cuyo objeto es homogeneizar el ordenamiento jurídico español con el Derecho Marítimo Internacional, adoptado, asimismo, por los países de la Unión Europea y OCDE.
Esta semana se cumple un año de la dimisión de Bermejo como ministro de Justicia tras el escándalo político por su participación en una cacería junto al juez Baltasar Garzón, cuando éste estaba instruyendo un sumario sobre presunta corrupción que afecta a miembros del PP. Fue sustituido por el hasta entonces secretario de Estado para las relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño.
Asimismo, Álvarez salió del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en la crisis de Gobierno de abril del pasado año, siendo sustituida al frente de Fomento por el vicesecretario general del PSOE, José Blanco. Posteriormente, fue número tres de la lista socialista para las elecciones al Parlamento Europeo de junio.
DERECHO MARÍTIMO
La norma pendiente de trámite en la Cámara Baja desarrolla las previsiones de los distintos convenios internacionales sobre derecho marítimo, así como los contratos auxiliares de la navegación, el de consignación de buques, practicaje y manipulación portuaria. También determina un régimen de responsabilidad contractual de los sujetos implicados en el tráfico marítimo.
En el momento de su aprobación, el Gobierno destacó que en la elaboración de esta norma colaboraron "activamente" los sectores afectados --como los navieros, las Cámaras de Comercio, los transitarios y los despachos especializados-- y recibió una valoración "muy positiva" del Consejo General del Poder Judicial.
Asimismo, recordó que proporciona seguridad jurídica al sector, al garantizar una perfecta coordinación entre las normas españolas, europeas y convenios internacionales vigentes, tanto de Derecho Público, como Privado. Así, configura todo un estatuto jurídico del buque, determina los sujetos de la navegación y regula los contratos de utilización del buque y de los accidentes.
El nuevo proyecto de ley, que formula un régimen general del tráfico marítimo, adaptado a los nuevos tiempos, derogando las normas de 1885 y modificando parcialmente la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, lleva atascado en el trámite de presentación de enmiendas desde el 10 de febrero de 2009.
Desde entonces, se ha prorrogado hasta en cuarenta ocasiones el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad de una norma que consta de 535 artículos y cuyo objeto es homogeneizar el ordenamiento jurídico español con el Derecho Marítimo Internacional, adoptado, asimismo, por los países de la Unión Europea y OCDE.
Esta semana se cumple un año de la dimisión de Bermejo como ministro de Justicia tras el escándalo político por su participación en una cacería junto al juez Baltasar Garzón, cuando éste estaba instruyendo un sumario sobre presunta corrupción que afecta a miembros del PP. Fue sustituido por el hasta entonces secretario de Estado para las relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño.
Asimismo, Álvarez salió del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en la crisis de Gobierno de abril del pasado año, siendo sustituida al frente de Fomento por el vicesecretario general del PSOE, José Blanco. Posteriormente, fue número tres de la lista socialista para las elecciones al Parlamento Europeo de junio.
DERECHO MARÍTIMO
La norma pendiente de trámite en la Cámara Baja desarrolla las previsiones de los distintos convenios internacionales sobre derecho marítimo, así como los contratos auxiliares de la navegación, el de consignación de buques, practicaje y manipulación portuaria. También determina un régimen de responsabilidad contractual de los sujetos implicados en el tráfico marítimo.
En el momento de su aprobación, el Gobierno destacó que en la elaboración de esta norma colaboraron "activamente" los sectores afectados --como los navieros, las Cámaras de Comercio, los transitarios y los despachos especializados-- y recibió una valoración "muy positiva" del Consejo General del Poder Judicial.
Asimismo, recordó que proporciona seguridad jurídica al sector, al garantizar una perfecta coordinación entre las normas españolas, europeas y convenios internacionales vigentes, tanto de Derecho Público, como Privado. Así, configura todo un estatuto jurídico del buque, determina los sujetos de la navegación y regula los contratos de utilización del buque y de los accidentes.
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