Fuente: El Mundo
Varios centenares de miles de folios –exactamente 266.650- se acumulan en las dependencias del pequeño Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Corcubión (A Coruña). El ordenador que alberga todo ese ingente material resulta tan exasperante para los letrados como la instrucción de un proceso que arrancó el 13 de noviembre de 2002, una fecha grabada en la memoria colectiva de los gallegos cuando el petrolero Prestige, con 77.000 toneladas de fuel a bordo, sufrió un boquete en el casco. Seis días después de rumbo errático y galerna, el barco se partió en dos a 120 millas de la costa coruñesa. Entonces, el PP estaba al frente de la Administración estatal y autonómica.
La misma incertidumbre que reinó aquellos días en los que el buque navegó sin rumbo definido –se debatía si debía resguardase en las rías o avanzar mar adentro-, vuelve a presidir ahora un proceso pendiente de juicio del que no se conoce todavía el dónde o el cuándo. Desde las instancias judiciales se advierte de que podría iniciarse a finales de año pero semejante expediente (el más importante de Galicia) que desbordó desde un principio los recursos humanos y materiales disponibles volverá a escapar a las previsiones.
Pues bien, aquel 13 de noviembre, el Ministerio Fiscal se decidió a actuar contra el capitán del buque, Apostolos Mangouras, ante la posible desobediencia a las autoridades españolas además de por un posible delito de contaminación. De hecho, se depositó una fianza de tres millones de euros para que saliera de prisión.
Ocho años después, el griego se sentará en el banquillo a sus 73 años de edad y tendrá que hacer frente a la Fiscalía, que ha solicitado 12 años de prisión además de una indemnización de 1.974,54 millones de euros, de forma solidaria con las aseguradoras de los barcos. Una cantidad estimada "a la baja" y de carácter provisional, según el Ministerio Fiscal, que no dará a conocer la cuantía definitiva hasta la primera sesión del juicio oral.
Los delitos y los acusados
El 30 de julio de 2010, el Juzgado de Corcubión –que ha visto desfilar a cinco magistrados desde que se iniciara el proceso- decretó la apertura del juicio oral. La magistrada impuso una fianza de 1.200 millones de euros a cada uno de los acusados y por extensión a los responsables civiles, excepto al Estado. Mantiene en el auto las acusaciones por delitos contra los recursos naturales y el Medio Ambiente, daños y desobediencia-resistencia contra los tres tripulantes mientras, en el caso del director de Marina Mercante, se ciñe a delitos contra el Medio Ambiente y daños.
Además, como responsables civiles directos se apunta a las aseguradoras The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac); y como responsables civiles subsidiarios al Estado Español y las entidades Mare Shipping Inc, Universe Maritime LTD. Esto deriva en una de las contradicciones del proceso y es que el Estado español actúa como acusación y a la vez es acusado, como responsable civil subsidiario. Una doble naturaleza que está por ver cómo se resolverá.
El último trámite antes de trasladar el caso a la Audiencia de A Coruña ha sido el cierre del plazo para la presentación de los escritos de la defensa, que han cumplimentado tanto Mangouras como López Sors, además de Mare Shipping Inc. y la Abogacía del Estado (como responsable civil). Nada se sabe de los otros dos acusados (el jefe de máquinas y el primer oficial), que permanecen en busca y captura. Las cofradías solicitan nueve años de prisión para el capitán pero sólo la plataforma Nunca Máis pide prisión (cinco años) para el director de Marina Mercante.
La polémica
Por el camino queda el varapalo al Estado español después que un tribunal federal de EEUU rechazase la demanda interpuesta contra ABS, con sede en Houston. España reclamaba una indemnización de 755 millones de euros a la calificadora por declarar apto para navegar al petrolero pese a la corrosión de la nave y su deficitario mantenimiento. También solicitaban 26 millones más por los gastos del proceso. Dato curioso de la aventura americana es que el despacho de primera línea que contrató la Abogacía del Estado para defender los intereses españoles en EEUU, Uria&Menéndez, tenía entre sus socios a un primo de Rodrigo Rato, Luis Figaredo.
Otra de las decisiones polémicas que jalonan este largo camino judicial fue la decisión de Carmen Veiras de exculpar a López Sors, único representante del Estado –la Audiencia revocaría después esa resolución-.
El diputado nacionalista Bieito Lobeira llegó a tachar de "escandaloso" el auto y dejó caer la vinculación de la jueza Carmen Veiras con el PP, casada con un concejal 'popular' en A Coruña. De nada sirvieron los recursos presentados y las dudas sobre la parcialidad del informe pericial firmado por Santiago Martín Criado en el que se apoya la magistrada. Y es que el ingeniero, que desvincula la decisión de Fomento de alejar el barco de la costa con su posterior hundimiento, fue asesor de aquel comité de crisis en 2002. Su visión difiere de la de otros peritos de la causa.
Aunque para peritos, colores. El experto propuesto por Mangouras y Mare Shipping cifró en 4.000 toneladas el fuel vertido en el momento inicial, antes de que el buque se pasera frente a la costa. Los datos oficiales hablan de 23.000.
Después de ocho años de diligencias previas, entre las cofradías damnificadas la sensación es que los principales responsables "van a quedar impunes". De momento, la calificadora ABS ya lo ha conseguido.
