El jefe de la Unidad de Asuntos Internos del MOPC (UDAI), Abog. Alejandro Nissen, volvió a ratificar que existen deficiencias legales en la matriculación de las embarcaciones de las navieras UABL y Oceanpar y no pueden operar por la hidrovía. En el marco de las investigaciones iniciadas, dijo, están analizando el grado de responsabilidad de funcionarios de la Marina Mercante.
Fuente: ABC
Nissen dijo que existen adelantos en la investigación de las irregularidades en la expedición de matrícula y abanderamiento de 30 barcazas pertenecientes a la empresa Oceanpar.
Explicó que hubo negociaciones y decretos presidenciales firmados por el gobierno anterior que habilitaban a la empresa para sus barcazas e implementos navales, pero aclaró que se presentarían deficiencias legales en la matriculación de las mismas.
El jefe de la UDAI solicitó a Recursos Humanos del MOPC informes acerca de la situación de los presuntos responsables, entre quienes se encuentran funcionarios que desempeñaban altos cargos en las administraciones anteriores.
Se cita a Isabelino Martínez, quien se desempeñaba como director de Asuntos Jurídicos y asesor jurídico de la Unidad Operativa de Contrataciones, cuyo contrato feneció el 30 de agosto del 2008; y Alfredo González Amarilla, director de Asuntos Jurídicos, ex funcionario permanente cuya renuncia fue aceptada por Decreto Nº 12.216 del 20 de mayo de 2008.
También a Manuel Alejandro Royg Benítez, ex director de la Marina Mercante, funcionario permanente cuya renuncia fue aceptada por Decreto Nº 5294 del 20 de mayo de 2005; Emigdio Rufino Wendell Mora, Roque Ricardo Fleitas Avalos, Oscar Benito Cortessi Garayo, ex asesor del Viceministerio de Administración y Finanzas, ex funcionario permanente, cuya renuncia se acepta por Resolución Nº 445 del 6 de abril de 2009; Celso Blas Romero Barreto, ex contratado de la institución desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre del mismo año.
Por su parte, el Lic. Javier Morínigo, director de Auditoría Interna del MOPC, indicó últimamente que se está realizando un relevamiento completo de las barcazas que operan a cargo de diferentes empresas cuya situación documental y estado físico se hallarían en situación irregular.
Desde la falta de títulos de propiedad hasta comprobantes vencidos y la ausencia de presentación de certificados sobre las condiciones de navegabilidad de buques, entre otros inconvenientes, se observan en las matriculaciones irregularmente expedidas por la Marina Mercante.
La fiscalización viene luego de la denuncia boliviana contra las navieras UABL Paraguay y Oceanpar, por la utilización de doble bandera.
En el informe preliminar elaborado por el director de Auditoría del MOPC, con base en datos cotejados sobre las documentaciones de una lista compuesta por alrededor de 2.600 buques y otros artefactos navales, se encontró que ningún legajo examinado cumplía con la totalidad de los requisitos establecidos para la matriculación legal de las naves.
Se pudieron corroborar, por ejemplo, expedientes sin los documentos respaldatorios exigidos, según el Decreto Nº 5399/05, específicamente en los Arts. 10º, 11º, 12º y 13º, y que hacen referencia al límite del tiempo de uso de las embarcaciones (12 años), al arrendamiento de embarcaciones matriculadas en el extranjero, incorporación a la matrícula nacional de buques o artefactos navales bajo el régimen de arrendamiento (leasing) de bienes de capital y al cambio de denominación de las embarcaciones registradas en la matrícula nacional.
El informe de auditoría da cuenta que se encuentran contraviniendo las normativas existentes diferentes tipos de embarcaciones de las empresas Compañía Paraguaya de Navegación de Ultramar SA, Naviera Conosur SA, Vessel Atlántica SA, Bowfluvial SA, Oceanpar SA, Mercopar SACI, Fluvialis Paraguay SA, Unitran SA, UABL Paraguay SA, Lógico Paraguay SA y Navegación Guaraní SA.
Del mismo modo se observó la falta de los dictámenes correspondientes del departamento técnico de la Marina Mercante en los expedientes de las siguientes empresas: Compañía Paraguaya de Navegación de Ultramar SA, Oceanpar SA, CMSP SRL/Mercosur Shuttle, Mercopar SACI, UABL Paraguay SA, Navegación Guaraní SA, Naviera Chaco SA y Copanu SA.
Otros expedientes se encuentran con la ausencia de los dictámenes legales de la asesoría jurídica de la Marina Mercante y otros legajos sin los títulos de propiedad de las embarcaciones, y entre estas últimas se nombran a: Navemar SA, Lógico Paraguay SA, UABL Paraguay SA, Navegación Guaraní SA y Naviera Chaco SA.
El reporte de auditoría también señala que se tramitaron habilitaciones a naves, de diferentes firmas, que no presentaron los certificados de condiciones de navegabilidad, de casco y aparejo.
En la lista aparecen Copanatra SRL, UABL Paraguay SA y Naviera Chaco.
Con falta de certificados de cese de bandera y con inconvenientes legales en listado se citan a CMSP SRL/Mercosur Shuttle, Compañía Paraguaya de Transporte Fluvial SA, Naviera Chaco SA, Navemar SA y UABL Paraguay SA.
