Alberto Barranco
Empresa
Fuente: El Universal
Rebatiña por Tuxpan
Colocado, en la magia de la autopista que se construye, como el puerto más cercano a la capital del país, la posibilidad de una terminal de contenedores en Tuxpan, Veracruz, ha subido en el ring a seis empresas del ramo, cinco en campal contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
El tamaño de la refriega obligó a la dependencia a aplazar la entrega de las propuestas técnicas para operación que, de acuerdo a las bases de licitación, debió realizarse el viernes de la semana pasada.
La exposición de motivos, de acuerdo al aviso enviado por el director general de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, Alfredo Sánchez Hevia, habla de “diversas quejas y denuncias presentadas ante el órgano interno de control de ésta” y ante la Secretaría de la Función Pública.
La presunción de los quejosos, es decir Transportación Marítima Mexicana de José Serrano Segovia; Pat Nac, de la familia Espinoza; IPM de Salvador Sánchez; ATP de Salvador López Riestra y Tracsa, es que las bases de licitación se confeccionaron como traje a la medida del consorcio Rivera del Pantepec, encabezado por Francisco Kassian, en el que están las firmas Stevedoring Service América (SSA México) y Grupo Baranff, por más que se habla también de graves daños ecológicos al entorno.
La manzana de la discordia es un negocio de 200 millones de dólares.
Ahora que en la rebatiña cada quien pelea desde su trinchera y bajo el marco de su propia causa.
Así, mientras algunas se han ido por reclamo de transparencia ante la Secretaría de la Función Pública, otras de plano han planteado demandas civiles contra el coordinador Nacional de Puertos, Alejandro Chacón, y Othón Pérez Martínez, director de Fomento y Administración Portuaria de la SCT.
En el caso de Transportación Marítima Mexicana el alegato habla de mantener una concesión en el mismo puerto de Tuxpan, justo para integrar una terminal de contenedores con una inversión de 350 millones de dólares.
El contrato se pactó en el año 2000, sin que la burocracia le haya dado el banderazo de salida.
Ahora que para Tracsa, una firma surgida hace unos meses por generación espontánea, quien aparentemente protege los intereses del consorcio chino Hutchison Port Holding de Jorge Lecona, quien domina el mercado de contenedores en el golfo de México, con epicentro en Veracruz, no hay certeza alguna de equidad en la contienda.
A su vez, IMP, una filial del Grupo Mexicano de Desarrollo, quien como el ave fénix resucitó de entre sus cenizas tras haber perdido por deudas los consorcios carreteros obtenidos en el sexenio salinista, la licitación no permite un juego equilibrado.
La firma opera una terminal portuaria en Altamira, Tamaulipas, controlando el mercado en esa zona del golfo.
Su subsidiaria, Altamira Terminal Portuaria, fue socio de la china Hutchison en una terminal especializada de contenedores en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Lo que llama la atención es la agilidad con que la Secretaría de la Función Pública le dio cauce a las querellas, lo que concitó en la contraparte la sospecha de gato encerrado, dado que el actual secretario de la dependencia, Salvador Vega Casillas y su director de Investigaciones, Juan Paratore, manejaron durante el sexenio foxista el puerto de Lázaro Cárdenas.
Durante su gestión se le allanó el camino a la firma Hutchison Port Holding, trabándose una fuerte amistad con su director, Jorge Lecona.
Ahora que otro de los denunciantes optó por un camino más tortuoso: denunciar a la firma Rivera del Pantepec por considerar que su proyecto, de ganar la licitación, afectaría el entorno ecológico.
La ruta logró, por la pronto, que la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales le enviara un oficio a la firma, advirtiéndole que su proyecto “podría afectar el desarrollo y la fauna del predio, específicamente en una superficie de 1.16 hectáreas cubiertas con mangle”.
El terreno es zona federal.
Más allá, se señala que para desarrollar la alternativa se requiere obtener la concesión de la zona federal marítima terrestre colindante con el predio, y que forma parte del Recinto Portuario de Tuxpan.
Finalmente, se advierte que se llevará a cabo un programa de mantenimiento integral del manglar.
El oficio está fechado el primero de junio del año pasado, aludiendo a una denuncia planteada el 31 de octubre de 2008.
Como lee usted, pues, no hay tregua para nadie, en un escenario en que se valen los arañazos, patadas bajo la mesa y zancadillas.
