Fuente: El País
Todavía están en mi cabeza las imágenes de todas las gentes que en un alarde de generosidad, sin pensarlo dos veces, dejaron sus ocupaciones habituales en el año 2002 y se fueron a las costas del Norte de España a recoger el chapapote derramado por el Prestige.
Corrieron ríos de tinta sobre la actitud de los políticos en aquellos momentos. El caso es que en este país nuestro la memoria parece que no es un hábito muy cotizado y el olvido es algo habitual.
Vienen al caso estas reflexiones porque como algunos recordarán en noviembre de 2002 se produjo una de las mayores catástrofes ambientales que hemos conocido, que fue el vertido de 77.000 Tm de petróleo procedente del buque llamado Prestige, lo que dio lugar a la apertura de un procedimiento judicial.
Esta chatarra flotante, una más de las que cruzan nuestros mares bajo las llamadas banderas de conveniencia (que traducido en términos prácticos supone que es casi imposible para los Tribunales de Justicia, en caso de catástrofe, encontrar un responsable) naufragó en las costas españolas causando los daños por todos conocidos.
Se inició el proceso judicial en el Juzgado de Corcubión (A Coruña), un juzgado ejemplo patente de la carencia de medios por los que ahora claman nuestros jueces, y se inició el largo y tortuoso camino de la instrucción de las diligencias para aclarar los hechos y apuntar responsabilidades.
Seis años de instrucción, cinco jueces sucediéndose al frente del juzgado, para, al final, si la Audiencia de A Coruña no lo remedia, celebrar un juicio contra el capitán y dos tripulantes, quienes comparecerán como únicos y presuntos responsables del delito ambiental del vertido del Prestige.
Desde Greenpeace, como ya hicimos saber al Poder Judicial en la catástrofe de Doñana (¿alguien recuerda aquel proceso de otro vertido espectacular todavía pendiente de abono de la responsabilidad civil por parte de la empresa causante?), solicitamos la dotación de medios suficiente en el juzgado para afrontar esta clase de proceso. No se atendió nuestra petición y ahora nos encontramos, seis años después, con la situación procesal antes descrita recogida en los casi 300 tomos que componen las diligencias.
Recordarán algunos la polémica que se suscitó entonces sobre el alejamiento del buque de la costa para finalmente hundirse éste y desparramar el crudo por las costas desde Portugal hasta Francia, dejando asolados el Cantábrico y el Atlántico.
Pues bien, esa decisión del alejamiento del buque, fue cuando menos discutida y calificada por algún perito en la instrucción del proceso como desafortunada y carente de base científica. La tomó el entonces director general de la Marina Mercante y por ella alguno de los cinco jueces de instrucción que han estado al frente del proceso consideró que debía imputar al mismo como presunto autor de un delito contra el medio ambiente.
Parecía en lógica procesal que eso debería ser así porque esa controvertida decisión de alejar el barco no era una cuestión pacífica en el proceso al haber informes periciales unos a favor y otros en contra de la misma.
Sorprendentemente, y obviando estas contradicciones, la última titular del Juzgado de Instrucción de Corcubión ha tomado la decisión del sobreseimiento y archivo respecto del director general de la Marina Mercante. "La decisión del alejamiento fue acertada", dice su señoría y, por tanto, el entonces director general de la Marina Mercante no irá al banquillo de los acusados. Allí estarán sólo el capitán Mangouras y dos subalternos.
Indudablemente la Administración de Justicia, una vez más, seguirá padeciendo la espiral de descrédito en la que se halla inmersa. Seis años de instrucción, más de 20.000 folios, cinco jueces sucesivos al frente de la misma para, al final, encontrarnos con esto. El capitán y dos más sentados en el banquillo respondiendo por todo lo ocurrido. ¿Piensan ustedes que así averiguaremos quién era el auténtico propietario del barco, quién se lucraba en la operación, ésos son todos los responsables?
Una cosa sí es cierta y tal vez siente un precedente muy grave. La próxima vez que ocurra otro supuesto similar ya sabemos cómo hay que actuar, alejando el barco de la costa, que como el mar no es de nadie que se hunda bien lejos porque, como decían nuestras autoridades, el crudo se congela y al final, si se descongela, serán unos hilillos que siempre habrá voluntarios para recogerlos.
Confiemos en que esta situación se enmiende y no sea otra oportunidad perdida para nuestro derecho al medio ambiente, que aunque no lo parezca, lo tenemos.
