Fuente: Estrategia
Pese al rotundo rechazo de los actores locales, esta semana ingresará al Congreso el proyecto que igualará la “cancha” a las empresas nacionales y extrajeras.
Una reingeniería histórica vivirá la marina mercante nacional, cuando esta semana ingrese al Congreso el proyecto de ley que modificará la legislación que tiene más de 30 años de vigencia, y que permitirá la apertura unilateral del cabotaje marítimo ofreciendo un tratamiento tributario a las naves con banderas extranjeras, igual al de las nacionales. Con ello, según prevén en la industria, la entrada de actores extranjeros posibilitaría una rebaja en las tarifas de cabotaje de hasta un 10%.
Esta iniciativa se enmarca dentro de la Agenda de Impulso Competitivo (AIC) que anunció el gobierno. “Creará condiciones para ganancias de eficiencia asociadas a la optimización logística, generará beneficios a los dueños de la carga y la población de las zonas extremas del país y, junto con ello, mejorará la competitividad de la economía en su conjunto”, aseguró el ministro de Economía, Pablo Longueira, al informar a los gremios de la industria la medida N°18 del proyecto.
Esta medida se ha demorado casi un año en ver la luz, debido a las presiones y rechazos que manifestaron operadores nacionales del sector, los que amenazaron al gobierno con paros y movilizaciones, pues argumentaban que esto traería un gran desempleo a los trabajadores nacionales. Ello por cuanto la apertura unilateral del cabotaje marítimo –transporte de carga y pasajeros– permitirá que empresas que operan con banderas extranjeras trasladar mercancías entre puertos chilenos, situación que hoy –con algunas excepciones– está restringida a naves nacionales.
Sin embargo, el principal objetivo de la medida es eliminar barreras adicionales que encarecen el ingreso de las naves extranjeras para realizar cabotaje. Por esto, se emparejará la carga tributaria, a fin de que las navieras chilenas y extranjeras compitan en igualdad de condiciones. Ello se logrará mediante una rebaja del impuesto adicional, establecido en el artículo 59 N° 5 de la Ley de Impuesto a la Renta, referido al arrendamiento de naves extranjeras, y que actualmente grava con una tasa del 20% el valor del contrato.
Eso sí, la apertura no sería para todas. El proyecto de ley establece que las naves mercantes extranjeras podrán ofrecer libremente servicios de cabotaje cuando su tamaño sea igual o superior a 2.000 toneladas de peso muerto (TDW).
Un mercado complejo
Según analistas del sector, la marina mercante es un mercado complejo, ya que viene sufriendo un estancamiento por 30 años del tonelaje bajo bandera nacional, sumado a las alzas del precio del petróleo que elevan el costo de las operaciones.
Neil Taylor, presidente de la Asociación Logística de Chile (ALOG), afirmó que los operarios logísticos agrupados en el gremio están a favor de todas las medidas que faciliten el intercambio comercial, incluyendo la apertura del cabotaje marítimo.
“Chile es un país de fronteras abiertas en materia de comercio exterior, tal como se ha reflejado en la suscripción de TLC y, recientemente, en la apertura del cabotaje aéreo. Por ello, no existen motivos para que no suceda lo mismo con el cabotaje marítimo”, asegura Taylor.
Asimismo, detalló que la iniciativa del gobierno debiera permitir un relevante incremento en las frecuencias y un ajuste en las tarifas para hacerlas más competitivas con otros medios de transporte. “Debiera aumentar significativamente la cantidad de carga que se transporte por barco, especialmente en los tramos largos, desde y hacia las regiones extremas”, afirmó.
Cerca de 12 millones de toneladas son las que transporta al año el cabotaje nacional por mar, según cifras del Boletín Estadístico Marítimo en su edición 2011 –con los resultados de las operaciones del 2010– elaborado por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar). En tanto, la Asociación Nacional de Armadores A.G. (ANA) estima una tasa de crecimiento anual de carga de un 10%, y un 8% en la de pasajeros.
Aproximadamente el 50% de la flota mundial corresponde a barcos con banderas de conveniencia, es decir, naves que gozan de la apertura de cabotaje marítimo en países distintos al suyo. Es por ello que existe un gran potencial de posibles interesados en participar en este negocio a nivel local.
El fuerte rechazo de los gremios locales
La iniciativa del gobierno tiene intranquilos a los gremios de la industria. Movilizaciones, reuniones, cartas de peticiones y hasta una propuesta con sus propias medidas que impulsan la “competitividad” se llevaron a cabo, pero nada fue suficiente para impedir que el proyecto sea discutido por los legisladores, durante esta semana.
Para Roberto Hertz, presidente del directorio de la ANA, las reglas del juego deben ser iguales para todos. “Si se elimina el impuesto de 20% a las banderas de conveniencia de cabotaje, eliminen también el impuesto a la renta a las compañías chilenas”, manifestó.
Según el representante de los armadores, el principal riesgo que corre la industria es que las compañías mercantes chilenas se van a cambiar a banderas de conveniencia. Y de esa forma, se evitarán pagar el impuesto.
“Vamos a perder el know how de los marinos mercantes chilenos, que es una fuerza estratégica para el país. El gobierno va a recibir menos impuestos y los costos de transporte marítimo no van a bajar, porque si observamos los precios internacionales son bastantes parecidos a los chilenos. Incluso, aquí (en Chile) hay transportes más baratos que afuera.
