Fuente: Ecos de la Costa
Sarahi Arellano
Notiecos/Colima.- Los procesos de licitación y de adjudicación de obras por parte de la Administración Portuaria Integral (API), divide la opinión de las fracciones en el Congreso del Estado; además, deja al descubierto el desconocimiento que existe por parte de los legisladores sobre los alcances que tienen para fiscalizar los recursos federales que se ejercen en la entidad.
Entrevistados por separado, Luis Gaitán Cabrera, Adolfo Núñez y Enrique Michel Ruiz, líderes de las fracciones parlamentarias del PRI, PRD y PAN, coincidieron en señalar que desconocen si el Congreso del Estado puede intervenir o auditar el proceso de licitación y adjudicación directa que realiza API, esto con el fin de detectar las irregularidades denunciadas por el dirigente estatal de la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC), Juan José Záizar Soto; a pesar de que las obras se construyen con recursos públicos.
De esta manera, el coordinador de la fracción del PAN, Enrique Michel Ruiz señaló que primeramente se debe analizar la normatividad vigente para determinar si es posible auditar a la API ya que aseguró es: “una Sociedad Anónima de Capital Variable (…), efectivamente el gobierno federal tiene la mayoría de acciones, pero es una empresa y no sé si se podrá auditar a través del Congreso o de una comisión conformada por los diputados”.
Interrogado sobre el por qué no se crea una comisión especial para analizar el caso tal como ocurre con la planta de aguas residuales, el panista resaltó: “allá sí se licitaron las obras; aquí no se licitó”.
Cuestionó también el que la CMIC se queje de la falta de apertura de la API y no lo haya hecho con la Ciapacov, organismo que no invitó a empresas colimenses a participar en la construcción de la planta y en referencia a las denuncias de la CMIC mencionó, ¿por qué se quejan?.
Resaltó que la diferencia entre ambos casos es que a pesar de que las dos contrataron a empresas particulares para la realización de las obras y se utilizaron recursos públicos para ellos, la Ciapacov es un órgano desconcentrado de la administración pública estatal, y la API es una empresa anónima de capital variable.
Al insistir sobre si es factible analizar el procedimiento, dijo que: “yo estoy en la mejor disposición de que se analice todo, creo que nadie está peleado con la transparencia, pero repito, habría que ver si nosotros como diputados o como servidores públicos tenemos facultades para analizar auditar alguna empresa que es privada”.
Para Luis Gaitán Cabrera, coordinador de los diputados locales priístas, resulta indispensable que José Luis Iberri Martínez, director de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, explique los criterios que aplica en la asignación de obras que se realizan en el puerto, pues la queja de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la publicación de Ecos de la Costa al respecto dejan al descubierto muchas dudas.
El también presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del Congreso del Estado, lamentó que en los procesos de adjudicación de obras, la API de Manzanillo excluya a los constructores locales afiliados a la CMIC.
Aunque sin mucho optimismo, dijo esperar que el panismo colimense exija la intervención de la Secretaría de la Función Pública y del Órgano Superior de Fiscalización para aclarar las asignaciones de obras que realiza la API, pues de acuerdo a lo publicado por Ecos de la Costa, una sola empresa ejecutó la mitad de las obras realizadas en 2007.
Gaitán Cabrera manifestó que así como el gobernador Silverio Cavazos tuvo la iniciativa de transparentar el proceso de licitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Colima y Villa de Álvarez, cuando propuso la creación de una comisión que analice todo el procedimiento, desde que se invitó a las empresas a presentar sus propuestas hasta que esta obra fue inaugurada, ojalá la gente de Acción Nacional exija claridad en las litaciones que API de Manzanillo realizó durante 2007.
En lo que respecta al perredista Adolfo Núñez, se pronunció porque se dé una mayor transparencia en el manejo de los recursos; “yo me quedo con la idea de que ojalá Iberri y compañía, puedan declararle a la ciudadanía qué se hace o qué se deja de hacer a la hora de dar un contrato, de licitar una obra y por qué muchas de las ocasiones no se dan a empresas locales, pero ojalá que todo se aclare por el bien de los colimenses” señaló.
Dijo desconocer si el poder legislativo tiene la facultad para exigir transparencia en cuanto a las licitaciones en API, pero resaltó que ética profesional, la API debe brindar esta información.
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