Fuente: Tabasco Hoy
El gobierno federal publicó ayer en el Diario Oficial dos decretos en los que se refrenda la causa de utilidad pública de las expropiaciones de ejidos en cuyos terrenos se construyó el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas, contra las cuales litigó el despacho de los panistas Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia.
La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) explicó que los nuevos decretos se publicaron en cumplimiento de una sentencia de un tribunal colegiado relativa a juicios de amparo promovidos por los ejidos Francisco Medrano y Ricardo Flores Magón contra la expropiación de 400 y 239.9 hectáreas, respectivamente, ocurridas a inicios de los 80.
En los decretos, sostuvo, se justifican las razones por las que resulta de utilidad pública la expropiación de los terrenos de los ejidos.
"Los nuevos decretos exponen las razones económicas, sociales, de generación de empleo, de infraestructura, de comunicaciones, de acceso a servicios de energía eléctrica, petróleo, gas y yacimientos minerales, así como las condiciones naturales de los terrenos para el establecimiento del Puerto de Altamira", señaló en un comunicado.
En 1982, el ejido Ricardo Flores Magón recibió 7 millones 217 mil pesos por concepto de indemnización y el ejido Francisco Medrano 12 millones 357 mil pesos.
No obstante, explican los decretos, promovieron juicios de garantía ante el Juzgado Décimo de Distrito, con residencia en Tampico, impugnando los decretos expropiatorios. El juzgado declaró el sobreseimiento de los juicios.
Los ejidos interpusieron entonces recursos de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, cuya resolución del 5 de noviembre de 2008 determinó revocar la sentencia del juzgado y conceder el amparo a los ejidos quejosos.
El tribunal consideró que la autoridad "omitió exponer las razones que justificaran la instalación del mencionado puerto industrial y la creación de los servicios básicos para su funcionamiento".
De acuerdo con la SRA, la omisión quedó subsanada con los decretos publicados ayer.
Asesorados por el despacho de Fernández de Cevallos y Lozano Gracia, los ejidatarios expropiados demandaban la restitución de los predios o el pago de mil 500 millones de pesos, adicionales a la indemnización ya recibida, para compensar el error en los decretos que les quitaron sus tierras.
El gobierno federal publicó ayer en el Diario Oficial dos decretos en los que se refrenda la causa de utilidad pública de las expropiaciones de ejidos en cuyos terrenos se construyó el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas, contra las cuales litigó el despacho de los panistas Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia.
La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) explicó que los nuevos decretos se publicaron en cumplimiento de una sentencia de un tribunal colegiado relativa a juicios de amparo promovidos por los ejidos Francisco Medrano y Ricardo Flores Magón contra la expropiación de 400 y 239.9 hectáreas, respectivamente, ocurridas a inicios de los 80.
En los decretos, sostuvo, se justifican las razones por las que resulta de utilidad pública la expropiación de los terrenos de los ejidos.
"Los nuevos decretos exponen las razones económicas, sociales, de generación de empleo, de infraestructura, de comunicaciones, de acceso a servicios de energía eléctrica, petróleo, gas y yacimientos minerales, así como las condiciones naturales de los terrenos para el establecimiento del Puerto de Altamira", señaló en un comunicado.
En 1982, el ejido Ricardo Flores Magón recibió 7 millones 217 mil pesos por concepto de indemnización y el ejido Francisco Medrano 12 millones 357 mil pesos.
No obstante, explican los decretos, promovieron juicios de garantía ante el Juzgado Décimo de Distrito, con residencia en Tampico, impugnando los decretos expropiatorios. El juzgado declaró el sobreseimiento de los juicios.
Los ejidos interpusieron entonces recursos de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, cuya resolución del 5 de noviembre de 2008 determinó revocar la sentencia del juzgado y conceder el amparo a los ejidos quejosos.
El tribunal consideró que la autoridad "omitió exponer las razones que justificaran la instalación del mencionado puerto industrial y la creación de los servicios básicos para su funcionamiento".
De acuerdo con la SRA, la omisión quedó subsanada con los decretos publicados ayer.
Asesorados por el despacho de Fernández de Cevallos y Lozano Gracia, los ejidatarios expropiados demandaban la restitución de los predios o el pago de mil 500 millones de pesos, adicionales a la indemnización ya recibida, para compensar el error en los decretos que les quitaron sus tierras.
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