Fuente: La Jornada
JALAPA, Veracruz.- Funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) habrían cometido daño patrimonial hasta por seis mil millones de pesos en el último año en diferentes obras carreteras y a la fecha, tanto al Auditoria Superior de la Federación (ASF) como la Secretaría de la Función Pública (SFP) han congelado los expedientes porque los responsables militan en el Partido Acción Nacional.
Así lo aseguró el secretario de la Comisión de Transporte en la Cámara de Diputados, Marcos Salas Contreras, también de militancia panista, quien confió: "creí que en este gobierno el combate a la impunidad era algo fácil y estoy sorprendido porque hay una serie de contubernios con funcionarios de alto nivel que impiden la transparencia y rendición de cuentas".
En el caso específico de Veracruz, dijo que se detectaron graves irregularidades en las obras de reparación y mantenimiento de cinco tramos carreteros además del proyecto para la ampliación del recinto portuario.
Tan solo en las labores para extender la capacidad del puerto de Veracruz, acotó, habría un supuesto daño patrimonial por casi 400 millones de pesos cometido por funcionarios de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER).
El diputado federal por el distrito de Jalapa, recordó que el 7 de noviembre del año pasado, siete integrantes de la Comisión de Transporte en la Cámara de Diputados junto con diez alcaldes veracruzanos realizaron un recorrido de inspección en diversas carreteras del estado, a cargo de la federación.
Refirió que en esa ocasión, la SCT se negó a enviar personal para responder a las dudas de los legisladores y ediles, pero con apoyo de un grupo de técnicos independientes, se certificaron las anomalías en las obras de mantenimiento, reencarpetamiento y ampliación de diferentes tramos viales.
Donde se localizaron mas irregularidades son en las carreteras Xalapa-Cardel, Cardel- Nuatla, Tlapacoyan-Atzalan y Ozuluama- Tampico Alto.
De la misma forma, se inspeccionó el libramiento vial Kilómetro 13.5 que une al recinto portuario de Veracruz con las carreteras a Jalapa, Córdoba y al aeropuerto Heriberto Jara Corona, donde la obra que costó aproximadamente 250 millones de pesos no cumple con las especificaciones ni es suficiente para el desahogo del tráfico pesado.
Salas Contreras apuntó que el caso más grave corresponde al proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, impulsado por APIVER donde se entregaron 800 millones de pesos a la compañía constructora Río Medio S. A., propiedad de Ricardo Exhome, la cual no ha ejecutado la obra asignada.
"Se supone que a esta empresa se le encargo la construcción de un millón de metros cuadrados, pero nunca los ejecutó y si calculamos que cada metro cuadrado tiene un costo de 40 pesos, entonces el daño patrimonial asciende a 400 millones de pesos".
El legislador aseguró que se integró un expediente técnico que fue entregado a la ASF y a la SFP, en el cual se acreditan con pruebas técnicas las irregularidades para iniciar una investigación judicial contra el delegado de la SCT, Agustín Basilio de la Vega y el director de la APIVER, Jorge González Olivieri.
"Sin embargo, al menos en el caso del señor Basilio de la Vega, este ha apelado a su militancia panista y a la amistad de altos funcionarios para detener toda investigación, es increíble que se le proteja cuando hay evidencia del daño patrimonial", expresó.
Precisó que hay tres denuncias interpuestas, una ante la Dirección General de Responsabilidades de Servidores Públicos y de Auditorias de la SFP, además de la interpuesta en la Auditoria Superior de la Federación, pero ninguna ha prosperado extrañamente.
"Lo único que se ha hecho es mandar auditorias a modo, para ganar tiempo y dejar que las denuncias se pierdan en el papeleo y se vaya a los archivos", acusó Salas Contreras.
Dijo que también el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, tiene conocimiento de tales situaciones pues desde el pasado mes de noviembre se le hizo llegar un expediente integrado por la comisión legislativa.
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