En 2004 Amado Yáñez Osuna, accionista principal de la naviera Oceanografía, cabildeó con el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, y con sus colaboradores Juan Camilo Mouriño Terrazo y César Nava, millonarios contratos petroleros, según revela un expediente que Pemex entregó a una comisión especial de legisladores
Fuente: Contralinea
Ana Lilia Pérez
Documentos remitidos en 2004 por directivos de Oceanografía a Juan Camilo Mouriño Terrazo, actual secretario de Gobernación y entonces asesor del secretario de Energía, Felipe Calderón, revelan reuniones privadas y envío de escritos –relacionados con el arrendamiento de un barco grúa en Pemex Exploración y Producción (PEP)– entre ejecutivos de la empresa y funcionarios del gobierno federal.
Tras declarar desierta la licitación para el alquiler de la embarcación, la filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) adjudicó directamente el contrato 418235843 a la naviera. El asunto no es menor: con dicho convenio, como única garantía, Oceanografía obtuvo un sospechoso crédito del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).
De acuerdo con la información, los directivos de la empresa cobraron el préstamo por más de 60 millones de pesos mediante cuatro facturas supuestamente apócrifas, presentadas por Amado Yáñez Osuna, el accionista principal.
Yáñez y Juan Camilo Mouriño mantienen una relación de amistad, que se inició hace muchos años en Campeche, cuando Leonardo Olavarrieta, amigo de Juan Camilo desde la infancia y actual director general adjunto de Oceanografía, los presentó. Él ha sido el responsable de estrechar aún más ese vínculo desde que su amigo arribó a Los Pinos, junto con el presidente Felipe Calderón.
El vínculo de Mouriño con Amado Yáñez
En el expediente entregado por Pemex a una comisión de legisladores de la Cámara de Diputados y del que Contralínea posee copia, figura, junto con actas de licitaciones públicas y oficios firmados por directivos de Oceanografía, un oficio remitido desde Ciudad del Carmen (sede de la naviera) por el director general adjunto de Oceanografía, Leonardo Olavarrieta, a Juan Camilo Mouriño en la Secretaría de Energía (Sener), el 5 de marzo de 2004, enviado vía fax a los números telefónicos de la oficina del secretario (015550006087 y 015550006096).
El documento cita: “Anexo acta de fallo de la licitación 18575035-025-03 (que) fue declarada desierta y en este momento se encuentra en inconformidad por la compañía Construcciones Integrales del Carmen, SA de CV. Saludos”.
La licitación referida, emitida en 2003 por la Subdirección de la Coordinación de Servicios Marinos de PEP para la “rehabilitación y mantenimiento de plataformas marinas con apoyo de una embarcación con posicionamiento dinámico”, se declaró desierta el 6 de febrero de 2004 porque ninguna de las propuestas era viable. En ese proceso licitatorio participaron la misma Oceanografía, Construcciones Integrales del Carmen (CICSA), Representaciones y Distribuciones Evya y Servicios Marítimos de Campeche (SMC).
Las actas del fallo de la licitación fueron enviadas por Olavarrieta a Mouriño junto con los oficios de PEP (fechados el 27 de enero de 2004), en los que la paraestatal petrolera notifica a Oceanografía por qué su propuesta fue desechada. Enterado Mouriño del caso, semanas después PEP le otorgó el contrato a la naviera en forma directa.
Hacia julio de 2004, PEP nuevamente concursó la licitación 18575108-030-04. Participaron otra vez Oceanografía, CICSA, SMC, Cotemar, Condux, Naviera Armamex, Instalaciones Electromecánicas Civiles y Eléctricas, Berry Contracting, Construcciones y Trituraciones, Constructora y Arrendadora México, Constructora Subacuática Diavaz y Consultoría y Servicios Petroleros. Una vez más, la licitación se declaró desierta.
Tras el fallo, Condux se inconformó ante la Secretaría de la Función Pública, que determinó vicios en la licitación, como la cuantifición errónea de las propuestas económicas para declararla desierta, en contravención a la ley. Cuando el concurso aún estaba bajo indagatoria, el 16 de octubre de 2004 funcionarios de la paraestatal iniciaron el proceso de adjudicación directa DOCSM-095-04.
El 13 de mayo de 2005 el subdirector de PEP, Héctor Leyva Torres; el gerente de Mantenimiento Integral, José Guadalupe de la Garza Saldívar, y el gerente de Administración y Finanzas, Flaviano Rodríguez Marcial, formalizaron el contrato 418235843 con Oceanografía, por 676 millones de pesos y 27 millones de dólares, para el arrendamiento del barco Caballo de Trabajo. La vigencia se pactó del 15 de mayo de 2005 al 31 de diciembre de 2007.
Reuniones con Calderón
El trato de los directivos de Oceanografía con altos funcionarios no se restringió al coordinador de asesores del secretario de Energía en el gobierno de Vicente Fox. En 2005, la Comisión que investigaba el supuesto tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún solicitó a Pemex la documentación relacionada con la naviera.
Entre los expedientes proporcionados se incluyó una carpeta con correspondencia interna remitida el 16 de diciembre de 2003 por Amado Yáñez Osuna a Luis Ramírez Corzo –cuando éste dirigía PEP–, a su oficina del piso 41 de la torre ejecutiva, en Marina Nacional. El legajo incluye una carátula con el logo de la compañía y el texto: “Oceanografía-Pemex 2003-2004”. En éste se relatan las afectaciones a la empresa por la rescisión de contratos.
En un apartado que explica las “consecuencias para Oceanografía”, Yáñez Osuna le comenta a Ramírez Corzo de una reunión que habría sostenido con Felipe Calderón, por mediación de César Nava, días antes. En dicha reunión, cita el documento textualmente:
“Con fecha 4 de marzo (de 2003) se llevó acabo el acta de formalización de contratos en la sala de juntas de la Gerencia de Logística SCSM (Subdirección de la Coordinación de Servicios Marinos), mediante la cual nos comunicaron oficialmente que nuestra empresa estaba impedida para firmar los contratos, en virtud de encontrarnos en los supuestos de la fracción III del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.
“Se consultó con usted (Luis Ramírez Corzo) que opinión o consejo, si se denunciaba a la Secretaría de Energía y Minas las consecuencias que teníamos por la inconformidad del IMR (Índice de Percepción de Mejora Regulatoria) y derivado de esto las dos rescisiones para no encontrarnos en el artículo 50. Se solicitó una cita con el secretario de Energía, a través del lic. César Nava, la cual fue concedida las dos primeras semanas del mes de diciembre (de 2003).
“Solamente se comentó con el sr. secretario los problemas que se tenían con IMR en la cual se tenía interés del lic. Bracho (Rafael Bracho Ransom, subdirector de Administración y Finanzas de PEP) de favorecer a la empresa Diavaz, nunca se mencionó a usted, como se está rumorando a través de los contratistas y personal de PEP; al contrario, siempre se le guardó un gran respeto a su personal. Del árbol caído quieren seguir haciendo daño a nuestra empresa, en la cual se hicieron muchas inversiones para ustedes con barcos de bandera mexicana que actualmente están inactivos…”.
En otros oficios, los directivos de la naviera Oceanografía insisten en que la paraestatal no proceda a la cancelación de los contratos para que no se le inhabilite. Argumentan que “la rescisión del contrato no es obligatoria para ninguna de las dos partes, sino potestativa”, solicitan “que Pemex reconsidere su postura y permita la concertación entre ambas partes”.
Créditos sospechosos de Bancomext
A unos meses de que PEP le adjudicara el contrato para el arrendamiento del barco grúa, Oceanografía lo ofreció como garantía a la banca de desarrollo para que lo financiara, como ya lo había hecho con otros contratos de Pemex, como el 4124258280 que le otorgó la misma subsidiaria para la “procura y construcción del gasoducto” de la plataforma enlace litoral al complejo Pol A (Fortuna 61).
Así, al mismo tiempo en que Oceanografía utilizaba a familiares del presidente Fox como gestores en Pemex y tenía línea directa con Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño y César Nava en la Secretaría de Energía, la banca de desarrollo le autorizó un millonario crédito para financiar la operación de los contratos de Pemex; préstamo del cual, meses después, obtendrían recursos mediante el uso de supuestas facturas apócrifas.
Dirigido desde entonces por Héctor Reyes Retana, entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de agosto de 2005, Bancomext autorizó créditos de primer piso a 15 empresas por un monto de 414 millones 900 mil pesos, y 56 millones 100 mil dólares, “para impulsar su crecimiento en los mercados globales”. A Oceanografía le tocaron 30 millones 306 mil 389 pesos y 25 millones 600 mil dólares, es decir, casi 25 por ciento de los préstamos del gobierno federal a través de la banca de desarrollo.
El trámite inició el 28 de julio de 2004 en la oficina de Bancomext en Mérida, Yucatán, sede de la representación sur-sureste, a cargo de Griselda Chiang Sam García, quien aparece también como ejecutivo de cuenta de la naviera.
Once días después, el Comité Interno –integrado por Héctor Reyes Retana, Carlos Elías Rincón, Sergio Fade Kuri, Abel Jacinto Intriago, Salvador Rojas Aburto, Pablo Segura Garduño, Julio César Méndez Rubio y Alfredo Gutiérrez Carrillo– aprobó el crédito 2872 por 10 millones de dólares, con la cesión de derechos de cobro con notificación y direccionamiento de pago de los contratos de Pemex a favor de Bancomext como garantía.
Las condiciones para disponer de los recursos fueron: presentar la factura de venta por servicio prestado a Pemex con el sello de recibido de la paraestatal; aforo del 90 por ciento; la cobertura mínima de 1.1 a 1.0 sobre la cesión de los derechos de cobro, con notificación y direccionamiento de pago.
Pese a los incumplimientos de Oceanografía en sus contratos con Pemex, el 20 de julio de 2005 el Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de Bancomext autorizó una ampliación al crédito en cuenta corriente por otros 20 millones de dólares –según acuerdo CIC/157/05–, con lo que el monto se incrementó a 30 millones de dólares. También se eximió a la compañía de su obligación de capitalizar 102 millones 73 mil pesos, según las cláusulas tipificadas en la autorización inicial.
El acuerdo se hizo durante una sesión ordinaria del Comité Ejecutivo del banco, en la que participaron Alonso Pascual García Tamés, subsecretario de Hacienda y Crédito Público; Felipe Alberto Izaguirre Navarro, director general de Banca de Desarrollo; Francisco Javier Cárdenas Rioseco, director de Intermediarios Financieros de Fomento del Banco de México; Fernando Ramón Marty Ordóñez, coordinador de asesores del secretario de Energía; Alondo de Gortari Rabiela, encargado de la Dirección de Promoción Económica y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Héctor Reyes Retana.
Con el nuevo tope crediticio, el 10 de junio de 2005 Oceanografía emitió las facturas 14899, por 13 millones 957 mil 435 pesos, y 14898, por 1 millón 282 mil 51.28 dólares. Sin embargo, fue hasta el 30 de junio que la Oficina del Abogado General (OAG) de Pemex autorizó que la contratista trasladara a Bancomext sus derechos de cobro de este contrato. Es decir, aunque uno de los argumentos de PEP para adjudicar el contrato a la naviera fue su “solvencia económica”, en el expediente crediticio la compañía argumenta su necesidad de financiamiento.
El mismo día en que la OAG le autorizara trasladar sus derechos de cobro, la naviera emitió las facturas 14907 por 24 millones 792 mil 77.13 pesos y la 14908 por 2 millones 292 mil 331.20 dólares; ambas, correspondientes al contrato 418235843. Posteriormente, presentó las cuatro facturas a Bancomext para la disposición de recursos. Los documentos tenían un supuesto sello de recibido en la ventanilla única de Ciudad del Carmen de PEP Región Marina Suroeste, el mismo día de su expedición.
