El delegado de la SCT en Baja California Sur, Carlos
Lascuráin, solicitará este martes la intervención directa de la Marina
Mercante y la Dirección de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), para aclarar las dudas y el conflicto que generó la
aplicación de la tarifa de pesaje denominada ATP entre el Estado y la
naviera Baja Ferries.
Lascuráin informó que se reunirá en el Distrito Federal con el director general de Marina Mercante, Marco Flavio Rigada Soto, y el director general de Puertos, Alejandro Hernández Cervantes, quienes podrían definir la controversia generada por la tarifa ATP que la Administración Portuaria Integral (API-BCS) impuso a los usuarios de Baja Ferries.
"Dicha reunión tiene como objetivo plantearles personalmente a los titulares de Marina Mercante y de Puertos su intervención directa a fin de resolver a la brevedad este conflicto, considerando la importancia que tiene el Puerto de Pichilingue para la población y el desarrollo económico de todo el Estado", precisó en un comunicado.
Lascuráin informó que con él viajará la Subdirectora de Transporte, Angelina Álvarez Jiménez, luego de que ambos se comprometieron ante el Congreso local de buscar una reunión entre los legisladores y los funcionarios federales para definir si es legal la imposición de la tarifa ATP por parte de la Administración Portuaria Integral (API-BCS).
A 21 días de que la API-BCS impuso el uso de la báscula de pesaje para obligar al pago de la tarifa de pesaje que denominó Acceso a Terminal Portuaria (ATP) en el Puerto de Pichilingue, lo que a decir de la naviera sigue causando retrasos en el embarque y desembarque.
Lascuráin informó que se reunirá en el Distrito Federal con el director general de Marina Mercante, Marco Flavio Rigada Soto, y el director general de Puertos, Alejandro Hernández Cervantes, quienes podrían definir la controversia generada por la tarifa ATP que la Administración Portuaria Integral (API-BCS) impuso a los usuarios de Baja Ferries.
"Dicha reunión tiene como objetivo plantearles personalmente a los titulares de Marina Mercante y de Puertos su intervención directa a fin de resolver a la brevedad este conflicto, considerando la importancia que tiene el Puerto de Pichilingue para la población y el desarrollo económico de todo el Estado", precisó en un comunicado.
Lascuráin informó que con él viajará la Subdirectora de Transporte, Angelina Álvarez Jiménez, luego de que ambos se comprometieron ante el Congreso local de buscar una reunión entre los legisladores y los funcionarios federales para definir si es legal la imposición de la tarifa ATP por parte de la Administración Portuaria Integral (API-BCS).
A 21 días de que la API-BCS impuso el uso de la báscula de pesaje para obligar al pago de la tarifa de pesaje que denominó Acceso a Terminal Portuaria (ATP) en el Puerto de Pichilingue, lo que a decir de la naviera sigue causando retrasos en el embarque y desembarque.
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