Los empresarios Amado Yáñez Correa, Amado Yáñez Osuna y Carlos Daniel Yáñez Osuna –accionistas de Oceanografía– ven prosperar sus negocios con el gobierno federal mediante empresas que crearon en el sexenio foxista: Geofísica Marina de Exploración y Proyectos Alternativos
Ana Lilia Pérez
Fuente: Revista Contralinea
Ana Lilia Pérez
Fuente: Revista Contralinea
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Los accionistas de Oceanografía operan otras firmas con las cuales hacen millonarios negocios con el gobierno de Felipe Calderón: Geofísica Marina de Exploración (Geomarex) y Proyectos Alternativos, SA de CV. Desde 2005 han recibido contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por casi 120 millones de pesos.
El abogado Jesús González Schmal alerta que “los accionistas de Oceanografía estarían incurriendo en conductas delictivas de carácter fraudulento, porque están engañando a la ley al utilizar otras sociedades mercantiles para ocultar sus malos antecedentes como miembros de otras empresas que están siendo cuestionadas e investigadas por ilícitos en la operación de proveeduría con el gobierno federal”.
Los accionistas de Oceanografía operan otras firmas con las cuales hacen millonarios negocios con el gobierno de Felipe Calderón: Geofísica Marina de Exploración (Geomarex) y Proyectos Alternativos, SA de CV. Desde 2005 han recibido contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por casi 120 millones de pesos.
El abogado Jesús González Schmal alerta que “los accionistas de Oceanografía estarían incurriendo en conductas delictivas de carácter fraudulento, porque están engañando a la ley al utilizar otras sociedades mercantiles para ocultar sus malos antecedentes como miembros de otras empresas que están siendo cuestionadas e investigadas por ilícitos en la operación de proveeduría con el gobierno federal”.
Explica que este caso es un ejemplo “del fracaso de un sistema que supone mecanismos de auditoría y de control en las adquisiciones del gobierno federal”.
Califica como un modus operandi el uso de diversas sociedades mercantiles, pues dice que se trata de actividades “de carácter delictivo, porque pese a todas sus irregularidades siguen obteniendo contratos del gobierno, lo que sin duda da lugar a conductas de carácter penal por parte de los accionistas de las compañías”.
En la legislatura pasada, en su carácter de presidente de la comisión especial que investigó el supuesto tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca, González Schmal indagó a los accionistas de Oceanografía. “No son empresarios, sino auténticos defraudadores que están al acecho del patrimonio público, buscando complicidades con los funcionarios en turno para poder acrecentar sus fortunas”.
Opacidad
En su revisión a la cuenta pública 2006, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) comprobó que en las contrataciones a Oceanografía se violaron las leyes de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, de Arrendamiento y Servicios del Sector Público, y Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Destacó que, a petición de los representantes de la empresa, los funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP) modificaron las bases de una licitación que posteriormente le sería adjudicada (Fortuna, negocios y finanzas, 64, mayo de 2008).
Pese a ello, Jesús Reyes Heroles, director de Pemex, sostuvo el pasado 20 de junio, en su comparecencia ante la Comisión Fox en la Cámara de Diputados, que “mientras no esté inhabilitada o exista una acción legal que le impida a esa empresa participar en las licitaciones de Petróleos Mexicanos, podrá hacerlo sin ningún problema”.
Las subsidiarias
En los albores del sexenio foxista, el 23 de enero de 2001, Amado Omar y Carlos Daniel Yáñez Osuna crearon la Inmobiliaria Cayo, SA de CV, con un capital social de 50 mil pesos. Amado fue designado presidente del Consejo de Administración y Daniel Rassvetaieff Guerrero, apoderado legal.
El 18 de noviembre de 2002, los accionistas de Inmobiliaria Cayo, cambiaron la razón social por Geofísica Marina de Exploración
Este último –abogado de profesión– es también apoderado legal de Arrendadora Ocean Mexicana (AOM), filial del consorcio naviero Blue Marine, cuyos accionistas son el exasesor directivo de Pemex, Antonio Juan Marcos Issa; su yerno, Alfredo Reynoso Durand; el hermano de éste, Juan Reynoso Durand, y su padre, Juan Reynoso Flores.
Inmobiliaria Cayo se formalizó ante el notario público 19 de Tlalnepantla, Estado de México, con residencia en Huixquilucan, Alejandro Antonio Pérez Teuffer Fournier. Quedó inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal el 5 de abril en el folio mercantil 274259.
El 18 de noviembre de 2002, en reunión del Consejo de Administración, los accionistas aportaron a su empresa 100 millones de pesos y cambiaron la razón social por Geofísica Marina de Exploración (Geomarex), y modificaron sus estatutos para convertirla en “una sociedad que tendrá por objeto la compraventa, arrendamiento, subarrendamiento, operación, administración y exploración por cualquier medio de embarcaciones”.