El 1 de julio de 2005, Oceanografía formalizó vía notarial la cesión de derechos de cobro a favor de Bancomext. Cuatro días después –mediante cuatro oficios dirigidos a Alfredo Arruti Bustos, director Ejecutivo de Banca Empresarial Sur-Sureste– Amado Yáñez Osuna solicitó a Bancomext los siguientes recursos:
19 millones 390 mil 333.59 pesos, amparado en la factura 14907, por 21 millones 544 mil 815.11 pesos; 10 millones 916 mil 055.74 pesos a cuenta de la factura 14899, por 12 millones 128 mil 950.83 pesos; 1 millón 114 mil 96.96 dólares al amparo de la factura 14898, y 1 millón 793 mil 292.48 dólares al amparo de la factura 14908. El dinero debía abonarse a la cuenta de la naviera en BBVA Bancomer en Ciudad del Carmen. En esa misma fecha, Eloísa Valverde Díaz, de finanzas, autorizó el dinero que fue depositado al día siguiente.
En agosto de 2005, cuando el Órgano Interno de Control en Bancomext descubrió las irregularidades en la factura 15172 expedida por Oceanografía y presentada al banco para la disposición de 22 millones 900 mil dólares, a cuenta del contrato 4124258280, número SAP PEP-O-IE-504/05 (Fortuna 61), los auditores encontraron que las cuatro facturas que cobró Oceanografía a cuenta de ese contrato eran supuestamente apócrifas, revela el expediente de auditoría cuya copia obra en poder de Contralínea.
El 22 de agosto los auditores Raúl Muñuzuri Becerra y María Teresa Gómez Soberanes remitieron al subdirector de PEP, Héctor Leyva, el oficio GAB-178/05 para certificar la autenticidad de las cuatro facturas. El 19 de septiembre, en el oficio SCSM-GAF-795-60-2005, Leyva confirmó que la paraestatal nunca recibió dichas facturas: “No existe evidencia alguna en los sistemas de registro documental y contable de Pemex Exploración y Producción (de) que hayan sido recibidas en las ventanillas únicas, tanto en Ciudad del Carmen como de Dos Bocas, Tabasco, consecuentemente no instruidas para su pago por esta coordinación de Servicios Marinos”.
Agrega: “Para mayor abundamiento sobre el caso, durante el mes de junio del presente año solamente en el día 13 se recibieron ocho facturas con cargo al referido contrato, las cuales fueron por importes mucho menores a las cuatro facturas citadas”.
Al respecto, en el oficio OIC-AAI-225/05, fechado el 20 de septiembre de 2005, la auditora Inés Domínguez Ortiz notificó a Bancomext el supuesto delito de la compañía. Alertó al director General Adjunto de Promoción de Negocios, Sergio Forte Gómez: “Se observa que Bancomext otorgó recursos a Oceanografía con facturas por servicios prestados a Pemex Exploración y Producción que no son reconocidas por el organismo, mismas que representan la garantía y fuente de pago del crédito”.
En otros oficios remitidos al titular del Área de Responsabilidades, Cuauhtémoc Flores Migueles, la auditora indicó: de la revisión de auditoría al crédito de Oceanografía se desprenden “hechos que pueden resultar de responsabilidad penal en agravio de Bancomext, por lo que se debe instar al área jurídica de la entidad a que actúe conforme a derecho”. Inexplicablemente el asunto no trascendió.
Encubrimiento de Bancomext
Para omitir su responsabilidad en el supuesto fraude de la naviera descubierto por el OIC, Alfredo Arruti Bustos y Griselda Chiang Sam García argumentaron que, aunque conocían del uso de documentos apócrifos, optaron por no proceder contra Oceanografía para asegurarse de que pagara los 23 millones de dólares que obtuvo de su línea de crédito con una factura también apócrifa.
Justificaron que 80 días después de utilizar las cuatro facturas apócrifas del contrato 418235843, Amado Yáñez reintegró el dinero a Bancomext; por ello: “Se consideró por el momento no cuestionar a la empresa sobre esa situación, con el fin de evitar una confrontación que pudiera afectar los pagos mencionados con el saldo vigente”, cita uno de los oficios expuestos al comité del banco el 27 de septiembre de 2005.
Aunque los funcionarios de Pemex fueron notificados del uso de sellos apócrifos de la paraestatal en cuatro facturas a cuenta del arrendamiento del barco Caballo de Trabajo, desde los primeros meses en que entrara en vigor su arrendamiento éste no fue rescindido. Incluso, en octubre pasado fue contratado con montos adicionales para los trabajos de emergencia en la Sonda de Campeche durante el incendio del pozo Kab 101.
Contralínea solicitó a Bancomext, a través de su área de prensa, el monto total pagado por Oceanografía derivado de los préstamos que se le autorizó en el gobierno de Vicente Fox. La información fue negada y los funcionarios involucrados en este caso rechazaron ser entrevistados. El área de prensa aseguró que después de descubiertos los créditos sospechosos por el OIC, Bancomext dio por terminada toda relación con Oceanografía; sin embargo, aún aparece en el directorio de Pymex (pequeñas y medianas empresas exportadoras) que promueve la banca de desarrollo en su portal de internet que operan con sus apoyos.
Se solicitó entrevista con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, para hablar de su relación con la contratista de Pemex, pero tampoco hubo respuesta.
También se solicitó, sin éxito, una entrevista con Amado Yáñez Osuna, accionista mayoritario de Oceanografía.
Oceanografía “corrupción al más alto nivel”: Monreal Ávila
Ricardo Monreal Ávila, exgobernador de Zacatecas y actual senador de la República, define el caso de Oceanografía y la relación de sus directivos con altos funcionarios del gobierno federal como “la punta del iceberg de la corrupción foxista, solapada por la gran complicidad con el gobierno actual”.
En entrevista, asegura que en los contratos que los últimos dos gobiernos (Vicente Fox y Felipe Calderón) han dado a la naviera privada vía Pemex, hay “un millonario quebranto en contra de Petróleos Mexicanos. Son miles de millones que se fueron al caño por la corrupción y el tráfico de influencias en la asignación de contratos irregulares. Por eso Oceanografía es el gran monumento a la impunidad y la corrupción.
“Obviamente, el secretario de la Función Pública ha dicho que no está cerrado el asunto, que siguen las pesquisas y la investigación, pero nosotros tenemos dudas, somos escépticos, no ha habido uno solo de los altos funcionarios que esté procesado o que esté purgando penas por la corrupción en este caso, en el que Fox intervino y que ahora ha heredado a Calderón”.
En una ampliación a la denuncia penal que presentó contra el expresidente Vicente Fox por el supuesto manejo irregular de recursos en su administración, en noviembre pasado, Monreal demandó también que las autoridades judiciales investiguen las operaciones de Oceanografía en Pemex y su relación con familiares del entonces presidente y funcionarios de su gobierno.
Explica que, aunque el procurador Eduardo Medina Mora se comprometió a dar celeridad a la investigación, “tenemos un Luis Ramírez Corzo que benefició a la empresa, un Raúl Muñoz Leos, el propio Reyes Heroles, incluso hay senadores que están allí sentados y que tuvieron cargos importantes desde donde la beneficiaron y no ha pasado nada. Es una gran red de corrupción entre ellos que se protegen entre sí, obviamente es muy poderosa, muy peligrosa”.
–Se publicó que los hijos de Marta Sahagún eran los cabilderos de la compañía, y lo reconoció Manuel Bribiesca, sin embargo la SFP no ha hecho nada al respecto, ¿cuál es el mensaje?
–Es de impunidad, de protección, de acuerdos de alto nivel para no tocarse y es la reproducción de la corrupción porque los de ahora están haciendo exactamente lo mismo que hicieron los anteriores y por eso no los pueden perseguir, por temor a que también ellos sean perseguidos. La discrecionalidad en los contratos que se han dado a esta naviera es escandalosa, pero nadie hace nada.
Monreal Ávila adelanta que en una segunda ampliación a la denuncia que actualmente lleva la PGR respecto a Vicente Fox, agregará el financiamiento que esa administración dio a Oceanografía, a través del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), y denunciará también judicialmente el supuesto uso de facturas apócrifas por parte de la naviera y de su director general, Amado Yáñez Osuna, para obtener dinero de la banca de desarrollo.
Agrega que el ilícito alcanza a los funcionarios de Bancomext, pues, a dos años de que el Órgano Interno de Control detectara el hecho y lo notificara a los funcionarios del banco, no se procedió legalmente.
Al respecto, Monreal señala: “No se puede permitir tanta impunidad, es un fraude descarado a la nación. Pemex les daba los contratos, la banca de desarrollo se los financiaba y el señor presentaba facturas apócrifas a nombre de Pemex. Al no denunciar penalmente, los funcionarios del banco incurrieron también en un ilícito: la complicidad, que es una conducta antijurídica y por tanto también ameritan responsabilidades”.
–¿Hay indicios de influencias de los propietarios de la administración actual con esta compañía?
–Sí, la corrupción es al más alto nivel, por eso están muchos de los mismos para proteger este caño de la corrupción, que es enorme.
–¿Quién está protegiendo a Oceanografía, senador?
–Los funcionarios del más alto nivel. Yo creo que los conocen muy bien o entregaron dinero a la campaña, o no quieren tocar a los hijos de la señora Sahagún, porque obviamente les resultarán responsabilidades, sin duda. Es enorme el daño que le han causado al país. La comunicación con Mouriño revela también la complicidad al más alto nivel. Podrán en este momento encubrirlos, pero va a llegar un momento en el que llegue un gobierno democrático que va a desempolvar todas esas averiguaciones y se va a sancionar a los responsables, porque el país no va a avanzar en este nido de corrupción.
Para el presidente de la comisión que actualmente investiga el supuesto tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún, Elías Cárdenas, aunque la administración de Felipe Calderón promovió que investigarían a fondo a su predecesor para fincar responsabilidades, “poco a poco se ha ido cerrando aquella voluntad”.
Por eso, dice, “exigimos a todas las autoridades que prosigan con las investigaciones y además nos faciliten toda la información a las comisiones del Congreso, porque nos han ido negando la información. Obviamente el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información) también entorpece. Solicitamos información y nos la han negado para encubrir al régimen. Lo que tenemos claro es que no hay disposición”.
El legislador federal coincide con Monreal Ávila en el sentido de que Oceanografía sigue impune gracias a los acuerdos cupulares de las dos últimas administraciones del gobierno federal. “Se han estrechado más los intereses y seguramente los compromisos de encubrir al régimen anterior ¿a cambio de qué?, quizá de que Fox ya no apareciera”.
El sainete
Ante las supuestas irregularidades de la empresa Oceanografía como contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde la administración de Vicente Fox, el senador Ricardo Monreal reclamó al secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, que no haya procedido legalmente.
Las senadoras María Serrano y Leticia Rivera, del Partido Acción Nacional, salieron en defensa del funcionario el pasado 20 de febrero, durante su comparecencia ante la Comisión Permanente del Senado de la República:
–El señor secretario está aquí para atender dos asuntos de los cuales usted ya planteó –interrumpió Serrano.
–Nadie me va a quitar la palabra para preguntar sobre otros temas –defendió Monreal.
–Usted es un invitado aquí a nuestra comisión, usted no pertenece a ella.
–Eso no lo puedo permitir. Es que usted también me interrumpió, por eso hago lo mismo que usted.
–Déjeme terminar.
–La voy a dejar que termine.
–Creo que es una falta de respeto hacia un secretario que viene a atender temas específicos a los cuales fue citado.
–Si él no quiere contestar tiene todo su derecho, pero usted no tiene por qué entrar de defensor de oficio.
