Fuente: La Jornada
Ensenada, BC, 2 de abril. En junio de 2007 el gobierno federal otorgó un permiso de puerto marítimo de altura y cabotaje a la trasnacional Sempra Energy, sin que a la fecha cuente con capitanía de puerto, aduana, sanidad ni vigilancia con fuerzas federales, denunciaron diputados que visitaron la instalación de la rega- sificadora Costa Azul en el litoral de Ensenada. Víctor Manuel Galicia, legislador del PRI, observó en el recorrido por la planta, que el muelle no cuenta con control federal, lo cual representa un enorme riesgo a la seguridad nacional, sobre todo en la actual coyuntura que atraviesa el país en la relación con Estados Unidos. «Por ahí todo puede pasar». Conflicto de intereses El 20 de junio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de que concedía a Sempra la facultad de operar un puerto en el área de Ensenada-Rosarito. Cabe recordar que Luis Téllez Kuenzler se incorporó al consejo consultivo de Sempra Energy en junio de 2006 y permaneció en el cargo hasta diciembre del mismo año, cuando Calderón lo convocó a formar parte de su gabinete. Su corta estancia le valió 29 mil 333 dólares por emolumentos y se granjeó un paquete de acciones valuado en 33 mil 833 dólares, entregados al ingresar a la administración panista. Meses después, ya instalado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Téllez firmó el permiso del puerto en favor de sus anteriores jefes, y lo hizo en los siguientes términos: «Ampliación a la concesión portuaria que otorga el Ejecutivo federal, por conducto del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez en favor de Administración Portuaria Integral de Ensenada, representada por Carlos Manuel Jáuregui en su carácter de director general de la administradora integral del Puerto de Costa Azul». La ratificación se acoge a los dictados de Calderón, quien entonces argumentó que la habilitación de puertos y terminales resulta imprescindible para la modernización, expansión y mejoramiento de la calidad de infraestructura y prestación en materia de comunicaciones y transportes. «El dinamismo de las actividades marítimas y portuarias requiere actualizar el inventario de los puertos y las terminales que por su desarrollo económico y social han alcanzado la importancia requerida para recibir embarcaciones de altura o cabotaje. Es indispensable consolidar e incrementar las instalaciones portuarias que atienden el comercio exterior del país en litoral pacífico norte en la península de Baja California, con el objetivo de integrar gradualmente el Sistema Portuario Nacional.» El Presidente, en su explicación de motivos, advierte que le corresponde la facultad de habilitar toda clase de puertos, así como terminales de uso público, por medio de un decreto. También considera que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizar los estudios necesarios para determinar cuáles son las áreas que se prestarán al servicio portuario. Y sobre el punto conocido como Costa Azul, municipio de Ensenada que «para aprovechar su localización geográfica es conveniente habilitarlo con carácter de puerto para navegación de altura y cabotaje». De tal forma el Puerto Costa Azul quedó adscrito a la Capitanía de Puerto de Ensenada, y «las autoridades aduaneras, sanitarias, migratorias o de cualquier otra competencia junto a la Capitanía de Puerto ejercerán sus atribuciones y las disposiciones aplicables». Seguridad a cargo de extranjeros Al concluir la visita que la subcomisión legislativa de la Cámara de Diputados realizó por las instalaciones de la planta regasificadora -en la cual fueron uniformados con batas y overoles azules y cascos blancos- el legislador Víctor Manuel Galicia manifestó su extrañeza y preocupación porque en el muelle no operan medidas de seguridad y control. Y la preocupación aumentó porque de los barcos cargueros que llegan al puerto nadie sabe nada. El ingreso a la zona se encuentra restringido por un cordón de seguridad coordinado por personal estadunidense. Por su parte Araceli Sánchez (PRD) señaló que la trasnacional debe entender que en este conflicto "está hablando con un nivel de gobierno autónomo; esto es nuevo, porque una autoridad local se enfrenta a la autoridad federal y a una trasnacional, ¡es inédito! Estamos ante una sociedad enojada y molesta, que seguramente va a comenzar acciones, va a actuar por la falta de diálogo, y así yo se lo dije a los funcionarios de Sempra Energy. «Lo que hace falta es que Sempra se siente en una mesa de diálogo con la autoridad municipal. Y si quieren un intermediario, yo podría servir para que se dé ese diálogo y que los de Sempra muestren lo que deben demostrar. Una preocupación que hemos detectado es sobre el tendido del gasoducto de Ensenada a Mexicali, y creo que mucho podría corregirse mediante el dialogo.» Por su parte, Dina Herrera (PRD), convencida de las irregularidades en que incurrió Sempra al instalarse en Costa Azul, exigió claridad a las autoridades federales: «Lo que lamento es el papel de las autoridades federales mexicanas, porque no son las empresas como Sempra y otras las que infringen las leyes, son las mismas autoridades las que permiten y alientan que vengan esas inversiones sin informar en qué condiciones llegan al país. No nos oponemos a que venga inversión extranjera, nos oponemos a que violen las leyes».
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