Petróleos Mexicanos es de interés público y de interés nacional, sentencia el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas. En entrevista con Contralínea, asegura que la prensa es un aliado de los órganos de fiscalización y que la labor periodística contribuye al combate a la corrupción. Refiere que las investigaciones sobre Arrendadora Ocean Mexicana y TMM –que cobraron un sobreprecio de 47 millones de dólares a Pemex Refinación por la renta de cuatro buquestanque– permanecen abiertas. En el primer caso, también se indaga al empresario y exfuncionario Antonio Juan Marcos Issa, quien demandó a este semanario y a cuatro de sus colaboradores por daño moral
Autor: Nancy Flores (Editar) Sección: Portada 20 FEBRERO 2011
La respuesta de Salvador Vega Casillas es inmediata: “Por supuesto que Pemex [Petróleos Mexicanos] es un tema de interés público”. Traje oscuro, presto y sin ambages, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sentencia:
“Pemex es un tema de interés público y de interés nacional. Cuidar que no se cometan actos de corrupción, que las empresas se comporten adecuadamente y que no generen este tipo de cosas, que los funcionarios no incurran en estos actos, no le causen daños al país, no le causen daños a la empresa petrolera es un hecho de interés público, por supuesto.”
Sentado en un sillón de piel color negro, el secretario federal abandona de pronto la parsimonia y no rehúye pronunciarse, así, respecto de la sentencia que condena a Contralínea en primera instancia por daño moral, dictada el pasado 3 de enero por la jueza 54 de lo Civil del Distrito Federal, Yassmín Alonso Tolamatl. La condena se deriva de la demanda interpuesta en 2009 por Blue Marine Technology Group, Arrendadora Ocean Mexicana, Subtec y Antonio Juan Marcos Issa en contra de este semanario y cuatro de sus colaboradores.
—En todos los actos en que hemos detectado hechos de corrupción, para nosotros, la prensa es un aliado. Muchos de estos casos en los que hemos determinado sanciones han sido primero denunciados públicamente; otros sí han sido por denuncias directas a la Secretaría, por denuncias de ciudadanos. Para nosotros, [las publicaciones de la prensa] significan un rastro a seguir. Las denuncias que se hacen en los medios son las que dan valor a la transparencia para poder combatir la corrupción. Nosotros estamos complacidos con que ustedes y los medios de comunicación denuncien este tipo de cosas, y que decidan hacerlo, para nosotros, significa también enfocar nuestro trabajo –señala, cómodo, desde su amplia oficina.
A sus 49 años de edad, el panista michoacano dice estar convencido de que la corrupción en la administración pública federal se puede erradicar por completo. Respecto de Pemex, afirma que es la empresa con mayor número de casos detectados pero que, en su mayoría, los servidores públicos son honestos.
SFP sí investiga a Marcos Issa A Vega Casillas le gusta hablar de los casos exitosos. Asegura que entre el 90 y el 95 por ciento de los hechos que denuncia la Secretaría ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se mantienen firmes. Las sanciones económicas siempre las gana la dependencia a su cargo.
Uno de ellos, dice, será el caso que involucra a las empresas Arrendadora Ocean Mexicana –propiedad de Blue Marine Technology Group– y Transportación Marítima Mexicana [TMM] en el arrendamiento de cuatro buquestanque a un sobreprecio –considerado como daño al erario– de 47 millones de dólares; esto es, lo doble de lo que originalmente informó la Función Pública el pasado 26 de enero.
—Tenemos mucha confianza en el caso porque lo construimos minuciosamente. Hicimos un trabajo de años para poder obtener todos los elementos que nos permitieran tener la certeza de que podíamos defender sin ningún problema el caso en los tribunales.
En su auditoría, la dependencia presume que Arrendadora Ocean Mexicana y TMM “se coludieron” para obtener los contratos. Por este caso, la contraloría federal inhabilitó a 14 funcionarios que “manipularon la licitación y contrataron con sobreprecio” las embarcaciones y les fijó sanciones por más de 5 mil millones de pesos en total [Contralínea 218].
—Fue una investigación bastante larga. Pemex tiene, además de la cantidad de recursos que maneja, una complejidad técnica mayor que la que tiene el resto del gobierno. Eso es lo que hace, primero, más difíciles las investigaciones: tienen que ser más concienzudas; y, segundo, los temas de corrupción, de manipulación de las licitaciones, se escudan muchas veces en cuestiones técnicas; entonces, descubrir estas cosas y documentarlas requiere de un trabajo muy largo.