–No estoy protegiendo al secretario... pero no es el momento para que él responda a esas preguntas.
Durante el intercambio verbal, Vega dijo que atendería las preguntas del senador, pero antes de que pronunciara palabra, la senadora Rivera le quitó el micrófono y tajante dijo que la agenda del día estaba agotada. (ALP)
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domingo, 2 de marzo de 2008
Si dudan de la asignación de obras que me demanden, reta J. L. Iberri
Fuente: Ecos de la Costa
Édgar H. Badillo Medina
Notiecos/Colima.- El director de la Administración Portuaria Integral (API), José Luis Iberri Martínez, retó a quienes tengan alguna duda en cuanto a los procesos de adjudicación de obra pública que hace dicha instancia, a que lo demanden ante las instancias correspondientes y a que se realicen las investigaciones en torno a lo que consideren conveniente.
Entrevistado ayer sobre la polémica que ha surgido con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Colima, Juan José Záizar Soto, el director de la API ponderó la participación que ha tenido en el desarrollo portuario de la entidad la empresa Constructora Manzanillo, propiedad de Rubén Álamo Suazo.
Inicialmente, descartó que la API esté fomentando o poniendo en práctica actividades de carácter monopólico, pues forman parte del gobierno federal y todas las obras que adjudican se hacen con base en metodología federal.
Sin embargo, cuestionó: “quién ha soltado una serie de rumores y comentarios que ha hecho el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, mismos que han sido muy desacertados en relación a las obras”.
En ese sentido, recordó que el primer cuestionamiento del presidente de la CMIC, Juan José Záizar Soto, fue en el sentido de que la API no daba obras a las empresas de Colima; “al siguiente día le brincaron muchos constructores diciéndole, espérame, si quitas el dragado, el 91% de obras las hemos hecho gente de Colima”.
“Después dijo, a no: me refería a constructores afiliados a mi cámara. Ah espérame, la ley no permite poner ningún tipo de condicionante a las licitaciones. La ley dice se hace una licitación pública, que vengan los concursantes y el que gana, gana. Si no están ganando gentes de su cámara, con todo respeto yo no soy culpable, ni la API”, destacó.
A pregunta expresa, Iberri Martínez reconoció que no se ha reunido con los constructores agrupados en la CMIC; “tenían cita para el pasado miércoles, pero ellos me la cancelaron porque tenían no sé qué actividades y que luego ellos me iban a avisar”.
“Pero con la CMIC, yo el año pasado creo que por estas fechas de febrero vine yo a su informe y firmé un convenio de retención de aquellos constructores afiliados a su cámara que hicieran obras en el puerto, y creo que el año pasado les entregamos 67 mil pesos o algo así, de retenciones de afiliados a su cámara, por eso me han desconcertado mucho sus declaraciones”, manifestó.
De igual forma, dijo que le extraña el que se esté cuestionando por qué un solo constructor se lleva gran parte de la obra; “si haces un muelle que vale 140 millones de pesos, es una licitación de 140 millones de pesos y no lo vas a partir en 20 licitaciones y son licitaciones nacionales, transparentes y están en la página de Internet”.
Indicó que incluso en el proceso de licitación participan representantes de la Secretaría de la Función Pública y los sobres sellados se abren en frente de los participantes; “si alguien es descalificado tiene oportunidad de meter una queja y no hay problema”.
¿Qué lectura le da usted a esto?
“Pues yo la lectura quisiera dársela, por eso me interesa que vayan a verme y saber de qué se trata, si es buscar que se contrate a gente de su cámara, pues realmente no lo podemos hacer, lo que podemos hacer es seguir haciendo los contratos abiertos y todos están en la página de Internet”, respondió.
En ese tenor, dijo no tener conocimiento si en los concursos han participado algunos miembros de la CMIC y han perdido; “pero sí hay algunos que han ganado, es más, de hecho algunos de los miembros de la CMIC salieron a desmentir y dijeron que ellos sí tenían obras en el puerto”.
Más adelante, aseguró que a la empresa Constructora Manzanillo no se le ha entregado ninguna obra por asignación directa; “Constructora Manzanillo ganó dos contratos de licitaciones públicas nacionales: uno de un muelle y otro de la ampliación de un canal de navegación”.
Iberri Martínez aseguró que Constructora Manzanillo tampoco ha recibido ninguna obra por asignación directa; “Constructora Manzanillo se mueve a otros niveles, hace muelles aquí, muelles en Cozumel, muelles en centro América”.
“Constructora Manzanillo, como cualquier otra constructora de esos niveles, pues han hecho los muelles de los puertos de éste país. Creo que Constructora Manzanillo hizo también el muelle diez hace dos o tres años y no pasa nada”.
“Aquí lo curioso es que todo parte de que no se le da obra a la gente de Colima, pero luego se demuestra que sí se le da obra y ahora en lugar de celebrar que el contrato más grande lo gana una gente de Manzanillo, en lugar de aplaudirlo les molesta, preferible que lo hubiera ganado un veracruzano, entonces”, agregó.
“Pero si alguien de Colima se siente con los alcances tan grandes de Constructora Manzanillo, tiene los equipos y la experiencia para hacer muelles, pues que le entre a los concursos y a las licitaciones”, sostuvo.
Cuestionado sobre la queja de Juan José Záizar Soto, en el sentido de que la gente de la CMIC no gana ninguna licitación que hace la API de Manzanillo y en otros estados del país sí han ganado licitaciones muy similares, Iberri Martínez consideró que; “sería muy aventurado que el señor diga eso y espero que no lo haya dicho”.
“Aventurarse a descalificar un proceso federal, sí es mucha aventura. El señor puede ir y revisar lo que quiera, cualquier ciudadano puede solicitar la información por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), porque en el gobierno federal no se andan con esas cosas, las cosas son muy transparentes”, manifestó.
El director de la API negó tener algún tipo de polémica con los constructores agremiado en la CMIC; “yo sigo trabajando adelante, porque hay que crecer el puerto y ahí la polémica que la hagan otros”.
Sin dar nombres, reconoció que algunos legisladores federales han llamado a la API para preguntar por el caso “y yo les digo, señores: chequen la página de Internet, ahí está la transparencia, están las licitaciones”.
También cuestionó que algunos sectores estén pidiendo que la Auditoría Superior de la Federación audite a la API Manzanillo, cuando cada año se lleva a cabo este proceso.
Édgar H. Badillo Medina
Notiecos/Colima.- El director de la Administración Portuaria Integral (API), José Luis Iberri Martínez, retó a quienes tengan alguna duda en cuanto a los procesos de adjudicación de obra pública que hace dicha instancia, a que lo demanden ante las instancias correspondientes y a que se realicen las investigaciones en torno a lo que consideren conveniente.
Entrevistado ayer sobre la polémica que ha surgido con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Colima, Juan José Záizar Soto, el director de la API ponderó la participación que ha tenido en el desarrollo portuario de la entidad la empresa Constructora Manzanillo, propiedad de Rubén Álamo Suazo.
Inicialmente, descartó que la API esté fomentando o poniendo en práctica actividades de carácter monopólico, pues forman parte del gobierno federal y todas las obras que adjudican se hacen con base en metodología federal.
Sin embargo, cuestionó: “quién ha soltado una serie de rumores y comentarios que ha hecho el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, mismos que han sido muy desacertados en relación a las obras”.
En ese sentido, recordó que el primer cuestionamiento del presidente de la CMIC, Juan José Záizar Soto, fue en el sentido de que la API no daba obras a las empresas de Colima; “al siguiente día le brincaron muchos constructores diciéndole, espérame, si quitas el dragado, el 91% de obras las hemos hecho gente de Colima”.
“Después dijo, a no: me refería a constructores afiliados a mi cámara. Ah espérame, la ley no permite poner ningún tipo de condicionante a las licitaciones. La ley dice se hace una licitación pública, que vengan los concursantes y el que gana, gana. Si no están ganando gentes de su cámara, con todo respeto yo no soy culpable, ni la API”, destacó.
A pregunta expresa, Iberri Martínez reconoció que no se ha reunido con los constructores agrupados en la CMIC; “tenían cita para el pasado miércoles, pero ellos me la cancelaron porque tenían no sé qué actividades y que luego ellos me iban a avisar”.
“Pero con la CMIC, yo el año pasado creo que por estas fechas de febrero vine yo a su informe y firmé un convenio de retención de aquellos constructores afiliados a su cámara que hicieran obras en el puerto, y creo que el año pasado les entregamos 67 mil pesos o algo así, de retenciones de afiliados a su cámara, por eso me han desconcertado mucho sus declaraciones”, manifestó.
De igual forma, dijo que le extraña el que se esté cuestionando por qué un solo constructor se lleva gran parte de la obra; “si haces un muelle que vale 140 millones de pesos, es una licitación de 140 millones de pesos y no lo vas a partir en 20 licitaciones y son licitaciones nacionales, transparentes y están en la página de Internet”.
Indicó que incluso en el proceso de licitación participan representantes de la Secretaría de la Función Pública y los sobres sellados se abren en frente de los participantes; “si alguien es descalificado tiene oportunidad de meter una queja y no hay problema”.
¿Qué lectura le da usted a esto?
“Pues yo la lectura quisiera dársela, por eso me interesa que vayan a verme y saber de qué se trata, si es buscar que se contrate a gente de su cámara, pues realmente no lo podemos hacer, lo que podemos hacer es seguir haciendo los contratos abiertos y todos están en la página de Internet”, respondió.
En ese tenor, dijo no tener conocimiento si en los concursos han participado algunos miembros de la CMIC y han perdido; “pero sí hay algunos que han ganado, es más, de hecho algunos de los miembros de la CMIC salieron a desmentir y dijeron que ellos sí tenían obras en el puerto”.
Más adelante, aseguró que a la empresa Constructora Manzanillo no se le ha entregado ninguna obra por asignación directa; “Constructora Manzanillo ganó dos contratos de licitaciones públicas nacionales: uno de un muelle y otro de la ampliación de un canal de navegación”.
Iberri Martínez aseguró que Constructora Manzanillo tampoco ha recibido ninguna obra por asignación directa; “Constructora Manzanillo se mueve a otros niveles, hace muelles aquí, muelles en Cozumel, muelles en centro América”.
“Constructora Manzanillo, como cualquier otra constructora de esos niveles, pues han hecho los muelles de los puertos de éste país. Creo que Constructora Manzanillo hizo también el muelle diez hace dos o tres años y no pasa nada”.
“Aquí lo curioso es que todo parte de que no se le da obra a la gente de Colima, pero luego se demuestra que sí se le da obra y ahora en lugar de celebrar que el contrato más grande lo gana una gente de Manzanillo, en lugar de aplaudirlo les molesta, preferible que lo hubiera ganado un veracruzano, entonces”, agregó.
“Pero si alguien de Colima se siente con los alcances tan grandes de Constructora Manzanillo, tiene los equipos y la experiencia para hacer muelles, pues que le entre a los concursos y a las licitaciones”, sostuvo.
Cuestionado sobre la queja de Juan José Záizar Soto, en el sentido de que la gente de la CMIC no gana ninguna licitación que hace la API de Manzanillo y en otros estados del país sí han ganado licitaciones muy similares, Iberri Martínez consideró que; “sería muy aventurado que el señor diga eso y espero que no lo haya dicho”.
“Aventurarse a descalificar un proceso federal, sí es mucha aventura. El señor puede ir y revisar lo que quiera, cualquier ciudadano puede solicitar la información por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), porque en el gobierno federal no se andan con esas cosas, las cosas son muy transparentes”, manifestó.
El director de la API negó tener algún tipo de polémica con los constructores agremiado en la CMIC; “yo sigo trabajando adelante, porque hay que crecer el puerto y ahí la polémica que la hagan otros”.
