Fuente: 20 minutos
Las Cámaras de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Mallorca y Gran Canaria han unido sus fuerzas para intentar frenar una reforma de la Ley de Puertos que, si mantiene la línea de suprimir el actual régimen de bonificaciones a las tasas portuarias vigente para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, "tendrá consecuencias muy serias para el futuro de ambos archipiélagos y supondría un grave perjuicio para el conjunto de la actividad económica, las empresas y los ciudadanos de los territorios insulares y ciudades autónomas".
Según se informa en una nota de prensa, los presidentes de las respectivas Cámaras de Comercio, Ignacio González Martín, Juan Gual Torrella y Ángel Luis Tadeo, se están dirigiendo con un escrito a todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados para que tengan en cuenta los sobrecostes objetivos de la insularidad y la lejanía a la hora de votar el texto definitivo, un trámite que está previsto que se complete antes de este verano.
El texto que han remitido las Cámaras recoge propuestas concretas y alternativas al documento que se encuentra ahora en el Congreso. En este sentido, pone especial atención a lo que dice el proyecto de reforma sobre la Tasa T2 al Pasajero y al Vehículo en Régimen de Pasaje para los tráficos regulares entre las islas y la Península, que si finalmente se aprueba, aumentaría en un 50 por ciento el coste del transporte entre los archipiélagos y el territorio peninsular, "con las serias repercusiones negativas que esto tendría para el tejido empresarial y las economías domésticas de las islas".
Según explicó el presidente de la Cámara de Santa Cruz de Tenerife, en estos momentos la tasa para Pasajeros y Vehículos en Régimen de Pasaje se beneficia de una bonificación del 60 por ciento en los trayectos entre la Península-archipiélagos-Ceuta y Melilla. Ahora, el texto de reforma de la Ley mantiene esta rebaja en los puertos de las islas, pero reduce la bonificación al 20 por ciento cuando se llega a un destino portuario peninsular, por lo que el coste total del viaje se incrementa en un 50 por ciento.
Tal y como indicó Ignacio González, "siguiendo este principio y sobre una tasa teórica de 100 euros, si ahora en una línea península-islas se paga 40 en el puerto peninsular y 40 en la isla, con la nueva Ley sería 80 euros en península y 40 en la isla, por lo que el coste final de un viaje pasa de 80 a 120 euros, algo completamente inaceptable para un territorio como Canarias que tiene como únicas salidas al exterior las vías marítima y aérea".
Sobre este punto, las Cámaras consideran "especialmente sangrante" la aparición de una nueva categoría en la Ley que duplica la tasa portuaria de transporte para los vehículos de más de 4 metros, cuando en la práctica se trata de un tipo de vehículo que representa el 95 por ciento del total. Así, esta medida supondría que un vehículo en régimen de pasaje vería incrementada su comercialización en un trayecto de ida y vuelta a la Península en 84,32 euros, lo que representa un aumento sobre los precios medios actuales de venta del 28 por ciento.
Ante esta situación, las Cámaras advierten de que, dado que la inmensa mayoría de pasajeros viajan con sus vehículos, esta medida dejaría fuera del mercado la posibilidad de hacerlo, y por tanto, el fluido de pasajeros entre las Islas y la Península se recortaría drásticamente. Por eso, solicitan que la Ley no tome como referencia el rango de los 4 metros, sino que aplique la tasa más gravosa a los vehículos a partir de 5 metros de largo.
Criterio schengen como tabla de salvación
El presidente de la Cámara de Mallorca, Juan Gual Torrella, explicó que las dificultades de acceso e integración en el mercado interior español y comunitario "justifican sobradamente la existencia de un sistema específico de exenciones y bonificaciones para garantizar y salvaguardar el cumplimiento del principio básico de igualdad de condiciones competitivas en un mercado interior realmente integrado y del principio de Cohesión Territorial que persigue la Unión Europea".
