Fuente: Rumbo de México
Vladimir Galeana
El jueves pasado nos enteramos que el Secretario de la Función Pública , Salvador Vega Casillas, exonero de todo tipo de responsabilidad a Luis Ramírez Corso por el presunto quebranto de mil 724 millones de pesos durante su gestión al frente de Pemex. Y para dejar las cosas en claro de una vez por todas, también dijo que en el caso del ex presidente Vicente Fox Quesada no se tiene ningún nervio para hacer la investigación y en cambio sí se tiene la voluntad por parte del Gobierno Federal para aportar toda la información que sea necesaria ara las investigaciones, no solamente la que está en manos de la dependencia que encabeza, sino coadyuvar en la que soliciten los diputados de la comisión especial a cualquier otro ámbito gubernamental. La pregunta que me surge es: ¿y porqué tanta tardanza para decirlo y hacerlo
, porque yo estoy enterado de que los expedientes son bastante voluminosos tanto en la Función Pública como en la Procuraduría General de la República y no se los han proporcionado a las tres comisiones que se han conformado al efecto.
Ayer salió a la luz pública otro de los involucrados y sobre quien recae presuntamente la responsabilidad de este mal manejo de recursos en complicidad con el sindicato, Raúl Muñoz Leos, quien señaló en referencia a las palabras de Vega Casillas que: “si a esa conclusión ha llegado la Función Pública , quiere decir que no hay responsabilidad de ninguna parte, porque si quien ejecutó y generó la autorización de dichos pagos no tiene responsabilidad, menos la tiene quien no la hizo”. Para completar el cuadro su abogado, José Elías Romero Apis, declaró que Muños Leos está tranquilo y dispuesto a declarar personalmente ante la PGR. Pareciera que este asunto se encamina hacia otro espacio de impunidad, porque de resultar cierta la afirmación de Muñoz Leos en el sentido de que Ramírez Corso fue quien ejecutó y generó la entrega de los recursos, y éste ya fue exonerado por la Función Pública , no habrá consecuencias jurídicas para culparlo.
Pémex ha sido un coto de impunidad para los altos funcionarios que aprovechando su condición de servidores públicos se han servido con la cuchara grande a la hora de autorizar recursos y contratos a diestra y siniestra. La paraestatal más importante del país ha sido tradicionalmente el lugar donde más comaladas de ricos ha generado el sistema político mexicano, pero en el caso que nos ocupa, me parece una estupidez que después de lo ocurrido con el Pemexgate todavía alguien se atreva a realizar el mismo acto por el cual fue multado el Partido Revolucionario Institucional con mil millones de pesos.
El caso del tráfico de influencias que realizaron los Hermanos Bribiesca Sahagún, que entre otras cosas les permitió la compra de un Jet para su uso personal y un nivel de vida que envidiaría cualquier empresario exitoso, es indicativo de que ha llegado la hora en que los señores diputados y senadores se coloquen la camiseta del pueblo mexicano y estructuren leyes más severas en torno a la discrecionalidad con que se conducen los directivos de Pémex. Esos más de seis mil millones de pesos en contratos que obtuvo la empresa Oceanografía no salieron de una sana competencia, es imposible que una empresa cuente con “tanta suerte” y a la vez con tanta capacidad para cumplirlos.
En cuanto a Transportación Marítima Mexicana, cualquiera que tenga dos dedos de inteligencia puede deducir que con tan sólo seis barcos no se pueden realizar hasta dieciocho viajes a la vez. Creo que el senador Juan Bueno Torio tiene muchas explicaciones que dar aunque diga que es el más impoluto de los funcionarios del foxismo. No se si haya estado enterado que su cuñado y su padre tuvieron contratos con la paraestatal cuando él estaba en funciones como Director de Pémex refinación.
Pro no todo para ahí, en la actualidad vemos como la discrecionalidad de los funcionarios sigue viento en popa en demérito de un recurso no renovable que es propiedad de los más de ciento cinco millones de habitantes que tiene el país, y a los que nadie les da cuenta. Tampoco se que hace la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, porque su principal función es vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos, y que yo sepa el pago de cualquier contrato se realiza con recursos públicos, aunque sean generados por la misma dependencia.
Un ejemplo de esta discrecionalidad a la que me he referido es el hecho de que el representante de la paraestatal en Madrid, España, un sujeto de nombre Raúl Cardoso, recibe como salario la nada despreciable cantidad de 30 mil dólares cada mes, más ayuda de renta, vehiculo y gastos de representación. Lo anterior quiere decir que si sumamos las percepciones salariales, los aguinaldos y los gastos de representación, estaríamos hablando de al menos medio millón de dólares. Seis millones de pesos por año no los gana ni el Presidente de la República , por lo que deduzco que al señor Raúl Cardoso no le interesaría contender como candidato del Partido Acción Nacional en la próxima elección presidencial. Muchos se preguntarán: ¿y a título de qué fue nombrado el señor Cardoso representante de Pémex en Madrid, España
. Pues resulta que es ni nada más ni nada menos que primo hermano de la esposa del actual Director General de Pémex, Josefina Cardoso. Si esa es la forma en que Jesús Reyes Heroles quiere, busca, pretende, o intenta solucionar los problemas de la paraestatal, pues es mejor que deje el cargo, o más bien que ya lo quite el señor Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Al tiempo.
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