Asuntos Internos y Auditoría Interna anunciaron que se abocarán a analizar la legalidad de las documentaciones de 252 embarcaciones de la naviera UABL, que conjuntamente con Oceanpar fueron denunciadas por autoridades bolivianas por el doble abanderamiento de su flota.
Fuente: ABC
Nissen dijo que existen adelantos en la investigación de las irregularidades en la expedición de matrícula y abanderamiento de 30 barcazas pertenecientes a la empresa Oceanpar.
Explicó que hubo negociaciones y decretos presidenciales firmados por el gobierno anterior que habilitaban a la empresa para sus barcazas e implementos navales, pero aclaró que se presentarían deficiencias legales en la matriculación de las mismas.
El jefe de la UDAI solicitó a Recursos Humanos del MOPC informes acerca de la situación de los presuntos responsables, entre quienes se encuentran funcionarios que desempeñaban altos cargos en las administraciones anteriores.
Se cita a Isabelino Martínez, quien se desempeñaba como director de Asuntos Jurídicos y asesor jurídico de la Unidad Operativa de Contrataciones, cuyo contrato feneció el 30 de agosto del 2008; y Alfredo González Amarilla, director de Asuntos Jurídicos, ex funcionario permanente cuya renuncia fue aceptada por Decreto Nº 12.216 del 20 de mayo de 2008.
También a Manuel Alejandro Royg Benítez, ex director de la Marina Mercante, funcionario permanente cuya renuncia fue aceptada por Decreto Nº 5294 del 20 de mayo de 2005; Emigdio Rufino Wendell Mora, Roque Ricardo Fleitas Avalos, Oscar Benito Cortessi Garayo, ex asesor del Viceministerio de Administración y Finanzas, ex funcionario permanente, cuya renuncia se acepta por Resolución Nº 445 del 6 de abril de 2009; Celso Blas Romero Barreto, ex contratado de la institución desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre del mismo año.
Por su parte, el Lic. Javier Morínigo, director de Auditoría Interna del MOPC, indicó últimamente que se está realizando un relevamiento completo de las barcazas que operan a cargo de diferentes empresas cuya situación documental y estado físico se hallarían en situación irregular.
Desde la falta de títulos de propiedad hasta comprobantes vencidos y la ausencia de presentación de certificados sobre las condiciones de navegabilidad de buques, entre otros inconvenientes, se observan en las matriculaciones irregularmente expedidas por la Marina Mercante.
La fiscalización viene luego de la denuncia boliviana contra las navieras UABL Paraguay y Oceanpar, por la utilización de doble bandera.
En el informe preliminar elaborado por el director de Auditoría del MOPC, con base en datos cotejados sobre las documentaciones de una lista compuesta por alrededor de 2.600 buques y otros artefactos navales, se encontró que ningún legajo examinado cumplía con la totalidad de los requisitos establecidos para la matriculación legal de las naves.
Se pudieron corroborar, por ejemplo, expedientes sin los documentos respaldatorios exigidos, según el Decreto Nº 5399/05, específicamente en los Arts. 10º, 11º, 12º y 13º, y que hacen referencia al límite del tiempo de uso de las embarcaciones (12 años), al arrendamiento de embarcaciones matriculadas en el extranjero, incorporación a la matrícula nacional de buques o artefactos navales bajo el régimen de arrendamiento (leasing) de bienes de capital y al cambio de denominación de las embarcaciones registradas en la matrícula nacional.
El informe de auditoría da cuenta que se encuentran contraviniendo las normativas existentes diferentes tipos de embarcaciones de las empresas Compañía Paraguaya de Navegación de Ultramar SA, Naviera Conosur SA, Vessel Atlántica SA, Bowfluvial SA, Oceanpar SA, Mercopar SACI, Fluvialis Paraguay SA, Unitran SA, UABL Paraguay SA, Lógico Paraguay SA y Navegación Guaraní SA.
Del mismo modo se observó la falta de los dictámenes correspondientes del departamento técnico de la Marina Mercante en los expedientes de las siguientes empresas: Compañía Paraguaya de Navegación de Ultramar SA, Oceanpar SA, CMSP SRL/Mercosur Shuttle, Mercopar SACI, UABL Paraguay SA, Navegación Guaraní SA, Naviera Chaco SA y Copanu SA.
Otros expedientes se encuentran con la ausencia de los dictámenes legales de la asesoría jurídica de la Marina Mercante y otros legajos sin los títulos de propiedad de las embarcaciones, y entre estas últimas se nombran a: Navemar SA, Lógico Paraguay SA, UABL Paraguay SA, Navegación Guaraní SA y Naviera Chaco SA.
El reporte de auditoría también señala que se tramitaron habilitaciones a naves, de diferentes firmas, que no presentaron los certificados de condiciones de navegabilidad, de casco y aparejo.
En la lista aparecen Copanatra SRL, UABL Paraguay SA y Naviera Chaco.
Con falta de certificados de cese de bandera y con inconvenientes legales en listado se citan a CMSP SRL/Mercosur Shuttle, Compañía Paraguaya de Transporte Fluvial SA, Naviera Chaco SA, Navemar SA y UABL Paraguay SA.
Asuntos Internos y Auditoría Interna anunciaron que se abocarán a analizar la legalidad de las documentaciones de 252 embarcaciones de la naviera UABL, que conjuntamente con Oceanpar fueron denunciadas por autoridades bolivianas por el doble abanderamiento de su flota.
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