Además, los presidentes de las Cámaras recordaron que corresponde al Estado "salvaguardar mediante su ordenamiento jurídico ambos principios, garantizando la defensa competitiva de las empresas y el acceso y movilidad de los ciudadanos de los territorios no continentales".
Por eso, las Cámaras de Santa Cruz de Tenerife, Mallorca y Gran Canaria solicitaron fórmulas que se adapten a los principios de igualdad y reconocimiento del handicap permanente que sufren las islas, y una de ellas podría ser la de aplicar a Canarias y Baleares la bonificación del 60 por ciento por destino Schengen (Espacio Económico Europeo) a la que se acogen los puertos peninsulares para su tráfico con otros puertos dentro de la Unión Europea.
Según explicaron los presidentes de las tres Cámaras de Comercio, esta solución ya existe en el tráfico aéreo, de forma que se fija la tasa al pasaje en 4,45 euros, en caso de embarque con destino a un aeropuerto del Espacio Económico Europeo, y en 7,05 euros, si el destino está fuera de él. Es decir, la tasa del espacio Schengen es un 64 por ciento más baja que la del exterior.
Fondo de compensación
Pero las Cámaras también pidieron que las ventajas que suponen las bonificaciones a las tasas portuarias al tráfico económico no signifiquen una merma de la capacidad de maniobra para las Autoridades Portuarias, ya que hasta ahora son las que han estado asumiendo la pérdida de ingresos al cobrar unas tasas más bajas.
Según el presidente de la Cámara de Gran Canaria, Ángel Luis Tadeo, "las Autoridades Portuarias deben recuperar capacidad de financiación para poder llevar a cabo obras de mejora y servicios en cada uno de los puertos insulares que les permita ser competitivos y responder a los retos del tráfico marítimo actual y futuro".
De esta manera, las tres Cámaras plantean la búsqueda de vías alternativas de financiación a través de los Presupuestos Generales del Estado, de los fondos de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) u otros mecanismos que equilibren el sistema de bonificaciones para que las Autoridades Portuarias sigan teniendo capacidad de obrar en cada uno de sus puertos.
Las Cámaras de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Mallorca y Gran Canaria han unido sus fuerzas para intentar frenar una reforma de la Ley de Puertos que, si mantiene la línea de suprimir el actual régimen de bonificaciones a las tasas portuarias vigente para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, "tendrá consecuencias muy serias para el futuro de ambos archipiélagos y supondría un grave perjuicio para el conjunto de la actividad económica, las empresas y los ciudadanos de los territorios insulares y ciudades autónomas".
Según se informa en una nota de prensa, los presidentes de las respectivas Cámaras de Comercio, Ignacio González Martín, Juan Gual Torrella y Ángel Luis Tadeo, se están dirigiendo con un escrito a todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados para que tengan en cuenta los sobrecostes objetivos de la insularidad y la lejanía a la hora de votar el texto definitivo, un trámite que está previsto que se complete antes de este verano.
El texto que han remitido las Cámaras recoge propuestas concretas y alternativas al documento que se encuentra ahora en el Congreso. En este sentido, pone especial atención a lo que dice el proyecto de reforma sobre la Tasa T2 al Pasajero y al Vehículo en Régimen de Pasaje para los tráficos regulares entre las islas y la Península, que si finalmente se aprueba, aumentaría en un 50 por ciento el coste del transporte entre los archipiélagos y el territorio peninsular, "con las serias repercusiones negativas que esto tendría para el tejido empresarial y las economías domésticas de las islas".
Según explicó el presidente de la Cámara de Santa Cruz de Tenerife, en estos momentos la tasa para Pasajeros y Vehículos en Régimen de Pasaje se beneficia de una bonificación del 60 por ciento en los trayectos entre la Península-archipiélagos-Ceuta y Melilla. Ahora, el texto de reforma de la Ley mantiene esta rebaja en los puertos de las islas, pero reduce la bonificación al 20 por ciento cuando se llega a un destino portuario peninsular, por lo que el coste total del viaje se incrementa en un 50 por ciento.