José Manuel Marraco Espinós es abogado y representante de los servicios jurídicos de Greenpeace-España.
Corrieron ríos de tinta sobre la actitud de los políticos en aquellos momentos. El caso es que en este país nuestro la memoria parece que no es un hábito muy cotizado y el olvido es algo habitual.
Vienen al caso estas reflexiones porque como algunos recordarán en noviembre de 2002 se produjo una de las mayores catástrofes ambientales que hemos conocido, que fue el vertido de 77.000 Tm de petróleo procedente del buque llamado Prestige, lo que dio lugar a la apertura de un procedimiento judicial.
Esta chatarra flotante, una más de las que cruzan nuestros mares bajo las llamadas banderas de conveniencia (que traducido en términos prácticos supone que es casi imposible para los Tribunales de Justicia, en caso de catástrofe, encontrar un responsable) naufragó en las costas españolas causando los daños por todos conocidos.
Se inició el proceso judicial en el Juzgado de Corcubión (A Coruña), un juzgado ejemplo patente de la carencia de medios por los que ahora claman nuestros jueces, y se inició el largo y tortuoso camino de la instrucción de las diligencias para aclarar los hechos y apuntar responsabilidades.
Seis años de instrucción, cinco jueces sucediéndose al frente del juzgado, para, al final, si la Audiencia de A Coruña no lo remedia, celebrar un juicio contra el capitán y dos tripulantes, quienes comparecerán como únicos y presuntos responsables del delito ambiental del vertido del Prestige.
Desde Greenpeace, como ya hicimos saber al Poder Judicial en la catástrofe de Doñana (¿alguien recuerda aquel proceso de otro vertido espectacular todavía pendiente de abono de la responsabilidad civil por parte de la empresa causante?), solicitamos la dotación de medios suficiente en el juzgado para afrontar esta clase de proceso. No se atendió nuestra petición y ahora nos encontramos, seis años después, con la situación procesal antes descrita recogida en los casi 300 tomos que componen las diligencias.
Recordarán algunos la polémica que se suscitó entonces sobre el alejamiento del buque de la costa para finalmente hundirse éste y desparramar el crudo por las costas desde Portugal hasta Francia, dejando asolados el Cantábrico y el Atlántico.
Pues bien, esa decisión del alejamiento del buque, fue cuando menos discutida y calificada por algún perito en la instrucción del proceso como desafortunada y carente de base científica. La tomó el entonces director general de la Marina Mercante y por ella alguno de los cinco jueces de instrucción que han estado al frente del proceso consideró que debía imputar al mismo como presunto autor de un delito contra el medio ambiente.
Parecía en lógica procesal que eso debería ser así porque esa controvertida decisión de alejar el barco no era una cuestión pacífica en el proceso al haber informes periciales unos a favor y otros en contra de la misma.
Sorprendentemente, y obviando estas contradicciones, la última titular del Juzgado de Instrucción de Corcubión ha tomado la decisión del sobreseimiento y archivo respecto del director general de la Marina Mercante. "La decisión del alejamiento fue acertada", dice su señoría y, por tanto, el entonces director general de la Marina Mercante no irá al banquillo de los acusados. Allí estarán sólo el capitán Mangouras y dos subalternos.
Indudablemente la Administración de Justicia, una vez más, seguirá padeciendo la espiral de descrédito en la que se halla inmersa. Seis años de instrucción, más de 20.000 folios, cinco jueces sucesivos al frente de la misma para, al final, encontrarnos con esto. El capitán y dos más sentados en el banquillo respondiendo por todo lo ocurrido. ¿Piensan ustedes que así averiguaremos quién era el auténtico propietario del barco, quién se lucraba en la operación, ésos son todos los responsables?
Una cosa sí es cierta y tal vez siente un precedente muy grave. La próxima vez que ocurra otro supuesto similar ya sabemos cómo hay que actuar, alejando el barco de la costa, que como el mar no es de nadie que se hunda bien lejos porque, como decían nuestras autoridades, el crudo se congela y al final, si se descongela, serán unos hilillos que siempre habrá voluntarios para recogerlos.
Confiemos en que esta situación se enmiende y no sea otra oportunidad perdida para nuestro derecho al medio ambiente, que aunque no lo parezca, lo tenemos.
José Manuel Marraco Espinós es abogado y representante de los servicios jurídicos de Greenpeace-España.
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