De igual forma opina Javier León, secretario ejecutivo de la Coordinadora en Defensa de las Ciudades Puerto. “Esta medida provocará a corto plazo que la marina mercante en Chile quede reducida a cero. Esto ya no es sólo un tema de impulso competitivo, será bueno que el ministro de Defensa, Andrés Allamand, se pronuncie al respecto, porque se transforma en un tema de seguridad nacional, ya que podrá andar cualquier barco de bandera extranjera navegando en nuestras costas”, sentenció León.
Esta iniciativa se enmarca dentro de la Agenda de Impulso Competitivo (AIC) que anunció el gobierno. “Creará condiciones para ganancias de eficiencia asociadas a la optimización logística, generará beneficios a los dueños de la carga y la población de las zonas extremas del país y, junto con ello, mejorará la competitividad de la economía en su conjunto”, aseguró el ministro de Economía, Pablo Longueira, al informar a los gremios de la industria la medida N°18 del proyecto.
Esta medida se ha demorado casi un año en ver la luz, debido a las presiones y rechazos que manifestaron operadores nacionales del sector, los que amenazaron al gobierno con paros y movilizaciones, pues argumentaban que esto traería un gran desempleo a los trabajadores nacionales. Ello por cuanto la apertura unilateral del cabotaje marítimo –transporte de carga y pasajeros– permitirá que empresas que operan con banderas extranjeras trasladar mercancías entre puertos chilenos, situación que hoy –con algunas excepciones– está restringida a naves nacionales.
Sin embargo, el principal objetivo de la medida es eliminar barreras adicionales que encarecen el ingreso de las naves extranjeras para realizar cabotaje. Por esto, se emparejará la carga tributaria, a fin de que las navieras chilenas y extranjeras compitan en igualdad de condiciones. Ello se logrará mediante una rebaja del impuesto adicional, establecido en el artículo 59 N° 5 de la Ley de Impuesto a la Renta, referido al arrendamiento de naves extranjeras, y que actualmente grava con una tasa del 20% el valor del contrato.
Eso sí, la apertura no sería para todas. El proyecto de ley establece que las naves mercantes extranjeras podrán ofrecer libremente servicios de cabotaje cuando su tamaño sea igual o superior a 2.000 toneladas de peso muerto (TDW).
Un mercado complejo
Según analistas del sector, la marina mercante es un mercado complejo, ya que viene sufriendo un estancamiento por 30 años del tonelaje bajo bandera nacional, sumado a las alzas del precio del petróleo que elevan el costo de las operaciones.
Neil Taylor, presidente de la Asociación Logística de Chile (ALOG), afirmó que los operarios logísticos agrupados en el gremio están a favor de todas las medidas que faciliten el intercambio comercial, incluyendo la apertura del cabotaje marítimo.
“Chile es un país de fronteras abiertas en materia de comercio exterior, tal como se ha reflejado en la suscripción de TLC y, recientemente, en la apertura del cabotaje aéreo. Por ello, no existen motivos para que no suceda lo mismo con el cabotaje marítimo”, asegura Taylor.
Asimismo, detalló que la iniciativa del gobierno debiera permitir un relevante incremento en las frecuencias y un ajuste en las tarifas para hacerlas más competitivas con otros medios de transporte. “Debiera aumentar significativamente la cantidad de carga que se transporte por barco, especialmente en los tramos largos, desde y hacia las regiones extremas”, afirmó.
Cerca de 12 millones de toneladas son las que transporta al año el cabotaje nacional por mar, según cifras del Boletín Estadístico Marítimo en su edición 2011 –con los resultados de las operaciones del 2010– elaborado por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar). En tanto, la Asociación Nacional de Armadores A.G. (ANA) estima una tasa de crecimiento anual de carga de un 10%, y un 8% en la de pasajeros.
Aproximadamente el 50% de la flota mundial corresponde a barcos con banderas de conveniencia, es decir, naves que gozan de la apertura de cabotaje marítimo en países distintos al suyo. Es por ello que existe un gran potencial de posibles interesados en participar en este negocio a nivel local.
El fuerte rechazo de los gremios locales
La iniciativa del gobierno tiene intranquilos a los gremios de la industria. Movilizaciones, reuniones, cartas de peticiones y hasta una propuesta con sus propias medidas que impulsan la “competitividad” se llevaron a cabo, pero nada fue suficiente para impedir que el proyecto sea discutido por los legisladores, durante esta semana.
Para Roberto Hertz, presidente del directorio de la ANA, las reglas del juego deben ser iguales para todos. “Si se elimina el impuesto de 20% a las banderas de conveniencia de cabotaje, eliminen también el impuesto a la renta a las compañías chilenas”, manifestó.
Según el representante de los armadores, el principal riesgo que corre la industria es que las compañías mercantes chilenas se van a cambiar a banderas de conveniencia. Y de esa forma, se evitarán pagar el impuesto.
“Vamos a perder el know how de los marinos mercantes chilenos, que es una fuerza estratégica para el país. El gobierno va a recibir menos impuestos y los costos de transporte marítimo no van a bajar, porque si observamos los precios internacionales son bastantes parecidos a los chilenos. Incluso, aquí (en Chile) hay transportes más baratos que afuera.
De igual forma opina Javier León, secretario ejecutivo de la Coordinadora en Defensa de las Ciudades Puerto. “Esta medida provocará a corto plazo que la marina mercante en Chile quede reducida a cero. Esto ya no es sólo un tema de impulso competitivo, será bueno que el ministro de Defensa, Andrés Allamand, se pronuncie al respecto, porque se transforma en un tema de seguridad nacional, ya que podrá andar cualquier barco de bandera extranjera navegando en nuestras costas”, sentenció León.
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