Fuente: e-consulta
Por una serie de inconsistencias de carácter jurídico, se regreso a comisiones el dictamen mediante el cual se autorizaría al gobernador Fidel Herrera Beltrán a formalizar la cesión de derechos a empresas particulares la construcción, operación y explotación del puerto Tuxpan II.
Aunque el dictamen emitido por la comisión de hacienda del Estado estaba agendado en el orden del día de la sesión extraordinaria del Congreso local convocada este día, con el cual se autorizaba al Ejecutivo llevar a cabo dicha medida, de última hora se decidió retirarlo para realizar un "análisis más a fondo".
De acuerdo a diputados del PAN, debe ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) quien autorice a las autoridades estatales el ceder de manera parcial el manejo de ese puerto del norte de la entidad, toda vez que en 2007 la federación se lo concesionó al gobierno veracruzano y al ayuntamiento de Tuxpan.
Luego de solicitar al pleno legislativo que el dictamen fuera retirado, el presidente de la comisión de hacienda del estado, el priísta Erick Lagos, dijo que la medida se llevo a cabo ante una serie de observaciones realizadas por algunos diputados que observaron algunas inconsistencias de tipo jurídico.
A pesar de que el dictamen ya estaba "listo para su aprobación", señaló que en reunión de trabajo entre diputados de distintos partidos políticos se acordó sostener un encuentro con funcionarios de la SCT, "para analizar el tema" con mayor profundidad y toda duda sea aclarada para que no haya controversias.
No obstante aseguró que este es un "gran proyecto", donde grupos de empresarios nacionales y extranjeros invertirán en Veracruz, "pero para ello se requiere de la autorización del Congreso local porque el gobierno del estado tiene la concesión que le otorgo la federación hace unos años".
Por su lado, el panista Rafael Sánchez señaló que el PAN no está en contra de que lleguen inversiones a Veracruz que coadyuven a detonar el empleo en regiones como la de Tuxpan, sin embargo, "hay cuestiones de orden jurídico que tendrán que quedar bien especificadas en la solicitud de autorización del gobernador".
Por ejemplo, dijo, se debe aclarar si el Congreso local debe aprobar dicha solicitud, ya que se trata de una concesión otorgada por la federación a través de la SCT al gobierno del estado, "pues nosotros creemos que el facultado para autorizar la cesión de derecho es precisamente la instancia federal y no el estatal".
Aun cuando, dijo, la concesión original la tiene el gobierno del estado, "resulta que no tiene recursos para la obra" y por ello, pretende sub concesionar a particulares para que éstos inviertan, "pero en los hechos, no puede hacerlo y disponer de un patrimonio que es de la federación, pues hay barreras legales que deben ser aclaradas".
Según el expediente anexo al dictamen, el gobierno del estado pretende concesionar de manera total los derechos de construcción, operación y construcción del puerto Tuxpan II por un lapso de 40 años a las empresas denominadas socias fundadoras de API Sistema Portuario Veracruzano SA de CV, el mismo periodo en que la federación le otorgó la concesión.
De acuerdo al proyecto, la operación del puerto de Tuxpan está programada para el año 2013, por lo que la construcción iniciaría el próximo año con una inversión de 6 mil 526 millones de pesos, y la concesión sería por 40 años en beneficio de dos empresas mexicanas y una española.
El 12 de mayo de 2009, señala, API Sistema Portuario Veracruzana SA de CV, Puertos Industriales SA de CV, PROITEC e Ingenieros Civiles Asociados (ICA), a través de su filial Controladora de Operación de Infraestructura SA (CONOISA), "celebraron un memorándum de entendimiento" a efecto de acordar las acciones tendientes al desarrollo del proyecto.
Así, el Sistema Portuario Veracruzano –donde participan el gobierno estatal y el ayuntamiento de Tuxpan--, "se comprometieron a ceder todos los derechos derivados de la concesión, excluyendo los de explotación a cambio de tener una participación activa como socio de la empresa que se constituirá bajo la figura de Sociedad Promotora de Inversión (SAPI)".
En tanto, dice, Puertos y Parques Industriales, Controladora de Operación de Infraestructura, filial de ICA, y PROITEC, "manifestaron su intención de constituir y tener una participación activa como socios de la SAPI, en conjunto con API, conforme a las bases definidas conforme a la estructura accionaria y al esquema legal de asociaciones".
Esa misma fecha, se constituyó la empresa Logística Portuaria de Tuxpan, SAPI, en donde cada uno de los socios participantes aportara capital fijo del 25%, además de capital variable que en el caso de CONOISA asciende a 18 millones de pesos, Puertos y Parques Industriales 8.9 millones más terrenos aportados en proceso de evaluación por una superficie de hasta 300 hectáreas.
Mientras la española PROITEC, aportara 2.8 millones de pesos consistentes en el estudio de mercadeo e ingeniería y la API Sistema Portuario Veracruzano, 17.1 millones, "aportación reconocida por estudios realizados en el año 2005 y más de 5 mil metros cuadrados del polígono de agua concesionado en proceso de valuación con un valor estimado de 117 millones".