Varios centenares de miles de folios –exactamente 266.650- se acumulan en las dependencias del pequeño Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Corcubión (A Coruña). El ordenador que alberga todo ese ingente material resulta tan exasperante para los letrados como la instrucción de un proceso que arrancó el 13 de noviembre de 2002, una fecha grabada en la memoria colectiva de los gallegos cuando el petrolero Prestige, con 77.000 toneladas de fuel a bordo, sufrió un boquete en el casco. Seis días después de rumbo errático y galerna, el barco se partió en dos a 120 millas de la costa coruñesa. Entonces, el PP estaba al frente de la Administración estatal y autonómica.
La misma incertidumbre que reinó aquellos días en los que el buque navegó sin rumbo definido –se debatía si debía resguardase en las rías o avanzar mar adentro-, vuelve a presidir ahora un proceso pendiente de juicio del que no se conoce todavía el dónde o el cuándo. Desde las instancias judiciales se advierte de que podría iniciarse a finales de año pero semejante expediente (el más importante de Galicia) que desbordó desde un principio los recursos humanos y materiales disponibles volverá a escapar a las previsiones.
Pues bien, aquel 13 de noviembre, el Ministerio Fiscal se decidió a actuar contra el capitán del buque, Apostolos Mangouras, ante la posible desobediencia a las autoridades españolas además de por un posible delito de contaminación. De hecho, se depositó una fianza de tres millones de euros para que saliera de prisión.
Ocho años después, el griego se sentará en el banquillo a sus 73 años de edad y tendrá que hacer frente a la Fiscalía, que ha solicitado 12 años de prisión además de una indemnización de 1.974,54 millones de euros, de forma solidaria con las aseguradoras de los barcos. Una cantidad estimada "a la baja" y de carácter provisional, según el Ministerio Fiscal, que no dará a conocer la cuantía definitiva hasta la primera sesión del juicio oral.
Los delitos y los acusados
El 30 de julio de 2010, el Juzgado de Corcubión –que ha visto desfilar a cinco magistrados desde que se iniciara el proceso- decretó la apertura del juicio oral. La magistrada impuso una fianza de 1.200 millones de euros a cada uno de los acusados y por extensión a los responsables civiles, excepto al Estado. Mantiene en el auto las acusaciones por delitos contra los recursos naturales y el Medio Ambiente, daños y desobediencia-resistencia contra los tres tripulantes mientras, en el caso del director de Marina Mercante, se ciñe a delitos contra el Medio Ambiente y daños.
Además, como responsables civiles directos se apunta a las aseguradoras The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac); y como responsables civiles subsidiarios al Estado Español y las entidades Mare Shipping Inc, Universe Maritime LTD. Esto deriva en una de las contradicciones del proceso y es que el Estado español actúa como acusación y a la vez es acusado, como responsable civil subsidiario. Una doble naturaleza que está por ver cómo se resolverá.
El último trámite antes de trasladar el caso a la Audiencia de A Coruña ha sido el cierre del plazo para la presentación de los escritos de la defensa, que han cumplimentado tanto Mangouras como López Sors, además de Mare Shipping Inc. y la Abogacía del Estado (como responsable civil). Nada se sabe de los otros dos acusados (el jefe de máquinas y el primer oficial), que permanecen en busca y captura. Las cofradías solicitan nueve años de prisión para el capitán pero sólo la plataforma Nunca Máis pide prisión (cinco años) para el director de Marina Mercante.
La polémica
Por el camino queda el varapalo al Estado español después que un tribunal federal de EEUU rechazase la demanda interpuesta contra ABS, con sede en Houston. España reclamaba una indemnización de 755 millones de euros a la calificadora por declarar apto para navegar al petrolero pese a la corrosión de la nave y su deficitario mantenimiento. También solicitaban 26 millones más por los gastos del proceso. Dato curioso de la aventura americana es que el despacho de primera línea que contrató la Abogacía del Estado para defender los intereses españoles en EEUU, Uria&Menéndez, tenía entre sus socios a un primo de Rodrigo Rato, Luis Figaredo.
Otra de las decisiones polémicas que jalonan este largo camino judicial fue la decisión de Carmen Veiras de exculpar a López Sors, único representante del Estado –la Audiencia revocaría después esa resolución-.
El diputado nacionalista Bieito Lobeira llegó a tachar de "escandaloso" el auto y dejó caer la vinculación de la jueza Carmen Veiras con el PP, casada con un concejal 'popular' en A Coruña. De nada sirvieron los recursos presentados y las dudas sobre la parcialidad del informe pericial firmado por Santiago Martín Criado en el que se apoya la magistrada. Y es que el ingeniero, que desvincula la decisión de Fomento de alejar el barco de la costa con su posterior hundimiento, fue asesor de aquel comité de crisis en 2002. Su visión difiere de la de otros peritos de la causa.
Aunque para peritos, colores. El experto propuesto por Mangouras y Mare Shipping cifró en 4.000 toneladas el fuel vertido en el momento inicial, antes de que el buque se pasera frente a la costa. Los datos oficiales hablan de 23.000.
Después de ocho años de diligencias previas, entre las cofradías damnificadas la sensación es que los principales responsables "van a quedar impunes". De momento, la calificadora ABS ya lo ha conseguido.
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