Sin dar nombres, reconoció que algunos legisladores federales han llamado a la API para preguntar por el caso “y yo les digo, señores: chequen la página de Internet, ahí está la transparencia, están las licitaciones”.
También cuestionó que algunos sectores estén pidiendo que la Auditoría Superior de la Federación audite a la API Manzanillo, cuando cada año se lleva a cabo este proceso.
SCT pone en riesgo seguridad en puertos
Advierten marinos mercantes
SCT pone en riesgo seguridad en puertos
La dependencia insiste en intervenir en las prácticas del servicio de pilotaje nacional
Fuente: Diario del Istmo
En reunión de trabajo de dirigentes de la Alianza de Marinos Mercantes y Transportistas Campesinos de México, de la Confederación Nacional Campesina (AMMyTCM-CNC), se denunció que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) insiste en intervenir en las prácticas del servicio de pilotaje (practicaje) nacional a riesgo de la seguridad marítima de los 17 puertos mexicanos que controla la dependencia federal en forma irregular.
APIS ENCARECEN LOS SERVICIOS
Ante el presidente de la AMMyTCM-CNC, Salvador Rivera Castrellón, los representantes de los marinos mercantes acusaron a funcionarios de la SCT de insistir en el error de introducir la competencia entre dos o más servicios de pilotaje en cada puerto para bajar sus tarifas “en bien del usuario”, siendo que de los gastos de las terminales marítimas que cada buque genera a su arribo, son las Administraciones Portuarias Integrales (API) las que se quedan con alrededor del 60 por ciento de las ganancias y son las que encarecen el servicio.
El capitán de altura Omar Montalvo Hinojosa –con 35 años de experiencia como marino mercante— opinó que –avalado con información hecha pública en el Senado de la República–, el pilotaje de puerto percibe aproximadamente un 3 por ciento de los gastos portuarios de cada buque, por un 2 por ciento de amarradores, 33 por ciento del remolcador y un 2 por ciento de la lancha.
A decir del también licenciado en Derecho con una Maestría en Administración Portuaria, el cual fue entrevistado vía telefónica, apuntó que son los pilotos los que asumen la gran responsabilidad, contra viento y marea, de conducir los buques en sus entradas y salidas a puerto, con seguridad y conservación del medio ambiente marino para beneficio, tanto de la misma embarcación como de su tripulación, armador, dueños de los cargamentos, de las instalaciones portuarias, de la sociedad entera de los puertos y sus zonas de influencia.
Lamentó que la SCT también se equivoque en querer reducir los ingresos de los profesionales del mar (pilotos o prácticos) bajo el argumento de que encarecen el puerto y fomentan monopolios, siendo que es público que las API son las que se llevan la “gran tajada” y no dan cuenta transparente de sus ingresos.
SCT pone en riesgo seguridad en puertos
La dependencia insiste en intervenir en las prácticas del servicio de pilotaje nacional
Fuente: Diario del Istmo
En reunión de trabajo de dirigentes de la Alianza de Marinos Mercantes y Transportistas Campesinos de México, de la Confederación Nacional Campesina (AMMyTCM-CNC), se denunció que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) insiste en intervenir en las prácticas del servicio de pilotaje (practicaje) nacional a riesgo de la seguridad marítima de los 17 puertos mexicanos que controla la dependencia federal en forma irregular.
APIS ENCARECEN LOS SERVICIOS
Ante el presidente de la AMMyTCM-CNC, Salvador Rivera Castrellón, los representantes de los marinos mercantes acusaron a funcionarios de la SCT de insistir en el error de introducir la competencia entre dos o más servicios de pilotaje en cada puerto para bajar sus tarifas “en bien del usuario”, siendo que de los gastos de las terminales marítimas que cada buque genera a su arribo, son las Administraciones Portuarias Integrales (API) las que se quedan con alrededor del 60 por ciento de las ganancias y son las que encarecen el servicio.
El capitán de altura Omar Montalvo Hinojosa –con 35 años de experiencia como marino mercante— opinó que –avalado con información hecha pública en el Senado de la República–, el pilotaje de puerto percibe aproximadamente un 3 por ciento de los gastos portuarios de cada buque, por un 2 por ciento de amarradores, 33 por ciento del remolcador y un 2 por ciento de la lancha.
A decir del también licenciado en Derecho con una Maestría en Administración Portuaria, el cual fue entrevistado vía telefónica, apuntó que son los pilotos los que asumen la gran responsabilidad, contra viento y marea, de conducir los buques en sus entradas y salidas a puerto, con seguridad y conservación del medio ambiente marino para beneficio, tanto de la misma embarcación como de su tripulación, armador, dueños de los cargamentos, de las instalaciones portuarias, de la sociedad entera de los puertos y sus zonas de influencia.
Lamentó que la SCT también se equivoque en querer reducir los ingresos de los profesionales del mar (pilotos o prácticos) bajo el argumento de que encarecen el puerto y fomentan monopolios, siendo que es público que las API son las que se llevan la “gran tajada” y no dan cuenta transparente de sus ingresos.
Se les esfuma Proyecto Fénix!
Merineros lamentan aquí que el Proyecto Fénix no sea instalado en el puerto de Coatzacoalcos hasta el momento por parte de PEMEX y ni se tenga el programa de reactivación
* Que era una alternativa para plazas laborales
Fuente: Notiver
Por Ignacio Contreras Santiago
Reportero / NOTIVER
Merineros lamentan aquí que el Proyecto Fénix no sea instalado en el puerto de Coatzacoalcos hasta el momento por parte de PEMEX y ni se tenga el programa de reactivación de la petroquímica, por lo que con esto se cerrarán las pocas fuentes de empleo que se esperaban tras este proyecto, dijo a NOTIVER el líder del sindicato de marineros y fogoneros, Francisco Montes Granillo.
Dijo en entrevista que este proyecto fue una de las pocas esperanzas que se tenían ya que el sector se encuentra en las mismas, donde los sindicatos siguen insistiendo que no se ha apoyado en nada a la parte marítima por lo que en su defecto sigue contratándose a muchos extranjeros.
Comentó que esta es la tendencia desde hace algunos años y no se sabe si esto es lo que más le conviene al gobierno federal, sin embargo, los marineros siguen golpeados y recurrir a huelgas para defender los derechos de sus mismos compañeros, apuntó.
Indicó que existía confianza de que el Fénix fuera instalado en Coatzacoalcos, ya que todo lo que pueda aportar a mejorar las condiciones laborales a tener un desarrollo mejor en el estado es bienvenido.
Montes Granillo, comentó que se ha dado respuesta a los sindicatos unificados desde hace mucho se tiene un contrato único donde se tengan a todos los afiliados, ya que esto le podría causar problemas a una empresa.
Dijo que si se trata de modernizar a las partes sindicales, por lo que recurrir a huelgas es que si se deja de pagar a los trabajadores por 4 meses no hay otra forma, ya que la única garantía que se tiene es que desde hace ochos meses no se ha podido adjudicar ni un solo barco.
El líder de los marineros dijo que es necesario que se busquen mayores apoyos para el sector que desde hace años se encuentra estancado y hundido, dijo.
* Que era una alternativa para plazas laborales
Fuente: Notiver
Por Ignacio Contreras Santiago
Reportero / NOTIVER
Merineros lamentan aquí que el Proyecto Fénix no sea instalado en el puerto de Coatzacoalcos hasta el momento por parte de PEMEX y ni se tenga el programa de reactivación de la petroquímica, por lo que con esto se cerrarán las pocas fuentes de empleo que se esperaban tras este proyecto, dijo a NOTIVER el líder del sindicato de marineros y fogoneros, Francisco Montes Granillo.
Dijo en entrevista que este proyecto fue una de las pocas esperanzas que se tenían ya que el sector se encuentra en las mismas, donde los sindicatos siguen insistiendo que no se ha apoyado en nada a la parte marítima por lo que en su defecto sigue contratándose a muchos extranjeros.
Comentó que esta es la tendencia desde hace algunos años y no se sabe si esto es lo que más le conviene al gobierno federal, sin embargo, los marineros siguen golpeados y recurrir a huelgas para defender los derechos de sus mismos compañeros, apuntó.
Indicó que existía confianza de que el Fénix fuera instalado en Coatzacoalcos, ya que todo lo que pueda aportar a mejorar las condiciones laborales a tener un desarrollo mejor en el estado es bienvenido.
Montes Granillo, comentó que se ha dado respuesta a los sindicatos unificados desde hace mucho se tiene un contrato único donde se tengan a todos los afiliados, ya que esto le podría causar problemas a una empresa.
Dijo que si se trata de modernizar a las partes sindicales, por lo que recurrir a huelgas es que si se deja de pagar a los trabajadores por 4 meses no hay otra forma, ya que la única garantía que se tiene es que desde hace ochos meses no se ha podido adjudicar ni un solo barco.
El líder de los marineros dijo que es necesario que se busquen mayores apoyos para el sector que desde hace años se encuentra estancado y hundido, dijo.
El naufragio con Calderón hace agua
Fuente: Reporte Índigo
Despertó la duda en Juan Camilo Mouriño, Jordy Herrera, César Nava y Max Cortázar, quienes cuestionaron si Paco Ortiz se había sumado a la campaña por verdadera convicción o para buscar impunidad.
Hoy, en medio de la investigación de Barcos que Cantan, es un buen momento para averiguarlo.
El asunto adquiere relevancia debido a la cercanía personal y profesional de Francisco Ortiz con Juan Ignacio Zavala, cuñado de Felipe Calderón.
El Presidente de México tiene ante sí un reto: ignorar los indicios del presunto enriquecimiento ilícito de un efímero ex colaborador de su campaña, o iniciar una investigación a fondo para determinar cómo aquel clasemediero que pasó por la vocería de la presidencia de Vicente Fox terminó como un magnate naviero que surca las aguas entre componendas y corrupción.
El jueves 28 de febrero buscamos a Francisco Ortiz en su oficina de Moliere para entrevistarlo sobre el tema de sus barcos. La mujer que contestó el teléfono dijo que era muy complicado localizarlo. Le dejamos recado, pero no hubo respuesta alguna.
El Yate Gate
Cuando se reveló que Francisco Ortiz Ortiz tenía un departamento en Miami, también se filtró información de que era dueño de algunos yates.
Son cuatro goletas turcas, con un valor de mercado de un millón de dólares cada una. En 2005, cuando arrancó su negocio, el ex funcionario aseguró que en un año tendría una flotilla de 10 embarcaciones.
Las oficinas centrales, donde despachan Francisco Ortiz y Marlene Rose Esparza Farías, están en Moliere 328, despacho 301, en la colonia Polanco de la Ciudad de México.
También tienen una sede en la zona comercial de Costa Baja Resort & Marina, en La Paz, Baja California Sur, que es atendida por Juan Valdés.
Hace año y medio, la encargada de la oficina de La Paz era Tatiana Creel.
Según reveló el propio Valdés, a quien llamamos el martes 26 de febrero pasado con el pretexto de rentar un barco, la empresa Barcos que Cantan operaba en un principio con ese nombre, pero bajo la razón social Compañía Marítima del Mar de Cortés, S.A. de C.V.
Aclaró que siempre ha sido operada por Francisco Ortiz y Marlene Esparza. Desde el arranque, tienen las mismas naves, que cuentan con las debidas revisiones de capitanía de puertos.
También hablamos con Marlene, quien confirmó que operan desde 2005.
Sin embargo, a partir de 2007, Francisco Ortiz Ortiz decidió comenzar a operar con la razón social Barcos que Cantan, S.A. de C.V.
En el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal consta que la empresa fue constituida ante el notario público No. 18 del Distrito Federal Patricio Bandala, y tiene una vigencia de 99 años.
