Fuente: La Voz de Galicia
El cuarto paquete legislativo sobre seguridad marítima plantea un interesante debate sobre la responsabilidad civil en los accidentes. Los armadores tienen limitada la cantidad que deben pagar por un vertido, en función del tonelaje del barco, un modelo que está amparado por la Organización Marítima Internacional y que la mayoría de los países miembros han suscrito en varios convenios internacionales.
Esta cantidad apenas sirve para compensar los grandes daños que producen los derrames por hidrocarburos y la Eurocámara propone que el límite de responsabilidad se pueda romper en caso de dolo o negligencia. Sin embargo, la industria marítima critica con dureza la inseguridad jurídica que puede provocar este modelo si finalmente sale adelante. En el caso del Prestige, por ejemplo, el seguro del armador apenas cubrió 25 millones de euros, cuando el coste total de la catástrofe ascendió a más de 800.
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