—Antonio Juan Marcos Issa, accionista del Grupo Blue Marine, fue coordinador de asesores de dos directores generales de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy y Raúl Muñoz Leos. Cuando entra Luis Ramírez Corzo a la Dirección General acuerdan que Marcos Issa se separe del cargo, porque también había trabajado en Turbina Solar. Entonces se piensa que podría demostrarse un conflicto de intereses. Él se separa, pero sus empresas privadas siguen brindando servicios a Pemex. ¿Hay responsabilidad en esto? ¿Hay algún indicio de que el principal asesor de los dos directores generales y socio del tercer director general tuviera su empresa y sea ésa exactamente la que estaba cometiendo los actos ilícitos que ustedes documentan? ¿Eso también está dentro del marco de la investigación?
—No necesariamente. Nosotros nos enfocamos mucho a la construcción de este caso. Por supuesto que, cuando empiezas a construir un caso, empiezan a salir algunos otros cabos que te conducen a otras investigaciones. Eso nos lleva a tomar la decisión o la estrategia de decir: “Cerremos, concluyamos este proceso de esta parte”, porque si no nunca acabaríamos. Cerramos uno, y después, con los indicios que tenemos, abrimos otros. Hay muchos temas que estamos todavía investigando a partir de este caso y que además nos prenden los focos de alerta del comportamiento de las empresas, del comportamiento de los funcionarios.
—Pero ¿el caso de Marcos Issa les llama la atención?
—Por supuesto.
—¿Es un foco por revisar?
—Por supuesto que sí.
—En este caso, él era asesor de los directores generales y las empresas a las que representaba obtenían contratos. Habría entonces un conflicto de intereses. ¿Esto lo sanciona la Ley de Responsabilidades?
—Sí. Lo que pasa es que hay que documentarlo.
Vega Casillas admite que es difícil probar los conflictos de intereses y el tráfico de influencias. Además, justifica que en la mayoría de casos de exfuncionarios que se emplean en la iniciativa privada no constituyen por sí tráfico de influencias: “Porque lo hacen un año después de haber salido o en áreas distintas a las que ellos habían atendido. En la mayoría de las ocasiones, hay que decirlo, los trabajadores de Pemex trabajan con la propia empresa de manera limpia y en beneficio de la paraestatal, porque mantiene la experiencia de estos trabajadores ahora como externos; pero no siempre todos lo hacen así: hay algunos que se benefician de los conocimientos para hacer y cometer actos de corrupción”.
El secretario agrega que sí han encontrado que “en muchas de las empresas que hemos sancionado están involucrados exfuncionarios de Pemex con claros nexos con los funcionarios que siguen adentro, con las áreas en las que estaban trabajando. Ahí sí se configura y de hecho les hemos presentado denuncias penales a varios como parte de la empresa”.
El caso de Arrendadora y TMM no ha terminado
—En cuanto a las empresas, que son las beneficiadas, hay una sensación de impunidad porque permanecen a salvo: no tienen problemas, siguen concursando, tienen contratos, siguen cobrando, no están inhabilitadas. Parece que hay una protección del secretario de la Función Pública a las dos compañías.
—Es que todavía estamos en el proceso. Es parte de los procesos que todavía no culminan. La parte penal y la parte de las empresas aún no las terminamos.
—¿La investigación administrativa respecto de las empresas tampoco?
—Exacto. No hemos cerrado el caso en esas áreas: ni en lo penal ni en lo administrativo de las empresas. Es decir, esto es solamente la parte administrativa que le corresponde a los funcionarios públicos. En todos los casos, nosotros buscamos, siempre, si hay involucramiento de las empresas, inhabilitarlas y cobrarles la máxima multa que nos permita la ley, presentarles denuncia penal. Si hay involucramiento de servidores públicos, inhabilitarlos, separarlos del cargo, ponerles la máxima sanción que nos permita la ley, pedirles el resarcimiento del daño, presentarles denuncia penal. Cada uno de estos actos significa un procedimiento distinto. Nos cuidamos mucho en no mandarle a la PGR [Procuraduría General de la República], por un tema mediático, una papa caliente con la cual no se pueda hacer nada. Estamos ganando el 95 por ciento de los casos en los tribunales. El mensaje que le quiero mandar a todo mundo es claro: no doy tiritos.
—En este caso, no hay funcionarios importantes.