Especifica que el giro son las contrataciones en empresas particulares y en especial en Pemex. Se designó como delegados especiales a Carlos Bernardo Bandala Cabo, Daniel Rassvetaieff Guerrero y Emilio Paulon Fuentes. En 2005 se integraron como accionistas Cristina Rassvetaieff Guerrero y Alberto Duarte López.
Por esos días, supuestamente los Yáñez enfrentaban precarias condiciones económicas que les impidieron cumplir a cabalidad con los contratos de arrendamiento de embarcaciones que PEP les encomendara en la Sonda de Campeche, según documentos remitidos por Amado Yáñez a los funcionarios de la paraestatal.
Los incumplimientos les valieron la rescisión de contratos de las lanchas Paula Kay, Kristin Grace y Seba’an, contrarrestada con amparos judiciales que les consiguieran abogados como Diego Fernández de Cevallos, Antonio Lozano Gracia y Migue Nassar Down.
La familia Yáñez había llegado al sexenio de Fox como pequeña contratista con una larga cadena de penalizaciones y rescisiones de contratos, por los cuales incluso se inconformaron ante la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, en impugnaciones, integradas en los expedientes 1223/1997, 032/98, 058/98, 326/99, 082/00, 241/01, todas declaradas improcedentes.
Información de la compañía detalla que, al igual que Oceanografía, Geomarex “proporciona servicios como empresa naviera, para lo cual cuenta con el respaldo de importantes empresas a nivel mundial, a través de las cuales pone a disposición del mercado costa afuera en México embarcaciones de reciente construcción con la más alta tecnología”.
Geomarex tiene oficinas en el número 28 de la calle 62, colonia Fátima, Ciudad del Carmen, Campeche, y en el interior 102 del número 13 de la calle Tecamachalco, colonia Reforma Social, Distrito Federal.
A su vez, Proyectos Alternativos, subsidiaria de Geomarex, despacha en las mismas oficinas que ésta. Según su razón social, se dedica a la asesoría, ingeniería, diseño, instalación y mantenimiento a equipos de perforación de la industria petrolera, trabajos que realiza “apoyándose en alianzas con empresas de reconocido prestigio internacional”.
Ni Geomarex ni Proyectos Alternativos cuentan con personal y equipo propios. Para ejecutar los contratos de Pemex y de la SCT utilizan recursos materiales y humanos de Oceanografía, según se desprende de los expedientes de los trabajadores asignados a sus contrataciones con el gobierno federal.
La compañía está encabezada por Carlos Daniel Yáñez Osuna, director general; Ricardo Sánchez, director adjunto; Rabindranath Cantú Fuguemann, gerente. Su representante legal ante la Secretaría de Hacienda es Alberto Antonio Duarte López, hijo de Alberto Duarte Martínez, accionista de Oceanografía, en la que ocupa el cargo de gerente de Geofísica y Posicionamiento.
En las nóminas aparecen Carlos Daniel Yáñez Osuna, Amado Yáñez Correa, Alberto Duarte Martínez, Guadalupe Duarte, Cristina Rassvetaieff Guerrero, accionistas de Oceanografía.
El director de estudios técnicos es Lino Solís López, extrabajador de Pemex, empleado por Oceanografía desde hace 25 años, donde ha sido gerente comercial y representante técnico de los contratos ante las Administraciones Portuarias Integrales (API) y los contratos de dragado y levantamientos topográficos de PEP.
Los contratos
Los primeros contratos que el gobierno federal otorgó a Geomarex fueron a través de las API, que dependen de la SCT, para los servicios de supervisión y topografía. La secretaría, encabezada por Luis Téllez, también ha contratado a Oceanografía para estos servicios, pese a que el gobierno federal cuenta con una estructura dedicada a estas actividades.
Acreditación de personalidad presentada ante la SCT; copia del contrato entre la API de Campeche y Geomarex, y de una factura que ampara los trabajos
El 1 de agosto de 2004, la API de Campeche le otorgó el contrato para la supervisión del dragado en la dársena 1, etiquetado como Isla del Carmen 009-2004, por un monto de 250 mil pesos, que se firmó hasta el 15 de octubre, a unos días de que concluyera su plazo. En el mismo mes, la dependencia le otorgó otra adjudicación por 638 mil 400 pesos, para la “supervisión de la obra de dragado en el puerto de Ciudad del Carmen”.
El 1 de diciembre de 2005, la misma API le otorgó un contrato por 290 mil pesos, etiquetado con el numero SYBAPLAYA/054/2005, para supervisar el dragado en la zona de Seybaplaya, Champotón. Para el 16 de diciembre, le entregó otra contratación por 180 mil pesos para supervisar el dragado en la dársena de San Francisco, en las inmediaciones del puerto.
