Fuente: El Mañana
Plaza Pública
Miguel Ángel Granados Chapa
Abundan los ejemplos que, en el más alto nivel, prueban la hipótesis de Carlos Arriola sobre el miedo de gobernar que padecen los panistas. O por lo menos los afecta la flojera.
En Los Pinos o en las secretarías de Estado se acumulan durante semanas y aun meses asuntos que requieren decisiones que no se adoptan, y demoran largo tiempo.
Para sólo citar un ejemplo, recordemos no se ha resuelto a quién proponer ante el Senado para ocupar la vacante de subgobernador del Banco de México, cargo que ocupaba hasta diciembre pasado el doctor Everardo Elizondo.
Sigue estando pendiente, por otro lado, anunciar la localización de la refinería que Pemex construirá para paliar las importaciones de gasolina y otros petrolíferos y que el gobierno decía no poder financiar.
Se había anticipado que el miércoles 18 se aprovecharía la fiesta petrolera para hacer pública una decisión que al parecer se ha tomado ya, y en cambio se abrió un plazo de casi un mes, hasta el 15 de abril, para montar un mecanismo del que surja la decisión que la Presidencia , o la Secretaría de Energía, o Pemex no pueden o no quieren encarar ahora mismo, no obstante la urgencia de que disminuya la compra de combustibles en el extranjero.
Inesperadamente, el presidente Calderón señaló en su discurso del 18 de marzo la pertinencia de que “antes de tomar y anunciar una decisión plena y definitiva sean conocidas, de manera pública, de manera abierta, las propuestas formuladas por los estados interesados en albergar en su territorio una nueva refinería”.
Y aunque dijo también que “la decisión respecto del lugar para construir una nueva refinería obedecerá a criterios estrictamente técnico-económicos y no políticos”, parece claro que la consulta que ordenó organizar a la Sener y a Pemex iría en sentido contrario.
Desde antes de anunciar en octubre pasado la construcción de la refinería a cargo de Pemex (una vez que era clara la imposibilidad de privatizar esa fase de la industria petrolera en la reforma legislativa en curso), en la empresa petrolera nacional se habían realizado estudios sobre una nueva planta de refinación.
El 30 de julio del año pasado un boletín de prensa anunció el envío, en esa misma fecha, de un Estudio de viabilidad para construir una nueva refinería, de Pemex a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Eran los días en que en el Senado se realizaba la consulta nacional sobre la reforma energética iniciada por Calderón el 8 de abril anterior.
En ese estudio, al que seguramente habrán seguido otros, se examina el costo de ubicar la refinería en nueve lugares (Cadereyta, Campeche, Dos Bocas, Lázaro Cárdenas, Minatitlán, Manzanillo, Salina Cruz, Tula y Tuxpan), correspondientes a siete estados (Nuevo León, Campeche, Veracruz, Michoacán, Colima, Oaxaca en Hidalgo).
A esas entidades se sumaron después Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Tabasco y Tlaxcala, cuyos gobernadores se interesaron en que sus estados fueran la sede de la refinería.
Calderón se refirió a dichas entidades, si bien omitió mencionar a Colima, Guanajuato y Nuevo León, lo que acaso signifique una primera selección, salvo que se haya tratado de una lista enumerativa, pero no exhaustiva.
Los factores técnico-económicos que determinarán la ubicación de la refinería parecen haber quedado definidos de antemano. Algunos de ellos fueron estudiados por Antonio Gershenson, físico graduado en la UNAM , experto en asuntos de energía (particularmente la nuclear), que ya en diciembre pasado urgía al gobierno a anunciar el sitio en que se erigiría la nueva planta, toda vez que estaban claras las ventajas y desventajas de cada uno de los lugares propuestos, particularmente “costos como el del oleoducto para llevar petróleo crudo a la nueva refinería, y el poliducto para llevar los refinados a los sitios de consumo y otros” ( La Jornada , 28 de diciembre del 2008).
Según las cifras oficiales, que pueden consultarse en la página web de Pemex, es impensable que la refinería se instale en Cadereyta, pues levantarla allí costaría más de 2 mil 500 millones de dólares, lo que pone a esa población de Nuevo León prácticamente fuera de concurso.
En contraste, en Tula y Tuxpan la planta de refinación costaría 852 millones de pesos en el primer caso y 637 millones en el segundo. El puerto fluvial veracruzano queda situado en el costo menor, mil millones de pesos por debajo de lo que costaría en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
La principal ventaja de Tuxpan es que el oleoducto costaría 619 millones de dólares, cantidad menor que cualquiera otra debido a su cercanía a las zonas productoras.
También conviene por el costo del poliducto, que es cero, porque según explica Gershenson, “por ahí se importa la mayor cantidad de refinados y se pueden aprovechar las instalaciones cuando, en vez de importaciones haya producción local de refinados en ese puerto”.
El oleoducto para Tula costaría 769 millones de dólares, y el poliducto 64 millones. Por su altitud, situada al nivel del mar, en Tuxpan la generación de energía eléctrica, con gas natural, ciclo combinado o turbogas, resultaría menos cara.
Tajante, el ex diputado del PSUM concluye que “las diferencias de costos con otros posibles sitios, obviamente son mucho mayores, y no tiene caso que gobernadores y otros políticos estén reclamando que la instalación sea en su estado.