—No son solamente [mandos] medios, hay varios de nivel de gerencia, varios funcionarios importantes que fueron los que participaron. Durante muchos años, las grandes decisiones se les dejaban a los mandos medios, y eso es lo que ha provocado muchos casos de corrupción, porque es en el nivel medio donde se deciden cantidades impresionantes de dinero y licitaciones, y como ahí se quedan las decisiones, ahí también se quedan las responsabilidades. Eso ya se está cambiando con el nuevo esquema de Pemex, que ha propiciado que muchos de estos casos de corrupción en realidad se hayan fraguado en los niveles medios de Pemex. Antes no existía un estatuto interno en la paraestatal, por lo tanto fincar responsabilidades se dificultaba mucho porque podías hacerlo prácticamente sólo contra quienes firmaban. Entonces no se podían armar casos si solamente supones que alguien estuvo enterado o que ordenó. Una de las cosas que estamos haciendo es asegurarnos que las responsabilidades que fincamos son efectivamente las que podemos sostener en los tribunales.
—En la reglamentación, los que firman son los responsables, pero ¿no hay alguna omisión o negligencia del director de Pemex Refinación o de algún subdirector?
—Nosotros analizamos las responsabilidades que existen. En muchos de los casos, lo que falla es la labor de supervisión, pero éste no es el caso. Si delegan las responsabilidades, de acuerdo con el reglamento o las disposiciones, están obligados a supervisarlos, pero hay casos en los que ni siquiera están obligados a eso y es cuando no podemos vincular los actos. Nosotros tenemos que sancionar a quien tengamos la certeza, por lo menos la presunción, y cuando hemos reunido las pruebas suficientes para poder sostener la acusación en los tribunales. Esta investigación todavía no concluye, es decir todavía tenemos varios caminos pendientes por terminar: estamos acumulando pruebas, estamos trabajando en ese asunto, que es complejo y que ya tenía mucho tiempo.
—¿Habrá acusaciones penales?
—En eso estamos trabajando. Los expedientes y los delitos penales comparados con los administrativos son distintos; es decir, las pruebas que se reúnen para comprobar lo penal son distintas a las pruebas que se reúnen para lo administrativo. Entonces, no necesariamente lo que te da una sanción administrativa te puede dar para una sanción penal. Por supuesto que estamos analizando la vertiente penal y el tema de las empresas. Sin embargo, en muchas ocasiones tenemos que hacer una serie de estrategias para combatir este tipo de casos. En algunos, vamos sólo con lo penal si lo administrativo tiene debilidades. En esta ocasión, hemos presentado primero lo administrativo, pero no descartamos y seguimos estudiando los otros aspectos.
—En la parte penal, de acuerdo con el análisis, se ve la afectación patrimonial por el sobreprecio de 23.5 millones de dólares.
—El corte que se dio de los 23.5 millones de dólares fue a la auditoría. Cuando nosotros terminamos las responsabilidades, cerramos con 47 millones de dólares, es el doble. Éste fue el daño que fincamos. Por eso la multa de 500 millones de pesos a los funcionarios, porque es para resarcir ese daño de los 47 millones. Dimos un dato parcial. Ya lo cerramos en 47 millones de dólares y por eso son las multas por 500 millones de pesos a los funcionarios que participaron en todo el proceso.
—Alguien es responsable de ese daño patrimonial y debe ser juzgado por el delito cometido.
—Efectivamente. Ésa es la parte que tenemos en estudio, porque, por política, cuando presentamos una denuncia penal no es para dar una simple noticia del asunto, sino integrar todo en una investigación que le permita al Ministerio Público proceder.
—¿Cuántos meses necesitarían para eso?
—No lo sabemos. Es un tema de revisión, de acopio de pruebas, de confrontas, de discusiones internas de si da o no da el caso y estamos en el proceso todavía. Por eso no me gusta ponerle plazos a los casos porque a veces se complican; otras veces, salen muy rápido.
—Pero es febrero. ¿Sería este año?
—Nosotros esperaríamos que sí.
Credibilidad en la SFP, la apuesta
Las palabras de Vega Casillas fluyen cautelosas. Mide sus respuestas. Nunca pierde la seriedad ni hace ademanes que molesten su blanco cabello.