Tal y como indicó Ignacio González, "siguiendo este principio y sobre una tasa teórica de 100 euros, si ahora en una línea península-islas se paga 40 en el puerto peninsular y 40 en la isla, con la nueva Ley sería 80 euros en península y 40 en la isla, por lo que el coste final de un viaje pasa de 80 a 120 euros, algo completamente inaceptable para un territorio como Canarias que tiene como únicas salidas al exterior las vías marítima y aérea".
Sobre este punto, las Cámaras consideran "especialmente sangrante" la aparición de una nueva categoría en la Ley que duplica la tasa portuaria de transporte para los vehículos de más de 4 metros, cuando en la práctica se trata de un tipo de vehículo que representa el 95 por ciento del total. Así, esta medida supondría que un vehículo en régimen de pasaje vería incrementada su comercialización en un trayecto de ida y vuelta a la Península en 84,32 euros, lo que representa un aumento sobre los precios medios actuales de venta del 28 por ciento.
Ante esta situación, las Cámaras advierten de que, dado que la inmensa mayoría de pasajeros viajan con sus vehículos, esta medida dejaría fuera del mercado la posibilidad de hacerlo, y por tanto, el fluido de pasajeros entre las Islas y la Península se recortaría drásticamente. Por eso, solicitan que la Ley no tome como referencia el rango de los 4 metros, sino que aplique la tasa más gravosa a los vehículos a partir de 5 metros de largo.
Criterio schengen como tabla de salvación
El presidente de la Cámara de Mallorca, Juan Gual Torrella, explicó que las dificultades de acceso e integración en el mercado interior español y comunitario "justifican sobradamente la existencia de un sistema específico de exenciones y bonificaciones para garantizar y salvaguardar el cumplimiento del principio básico de igualdad de condiciones competitivas en un mercado interior realmente integrado y del principio de Cohesión Territorial que persigue la Unión Europea".
Además, los presidentes de las Cámaras recordaron que corresponde al Estado "salvaguardar mediante su ordenamiento jurídico ambos principios, garantizando la defensa competitiva de las empresas y el acceso y movilidad de los ciudadanos de los territorios no continentales".
Por eso, las Cámaras de Santa Cruz de Tenerife, Mallorca y Gran Canaria solicitaron fórmulas que se adapten a los principios de igualdad y reconocimiento del handicap permanente que sufren las islas, y una de ellas podría ser la de aplicar a Canarias y Baleares la bonificación del 60 por ciento por destino Schengen (Espacio Económico Europeo) a la que se acogen los puertos peninsulares para su tráfico con otros puertos dentro de la Unión Europea.
Según explicaron los presidentes de las tres Cámaras de Comercio, esta solución ya existe en el tráfico aéreo, de forma que se fija la tasa al pasaje en 4,45 euros, en caso de embarque con destino a un aeropuerto del Espacio Económico Europeo, y en 7,05 euros, si el destino está fuera de él. Es decir, la tasa del espacio Schengen es un 64 por ciento más baja que la del exterior.
Fondo de compensación
Pero las Cámaras también pidieron que las ventajas que suponen las bonificaciones a las tasas portuarias al tráfico económico no signifiquen una merma de la capacidad de maniobra para las Autoridades Portuarias, ya que hasta ahora son las que han estado asumiendo la pérdida de ingresos al cobrar unas tasas más bajas.
Según el presidente de la Cámara de Gran Canaria, Ángel Luis Tadeo, "las Autoridades Portuarias deben recuperar capacidad de financiación para poder llevar a cabo obras de mejora y servicios en cada uno de los puertos insulares que les permita ser competitivos y responder a los retos del tráfico marítimo actual y futuro".
De esta manera, las tres Cámaras plantean la búsqueda de vías alternativas de financiación a través de los Presupuestos Generales del Estado, de los fondos de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) u otros mecanismos que equilibren el sistema de bonificaciones para que las Autoridades Portuarias sigan teniendo capacidad de obrar en cada uno de sus puertos.
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