Fuente: El Universo
PUERTO CABELLO, Venezuela. Un soldado custodia uno de los accesos a Puerto Cabello, en el estado de Carabobo, un día después de que el Presidente venezolano ordenara la toma militar.
Los gobernadores venezolanos de oposición rechazaron ayer la orden del presidente Hugo Chávez a los militares de tomar los puertos y aeropuertos del país, mientras que las autoridades regionales oficialistas saludaron la medida.
“No tenemos miedo, podrán tener tanquetas, fragatas, pero nosotros tenemos la unión del pueblo”, dijo Pablo Pérez, gobernador del estado de Zulia (noroeste), donde está Maracaibo, el principal puerto de exportación de petróleo.
Chávez ordenó el domingo pasado al ejército y la marina de guerra tomar el control de las terminales en virtud de una norma legislativa que revirtió parcialmente una ley de descentralización en vigor desde hace 20 años.
La reforma le permite al mandatario asumir el manejo de las carreteras, puertos y aeropuertos en los estados que estime necesario, e intervenir sus bienes y prestaciones de servicios públicos, lo que afectaría las finanzas regionales.
“Vamos a recuperarlos opóngase quien se oponga”, advirtió Chávez, señalando que “es un tema de seguridad nacional”, pues sostuvo que algunas de esas instalaciones estarían al servicio del narcotráfico y el contrabando.
“Para ponerme preso tienen que hacerme un juicio”, respondió el gobernador de Zulia, indicando que la mayoría de los alijos de cocaína incautados recientemente en Europa salieron del puerto de La Guaira, cerca de Caracas, con gobernación oficialista.
Pérez aseguró que la norma es inconstitucional y un “arrebato del centralismo”.
Por su parte, Henrique Salas, gobernador del estado de Carabobo (norte), donde está la principal terminal marítima del país, Puerto Cabello, denunció que “los dueños de los patios y almacenadoras” allí “son ministros, militares activos y mafias enquistadas en la capital”.
“Lo que buscan es cuidar su bolsillo”, afirmó.
En contraste, los 17 gobernadores afectos a Chávez emitieron un comunicado en el que expresan su “firme respaldo al contenido y los alcances” de la ley.
“No podemos atacar ya la reforma sin que esta haya comenzado a ejecutarse”, dijo el gobernador de Anzoátegui, Tarek William Saab.
PUERTO CABELLO, Venezuela. Un soldado custodia uno de los accesos a Puerto Cabello, en el estado de Carabobo, un día después de que el Presidente venezolano ordenara la toma militar.
Los gobernadores venezolanos de oposición rechazaron ayer la orden del presidente Hugo Chávez a los militares de tomar los puertos y aeropuertos del país, mientras que las autoridades regionales oficialistas saludaron la medida.
“No tenemos miedo, podrán tener tanquetas, fragatas, pero nosotros tenemos la unión del pueblo”, dijo Pablo Pérez, gobernador del estado de Zulia (noroeste), donde está Maracaibo, el principal puerto de exportación de petróleo.
Chávez ordenó el domingo pasado al ejército y la marina de guerra tomar el control de las terminales en virtud de una norma legislativa que revirtió parcialmente una ley de descentralización en vigor desde hace 20 años.
La reforma le permite al mandatario asumir el manejo de las carreteras, puertos y aeropuertos en los estados que estime necesario, e intervenir sus bienes y prestaciones de servicios públicos, lo que afectaría las finanzas regionales.
“Vamos a recuperarlos opóngase quien se oponga”, advirtió Chávez, señalando que “es un tema de seguridad nacional”, pues sostuvo que algunas de esas instalaciones estarían al servicio del narcotráfico y el contrabando.
“Para ponerme preso tienen que hacerme un juicio”, respondió el gobernador de Zulia, indicando que la mayoría de los alijos de cocaína incautados recientemente en Europa salieron del puerto de La Guaira, cerca de Caracas, con gobernación oficialista.
Pérez aseguró que la norma es inconstitucional y un “arrebato del centralismo”.
Por su parte, Henrique Salas, gobernador del estado de Carabobo (norte), donde está la principal terminal marítima del país, Puerto Cabello, denunció que “los dueños de los patios y almacenadoras” allí “son ministros, militares activos y mafias enquistadas en la capital”.
“Lo que buscan es cuidar su bolsillo”, afirmó.
En contraste, los 17 gobernadores afectos a Chávez emitieron un comunicado en el que expresan su “firme respaldo al contenido y los alcances” de la ley.
“No podemos atacar ya la reforma sin que esta haya comenzado a ejecutarse”, dijo el gobernador de Anzoátegui, Tarek William Saab.
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