—Es muy difícil construir credibilidad. Cuando investigamos algo, nos importa conocer la verdad. No le damos la vuelta a nada. Muchas veces se construye una historia y a la hora de que la vas a documentar, nos damos cuenta que no hay elementos y la gente nos critica porque ya se había creído la historia. Hay otras en las que se han construido historias que se han quedado cortas. Lo que queremos es conocer la verdad y si encontramos esto, sancionamos a quien esté. Evidentemente sí tenemos que cuidar los aspectos legales: no podemos acusar a nadie sin tener elementos. Estoy seguro que la credibilidad de la lucha contra la corrupción, que además tiene muchos detractores porque inmediatamente que sacamos un caso alguien empieza a decir que es una persecución política, la confiabilidad y la confianza solamente las vamos a poder construir si el trabajo que hacemos lo hacemos con toda seriedad. Si alguien no es responsable, pues que lo digamos también; pero si alguien es responsable, nos vayamos hasta el fondo. Es la única manera de construir toda esta confianza.
—¿El 95 por ciento que ganan se refiere también a los recursos penales? ¿En más del 90 por ciento de los casos se logra sancionar penalmente?
—Son dos vías. En la parte penal, presentamos la denuncia ante el Ministerio Público y ellos llevan su propio procedimiento ante el tribunal que les corresponda y ante los jueces. Nosotros llevamos el procedimiento ante el Tribunal Fiscal y Administrativo y es ahí, cuando defendemos nuestros casos frente al Tribunal, donde estamos siempre entre el 90 y 95 por ciento de las instancias ganadas cada mes, que son las sanciones administrativas como las multas de los 5 mil millones de pesos.
—¿Y qué pasa en el ámbito penal?
—De esa parte no llevamos el control y no tenemos los porcentajes porque nosotros no somos quienes litigamos el asunto. Tenemos un equipo de penalistas que auxilia cuando se lo solicitan al Ministerio Público para poder armar los expedientes, pero es a solicitud.
—¿No coadyuvan en todo el proceso?
—No, porque no tenemos legalmente esa participación.
—En lo que sí les toca, ¿tienen idea de cuánto dinero se resarce a las finanzas públicas respecto de las sanciones económicas impuestas?
—El procedimiento, una vez que queda firme la sanción, es que se convierte en un crédito fiscal y es la Secretaría de Hacienda quien lo cobra. De acuerdo con el Código Fiscal, Hacienda es la que hace los cobros y ellos son los que llevan todo el asunto de las recuperaciones. ¿Por qué se fincan multas tan altas? Lo que la ley prevé es que a cada uno de los funcionarios se le cargue todo el daño que causó, porque los funcionarios cuando hacen este tipo de cosas tienen más capacidad de daño que capacidad de pago. Entonces la ley dice que se les finque todo el daño que causaron porque lo que se busca es que entre todos se recupere el mayor dinero que se pueda, hasta donde les den sus bienes. Esto se vuelve un asunto ejemplar para los demás funcionarios: si cometes un acto de corrupción, no sólo vas a perder el dinero mal habido, vas a perder todo lo que tienes. Ése es el castigo y la ley lo que trata es que el Estado mexicano pueda recuperar la mayor cantidad del daño. Por supuesto que no sería aceptable que la ley dijera que sólo regresaran lo que se llevaran; eso sería un aliciente para que todos los funcionarios cometieran actos de corrupción. Se trata de que sea un asunto ejemplar.
—Pemex es la empresa más grande de México. ¿Ustedes han estimado como ente auditor cuánto o qué porcentaje de todo su presupuesto representa la corrupción o este tipo de sobreprecios que se van pagando?
—No, es muy difícil de estimar. La corrupción es un acto que se comete en secreto. La verdad es que nosotros hemos tratado de estimarlo. Hemos visto las estimaciones que se hacen en otros lados, pero no nos parece que tengan demasiada solidez. Es demasiado aventurado dar un dato de esa naturaleza, simplemente porque son actos que se cometen en secreto. Es muy difícil hacerlo. Hemos explorado algunos métodos para poder estimarlo, pero no le vemos ninguna solidez.
—¿Pemex sí es la entidad con mayores actos de corrupción?
—Por lo menos es de la que más hemos descubierto, porque también tenemos un foco especial en Pemex. Justamente por la complejidad técnica, por la cantidad de recursos que se maneja, por el tipo de operaciones, por la historia que se tiene de estos actos [de corrupción] en Pemex, por supuesto que le hemos metido un foco especial.
—En su experiencia, ¿han encontrado un modus operandi similar para cometer daños al erario?