Rebatiña por Tuxpan
Colocado, en la magia de la autopista que se construye, como el puerto más cercano a la capital del país, la posibilidad de una terminal de contenedores en Tuxpan, Veracruz, ha subido en el ring a seis empresas del ramo, cinco en campal contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
El tamaño de la refriega obligó a la dependencia a aplazar la entrega de las propuestas técnicas para operación que, de acuerdo a las bases de licitación, debió realizarse el viernes de la semana pasada.
La exposición de motivos, de acuerdo al aviso enviado por el director general de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, Alfredo Sánchez Hevia, habla de “diversas quejas y denuncias presentadas ante el órgano interno de control de ésta” y ante la Secretaría de la Función Pública.
La presunción de los quejosos, es decir Transportación Marítima Mexicana de José Serrano Segovia; Pat Nac, de la familia Espinoza; IPM de Salvador Sánchez; ATP de Salvador López Riestra y Tracsa, es que las bases de licitación se confeccionaron como traje a la medida del consorcio Rivera del Pantepec, encabezado por Francisco Kassian, en el que están las firmas Stevedoring Service América (SSA México) y Grupo Baranff, por más que se habla también de graves daños ecológicos al entorno.
La manzana de la discordia es un negocio de 200 millones de dólares.
Ahora que en la rebatiña cada quien pelea desde su trinchera y bajo el marco de su propia causa.
Así, mientras algunas se han ido por reclamo de transparencia ante la Secretaría de la Función Pública, otras de plano han planteado demandas civiles contra el coordinador Nacional de Puertos, Alejandro Chacón, y Othón Pérez Martínez, director de Fomento y Administración Portuaria de la SCT.
En el caso de Transportación Marítima Mexicana el alegato habla de mantener una concesión en el mismo puerto de Tuxpan, justo para integrar una terminal de contenedores con una inversión de 350 millones de dólares.
El contrato se pactó en el año 2000, sin que la burocracia le haya dado el banderazo de salida.
Ahora que para Tracsa, una firma surgida hace unos meses por generación espontánea, quien aparentemente protege los intereses del consorcio chino Hutchison Port Holding de Jorge Lecona, quien domina el mercado de contenedores en el golfo de México, con epicentro en Veracruz, no hay certeza alguna de equidad en la contienda.
A su vez, IMP, una filial del Grupo Mexicano de Desarrollo, quien como el ave fénix resucitó de entre sus cenizas tras haber perdido por deudas los consorcios carreteros obtenidos en el sexenio salinista, la licitación no permite un juego equilibrado.
La firma opera una terminal portuaria en Altamira, Tamaulipas, controlando el mercado en esa zona del golfo.
Su subsidiaria, Altamira Terminal Portuaria, fue socio de la china Hutchison en una terminal especializada de contenedores en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Lo que llama la atención es la agilidad con que la Secretaría de la Función Pública le dio cauce a las querellas, lo que concitó en la contraparte la sospecha de gato encerrado, dado que el actual secretario de la dependencia, Salvador Vega Casillas y su director de Investigaciones, Juan Paratore, manejaron durante el sexenio foxista el puerto de Lázaro Cárdenas.
Durante su gestión se le allanó el camino a la firma Hutchison Port Holding, trabándose una fuerte amistad con su director, Jorge Lecona.
Ahora que otro de los denunciantes optó por un camino más tortuoso: denunciar a la firma Rivera del Pantepec por considerar que su proyecto, de ganar la licitación, afectaría el entorno ecológico.
La ruta logró, por la pronto, que la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales le enviara un oficio a la firma, advirtiéndole que su proyecto “podría afectar el desarrollo y la fauna del predio, específicamente en una superficie de 1.16 hectáreas cubiertas con mangle”.
El terreno es zona federal.
Más allá, se señala que para desarrollar la alternativa se requiere obtener la concesión de la zona federal marítima terrestre colindante con el predio, y que forma parte del Recinto Portuario de Tuxpan.
Finalmente, se advierte que se llevará a cabo un programa de mantenimiento integral del manglar.
El oficio está fechado el primero de junio del año pasado, aludiendo a una denuncia planteada el 31 de octubre de 2008.
Como lee usted, pues, no hay tregua para nadie, en un escenario en que se valen los arañazos, patadas bajo la mesa y zancadillas.
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