Fuente: Diario de Avisos
Manuel Iglesias
La Capitanía Marítima ha negado la autorización al barco Weatherbird II, que pretende verter hierro al mar en un experimento, para que atracara en el Puerto de La Luz y Las Palmas, en Gran Canaria, como tenía previsto, y el buque no llegó a entrar en el puerto.
El objetivo con que se mueve este barco es un poco confuso. En teoría, estamos ante una acción de carácter científico en la que se pretende arrojar cien toneladas de hierro al mar para comprobar si genera un aumento del fitoplancton que absorba CO2 y contribuya a mitigar los efectos del cambio climático. Aparentemente, el intento se sitúa, además, en un marco que se supone de cierto contenido natural, ya que se trata de devolver un mineral, el hierro, que es extraido de la tierra, y no de derivados químicos artificiales como el plástico, por lo cual no se considera en sí un proceso contaminante.
Pero, según algunas organizaciones ecologistas como Greenpeace, hay riesgos inherentes a este proceso, con relación a la escasa investigación sobre qué efectos podría tener no el mineral en sí, sino las consecuencias de la generación del fitoplancton y sus características del mismo, además de considerar que con esa operación de la empresa (Planktos, que tampoco son un don nadie, ya que se trata de la principal compañía de ecorrestauración del mundo) pretende negociar en el mercado global de créditos de carbono, algo que, por otra parte, está contemplado en el Protocolo de Kyoto.
Habrá que esperar a que se pueda contar con más datos para poder tener una opinión en el aspecto científico con más fundamento que las escasas impresiones que se transmiten, pero de momento está también el hecho de que el Gobierno de Canarias se opone asimismo a que se realice el experimento en estas aguas y ha pedido al Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España que lo impida.
Esa es la otra cara del asunto, la negativa de Capitanía Marítima, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante, para que arribe al muelle de Las Palmas, impide que entre en aguas portuarias, pero no resta la posibilidad de que esté fondeado en alta mar o en las aguas internacionales que se encuentran entre Gran Canaria y Tenerife.
Y eso viene a demostrar (no ya en este barco que no se sabe si conseguirá probar que su objetivo es de buen fin, como es el de restaurar los habitats dañados en el mar y regenerar plancton, tal como dicen), sino con carácter general, una vez más, la indefensión en que se encuentran las Islas por la falta de un marco legal que ampare el control de las aguas cercanas al Archipiélago y especialmente las interiores, que a pesar de todos los esfuerzos y peticiones desde Canarias, permanecen abiertas a toda clase de buques, sean o no peligrosos o poco recomendables para que circulen por las inmediaciones.
Hoy es el buque sembrador de hierro con un proyecto que se discute y antes fueron barcos con residuos nucleares o petroleros en tan malas condiciones como el famoso Prestige, pero parece que el control de nuestras aguas -¿nuestras?- y en especial las interiores, debería ser ya un asunto prioritario para el Gobierno de España y donde falta una mayor capacidad de proyección jurídica para darle un marco adecuado.
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