—Sí. Sobre todo manipulación de las licitaciones. Mucha de la normatividad que se hizo para combatir la corrupción se convirtió en un instrumento de la corrupción; es decir, la Administración Pública se modernizó y la corrupción se modernizó más. Ésa es una de las cosas que estamos revisando y atacando. En el gobierno federal, ya hicimos toda una desregulación de estos temas y pusimos todo mucho más claro para poderlo revisar con más facilidad y evitar que haya oportunidades de corrupción. Además de la manipulación de licitaciones, como fue el caso [de Arrendadora y TMM], está la colusión, también manipulando las licitaciones, con las empresas. Hemos encontrado muchas empresas fantasma, de fachada, para poder hacer este tipo de cosas. Es ahí donde hemos encontrado el mayor número de actos de corrupción.
—¿El foco de atención de la Secretaría está en todas las subsidiarias y en el Corporativo de Pemex o hay alguna que se haya descuidado?
—No. Hay en todos lados. Sin embargo, cada vez que encontramos actos de corrupción lo que hacemos es ajustarnos. Lo que estamos revisando ahora: cuando vemos cómo se cometieron los actos de corrupción, las estadísticas, cómo funcionan [los esquemas de corrupción], vamos haciendo nuestros propios ajustes. Eso es lo que ha podido hacer que estemos incrementando los casos de corrupción que descubrimos, porque además estamos trabajando mucho con los órganos internos de Control para capacitarlos técnicamente. Es decir, la complejidad del tema lo que exige es que los órganos internos de control entiendan el funcionamiento perfecto de Pemex. Les damos desde cursos de capacitación en el Instituto Mexicano del Petróleo, de cómo funciona una planta, una plataforma, cómo se transporta el crudo, el tema naviero. Todos estos conocimientos técnicos que les permita detectar este tipo de actos.
—¿Cuál es la respuesta del director de Pemex ante este interés de la Secretaría?
—Este tipo de casos han sido con el apoyo total de la Dirección General de Pemex. De hecho, eso nos ha ayudado mucho para detectar este tipo de casos. Cuando tenemos sólo indicios, pero no tenemos todos los elementos probatorios de los hechos de corrupción, la propia administración de Pemex toma medidas: hay casos en que han separado de sus cargos a los funcionarios sólo por los indicios. Mucho de este trabajo se hace con la colaboración de la Dirección General de Pemex.
—¿Es directamente la relación del secretario con el director?
—Sí. Nos hemos reunido en muchos de los casos para ver cómo están. Explicamos el caso, los elementos, y él toma las medidas en esas áreas. Muchos de estos casos no hubieran podido salir sin su colaboración.
—¿En este caso de Arrendadora Ocean y TMM también?
—Sí. En este caso tuvimos mucha ayuda del director general.
Fuente: Contralínea 221
Autor: Nancy Flores (Editar) Sección: Portada 20 FEBRERO 2011
La respuesta de Salvador Vega Casillas es inmediata: “Por supuesto que Pemex [Petróleos Mexicanos] es un tema de interés público”. Traje oscuro, presto y sin ambages, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sentencia:
“Pemex es un tema de interés público y de interés nacional. Cuidar que no se cometan actos de corrupción, que las empresas se comporten adecuadamente y que no generen este tipo de cosas, que los funcionarios no incurran en estos actos, no le causen daños al país, no le causen daños a la empresa petrolera es un hecho de interés público, por supuesto.”
Sentado en un sillón de piel color negro, el secretario federal abandona de pronto la parsimonia y no rehúye pronunciarse, así, respecto de la sentencia que condena a Contralínea en primera instancia por daño moral, dictada el pasado 3 de enero por la jueza 54 de lo Civil del Distrito Federal, Yassmín Alonso Tolamatl. La condena se deriva de la demanda interpuesta en 2009 por Blue Marine Technology Group, Arrendadora Ocean Mexicana, Subtec y Antonio Juan Marcos Issa en contra de este semanario y cuatro de sus colaboradores.
—En todos los actos en que hemos detectado hechos de corrupción, para nosotros, la prensa es un aliado. Muchos de estos casos en los que hemos determinado sanciones han sido primero denunciados públicamente; otros sí han sido por denuncias directas a la Secretaría, por denuncias de ciudadanos. Para nosotros, [las publicaciones de la prensa] significan un rastro a seguir. Las denuncias que se hacen en los medios son las que dan valor a la transparencia para poder combatir la corrupción. Nosotros estamos complacidos con que ustedes y los medios de comunicación denuncien este tipo de cosas, y que decidan hacerlo, para nosotros, significa también enfocar nuestro trabajo –señala, cómodo, desde su amplia oficina.
A sus 49 años de edad, el panista michoacano dice estar convencido de que la corrupción en la administración pública federal se puede erradicar por completo. Respecto de Pemex, afirma que es la empresa con mayor número de casos detectados pero que, en su mayoría, los servidores públicos son honestos.