El 26 de junio de 2006, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante otorgó a Geomarex el contrato 6-D-DD-A-044-Y-0-6, por 1 millón 210 mil 171.78 pesos, para “supervisar el control de la obra de dragado del puerto de Ciudad del Carmen”.
Respecto a éste, en una carta enviada al director general de Puertos, Ángel González Rul Alvídrez, los representantes de la compañía manifestaron “no encontrarse en los supuestos del artículo 51”, ya que “nuestra empresa no se encuentra en situación de mora en la ejecución de obras públicas que tiene contratadas”. Al mismo tiempo, en PEP registraba atrasos en la ejecución del contrato 413055821 y Pemex ya le había autorizado un plazo adicional.
El 8 de enero de 2007, la API de Campeche le otorgó una adjudicación por 398 mil 750 pesos para la supervisión de dragado en la dársena 1 de Ciudad del Carmen. El 24 de julio, la DGPMM los contrató por 614 mil pesos para supervisar la obra de dragado en el canal de navegación de acceso al puerto de Frontera, Tabasco. Según las bases del contrato 7-1-DD-A-039-Y-0-7, la compañía debía trabajar desde el 1 de agosto, sin embargo, según facturas expedidas por Geomarex a la SCT, inició hasta el 1 de octubre.
Asignaciones en PEP
Lo mismo que Oceanografía, los contratos que Geomarex ha obtenido en PEP han sido los más redituables. El primero se lo otorgó la Superintendencia de Recursos Materiales de PEP en Ciudad del Carmen el 5 de julio de 2005, etiquetado con el número 413055821, por 59 millones de pesos, autorizado por el gerente de Perforación y Mantenimiento de Pozos División Marina, Baudelio Ernesto Prieto de la Rocha.
La contratación contempla el “servicio de posicionamiento con DGPS y sonar técnico para los equipos de perforación, terminación y reparación de pozos que operan en aguas territoriales del Golfo de México”.
El contrato fue adjudicado a Geomarex por los mismos días en que sus accionistas ingeniaron mecánicas administrativas para obtener fraudulentos recursos públicos de Bancomext y de Pemex.
Los navieros cobraron en la banca de desarrollo 23 millones de dólares, a cuenta de un crédito por factoraje con facturas supuestamente apócrifas expedidas por Oceanografía, según descubrió el Órgano Interno de Control en Bancomext. Los documentos, con sellos falsos de Pemex, amparaban el contrato PEP-O-IE-504/05 por 150 millones de dólares, que PEP le otorgó por adjudicación directa (Fortuna, negocios y finanzas, 61, marzo de 2008).
Geomarex en Pemex
Tras la suscripción de contratos con Pemex, Geomarex obtuvo condiciones distintas a las establecidas en las licitaciones. Según las bases de las licitación 18575050-025-05, el periodo de ejecución era entre el 11 de agosto de 2005 y el 31 de diciembre de 2006. Sin embargo, los trabajos empezaron hasta el 2 de octubre de 2005.
El 13 de noviembre de 2006, se le autorizó un incremento de 1 millón 654 mil 65 pesos. Posteriormente, una extensión del plazo hasta el 21 de enero de 2007. El 19 de enero de 2007, casi un mes después de la fecha fijada para la conclusión de los, se validó una prórroga por 101 días y un incremento de 1 millón 744 mil 504 pesos. Con la ampliación, los trabajos debían concluir el 2 de mayo de 2007, pero según documentos de Geomarex terminaron el 21 de mayo.
En abril de 2007, la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos le adjudicó otro contrato por el mismo rubro, etiquetado con el número 423027808, por un monto de 51 millones 841 mil 990 pesos, para el “servicio de posicionamiento con DGPS, sonar sector programable y sonar de barrido lateral para las plataformas de perforación; terminación y reparación de pozos marinos que operan en aguas mexicanas”. Se signó el día 18 de mayo, con vigencia a partir del día de su suscripción y hasta el 17 de mayo de 2010.
Hasta ahora, la firma Proyectos Alternativos ha recibido un contrato 428816870 de Pemex, entregado “por invitación directa”, adjudicado por la Región Marina Suroeste de PEP –con sede en Ciudad del Carmen–, en octubre de 2006, por 1 millón 847 mil 805 pesos, por asesorar y supervisar la instalación del sistema de detección de gas y fuego en los módulos 7 y 8 del centro de procesos ABK-D.
Domicilio fiscal
La dirección fiscal de Geomarex y su subsidiaria Proyectos Alternativos –despacho 1406 de la avenida Insurgentes 300, Distrito Federal– es la misma de Oceanografía. Contralínea documentó en 2004 que el departamento está abandonado.