A partir de la constitución de la empresa, precisa, "los socios fundadores han participado conjuntamente en la selección de nuevos socios e inversionistas potenciales que completen la estructura accionaria, que cumplan con las características de participación establecidas en el estatuto social".
Aunque el dictamen emitido por la comisión de hacienda del Estado estaba agendado en el orden del día de la sesión extraordinaria del Congreso local convocada este día, con el cual se autorizaba al Ejecutivo llevar a cabo dicha medida, de última hora se decidió retirarlo para realizar un "análisis más a fondo".
De acuerdo a diputados del PAN, debe ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) quien autorice a las autoridades estatales el ceder de manera parcial el manejo de ese puerto del norte de la entidad, toda vez que en 2007 la federación se lo concesionó al gobierno veracruzano y al ayuntamiento de Tuxpan.
Luego de solicitar al pleno legislativo que el dictamen fuera retirado, el presidente de la comisión de hacienda del estado, el priísta Erick Lagos, dijo que la medida se llevo a cabo ante una serie de observaciones realizadas por algunos diputados que observaron algunas inconsistencias de tipo jurídico.
A pesar de que el dictamen ya estaba "listo para su aprobación", señaló que en reunión de trabajo entre diputados de distintos partidos políticos se acordó sostener un encuentro con funcionarios de la SCT, "para analizar el tema" con mayor profundidad y toda duda sea aclarada para que no haya controversias.
No obstante aseguró que este es un "gran proyecto", donde grupos de empresarios nacionales y extranjeros invertirán en Veracruz, "pero para ello se requiere de la autorización del Congreso local porque el gobierno del estado tiene la concesión que le otorgo la federación hace unos años".
Por su lado, el panista Rafael Sánchez señaló que el PAN no está en contra de que lleguen inversiones a Veracruz que coadyuven a detonar el empleo en regiones como la de Tuxpan, sin embargo, "hay cuestiones de orden jurídico que tendrán que quedar bien especificadas en la solicitud de autorización del gobernador".
Por ejemplo, dijo, se debe aclarar si el Congreso local debe aprobar dicha solicitud, ya que se trata de una concesión otorgada por la federación a través de la SCT al gobierno del estado, "pues nosotros creemos que el facultado para autorizar la cesión de derecho es precisamente la instancia federal y no el estatal".
Aun cuando, dijo, la concesión original la tiene el gobierno del estado, "resulta que no tiene recursos para la obra" y por ello, pretende sub concesionar a particulares para que éstos inviertan, "pero en los hechos, no puede hacerlo y disponer de un patrimonio que es de la federación, pues hay barreras legales que deben ser aclaradas".
Según el expediente anexo al dictamen, el gobierno del estado pretende concesionar de manera total los derechos de construcción, operación y construcción del puerto Tuxpan II por un lapso de 40 años a las empresas denominadas socias fundadoras de API Sistema Portuario Veracruzano SA de CV, el mismo periodo en que la federación le otorgó la concesión.
De acuerdo al proyecto, la operación del puerto de Tuxpan está programada para el año 2013, por lo que la construcción iniciaría el próximo año con una inversión de 6 mil 526 millones de pesos, y la concesión sería por 40 años en beneficio de dos empresas mexicanas y una española.
El 12 de mayo de 2009, señala, API Sistema Portuario Veracruzana SA de CV, Puertos Industriales SA de CV, PROITEC e Ingenieros Civiles Asociados (ICA), a través de su filial Controladora de Operación de Infraestructura SA (CONOISA), "celebraron un memorándum de entendimiento" a efecto de acordar las acciones tendientes al desarrollo del proyecto.
Así, el Sistema Portuario Veracruzano –donde participan el gobierno estatal y el ayuntamiento de Tuxpan--, "se comprometieron a ceder todos los derechos derivados de la concesión, excluyendo los de explotación a cambio de tener una participación activa como socio de la empresa que se constituirá bajo la figura de Sociedad Promotora de Inversión (SAPI)".
En tanto, dice, Puertos y Parques Industriales, Controladora de Operación de Infraestructura, filial de ICA, y PROITEC, "manifestaron su intención de constituir y tener una participación activa como socios de la SAPI, en conjunto con API, conforme a las bases definidas conforme a la estructura accionaria y al esquema legal de asociaciones".
Esa misma fecha, se constituyó la empresa Logística Portuaria de Tuxpan, SAPI, en donde cada uno de los socios participantes aportara capital fijo del 25%, además de capital variable que en el caso de CONOISA asciende a 18 millones de pesos, Puertos y Parques Industriales 8.9 millones más terrenos aportados en proceso de evaluación por una superficie de hasta 300 hectáreas.
Mientras la española PROITEC, aportara 2.8 millones de pesos consistentes en el estudio de mercadeo e ingeniería y la API Sistema Portuario Veracruzano, 17.1 millones, "aportación reconocida por estudios realizados en el año 2005 y más de 5 mil metros cuadrados del polígono de agua concesionado en proceso de valuación con un valor estimado de 117 millones".
A partir de la constitución de la empresa, precisa, "los socios fundadores han participado conjuntamente en la selección de nuevos socios e inversionistas potenciales que completen la estructura accionaria, que cumplan con las características de participación establecidas en el estatuto social".
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