Su objeto social es la compra-venta, importación, exportación, arrendamiento, subarrendamiento y comercialización de todo tipo de transportes y embarcaciones marítimas.
Los comisarios, según los registros públicos, son Cynthia Gutiérrez Catarroso, quien fue directora de Publicidad y Medios de la Presidencia en los tiempos en que Paco Ortiz estaba ahí y era su jefe directo. También aparece Marlene Rose Esparza Farías.
Esparza Farías estuvo adscrita a la Coordinación General de Opinión Pública e Imagen en el periodo comprendido del 1 de junio de 2003 al 16 de noviembre del mismo año, bajo el mando de Francisco Ortiz, según información oficial de la Presidencia.
Se dice que recibía muchas atenciones de su jefe y cobraba por doble vía.
Por un lado tenía una plaza fija de nivel medio en la que cobraba 78 mil pesos mensuales. Y por otro tuvo un contrato por adjudicación directa, vigente de febrero de 2003 al 31 de diciembre de ese año, por un monto de 806 mil 200 pesos.
En Los Pinos era sabido que Cynthia y Marlene tenían una relación muy estrecha con Ortiz Ortiz.
De hecho, cuando él se fue de la Presidencia, se llevó a Marlene al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Al poco tiempo, la reubicó en su empresa naviera.
Barcos que Cantan, que tiene una inversión en goletas de por lo menos 4 millones de dólares, unos 41 millones de pesos, consta de un capital variable de 50 mil pesos y 50 acciones, de mil pesos cada una.
Francisco Ortiz es dueño de 35 acciones y Marlene de 15. El administrador único es el ex director del CPTM.
Por su cargo público, Francisco Ortiz contaba con información anticipada y privilegiada de la inversión pública y privada que se haría para el desarrollo turístico de La Paz. También conocía las proyecciones de la afluencia turística para la zona.
Crear la empresa Barcos que Cantan era un negocio redondo.
Los Barcos que Cantan
Esta semana, Reporte Índigo realizó una investigación de campo en el desarrollo Costa Baja Resort & Marina, que forma parte del proyecto de Mar de Cortés, el programa turístico más importante del sexenio foxista.
Este complejo, que inició operaciones en 2004, fue construido por Grupo Parque Reforma, empresa encabezada por Manuel Arango.
Fox puso la primera piedra en 2003 y lo inauguró oficialmente el 26 de septiembre de 2005. A la ceremonia asistió el Secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo. Para entonces, según la información recabada en la Marina, ya estaban atracadas las majestuosas goletas de Francisco Ortiz.
Con una inversión de más de 60 millones de dólares, Costa Baja Resort & Marina tiene capacidad para 250 barcos, un área de condominios, Club de Playa, área de restaurantes y comercios, así como un hotel Fiesta Inn propiedad de Grupo Posadas.
Próximamente iniciará la construcción de un campo de golf diseñado por el africano Gary Player, así como un spa.
En la visita al complejo, vimos tres de los cuatro barcos de Ortiz: “Cielito Lindo”, “Novia Mía” y “Bésame Mucho”, que estaban atracados en la dársena externa de la Marina, que es para barcos de más de 100 pies de largo.
Un experto en embarcaciones que trabaja en la Marina señala que esos yates de vela son muy cotizados porque son originales y clásicos.
“Es como traer un Mustang 66 de color azul con toldo blanco. Es invaluable”, afirma.
Las goletas de madera y velas blancas son impresionantes. Cada una tiene seis camarotes, unos son cabina doble y otros master suite. Cada uno con baño y aire acondicionado. “Cielito Lindo” hasta tiene baño turco.
Cada embarcación cuenta con dos comedores, uno exterior y otro interior, cocina, asoleadero, kayaks, snorkels y cañas para pescar.
“Estas maravillosas goletas lo llevan a experimentar sensaciones inigualables. Una tripulación experta lo llevará a través de las maravillas naturales de este grandioso acuario disfrutando de las actividades que usted elija o simplemente del descanso sin complicaciones que en nuestros barcos le ofrecemos”, anuncia la empresa.
“En Los Barcos que Cantan vamos más allá de una experiencia turística de alta calidad con un concepto innovador en todos los sentidos. Como resultado, usted siempre obtendrá un servicio que superará sus expectativas”, promete.
El servicio incluye alimentos y bebidas no alcohólicas, así como una tripulación conformada por un capitán, un marinero, chef y asistente.
Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas.
En el verano de 2006, la goleta “Cielito Lindo” se incendió cuando estaba a bordo la periodista Adela Micha, ex pareja sentimental del entonces canciller Jorge G. Castañeda, muy amigo también de Francisco Ortiz.
El personal de la Marina intervino pronto, y tres horas después fue sofocado el incendio con la colaboración de Pemex, que puso a disposición de la empresa sus bombas de agua. El ex funcionario federal llegó personalmente a ver su barco en el astillero.
Se sofocó el fuego, pero el incidente le salió caro a Ortiz, porque la compañía de seguros no quiso pagar el siniestro.
La clientela de los barcos del hoy ex director del CPTM debe ser muy especial, ya que, según se informó en la Marina, es política de la empresa no revelar las listas de pasajeros.
Pasatiempo caro y peligroso
Lo más interesante de esta historia es que Francisco Ortiz Ortiz gasta el dinero como quien deshoja una margarita.
Los Barcos que Cantan han resultado un pasatiempo caro, ya que en los últimos meses la renta de las goletas ha ido a la baja. Quizá porque su dueño ya no es funcionario público.
En los primeros dos años, el negocio fue viento en popa porque los barcos eran rentados con frecuencia, principalmente a turistas extranjeros.
El costo del mantenimiento anual mínimo de cada goleta es de 10 por ciento de su valor, lo que significa una erogación fija de 100 mil dólares.
A eso hay que añadir el costo del combustible, una renta mensual de 2 mil 800 dólares por barco para el uso del muelle y el sueldo de la tripulación.
Más que ganancias, las goletas turcas hoy representan pérdidas.
Quizá por eso Francisco Ortiz está anunciando sus barcos en los estados de cuenta de American Express ofreciendo una promoción de meses sin intereses.
Pero mientras la publicidad rinde frutos, el ex funcionario está diversificando su negocio.
Amplió el objeto social de la empresa Barcos que Cantan. Ahora, esta sociedad anónima también abandera y/o matrícula toda clase de embarcaciones y funciona como empresa marítima que presta “todo tipo de servicios navieros, incluyendo transporte público nacional o internacional de pasajeros o mercancías de todo tipo por vía pluvial”. Además, ofrece servicios de administración, operación y mantenimiento de todo tipo de embarcaciones nacionales o extranjeras.
Además de caro, el pasatiempo de Ortiz puede ser peligroso. El yate “Dock Holiday”, en el que la DEA detuvo a Francisco Javier Arellano Félix, alias “El Tigrillo”, estuvo durante ocho meses en los muelles de la Marina Costa Baja, dentro de la dársena interna.
La detención ocurrió el 14 de agosto de 2006, a sólo 5 millas náuticas de las costas de Baja California Sur. El barco zarpó de la Marina Costa Baja antes de que las autoridades detuvieran al integrante del cártel de Tijuana.
En la nave también viajaba Manuel Arturo Villarreal-Heredia, lugarteniente de los Arellano Félix.
Por supuesto, la Marina no tenía registrado el barco a nombre de “El Tigrillo”. Quien fungía como representante era Edgardo Leyva Escandón, sobrino del ex gobernador priísta de Baja California, Xicoténcatl Leyva.
Supuestamente, todos los papeles estaban en regla, así que no había lugar para suspicacias.
Después de la detención, el vocero de la DEA en San Diego, Dan Simmons, señaló que Leyvva Escandón era investigado desde hacía tiempo como parte del operativo “Juegos de Sombra”.
Sin embargo, hasta la fecha sigue en calidad de prófugo, y la DEA lo tiene como uno de los hombres más buscados desde febrero de 2007. Su primo Xicoténcatl Leyva Borja, hijo del ex gobernador, lo ha defendido públicamente.
Despertó la duda en Juan Camilo Mouriño, Jordy Herrera, César Nava y Max Cortázar, quienes cuestionaron si Paco Ortiz se había sumado a la campaña por verdadera convicción o para buscar impunidad.
Hoy, en medio de la investigación de Barcos que Cantan, es un buen momento para averiguarlo.
El asunto adquiere relevancia debido a la cercanía personal y profesional de Francisco Ortiz con Juan Ignacio Zavala, cuñado de Felipe Calderón.
El Presidente de México tiene ante sí un reto: ignorar los indicios del presunto enriquecimiento ilícito de un efímero ex colaborador de su campaña, o iniciar una investigación a fondo para determinar cómo aquel clasemediero que pasó por la vocería de la presidencia de Vicente Fox terminó como un magnate naviero que surca las aguas entre componendas y corrupción.
El jueves 28 de febrero buscamos a Francisco Ortiz en su oficina de Moliere para entrevistarlo sobre el tema de sus barcos. La mujer que contestó el teléfono dijo que era muy complicado localizarlo. Le dejamos recado, pero no hubo respuesta alguna.
El Yate Gate
Cuando se reveló que Francisco Ortiz Ortiz tenía un departamento en Miami, también se filtró información de que era dueño de algunos yates.
Son cuatro goletas turcas, con un valor de mercado de un millón de dólares cada una. En 2005, cuando arrancó su negocio, el ex funcionario aseguró que en un año tendría una flotilla de 10 embarcaciones.
Las oficinas centrales, donde despachan Francisco Ortiz y Marlene Rose Esparza Farías, están en Moliere 328, despacho 301, en la colonia Polanco de la Ciudad de México.
También tienen una sede en la zona comercial de Costa Baja Resort & Marina, en La Paz, Baja California Sur, que es atendida por Juan Valdés.
Hace año y medio, la encargada de la oficina de La Paz era Tatiana Creel.
Según reveló el propio Valdés, a quien llamamos el martes 26 de febrero pasado con el pretexto de rentar un barco, la empresa Barcos que Cantan operaba en un principio con ese nombre, pero bajo la razón social Compañía Marítima del Mar de Cortés, S.A. de C.V.
Aclaró que siempre ha sido operada por Francisco Ortiz y Marlene Esparza. Desde el arranque, tienen las mismas naves, que cuentan con las debidas revisiones de capitanía de puertos.
También hablamos con Marlene, quien confirmó que operan desde 2005.
Sin embargo, a partir de 2007, Francisco Ortiz Ortiz decidió comenzar a operar con la razón social Barcos que Cantan, S.A. de C.V.
En el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal consta que la empresa fue constituida ante el notario público No. 18 del Distrito Federal Patricio Bandala, y tiene una vigencia de 99 años.
Su objeto social es la compra-venta, importación, exportación, arrendamiento, subarrendamiento y comercialización de todo tipo de transportes y embarcaciones marítimas.
Los comisarios, según los registros públicos, son Cynthia Gutiérrez Catarroso, quien fue directora de Publicidad y Medios de la Presidencia en los tiempos en que Paco Ortiz estaba ahí y era su jefe directo. También aparece Marlene Rose Esparza Farías.
Esparza Farías estuvo adscrita a la Coordinación General de Opinión Pública e Imagen en el periodo comprendido del 1 de junio de 2003 al 16 de noviembre del mismo año, bajo el mando de Francisco Ortiz, según información oficial de la Presidencia.
Se dice que recibía muchas atenciones de su jefe y cobraba por doble vía.
Por un lado tenía una plaza fija de nivel medio en la que cobraba 78 mil pesos mensuales. Y por otro tuvo un contrato por adjudicación directa, vigente de febrero de 2003 al 31 de diciembre de ese año, por un monto de 806 mil 200 pesos.