Desde el sexenio pasado, el domicilio ha estado en la mira de la Secretaría de Hacienda por involucrar en supuesta evasión fiscal a las firmas Oceanografía y Transportes Navieros y Terrestres (TNT), cuyos accionistas principales son Amado Yáñez Correa y sus hijos Amado Omar y Carlos Daniel Yáñez Osuna.
En noviembre pasado, La Jornada publicó una querella presentada por la Procuraduría Fiscal de la Federación que involucra a Amado Omar Yáñez Osuna en supuesto fraude fiscal. El rotativo documentó que derivado de una indagatoria de la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros, integrada en el expediente 529-V-DGDF-2007/05, “Transportes Navieros y Terrestres, SA de CV, causó perjuicio al fisco federal por el ejercicio fiscal de 2000 al retener y no enterar, dentro del plazo que la ley establece, el ISR por 4 millones 274 mil 211 pesos”. Por lo que, según lo consignado, la Procuraduría Fiscal pidió a la PGR “que ejercite acción penal contra dicho empresario”.
La empresa TNT es una outsourcing de reclutamiento de personal para Oceanografía y otras compañías de socios y exsocios de los Yáñez, como AOM y Blue Marine. Opera en Ciudad del Carmen, Campeche, en un pequeño local anexo a las oficinas de Oceanografía (Contralínea 90).
En sus declaraciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria, Geomarex ha reportado que opera con pérdidas. Entre sus gastos más onerosos cita el pago de “asesorías especializadas” y préstamos externos, que según sus cuentas por cobrar y por pagar provienen de Oceanografía, de Carlos Daniel Yáñez Osuna, Lupita Duarte, Cristina Rassvetaieff Guerrero, Amado Yáñez Correa y Amado Yáñez Osuna. Registra también préstamos personales a Alberto Duarte Martínez.
En sus estados financieros, Geomarex reporta que la principal fuente de sus egresos son “asesorías profesionales” y sueldos, en ese orden. Pero comparte trabajadores con Oceanografía.
Copia de una factura expedida a Pemex
Más fiscalización
Jesús González Schmal señala que el Legislativo debe fiscalizar las cuentas de las distintas empresas que la familia Yáñez maneja, así como cada una de sus contrataciones con el gobierno federal, desde el sexenio pasado.
La Cámara de Diputados “debe suplir la ineficiencia de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública, respecto a que no han podido frenar la conducta de los accionistas de Oceanografía. Se debe conseguir respeto para el pueblo y justicia para su patrimonio”.
Explica que, “como los órganos de fiscalización no consiguen que se respete el patrimonio del pueblo, lo debe hacer el Legislativo, porque si no lo hiciera, entonces ya no habría instancia del país que pueda detener esa avalancha de voracidad y de perversión en las operaciones de proveeduría de estos contratistas con el gobierno federal”.
Contralínea solicitó entrevistas con los titulares de la SCT y de Pemex, respecto de los contratos otorgados a Geomarex y Proyectos Alternativos. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Tampoco accedieron a dar su versión los accionistas de Oceanografía, que son a su vez posesionarios de las otras dos empresas.
Negocios de los socios
De 2002 a la fecha, Blue Marine Technology Group –cuyos accionistas son Antonio Juan Marcos Issa, Alfredo Reynoso Durand, Juan Reynoso Durand y Juan Reynoso Flores– ha obtenido algunos de los contratos más onerosos de Pemex Refinación.
De 2003 a 2007, las filiales del grupo Blue Marine se han adjudicado 17 contratos por un total de 4 mil 421 millones 252 mil pesos: Arrendadora Ocean Mexicana ha signado 12 convenios con Refinación, por 1 mil 874 millones 52 mil pesos; Subtec ha obtenido tres contratos en Pemex Exploración y Producción por 520 millones 919 mil pesos (Contralínea 103).
En junio de 2007, AOM recibió 5 millones de pesos –contrato 4600011955 por adjudicación directa– por un servicio marítimo. En septiembre, PEP le otorgó un contrato por 265 millones 458 mil 402 pesos, vigente hasta noviembre de 2012. El 4 de mayo de 2007 el consorcio creó la firma Blue Marine Shipping, SA de CV, para participar en la licitación pública internacional 18576018-022-07 de Pemex Refinación, respecto del arrendamiento de cinco buquetanques con opción a compra.
El 30 de mayo, la subsidiaria adjudicó a Blue Marine la renta de los barcos African Future, por 943 millones 885 mil 261 pesos, y Wabash, por 1 mil 82 millones 396 mil 370 pesos (Oficio de papel, 2 de junio de 2008). (ALP)