Frente común contra las leyes de cabotaje

Fuente: El nuevo día

Por Marie Custodio Collazo / mcustodio@elnuevodia.com

El Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, solicitó ayer al sector privado que lo apoye en su iniciativa para pedir a la General Accountability Office (GAO) de Estados Unidos que realice un análisis del impacto que tiene sobre Puerto Rico de la Ley de Cabotaje.

Esto con miras a que el estudio sirva de base para reclamarle al Congreso que exima a Puerto Rico de la aplicación del estatuto.

“Mi causa más reciente, y la que me trae ante ustedes hoy (ayer), tiene que ver con el efecto de la Ley Jones sobre la economía de Puerto Rico… recientemente le cursé una carta al contralor de Estados Unidos, el honorable Gene Dodaro, en la que solicito que GAO realice un estudio exhaustivo del impacto de la aplicación en Puerto Rico de sección 27 de la Ley de la Marina Mercante del 1920, también conocida como Ley Jones, tanto en la economía de la Isla como en la economía nacional”, expresó el funcionario en su discurso durante la Convención Anual de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), que se celebra este fin de semana en Fajardo.

La Ley Jones, también conocida como Ley de Cabotaje, establece que toda la transportación marítima entre Puerto Rico y el resto de Estados Unidos tiene que darse en barcos de la Marina Mercante americana. Esto encarece los costos de importación, ya que Puerto Rico no puede negociar para transportación marítima de otros mercados que resulte más económica.

No obstante, Pierluisi mencionó que otros territorios, como Islas Vírgenes Estadounidenses, Samoa americana y las Islas Mariana, están exentos de dicho estatuto.

El funcionario señaló que no hay estudios contundentes que demuestren si la aplicación de la Ley Jones aumenta los costos de las importaciones y las exportaciones de la Isla, aunque este ha sido el reclamo de muchos sectores del País por varias décadas, sin que se hayan logrado cambios en la legislación.

“La razón por la que no hemos podido lograr un cambio es obvia, siempre ha habido, y continúa existiendo, una gran oposición en el Congreso para modificar la Ley Jones. Esa oposición viene de tres frentes, la Marina Mercante, la industria de construcción de barcos y las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores de ambas”, sentenció Pierluisi y enfatizó en que la oposición está presente tanto entre los demócratas como los republicanos.

El Comisionado aseguró que la única manera de vencer la oposición es con un estudio “contundente” que demuestre que eximir a Puerto Rico de la Ley de Cabotaje beneficia tanto a Estados Unidos como a la Isla. Añadió que en su carta a la GAO pidió que se le preste atención al efecto que puede tener el estatuto en el desarrollo del Puerto de Las Américas como un centro de trasbordo para la región.

“Aquí es donde quiero pedir la colaboración de todos ustedes”, dijo a los Industriales, “para que el esfuerzo rinda los frutos que todos queremos, es imprescindible que creemos un frente común con miras a que este estudio contenga toda la información necesaria para lograr nuestros objetivos”.

Al respecto, la Coalición del Sector Privado, que agrupa a 25 organizaciones –incluidos los Industriales-, se comprometió con Pierluisi a enviar cartas a la GAO para apoyar su iniciativa. Además de comisionar a un grupo de economistas para que recopile la información relevante sobre el efecto en las importaciones y exportaciones de la Ley de Cabotaje, indicó Francisco Rodríguez, líder de la Coalición.


Mientras, William Riefkohl, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industriales, precisó que su organización respalda la gestión del Comisionado, ya que “es parte de nuestro reclamo histórico, que llevamos haciendo como 40 años”.


No obstante, Riefkohl reconoció que si la GAO no encuentra un efecto significativo sobre la economía de la Ley de Cabotaje, será cuesta arriba promover enmiendas al estatuto.