SFP sí investiga a Marcos Issa A Vega Casillas le gusta hablar de los casos exitosos. Asegura que entre el 90 y el 95 por ciento de los hechos que denuncia la Secretaría ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se mantienen firmes. Las sanciones económicas siempre las gana la dependencia a su cargo.
Uno de ellos, dice, será el caso que involucra a las empresas Arrendadora Ocean Mexicana –propiedad de Blue Marine Technology Group– y Transportación Marítima Mexicana [TMM] en el arrendamiento de cuatro buquestanque a un sobreprecio –considerado como daño al erario– de 47 millones de dólares; esto es, lo doble de lo que originalmente informó la Función Pública el pasado 26 de enero.
—Tenemos mucha confianza en el caso porque lo construimos minuciosamente. Hicimos un trabajo de años para poder obtener todos los elementos que nos permitieran tener la certeza de que podíamos defender sin ningún problema el caso en los tribunales.
En su auditoría, la dependencia presume que Arrendadora Ocean Mexicana y TMM “se coludieron” para obtener los contratos. Por este caso, la contraloría federal inhabilitó a 14 funcionarios que “manipularon la licitación y contrataron con sobreprecio” las embarcaciones y les fijó sanciones por más de 5 mil millones de pesos en total [Contralínea 218].
—Fue una investigación bastante larga. Pemex tiene, además de la cantidad de recursos que maneja, una complejidad técnica mayor que la que tiene el resto del gobierno. Eso es lo que hace, primero, más difíciles las investigaciones: tienen que ser más concienzudas; y, segundo, los temas de corrupción, de manipulación de las licitaciones, se escudan muchas veces en cuestiones técnicas; entonces, descubrir estas cosas y documentarlas requiere de un trabajo muy largo.
—Antonio Juan Marcos Issa, accionista del Grupo Blue Marine, fue coordinador de asesores de dos directores generales de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy y Raúl Muñoz Leos. Cuando entra Luis Ramírez Corzo a la Dirección General acuerdan que Marcos Issa se separe del cargo, porque también había trabajado en Turbina Solar. Entonces se piensa que podría demostrarse un conflicto de intereses. Él se separa, pero sus empresas privadas siguen brindando servicios a Pemex. ¿Hay responsabilidad en esto? ¿Hay algún indicio de que el principal asesor de los dos directores generales y socio del tercer director general tuviera su empresa y sea ésa exactamente la que estaba cometiendo los actos ilícitos que ustedes documentan? ¿Eso también está dentro del marco de la investigación?
—No necesariamente. Nosotros nos enfocamos mucho a la construcción de este caso. Por supuesto que, cuando empiezas a construir un caso, empiezan a salir algunos otros cabos que te conducen a otras investigaciones. Eso nos lleva a tomar la decisión o la estrategia de decir: “Cerremos, concluyamos este proceso de esta parte”, porque si no nunca acabaríamos. Cerramos uno, y después, con los indicios que tenemos, abrimos otros. Hay muchos temas que estamos todavía investigando a partir de este caso y que además nos prenden los focos de alerta del comportamiento de las empresas, del comportamiento de los funcionarios.
—Pero ¿el caso de Marcos Issa les llama la atención?
—Por supuesto.
—¿Es un foco por revisar?
—Por supuesto que sí.
—En este caso, él era asesor de los directores generales y las empresas a las que representaba obtenían contratos. Habría entonces un conflicto de intereses. ¿Esto lo sanciona la Ley de Responsabilidades?
—Sí. Lo que pasa es que hay que documentarlo.
Vega Casillas admite que es difícil probar los conflictos de intereses y el tráfico de influencias. Además, justifica que en la mayoría de casos de exfuncionarios que se emplean en la iniciativa privada no constituyen por sí tráfico de influencias: “Porque lo hacen un año después de haber salido o en áreas distintas a las que ellos habían atendido. En la mayoría de las ocasiones, hay que decirlo, los trabajadores de Pemex trabajan con la propia empresa de manera limpia y en beneficio de la paraestatal, porque mantiene la experiencia de estos trabajadores ahora como externos; pero no siempre todos lo hacen así: hay algunos que se benefician de los conocimientos para hacer y cometer actos de corrupción”.
El secretario agrega que sí han encontrado que “en muchas de las empresas que hemos sancionado están involucrados exfuncionarios de Pemex con claros nexos con los funcionarios que siguen adentro, con las áreas en las que estaban trabajando. Ahí sí se configura y de hecho les hemos presentado denuncias penales a varios como parte de la empresa”.