No obstante las ventajas tuxpeñas, pareció que Tula sería elegido. Quizá el rumor fue esparcido por el líder Carlos Romero Deschamps. Veremos por qué.
En Los Pinos o en las secretarías de Estado se acumulan durante semanas y aun meses asuntos que requieren decisiones que no se adoptan, y demoran largo tiempo.
Para sólo citar un ejemplo, recordemos no se ha resuelto a quién proponer ante el Senado para ocupar la vacante de subgobernador del Banco de México, cargo que ocupaba hasta diciembre pasado el doctor Everardo Elizondo.
Sigue estando pendiente, por otro lado, anunciar la localización de la refinería que Pemex construirá para paliar las importaciones de gasolina y otros petrolíferos y que el gobierno decía no poder financiar.
Se había anticipado que el miércoles 18 se aprovecharía la fiesta petrolera para hacer pública una decisión que al parecer se ha tomado ya, y en cambio se abrió un plazo de casi un mes, hasta el 15 de abril, para montar un mecanismo del que surja la decisión que la Presidencia , o la Secretaría de Energía, o Pemex no pueden o no quieren encarar ahora mismo, no obstante la urgencia de que disminuya la compra de combustibles en el extranjero.
Inesperadamente, el presidente Calderón señaló en su discurso del 18 de marzo la pertinencia de que “antes de tomar y anunciar una decisión plena y definitiva sean conocidas, de manera pública, de manera abierta, las propuestas formuladas por los estados interesados en albergar en su territorio una nueva refinería”.
Y aunque dijo también que “la decisión respecto del lugar para construir una nueva refinería obedecerá a criterios estrictamente técnico-económicos y no políticos”, parece claro que la consulta que ordenó organizar a la Sener y a Pemex iría en sentido contrario.
Desde antes de anunciar en octubre pasado la construcción de la refinería a cargo de Pemex (una vez que era clara la imposibilidad de privatizar esa fase de la industria petrolera en la reforma legislativa en curso), en la empresa petrolera nacional se habían realizado estudios sobre una nueva planta de refinación.
El 30 de julio del año pasado un boletín de prensa anunció el envío, en esa misma fecha, de un Estudio de viabilidad para construir una nueva refinería, de Pemex a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Eran los días en que en el Senado se realizaba la consulta nacional sobre la reforma energética iniciada por Calderón el 8 de abril anterior.
En ese estudio, al que seguramente habrán seguido otros, se examina el costo de ubicar la refinería en nueve lugares (Cadereyta, Campeche, Dos Bocas, Lázaro Cárdenas, Minatitlán, Manzanillo, Salina Cruz, Tula y Tuxpan), correspondientes a siete estados (Nuevo León, Campeche, Veracruz, Michoacán, Colima, Oaxaca en Hidalgo).
A esas entidades se sumaron después Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Tabasco y Tlaxcala, cuyos gobernadores se interesaron en que sus estados fueran la sede de la refinería.
Calderón se refirió a dichas entidades, si bien omitió mencionar a Colima, Guanajuato y Nuevo León, lo que acaso signifique una primera selección, salvo que se haya tratado de una lista enumerativa, pero no exhaustiva.
Los factores técnico-económicos que determinarán la ubicación de la refinería parecen haber quedado definidos de antemano. Algunos de ellos fueron estudiados por Antonio Gershenson, físico graduado en la UNAM , experto en asuntos de energía (particularmente la nuclear), que ya en diciembre pasado urgía al gobierno a anunciar el sitio en que se erigiría la nueva planta, toda vez que estaban claras las ventajas y desventajas de cada uno de los lugares propuestos, particularmente “costos como el del oleoducto para llevar petróleo crudo a la nueva refinería, y el poliducto para llevar los refinados a los sitios de consumo y otros” ( La Jornada , 28 de diciembre del 2008).
Según las cifras oficiales, que pueden consultarse en la página web de Pemex, es impensable que la refinería se instale en Cadereyta, pues levantarla allí costaría más de 2 mil 500 millones de dólares, lo que pone a esa población de Nuevo León prácticamente fuera de concurso.
En contraste, en Tula y Tuxpan la planta de refinación costaría 852 millones de pesos en el primer caso y 637 millones en el segundo. El puerto fluvial veracruzano queda situado en el costo menor, mil millones de pesos por debajo de lo que costaría en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
La principal ventaja de Tuxpan es que el oleoducto costaría 619 millones de dólares, cantidad menor que cualquiera otra debido a su cercanía a las zonas productoras.
También conviene por el costo del poliducto, que es cero, porque según explica Gershenson, “por ahí se importa la mayor cantidad de refinados y se pueden aprovechar las instalaciones cuando, en vez de importaciones haya producción local de refinados en ese puerto”.
El oleoducto para Tula costaría 769 millones de dólares, y el poliducto 64 millones. Por su altitud, situada al nivel del mar, en Tuxpan la generación de energía eléctrica, con gas natural, ciclo combinado o turbogas, resultaría menos cara.
Tajante, el ex diputado del PSUM concluye que “las diferencias de costos con otros posibles sitios, obviamente son mucho mayores, y no tiene caso que gobernadores y otros políticos estén reclamando que la instalación sea en su estado.
No obstante las ventajas tuxpeñas, pareció que Tula sería elegido. Quizá el rumor fue esparcido por el líder Carlos Romero Deschamps. Veremos por qué.
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