Fuente: La Voz de Galicia
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Los astilleros de la provincia de Pontevedra acumulan ya retrasos derivados de las seis semanas de jornadas no consecutivas de huelga que les impiden cumplir los plazos de entrega de los siete buques que, en estos momentos, se encuentran en las gradas de montaje o a flote (es decir, en la fase final de la construcción de la nave), a la espera de que finalice el conflicto laboral, que se inició el pasado mes de mayo. Las penalizaciones por incumplimiento de contrato y el riesgo de cancelación de los acuerdos en vigor son inminentes. Las compañías, además, no cuentan con la cobertura de sus seguros, que no asumen las pérdidas provocadas por sobrepasar las fechas de entrega. Por este motivo y ante la pervivencia de un conflicto de desenlace incierto, los empresarios han comenzado a estudiar la posibilidad de finalizar la construcción de los buques de entrega más urgente fuera de la provincia de Pontevedra. Por el momento son acciones esporádicas, pero ahora ya estudian hacerlo de forma masiva.
Penalizaciones millonarias
«Las empresas tendrán que buscar las mejores soluciones para conseguir acabar los buques y cumplir con los pedidos», afirma José Antonio Lagares, director general del astillero Hijos de J. Barreras, el mayor de la ría de Vigo. Aclara que en ningún caso se trata de una deslocalización de la producción, sino de una solución puntual para un momento de dificultad muy concreto. «Es posible que tengamos que llevar los barcos fuera de la provincia, hasta A Coruña, Asturias o Portugal, aunque en ningún caso es una medida deseada», afirma el director de Barreras. Varias compañías ya lo han hecho de forma puntual en las últimas semanas, pero ahora parece una salida inminente para no incurrir en penalizaciones millonarias. Cada día que pasa más allá del plazo previsto en el contrato, la minuta de los astilleros disminuye unos 15.000 euros de media por unidad.
La duración de la huelga del metal ha desvelado, en cierta manera, la fragilidad de uno de los flancos más importantes del sistema de contratación sobre el que descansa la industria naval. «Una botadura es una efeméride de pago. Si el barco no se bota en la fecha marcada entra en un sistema de penalizaciones que establece cargas diarias», explica Lagares. Según el directivo, la situación se puede agravar todavía más para el astillero si se llega a lo que en el argot del sector se denomina fecha de cancelación. «En ese momento el armador puede reclamar la recuperación de todo el dinero que ha ido pagando al astillero, desde el momento de la firma del contrato [dos o tres años antes] y habrá que devolvérselo», alerta.
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Los astilleros de la provincia de Pontevedra acumulan ya retrasos derivados de las seis semanas de jornadas no consecutivas de huelga que les impiden cumplir los plazos de entrega de los siete buques que, en estos momentos, se encuentran en las gradas de montaje o a flote (es decir, en la fase final de la construcción de la nave), a la espera de que finalice el conflicto laboral, que se inició el pasado mes de mayo. Las penalizaciones por incumplimiento de contrato y el riesgo de cancelación de los acuerdos en vigor son inminentes. Las compañías, además, no cuentan con la cobertura de sus seguros, que no asumen las pérdidas provocadas por sobrepasar las fechas de entrega. Por este motivo y ante la pervivencia de un conflicto de desenlace incierto, los empresarios han comenzado a estudiar la posibilidad de finalizar la construcción de los buques de entrega más urgente fuera de la provincia de Pontevedra. Por el momento son acciones esporádicas, pero ahora ya estudian hacerlo de forma masiva.
Penalizaciones millonarias
«Las empresas tendrán que buscar las mejores soluciones para conseguir acabar los buques y cumplir con los pedidos», afirma José Antonio Lagares, director general del astillero Hijos de J. Barreras, el mayor de la ría de Vigo. Aclara que en ningún caso se trata de una deslocalización de la producción, sino de una solución puntual para un momento de dificultad muy concreto. «Es posible que tengamos que llevar los barcos fuera de la provincia, hasta A Coruña, Asturias o Portugal, aunque en ningún caso es una medida deseada», afirma el director de Barreras. Varias compañías ya lo han hecho de forma puntual en las últimas semanas, pero ahora parece una salida inminente para no incurrir en penalizaciones millonarias. Cada día que pasa más allá del plazo previsto en el contrato, la minuta de los astilleros disminuye unos 15.000 euros de media por unidad.
La duración de la huelga del metal ha desvelado, en cierta manera, la fragilidad de uno de los flancos más importantes del sistema de contratación sobre el que descansa la industria naval. «Una botadura es una efeméride de pago. Si el barco no se bota en la fecha marcada entra en un sistema de penalizaciones que establece cargas diarias», explica Lagares. Según el directivo, la situación se puede agravar todavía más para el astillero si se llega a lo que en el argot del sector se denomina fecha de cancelación. «En ese momento el armador puede reclamar la recuperación de todo el dinero que ha ido pagando al astillero, desde el momento de la firma del contrato [dos o tres años antes] y habrá que devolvérselo», alerta.
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