El caso de Arrendadora y TMM no ha terminado
—En cuanto a las empresas, que son las beneficiadas, hay una sensación de impunidad porque permanecen a salvo: no tienen problemas, siguen concursando, tienen contratos, siguen cobrando, no están inhabilitadas. Parece que hay una protección del secretario de la Función Pública a las dos compañías.
—Es que todavía estamos en el proceso. Es parte de los procesos que todavía no culminan. La parte penal y la parte de las empresas aún no las terminamos.
—¿La investigación administrativa respecto de las empresas tampoco?
—Exacto. No hemos cerrado el caso en esas áreas: ni en lo penal ni en lo administrativo de las empresas. Es decir, esto es solamente la parte administrativa que le corresponde a los funcionarios públicos. En todos los casos, nosotros buscamos, siempre, si hay involucramiento de las empresas, inhabilitarlas y cobrarles la máxima multa que nos permita la ley, presentarles denuncia penal. Si hay involucramiento de servidores públicos, inhabilitarlos, separarlos del cargo, ponerles la máxima sanción que nos permita la ley, pedirles el resarcimiento del daño, presentarles denuncia penal. Cada uno de estos actos significa un procedimiento distinto. Nos cuidamos mucho en no mandarle a la PGR [Procuraduría General de la República], por un tema mediático, una papa caliente con la cual no se pueda hacer nada. Estamos ganando el 95 por ciento de los casos en los tribunales. El mensaje que le quiero mandar a todo mundo es claro: no doy tiritos.
—En este caso, no hay funcionarios importantes.
—No son solamente [mandos] medios, hay varios de nivel de gerencia, varios funcionarios importantes que fueron los que participaron. Durante muchos años, las grandes decisiones se les dejaban a los mandos medios, y eso es lo que ha provocado muchos casos de corrupción, porque es en el nivel medio donde se deciden cantidades impresionantes de dinero y licitaciones, y como ahí se quedan las decisiones, ahí también se quedan las responsabilidades. Eso ya se está cambiando con el nuevo esquema de Pemex, que ha propiciado que muchos de estos casos de corrupción en realidad se hayan fraguado en los niveles medios de Pemex. Antes no existía un estatuto interno en la paraestatal, por lo tanto fincar responsabilidades se dificultaba mucho porque podías hacerlo prácticamente sólo contra quienes firmaban. Entonces no se podían armar casos si solamente supones que alguien estuvo enterado o que ordenó. Una de las cosas que estamos haciendo es asegurarnos que las responsabilidades que fincamos son efectivamente las que podemos sostener en los tribunales.
—En la reglamentación, los que firman son los responsables, pero ¿no hay alguna omisión o negligencia del director de Pemex Refinación o de algún subdirector?
—Nosotros analizamos las responsabilidades que existen. En muchos de los casos, lo que falla es la labor de supervisión, pero éste no es el caso. Si delegan las responsabilidades, de acuerdo con el reglamento o las disposiciones, están obligados a supervisarlos, pero hay casos en los que ni siquiera están obligados a eso y es cuando no podemos vincular los actos. Nosotros tenemos que sancionar a quien tengamos la certeza, por lo menos la presunción, y cuando hemos reunido las pruebas suficientes para poder sostener la acusación en los tribunales. Esta investigación todavía no concluye, es decir todavía tenemos varios caminos pendientes por terminar: estamos acumulando pruebas, estamos trabajando en ese asunto, que es complejo y que ya tenía mucho tiempo.
—¿Habrá acusaciones penales?
—En eso estamos trabajando. Los expedientes y los delitos penales comparados con los administrativos son distintos; es decir, las pruebas que se reúnen para comprobar lo penal son distintas a las pruebas que se reúnen para lo administrativo. Entonces, no necesariamente lo que te da una sanción administrativa te puede dar para una sanción penal. Por supuesto que estamos analizando la vertiente penal y el tema de las empresas. Sin embargo, en muchas ocasiones tenemos que hacer una serie de estrategias para combatir este tipo de casos. En algunos, vamos sólo con lo penal si lo administrativo tiene debilidades. En esta ocasión, hemos presentado primero lo administrativo, pero no descartamos y seguimos estudiando los otros aspectos.
—En la parte penal, de acuerdo con el análisis, se ve la afectación patrimonial por el sobreprecio de 23.5 millones de dólares.
