Fuente: Reforma
MÉXICO, DF.- El nuevo Reglamento de Navegación y Comercio Marítimos contiene secciones que limitan la competencia y la libre concurrencia o facultan a terceros para hacerlo, afirmó la Comisión Federal de Competencia (CFC) en un análisis sobre este documento, que se encuentra abierto a comentario público en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).
Uno de los puntos más criticados por el órgano regulador es la referente a los servicios portuarios, como el pilotaje, los remolcadores y el lanchaje.
La versión actual del reglamento propone que la Dirección General de Marina Mercante determine el número de prestadores de servicios, pero no especifica si habrá un número máximo o mínimo. Por esta razón, CFC considera que podría inhibirse la participación de nuevos competidores.
El órgano regulador recomendó a SCT fijar solamente el número mínimo de remolcadores y pilotos necesarios para el funcionamiento de cada recinto portuario; en otras palabras, hizo un llamado a no limitar el ingreso de nuevos participantes.
Por otra parte, el reglamento tal como está redactado hoy en día prevé la creación de un Consejo Técnico en cada puerto, que tendrá entre sus funciones decidir, entre otras cosas, qué tipo de operaciones portuarias estarán exentas de los servicios de pilotaje.
Entre los integrantes de este comité estarían los mismos pilotos, quienes a decir de CFC, podrían influir en la decisión para extender la prestación del servicio a rubros que actualmente no lo contemplan sólo por proteger su mercado.
Actualmente, no están obligadas a contratar el pilotaje las embarcaciones que participan en proyectos de construcción y dragado, o las dedicadas al transporte de cabotaje (a otros puertos dentro del País).
Del mismo modo, este comité estaría facultado para determinar la necesidad de permitir el ingreso de nuevos pilotos. Esta facultad les permitiría incurrir en prácticas contrarias a la libertad de competencia para proteger su nicho de mercado, afirma el órgano regulador.
CFC también consideró negativa la propuesta de no permitir que embarcaciones con una edad mayor a 25 años soliciten portar la bandera mexicana, toda vez que ya existen buques de esa edad y más antiguos que operan con dicha bandera.
Ante esta problemática, sugirió recurrir a otros métodos, como las certificaciones de condiciones físico-mecánicas para cerciorarse que las embarcaciones están en condiciones óptimas para navegar.
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