En Los Pinos era sabido que Cynthia y Marlene tenían una relación muy estrecha con Ortiz Ortiz.
De hecho, cuando él se fue de la Presidencia, se llevó a Marlene al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Al poco tiempo, la reubicó en su empresa naviera.
Barcos que Cantan, que tiene una inversión en goletas de por lo menos 4 millones de dólares, unos 41 millones de pesos, consta de un capital variable de 50 mil pesos y 50 acciones, de mil pesos cada una.
Francisco Ortiz es dueño de 35 acciones y Marlene de 15. El administrador único es el ex director del CPTM.
Por su cargo público, Francisco Ortiz contaba con información anticipada y privilegiada de la inversión pública y privada que se haría para el desarrollo turístico de La Paz. También conocía las proyecciones de la afluencia turística para la zona.
Crear la empresa Barcos que Cantan era un negocio redondo.
Los Barcos que Cantan
Esta semana, Reporte Índigo realizó una investigación de campo en el desarrollo Costa Baja Resort & Marina, que forma parte del proyecto de Mar de Cortés, el programa turístico más importante del sexenio foxista.
Este complejo, que inició operaciones en 2004, fue construido por Grupo Parque Reforma, empresa encabezada por Manuel Arango.
Fox puso la primera piedra en 2003 y lo inauguró oficialmente el 26 de septiembre de 2005. A la ceremonia asistió el Secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo. Para entonces, según la información recabada en la Marina, ya estaban atracadas las majestuosas goletas de Francisco Ortiz.
Con una inversión de más de 60 millones de dólares, Costa Baja Resort & Marina tiene capacidad para 250 barcos, un área de condominios, Club de Playa, área de restaurantes y comercios, así como un hotel Fiesta Inn propiedad de Grupo Posadas.
Próximamente iniciará la construcción de un campo de golf diseñado por el africano Gary Player, así como un spa.
En la visita al complejo, vimos tres de los cuatro barcos de Ortiz: “Cielito Lindo”, “Novia Mía” y “Bésame Mucho”, que estaban atracados en la dársena externa de la Marina, que es para barcos de más de 100 pies de largo.
Un experto en embarcaciones que trabaja en la Marina señala que esos yates de vela son muy cotizados porque son originales y clásicos.
“Es como traer un Mustang 66 de color azul con toldo blanco. Es invaluable”, afirma.
Las goletas de madera y velas blancas son impresionantes. Cada una tiene seis camarotes, unos son cabina doble y otros master suite. Cada uno con baño y aire acondicionado. “Cielito Lindo” hasta tiene baño turco.
Cada embarcación cuenta con dos comedores, uno exterior y otro interior, cocina, asoleadero, kayaks, snorkels y cañas para pescar.
“Estas maravillosas goletas lo llevan a experimentar sensaciones inigualables. Una tripulación experta lo llevará a través de las maravillas naturales de este grandioso acuario disfrutando de las actividades que usted elija o simplemente del descanso sin complicaciones que en nuestros barcos le ofrecemos”, anuncia la empresa.
“En Los Barcos que Cantan vamos más allá de una experiencia turística de alta calidad con un concepto innovador en todos los sentidos. Como resultado, usted siempre obtendrá un servicio que superará sus expectativas”, promete.
El servicio incluye alimentos y bebidas no alcohólicas, así como una tripulación conformada por un capitán, un marinero, chef y asistente.
Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas.
En el verano de 2006, la goleta “Cielito Lindo” se incendió cuando estaba a bordo la periodista Adela Micha, ex pareja sentimental del entonces canciller Jorge G. Castañeda, muy amigo también de Francisco Ortiz.
El personal de la Marina intervino pronto, y tres horas después fue sofocado el incendio con la colaboración de Pemex, que puso a disposición de la empresa sus bombas de agua. El ex funcionario federal llegó personalmente a ver su barco en el astillero.
Se sofocó el fuego, pero el incidente le salió caro a Ortiz, porque la compañía de seguros no quiso pagar el siniestro.
La clientela de los barcos del hoy ex director del CPTM debe ser muy especial, ya que, según se informó en la Marina, es política de la empresa no revelar las listas de pasajeros.
Pasatiempo caro y peligroso
Lo más interesante de esta historia es que Francisco Ortiz Ortiz gasta el dinero como quien deshoja una margarita.
Los Barcos que Cantan han resultado un pasatiempo caro, ya que en los últimos meses la renta de las goletas ha ido a la baja. Quizá porque su dueño ya no es funcionario público.
En los primeros dos años, el negocio fue viento en popa porque los barcos eran rentados con frecuencia, principalmente a turistas extranjeros.
El costo del mantenimiento anual mínimo de cada goleta es de 10 por ciento de su valor, lo que significa una erogación fija de 100 mil dólares.
A eso hay que añadir el costo del combustible, una renta mensual de 2 mil 800 dólares por barco para el uso del muelle y el sueldo de la tripulación.
Más que ganancias, las goletas turcas hoy representan pérdidas.
Quizá por eso Francisco Ortiz está anunciando sus barcos en los estados de cuenta de American Express ofreciendo una promoción de meses sin intereses.
Pero mientras la publicidad rinde frutos, el ex funcionario está diversificando su negocio.
Amplió el objeto social de la empresa Barcos que Cantan. Ahora, esta sociedad anónima también abandera y/o matrícula toda clase de embarcaciones y funciona como empresa marítima que presta “todo tipo de servicios navieros, incluyendo transporte público nacional o internacional de pasajeros o mercancías de todo tipo por vía pluvial”. Además, ofrece servicios de administración, operación y mantenimiento de todo tipo de embarcaciones nacionales o extranjeras.
Además de caro, el pasatiempo de Ortiz puede ser peligroso. El yate “Dock Holiday”, en el que la DEA detuvo a Francisco Javier Arellano Félix, alias “El Tigrillo”, estuvo durante ocho meses en los muelles de la Marina Costa Baja, dentro de la dársena interna.
La detención ocurrió el 14 de agosto de 2006, a sólo 5 millas náuticas de las costas de Baja California Sur. El barco zarpó de la Marina Costa Baja antes de que las autoridades detuvieran al integrante del cártel de Tijuana.
En la nave también viajaba Manuel Arturo Villarreal-Heredia, lugarteniente de los Arellano Félix.
Por supuesto, la Marina no tenía registrado el barco a nombre de “El Tigrillo”. Quien fungía como representante era Edgardo Leyva Escandón, sobrino del ex gobernador priísta de Baja California, Xicoténcatl Leyva.
Supuestamente, todos los papeles estaban en regla, así que no había lugar para suspicacias.
Después de la detención, el vocero de la DEA en San Diego, Dan Simmons, señaló que Leyvva Escandón era investigado desde hacía tiempo como parte del operativo “Juegos de Sombra”.
Sin embargo, hasta la fecha sigue en calidad de prófugo, y la DEA lo tiene como uno de los hombres más buscados desde febrero de 2007. Su primo Xicoténcatl Leyva Borja, hijo del ex gobernador, lo ha defendido públicamente.
Pemex planea ‘blindaje’ legal contra accidentes, dice Conago
Fuente: El Universal
lilia.saul@eluniversal.com.mx
CAMPECHE, Camp.— Petróleos Mexicanos (Pemex) entregará una propuesta a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para endurecer el marco legal que actualmente rige a la parestatal en torno a los derechos de vía para evitar invasiones humanas y con ello prevenir accidentes. “Pemex informó que se está trabajando en la elaboración de la propuesta”, informó el gobernador Mario Marín, presidente de la Comisión de Protección Civil de la Conago.
Además, Pemex le entregará a los gobernadores un nuevo mapa de zonas de riesgo así como un censo de las invasiones de derechos de vía que hay en cada una de las entidades federativas, luego de que se reunieran directivos de la paraestatal con los mandatarios el pasado enero de este año, en la sede de la Conferencia Nacional de Gobernadores, en el World Trade Center.
Guillermo Camacho Uriarte, subdirector de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental y Enlace del Director General de Pemex aclaró a los mandatarios en una reunión sostenida con los representantes de la Conago que las soluciones a problemas como el traslado de productos por vías terrestres y la invasión de derechos de vía, deben ser “particularizadas” para cada caso específico.
“En relación con los programas de mantenimiento de ductos, Pemex integrará un documento considerando la división política estatal, la regionalización y las actividades relacionadas de las empresas integrantes de Pemex”, señala el documento elaborado por la Comisión de Protección Civil de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Los gobernadores de varias entidades han manifestado su preocupación por el tema de los ductos, debido a que recientemente ha habido ataques del Ejército Popular Revolucionario (EPR) así como de incidentes relacionados con la falta de vigilancia y de mantenimiento que tiene la paraestatal.
El gobernador de Campeche, Jorge Carlos Hurtado, dio a conocer un pronunciamiento de la Conago en torno a los accidentes derivados de la explotación petrolera.
“En relación con los recientes acontecimientos suscitados en la bahía de Campeche por el accidente de la plataforma Usumascinta, que forma parte de los complejos de explotación petrolera de la zona…Exhortar a las autoridades federales competentes a acelerar las actividades para lograr la dictaminación de los lamentables hechos que dieron en consecuencia la pérdida de vidas humanas, de recursos económicos y de daños al medio ambiente que afectan a estados con litoral en el golfo de México”, señala el pronunciamiento.
lilia.saul@eluniversal.com.mx
CAMPECHE, Camp.— Petróleos Mexicanos (Pemex) entregará una propuesta a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para endurecer el marco legal que actualmente rige a la parestatal en torno a los derechos de vía para evitar invasiones humanas y con ello prevenir accidentes. “Pemex informó que se está trabajando en la elaboración de la propuesta”, informó el gobernador Mario Marín, presidente de la Comisión de Protección Civil de la Conago.
Además, Pemex le entregará a los gobernadores un nuevo mapa de zonas de riesgo así como un censo de las invasiones de derechos de vía que hay en cada una de las entidades federativas, luego de que se reunieran directivos de la paraestatal con los mandatarios el pasado enero de este año, en la sede de la Conferencia Nacional de Gobernadores, en el World Trade Center.
Guillermo Camacho Uriarte, subdirector de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental y Enlace del Director General de Pemex aclaró a los mandatarios en una reunión sostenida con los representantes de la Conago que las soluciones a problemas como el traslado de productos por vías terrestres y la invasión de derechos de vía, deben ser “particularizadas” para cada caso específico.
“En relación con los programas de mantenimiento de ductos, Pemex integrará un documento considerando la división política estatal, la regionalización y las actividades relacionadas de las empresas integrantes de Pemex”, señala el documento elaborado por la Comisión de Protección Civil de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Los gobernadores de varias entidades han manifestado su preocupación por el tema de los ductos, debido a que recientemente ha habido ataques del Ejército Popular Revolucionario (EPR) así como de incidentes relacionados con la falta de vigilancia y de mantenimiento que tiene la paraestatal.
El gobernador de Campeche, Jorge Carlos Hurtado, dio a conocer un pronunciamiento de la Conago en torno a los accidentes derivados de la explotación petrolera.
“En relación con los recientes acontecimientos suscitados en la bahía de Campeche por el accidente de la plataforma Usumascinta, que forma parte de los complejos de explotación petrolera de la zona…Exhortar a las autoridades federales competentes a acelerar las actividades para lograr la dictaminación de los lamentables hechos que dieron en consecuencia la pérdida de vidas humanas, de recursos económicos y de daños al medio ambiente que afectan a estados con litoral en el golfo de México”, señala el pronunciamiento.
