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Fuente: Tribuna Campeche
Desatendidas, normas de seguridad y capacitación
La representante legal del Grupo Ecológico Ambientalista “Marea Azul”, Lourdes Rodríguez Badillo, exigió que Petróleos Mexicanos (Pemex) acate la normatividad ambiental y sus funcionarios dejen de esconder la verdad sobre el caso Usumacinta, pues existe fuerte evidencia de que el accidente se debió a negligencias de la paraestatal.
Rodríguez Badillo recordó que el pasado 22 de febrero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 14/2009, dirigida a Pemex y a la Procuraduría General de la República (PGR) por el accidente en el que murieron 22 personas y en el que resultaron 68 heridos, el 23 de octubre de 2007.
Aseguró que en el documento consta que Pemex permitió que la plataforma operara sin observar las normas y reglamentos de seguridad que se requieren en ese tipo de instalaciones y que hubo una deficiente capacitación y equipo proporcionado a los empleados de esas instalaciones, quienes no contaban con embarcaciones de salvamento en las cercanías de la plataforma.
Por otro lado, de acuerdo al expediente de queja 2007/3755/1/QK, se desprende la existencia de violaciones a los derechos humanos de los afectados, a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la integridad física de las personas involucradas.
Pemex, a decir de la informante, violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Encima la CNDH señaló que “hubo notoria falta de colaboración por parte de la Delegación en Campeche de la PGR, al obstaculizar el acceso a la averiguación previa correspondiente AP/PGR/CAMP/CARM-II/142/2007, y a las fotografías de la plataforma accidentada; las bitácoras de los superintendentes de Pemex y de la compañía perforadora; los discos duros de computadoras y alrededor de 70 declaraciones hechas por trabajadores que se encontraban en la plataforma el día de los hechos”.
Tampoco se difundió el dictamen pericial elaborado por expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) elementos informativos que hubieran fortalecido aun más la documentación probatoria de la investigación.
Y aunque las omisiones en este caso fueron informadas al titular de la PGR, hasta el momento no se sabe de sanciones contra los que obstaculizaron el acceso a la información.
“En el expediente decía que los testimonios de los sobrevivientes coinciden en señalar que el día del accidente por la mañana, escucharon a superintendentes encargados de la plataforma que debía llamarse a barcos remolcadores, ya que la plataforma marina estaba mal posicionada, y que en el área contra incendio existían altos índices de gas sulfhídrico, por lo cual las maniobras eran más peligrosas”, agregó.
Por esto, para Rodríguez Badillo todo se trató de una negligencia de la empresa. “Para la CNDH, no pasan inadvertidos los señalamientos del informe de la compañía Battelle Memorial Institute, donde se destaca que en el Golfo de México no existen embarcaciones de rescate”.
Ahora la paraestatal dice que la culpa se le debe atribuir a las empresas subcontratadas; pero ni estas ni Pemex cumplen con el Programa Emergente de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.
“El expediente del caso se inició el 16 de agosto de 2007 con motivo de la queja que presentó ante la CNDH el diputado federal de Convergencia, Cuauhtémoc Velasco Oliva, en la cual advierte que Pemex ha dejado de observar diversos requisitos de seguridad en instalaciones petroleras a su cargo”, dijo.
El 14 de septiembre de ese año, Velasco Oliva aportó nuevos elementos a su queja e hizo una ampliación de la misma”, recordó.
La CNDH ha solicitado al director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles González Garza “remita las pruebas de cumplimiento que demuestren que han sido cubiertas las indemnizaciones a los deudos de los fallecidos”. Pero hasta ahora el caso sigue sin ser aclarado.
La representante legal del Grupo Ecológico Ambientalista “Marea Azul”, Lourdes Rodríguez Badillo, exigió que Petróleos Mexicanos (Pemex) acate la normatividad ambiental y sus funcionarios dejen de esconder la verdad sobre el caso Usumacinta, pues existe fuerte evidencia de que el accidente se debió a negligencias de la paraestatal.
Rodríguez Badillo recordó que el pasado 22 de febrero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 14/2009, dirigida a Pemex y a la Procuraduría General de la República (PGR) por el accidente en el que murieron 22 personas y en el que resultaron 68 heridos, el 23 de octubre de 2007.
Aseguró que en el documento consta que Pemex permitió que la plataforma operara sin observar las normas y reglamentos de seguridad que se requieren en ese tipo de instalaciones y que hubo una deficiente capacitación y equipo proporcionado a los empleados de esas instalaciones, quienes no contaban con embarcaciones de salvamento en las cercanías de la plataforma.
Por otro lado, de acuerdo al expediente de queja 2007/3755/1/QK, se desprende la existencia de violaciones a los derechos humanos de los afectados, a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la integridad física de las personas involucradas.
Pemex, a decir de la informante, violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Encima la CNDH señaló que “hubo notoria falta de colaboración por parte de la Delegación en Campeche de la PGR, al obstaculizar el acceso a la averiguación previa correspondiente AP/PGR/CAMP/CARM-II/142/2007, y a las fotografías de la plataforma accidentada; las bitácoras de los superintendentes de Pemex y de la compañía perforadora; los discos duros de computadoras y alrededor de 70 declaraciones hechas por trabajadores que se encontraban en la plataforma el día de los hechos”.
Tampoco se difundió el dictamen pericial elaborado por expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) elementos informativos que hubieran fortalecido aun más la documentación probatoria de la investigación.
Y aunque las omisiones en este caso fueron informadas al titular de la PGR, hasta el momento no se sabe de sanciones contra los que obstaculizaron el acceso a la información.
“En el expediente decía que los testimonios de los sobrevivientes coinciden en señalar que el día del accidente por la mañana, escucharon a superintendentes encargados de la plataforma que debía llamarse a barcos remolcadores, ya que la plataforma marina estaba mal posicionada, y que en el área contra incendio existían altos índices de gas sulfhídrico, por lo cual las maniobras eran más peligrosas”, agregó.
Por esto, para Rodríguez Badillo todo se trató de una negligencia de la empresa. “Para la CNDH, no pasan inadvertidos los señalamientos del informe de la compañía Battelle Memorial Institute, donde se destaca que en el Golfo de México no existen embarcaciones de rescate”.
Ahora la paraestatal dice que la culpa se le debe atribuir a las empresas subcontratadas; pero ni estas ni Pemex cumplen con el Programa Emergente de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.
“El expediente del caso se inició el 16 de agosto de 2007 con motivo de la queja que presentó ante la CNDH el diputado federal de Convergencia, Cuauhtémoc Velasco Oliva, en la cual advierte que Pemex ha dejado de observar diversos requisitos de seguridad en instalaciones petroleras a su cargo”, dijo.
El 14 de septiembre de ese año, Velasco Oliva aportó nuevos elementos a su queja e hizo una ampliación de la misma”, recordó.
La CNDH ha solicitado al director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles González Garza “remita las pruebas de cumplimiento que demuestren que han sido cubiertas las indemnizaciones a los deudos de los fallecidos”. Pero hasta ahora el caso sigue sin ser aclarado.
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