Anxo Quintana: "Madrid practica una seguridad marítima de baja intensidad"
Fuente: El País
El vicepresidente de la Xunta y portavoz nacional del BNG, Anxo Quintana, escogió ayer el puerto de Combarro para reclamar, de nuevo, la transferencia de competencias en materia de seguridad y salvamento marítimo. El nacionalista elevó el tono crítico al denunciar que "desde Madrid se practica una política de seguridad marítima de baja intensidad, poco ambiciosa y, en muchos casos, centrada sólo en la reposición de servicios cuando éstos se deterioran".
El nacionalista, que estuvo acompañado por la candidata al Congreso Olaia Fernández Davila, otros cargos locales y representantes de varias cofradías y agrupaciones de mariscadoras, abogó por cambiar el modelo actual "excesivamente centralizado y de espaldas a nuestra realidad". "Resulta especialmente escandaloso", declaró, "que nuestro país no disponga de un buque anticontaminación cuando Galicia es el punto del planeta con más mareas negras".
Además de la necesidad de preservar el litoral, Quintana se refirió al programa estatal de salvamento marítimo que, lamentó, "ha demostrado una terrible inoperancia". "Ineficacia" que se deriva de no tener "raíces gallegas", dijo. Quintana criticó que el Plan Estatal 2006-2009 despliegue en Galicia "menos del 20% de los medios de intervención aun cuando Galicia ostenta el 50% de la flota del Estado". Un "raquitismo absurdo" que hay que "cambiar" desde Madrid, dijo, porque no está "acorde" con "la potencia" que es Galicia "en el mundo de la pesca".
El dirigente del BNG acusó al Gobierno central de "celoso porque no suelta las competencias y perezoso porque no las ejecuta". Los nacionalistas demandarán la participación directa de Galicia en la Organización Marítima Internacional y apuestan por un sistema de seguridad "universal, gratuito y público", no contratado a empresas privadas.
El vicepresidente de la Xunta y portavoz nacional del BNG, Anxo Quintana, escogió ayer el puerto de Combarro para reclamar, de nuevo, la transferencia de competencias en materia de seguridad y salvamento marítimo. El nacionalista elevó el tono crítico al denunciar que "desde Madrid se practica una política de seguridad marítima de baja intensidad, poco ambiciosa y, en muchos casos, centrada sólo en la reposición de servicios cuando éstos se deterioran".
El nacionalista, que estuvo acompañado por la candidata al Congreso Olaia Fernández Davila, otros cargos locales y representantes de varias cofradías y agrupaciones de mariscadoras, abogó por cambiar el modelo actual "excesivamente centralizado y de espaldas a nuestra realidad". "Resulta especialmente escandaloso", declaró, "que nuestro país no disponga de un buque anticontaminación cuando Galicia es el punto del planeta con más mareas negras".
Además de la necesidad de preservar el litoral, Quintana se refirió al programa estatal de salvamento marítimo que, lamentó, "ha demostrado una terrible inoperancia". "Ineficacia" que se deriva de no tener "raíces gallegas", dijo. Quintana criticó que el Plan Estatal 2006-2009 despliegue en Galicia "menos del 20% de los medios de intervención aun cuando Galicia ostenta el 50% de la flota del Estado". Un "raquitismo absurdo" que hay que "cambiar" desde Madrid, dijo, porque no está "acorde" con "la potencia" que es Galicia "en el mundo de la pesca".
El dirigente del BNG acusó al Gobierno central de "celoso porque no suelta las competencias y perezoso porque no las ejecuta". Los nacionalistas demandarán la participación directa de Galicia en la Organización Marítima Internacional y apuestan por un sistema de seguridad "universal, gratuito y público", no contratado a empresas privadas.
El PRD solicitará auditoría a la API: Carlos Sotelo
Fuente: Ecos de la Costa
Sarahi Arellano
Notiecos/Colima.- Carlos Sotelo García, senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), dio a conocer que a través de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, solicitarán a la Auditoría Superior de la Federación indague la legalidad de las asignaciones directas y licitación de las obras que hasta la fecha ha realizado la Administración Portuaria Integral (API).
Luego de afirmar que en la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, “hay algo que huele mal”, el senador enfatizó que no está claro el procedimiento que ha seguido la API Manzanillo para la asignación de la obra, y no es deseable que haya complicidad en la asignación de obras, de ahí que soliciten a la Auditoría Superior de la Federación que evalúe la posibilidad de conocer e indagar la legalidad y el sustento en la asignación de las obras.
Y es que resaltó el legislador que no existe mucha transparencia en el proceso de asignación de obras que realiza la API, y que de esta manera se pueda determinar si existe alguna irregularidad que castigar, pues sostuvo que cuando las empresas ofrecen calidad similar, se debe privilegiar a las empresas locales; “por lo que no hay razón para que empresarios de otras entidades puedan ser favorecidos si en Colima hay capacidad técnica y calidad para hacer este tipo de obras”.
Tras destacar lo anterior, Sotelo García comentó que tendrá un acercamiento con los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, ya que son éstos lo que cuentan con la facultad exclusiva de fiscalizar los recursos públicos, y que puedan intervenir en la fiscalización del presupuesto federal destinado para la API Manzanillo.
“La práctica del diezmo y de generar utilidades a los servidores públicos es una práctica cotidiana que no se ha podido desterrar y que la API debe explicar, porque parece que hay algo que no se informa y que se debe conocer”, recalcó el senador.
Y es que resaltó que para nadie es un secreto que empresas como la API puedan estar ligadas a intereses de pequeños grupos o que inclusos los funcionarios de la empresa utilizan su cargo para el enriquecimiento personal.
Sarahi Arellano
Notiecos/Colima.- Carlos Sotelo García, senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), dio a conocer que a través de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, solicitarán a la Auditoría Superior de la Federación indague la legalidad de las asignaciones directas y licitación de las obras que hasta la fecha ha realizado la Administración Portuaria Integral (API).
Luego de afirmar que en la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, “hay algo que huele mal”, el senador enfatizó que no está claro el procedimiento que ha seguido la API Manzanillo para la asignación de la obra, y no es deseable que haya complicidad en la asignación de obras, de ahí que soliciten a la Auditoría Superior de la Federación que evalúe la posibilidad de conocer e indagar la legalidad y el sustento en la asignación de las obras.
Y es que resaltó el legislador que no existe mucha transparencia en el proceso de asignación de obras que realiza la API, y que de esta manera se pueda determinar si existe alguna irregularidad que castigar, pues sostuvo que cuando las empresas ofrecen calidad similar, se debe privilegiar a las empresas locales; “por lo que no hay razón para que empresarios de otras entidades puedan ser favorecidos si en Colima hay capacidad técnica y calidad para hacer este tipo de obras”.
Tras destacar lo anterior, Sotelo García comentó que tendrá un acercamiento con los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, ya que son éstos lo que cuentan con la facultad exclusiva de fiscalizar los recursos públicos, y que puedan intervenir en la fiscalización del presupuesto federal destinado para la API Manzanillo.
“La práctica del diezmo y de generar utilidades a los servidores públicos es una práctica cotidiana que no se ha podido desterrar y que la API debe explicar, porque parece que hay algo que no se informa y que se debe conocer”, recalcó el senador.
Y es que resaltó que para nadie es un secreto que empresas como la API puedan estar ligadas a intereses de pequeños grupos o que inclusos los funcionarios de la empresa utilizan su cargo para el enriquecimiento personal.
Obtenidos 15.000 euros del material sobrante del Prestige
En la subasta sólo se logró dar salida a una parte pequeña de las botas, trajes de agua y cedazos en stock Mare estudia quedarse una parte en reserva para posibles emergencias
Fuente: El Diario Montanes
PILAR CHATO
Sólo guantes y trajes de agua de un solo uso y no todos. La subasta del material sobrante de las labores de limpieza del fuel del Prestige sólo permitió recuperar 15.000 euros y es que se trata de un producto de «difícil salida»: 7.500 pares de botas, 14.500 trajes de agua, 700 cedazos y 50 rodillos de hidrosiembra.
La empresa pública Mare repartió todos estos objetos en lotes pequeños con el fin de facilitar su salida, pero a la subasta únicamente se presentó un ofertante que se llevó 15 lotes. Se trató de la segunda subasta realizada, tras la efectuada en 2006 en la que obtuvieron 25.000 euros.
El director de la empresa pública, Rafael Canales, explicó que se están planteando la posibilidad de utilizar gran parte de este material para hacer kits o lotes y tenerlos preparados por si la región necesitara hacer frente a alguna emergencia o posibles contingencias futuras. No obstante, Canales indicó que se trata de una propuesta y que si es posible seguir dando salida al material se hará.
En la primera subasta se recuperaron 25.000 euros, principalmente de la venta de bobinas de material geotextil, utilizable en trabajos de obra civil. En esta ocasión, los quince lotes vendidos en 15.000 euros estaban formados por guantes y trajes de agua de un sólo uso.
La limpieza contra el fuel del Prestige costó en Cantabria, según la última valoración del Gobierno regional, más de 65 millones de euros, de los que 10,3 correspondieron a la recogida terrestre, 11 millones a la marítima, 15,9 de transporte y 4,8 para el tratamiento de los residuos. Se invirtieron 8,3 millones de euros en la colocación de barreras para contener el fuel; 1,8 millones para asesoramiento y estudios y 3,6 millones en equipamientos y cuadrillas.
Fuente: El Diario Montanes
PILAR CHATO
Sólo guantes y trajes de agua de un solo uso y no todos. La subasta del material sobrante de las labores de limpieza del fuel del Prestige sólo permitió recuperar 15.000 euros y es que se trata de un producto de «difícil salida»: 7.500 pares de botas, 14.500 trajes de agua, 700 cedazos y 50 rodillos de hidrosiembra.
La empresa pública Mare repartió todos estos objetos en lotes pequeños con el fin de facilitar su salida, pero a la subasta únicamente se presentó un ofertante que se llevó 15 lotes. Se trató de la segunda subasta realizada, tras la efectuada en 2006 en la que obtuvieron 25.000 euros.
El director de la empresa pública, Rafael Canales, explicó que se están planteando la posibilidad de utilizar gran parte de este material para hacer kits o lotes y tenerlos preparados por si la región necesitara hacer frente a alguna emergencia o posibles contingencias futuras. No obstante, Canales indicó que se trata de una propuesta y que si es posible seguir dando salida al material se hará.
En la primera subasta se recuperaron 25.000 euros, principalmente de la venta de bobinas de material geotextil, utilizable en trabajos de obra civil. En esta ocasión, los quince lotes vendidos en 15.000 euros estaban formados por guantes y trajes de agua de un sólo uso.
La limpieza contra el fuel del Prestige costó en Cantabria, según la última valoración del Gobierno regional, más de 65 millones de euros, de los que 10,3 correspondieron a la recogida terrestre, 11 millones a la marítima, 15,9 de transporte y 4,8 para el tratamiento de los residuos. Se invirtieron 8,3 millones de euros en la colocación de barreras para contener el fuel; 1,8 millones para asesoramiento y estudios y 3,6 millones en equipamientos y cuadrillas.
Opinión sobre la Convemar
Fuente: El Comercio
Por Columnista Invitado*
Luis Valencia Rodríguez
1. Existe una lamentable confusión entre los conceptos y el contenido de la Constitución y el Código Civil. La Constitución de la República no establece la anchura del mar territorial, pues esto lo hace el art. 609 del Código Civil. Es más, el cuarto inciso faculta a la Función Ejecutiva para que determine, dentro de las 200 millas, dos zonas diferentes, una sujeta a la libre navegación y otra al tránsito inocente. Esto demuestra: 1) que el mismo Código reconoce que en las 200 millas deben existir dos zonas diferentes; y 2) que cuando se modificó el Código Civil no se siguió la terminología adecuada, pues se habla de tránsito inocente, en lugar de paso inocente. Por lo tanto, al adherir el Ecuador a la Convemar no existe violación constitucional.
2. En la zona económica exclusiva (ZEE) el Estado ejerce plenos derechos de soberanía sobre todos los recursos allí existentes, tanto vivos como no vivos, al igual que en el espacio aéreo. Se trata, por tanto, de un mar territorial sui géneris de carácter económico, es decir, es la concreción del contenido de la Declaración de Santiago de 1952 por la que tanto han luchado los tres países del Pacífico Sur. En la ZEE el Estado es el único soberano para disponer de esos recursos, y nadie puede acceder a ellos si no es con la autorización de dicho Estado.
3. El dictamen del Tribunal Constitucional de 2003 es sumamente amplio y categórico. Explica con toda claridad las razones y los fundamentos que le llevaron, por unanimidad, a declarar que la Convemar no atenta contra la Constitución de la República, por lo cual el Ecuador puede adherir a este instrumento. De acuerdo con el ordenamiento jurídico, este Tribunal es la máxima autoridad para dictaminar sobre la concordancia de un tratado con la Constitución. Resulta extraño, por tanto, que cualquier persona califique que ese dictamen es inconstitucional.
4. La delimitación marítima del Ecuador con sus vecinos no admite controversia alguna. En el caso del Perú, han sido frecuentes los pronunciamientos públicos y solemnes de los Presidentes de ambos países, así como de sus cancilleres, tanto orales como escritos, por los que se reconoce explícitamente que esos límites están fijados en el paralelo que se extiende en el mar desde el punto en que termina la frontera terrestre (convenios de 1952 y 1954).
5. ¿Qué pasa si el Perú gana en la Corte de La Haya su controversia con Chile y el Perú ignora sus múltiples reconocimientos sobre la línea del paralelo con el Ecuador? En tal caso: si el Ecuador se mantiene fuera de la Convemar, solo podrá hacer valer sus derechos, en el campo estrictamente bilateral, con su legislación interna y con los convenios de 1952 y 1954; en cambio, si el Ecuador es parte de la Convemar, podrá acudir a los órganos de solución de controversias previstos en tal instrumento y hacer valer, tanto en el plano bilateral como principalmente en el multilateral, las excepciones de los artículos 15, 74 y 83 de la Convemar.
Columnista invitado
Por Columnista Invitado*
Luis Valencia Rodríguez
1. Existe una lamentable confusión entre los conceptos y el contenido de la Constitución y el Código Civil. La Constitución de la República no establece la anchura del mar territorial, pues esto lo hace el art. 609 del Código Civil. Es más, el cuarto inciso faculta a la Función Ejecutiva para que determine, dentro de las 200 millas, dos zonas diferentes, una sujeta a la libre navegación y otra al tránsito inocente. Esto demuestra: 1) que el mismo Código reconoce que en las 200 millas deben existir dos zonas diferentes; y 2) que cuando se modificó el Código Civil no se siguió la terminología adecuada, pues se habla de tránsito inocente, en lugar de paso inocente. Por lo tanto, al adherir el Ecuador a la Convemar no existe violación constitucional.
2. En la zona económica exclusiva (ZEE) el Estado ejerce plenos derechos de soberanía sobre todos los recursos allí existentes, tanto vivos como no vivos, al igual que en el espacio aéreo. Se trata, por tanto, de un mar territorial sui géneris de carácter económico, es decir, es la concreción del contenido de la Declaración de Santiago de 1952 por la que tanto han luchado los tres países del Pacífico Sur. En la ZEE el Estado es el único soberano para disponer de esos recursos, y nadie puede acceder a ellos si no es con la autorización de dicho Estado.
3. El dictamen del Tribunal Constitucional de 2003 es sumamente amplio y categórico. Explica con toda claridad las razones y los fundamentos que le llevaron, por unanimidad, a declarar que la Convemar no atenta contra la Constitución de la República, por lo cual el Ecuador puede adherir a este instrumento. De acuerdo con el ordenamiento jurídico, este Tribunal es la máxima autoridad para dictaminar sobre la concordancia de un tratado con la Constitución. Resulta extraño, por tanto, que cualquier persona califique que ese dictamen es inconstitucional.
4. La delimitación marítima del Ecuador con sus vecinos no admite controversia alguna. En el caso del Perú, han sido frecuentes los pronunciamientos públicos y solemnes de los Presidentes de ambos países, así como de sus cancilleres, tanto orales como escritos, por los que se reconoce explícitamente que esos límites están fijados en el paralelo que se extiende en el mar desde el punto en que termina la frontera terrestre (convenios de 1952 y 1954).
5. ¿Qué pasa si el Perú gana en la Corte de La Haya su controversia con Chile y el Perú ignora sus múltiples reconocimientos sobre la línea del paralelo con el Ecuador? En tal caso: si el Ecuador se mantiene fuera de la Convemar, solo podrá hacer valer sus derechos, en el campo estrictamente bilateral, con su legislación interna y con los convenios de 1952 y 1954; en cambio, si el Ecuador es parte de la Convemar, podrá acudir a los órganos de solución de controversias previstos en tal instrumento y hacer valer, tanto en el plano bilateral como principalmente en el multilateral, las excepciones de los artículos 15, 74 y 83 de la Convemar.
Columnista invitado
Alemania cede el mando del componente marítimo de la ONU a fuerza europea
Fuente: Terra
(EFE).- Alemania cederá mañana el mando del componente marítimo de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) a la Fuerza Marítima Europea (EUROMAFOR) compuesta por buques de España, Francia, Portugal e Italia, según informaron hoy desde el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.
El titular del departamento, Frank-Wakter Steinmeier, aseguró en un comunicado que la pacificación de la frontera marítima de El Líbano, gracias a la misión de la ONU, ha sido 'la historia de un éxito'.
Sostuvo que, tras el traspaso del mandato del componente marítimo de FINUL, al que se unieron en septiembre de 2006, Alemania seguirá intensamente comprometida con la misión y con la paz en las fronteras del país, donde tiene desplazadas dos fragatas, a la que se sumará una más entre año.
Alemania participa también un programa de formación para miembros de la Marina libanesa y cedió este año nuevos dispositivos de control por radar al Gobierno del país, con los que esperan que el ejército libanés pueda vigilar sus costas de forma autónoma.
Steinmeier alabó la labor de los soldados alemanes que, según dijo, han contribuido a 'mejorar sustantivamente' la seguridad de las zonas controladas por la misión.
Alemania también gestiona en El Líbano un proyecto piloto para instalar un sistema integrado de control de fronteras en el límite norte del país, que colinda con Siria. EFE
(EFE).- Alemania cederá mañana el mando del componente marítimo de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) a la Fuerza Marítima Europea (EUROMAFOR) compuesta por buques de España, Francia, Portugal e Italia, según informaron hoy desde el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.
El titular del departamento, Frank-Wakter Steinmeier, aseguró en un comunicado que la pacificación de la frontera marítima de El Líbano, gracias a la misión de la ONU, ha sido 'la historia de un éxito'.
Sostuvo que, tras el traspaso del mandato del componente marítimo de FINUL, al que se unieron en septiembre de 2006, Alemania seguirá intensamente comprometida con la misión y con la paz en las fronteras del país, donde tiene desplazadas dos fragatas, a la que se sumará una más entre año.
Alemania participa también un programa de formación para miembros de la Marina libanesa y cedió este año nuevos dispositivos de control por radar al Gobierno del país, con los que esperan que el ejército libanés pueda vigilar sus costas de forma autónoma.
Steinmeier alabó la labor de los soldados alemanes que, según dijo, han contribuido a 'mejorar sustantivamente' la seguridad de las zonas controladas por la misión.
Alemania también gestiona en El Líbano un proyecto piloto para instalar un sistema integrado de control de fronteras en el límite norte del país, que colinda con Siria. EFE
El PPdeG denuncia que los pilotos no hacen las prácticas obligatorias
El PPdeG asegura que la Consellería de Pesca permite que los pilotos de los helicópteros de Salvamento Marítimo no efectúen las prácticas de vuelo en simulador que, obligatoriamente, deben realizar cada año, unas prácticas que tienen un coste de 12.000 euros por piloto.
Fuente: El Ideal Gallego
AGN > SANTIAGO
n José Manuel Balseiro, portavoz popular de Pesca, apunta en un comunicado remitido ayer que el contrato firmado entre la Xunta de Galicia y la empresa concesionaria del servicio de helicópteros de Salvamento señala que todos los pilotos deben efectuar, de modo obligatorio y cada 12 meses, prácticas de vuelo de emergencia en un simulador homologado.
El portavoz del PPdeG señala que esto podría deverse a cuestiones económicas, ya que este simulador sólo existe en Estados Unidos y el coste medio de estas prácticas anuales ronda los 12.000 euros por cada piloto.
Así, Balseiro indica que "Pesca consinte que se sacrifique a seguridade das tripulacións e a eficacia das aeronaves sobre as que ten competencia e que acumulan numerosas deficiencias nos dous anos e medio transcorridos desde o cambio de Goberno".
Por otro lado, los populares aseguran que Salvamento Marítimo tampoco organizó en el último año el curso de escape de emergencia en helicóptero volcado sobre agua, en el que deben participar las tripulaciones de las aeronaves con una periodicidad de 12 meses.
Ante las numerosas acusaciones del PPdeG, la consellería de Pesca también incidió esta semana en las mejoras en el ámbito de la formación de los profesionales del Servizo de Gardacostas de Galicia, asegurando que agentes de este cuerpo se desplazaron al Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos, de Gijón, en el que completaron su formación en prevención y lucha contra la contaminación.
Señala además, entre otras mejoras, que los dos helicópteros de la Consellería de Pesca realizan continuamente vuelos de inspección pesquera, así como de adiestramiento con embarcaciones del Servicio de Gardacostas y otras administraciones.
El departamento que dirige Carmen Gallego destaca las mejoras presupuestarias para el Servizo de Gardacostas, así como actuaciones como el programa "Aboia" para mejorar las condicione de seguridad
Fuente: El Ideal Gallego
AGN > SANTIAGO
n José Manuel Balseiro, portavoz popular de Pesca, apunta en un comunicado remitido ayer que el contrato firmado entre la Xunta de Galicia y la empresa concesionaria del servicio de helicópteros de Salvamento señala que todos los pilotos deben efectuar, de modo obligatorio y cada 12 meses, prácticas de vuelo de emergencia en un simulador homologado.
El portavoz del PPdeG señala que esto podría deverse a cuestiones económicas, ya que este simulador sólo existe en Estados Unidos y el coste medio de estas prácticas anuales ronda los 12.000 euros por cada piloto.
Así, Balseiro indica que "Pesca consinte que se sacrifique a seguridade das tripulacións e a eficacia das aeronaves sobre as que ten competencia e que acumulan numerosas deficiencias nos dous anos e medio transcorridos desde o cambio de Goberno".
Por otro lado, los populares aseguran que Salvamento Marítimo tampoco organizó en el último año el curso de escape de emergencia en helicóptero volcado sobre agua, en el que deben participar las tripulaciones de las aeronaves con una periodicidad de 12 meses.
Ante las numerosas acusaciones del PPdeG, la consellería de Pesca también incidió esta semana en las mejoras en el ámbito de la formación de los profesionales del Servizo de Gardacostas de Galicia, asegurando que agentes de este cuerpo se desplazaron al Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos, de Gijón, en el que completaron su formación en prevención y lucha contra la contaminación.
Señala además, entre otras mejoras, que los dos helicópteros de la Consellería de Pesca realizan continuamente vuelos de inspección pesquera, así como de adiestramiento con embarcaciones del Servicio de Gardacostas y otras administraciones.
El departamento que dirige Carmen Gallego destaca las mejoras presupuestarias para el Servizo de Gardacostas, así como actuaciones como el programa "Aboia" para mejorar las condicione de seguridad