—El corte que se dio de los 23.5 millones de dólares fue a la auditoría. Cuando nosotros terminamos las responsabilidades, cerramos con 47 millones de dólares, es el doble. Éste fue el daño que fincamos. Por eso la multa de 500 millones de pesos a los funcionarios, porque es para resarcir ese daño de los 47 millones. Dimos un dato parcial. Ya lo cerramos en 47 millones de dólares y por eso son las multas por 500 millones de pesos a los funcionarios que participaron en todo el proceso.
—Alguien es responsable de ese daño patrimonial y debe ser juzgado por el delito cometido.
—Efectivamente. Ésa es la parte que tenemos en estudio, porque, por política, cuando presentamos una denuncia penal no es para dar una simple noticia del asunto, sino integrar todo en una investigación que le permita al Ministerio Público proceder.
—¿Cuántos meses necesitarían para eso?
—No lo sabemos. Es un tema de revisión, de acopio de pruebas, de confrontas, de discusiones internas de si da o no da el caso y estamos en el proceso todavía. Por eso no me gusta ponerle plazos a los casos porque a veces se complican; otras veces, salen muy rápido.
—Pero es febrero. ¿Sería este año?
—Nosotros esperaríamos que sí.
Credibilidad en la SFP, la apuesta
Las palabras de Vega Casillas fluyen cautelosas. Mide sus respuestas. Nunca pierde la seriedad ni hace ademanes que molesten su blanco cabello.
—Es muy difícil construir credibilidad. Cuando investigamos algo, nos importa conocer la verdad. No le damos la vuelta a nada. Muchas veces se construye una historia y a la hora de que la vas a documentar, nos damos cuenta que no hay elementos y la gente nos critica porque ya se había creído la historia. Hay otras en las que se han construido historias que se han quedado cortas. Lo que queremos es conocer la verdad y si encontramos esto, sancionamos a quien esté. Evidentemente sí tenemos que cuidar los aspectos legales: no podemos acusar a nadie sin tener elementos. Estoy seguro que la credibilidad de la lucha contra la corrupción, que además tiene muchos detractores porque inmediatamente que sacamos un caso alguien empieza a decir que es una persecución política, la confiabilidad y la confianza solamente las vamos a poder construir si el trabajo que hacemos lo hacemos con toda seriedad. Si alguien no es responsable, pues que lo digamos también; pero si alguien es responsable, nos vayamos hasta el fondo. Es la única manera de construir toda esta confianza.
—¿El 95 por ciento que ganan se refiere también a los recursos penales? ¿En más del 90 por ciento de los casos se logra sancionar penalmente?
—Son dos vías. En la parte penal, presentamos la denuncia ante el Ministerio Público y ellos llevan su propio procedimiento ante el tribunal que les corresponda y ante los jueces. Nosotros llevamos el procedimiento ante el Tribunal Fiscal y Administrativo y es ahí, cuando defendemos nuestros casos frente al Tribunal, donde estamos siempre entre el 90 y 95 por ciento de las instancias ganadas cada mes, que son las sanciones administrativas como las multas de los 5 mil millones de pesos.
—¿Y qué pasa en el ámbito penal?
—De esa parte no llevamos el control y no tenemos los porcentajes porque nosotros no somos quienes litigamos el asunto. Tenemos un equipo de penalistas que auxilia cuando se lo solicitan al Ministerio Público para poder armar los expedientes, pero es a solicitud.
—¿No coadyuvan en todo el proceso?
—No, porque no tenemos legalmente esa participación.
—En lo que sí les toca, ¿tienen idea de cuánto dinero se resarce a las finanzas públicas respecto de las sanciones económicas impuestas?
—El procedimiento, una vez que queda firme la sanción, es que se convierte en un crédito fiscal y es la Secretaría de Hacienda quien lo cobra. De acuerdo con el Código Fiscal, Hacienda es la que hace los cobros y ellos son los que llevan todo el asunto de las recuperaciones. ¿Por qué se fincan multas tan altas? Lo que la ley prevé es que a cada uno de los funcionarios se le cargue todo el daño que causó, porque los funcionarios cuando hacen este tipo de cosas tienen más capacidad de daño que capacidad de pago. Entonces la ley dice que se les finque todo el daño que causaron porque lo que se busca es que entre todos se recupere el mayor dinero que se pueda, hasta donde les den sus bienes. Esto se vuelve un asunto ejemplar para los demás funcionarios: si cometes un acto de corrupción, no sólo vas a perder el dinero mal habido, vas a perder todo lo que tienes. Ése es el castigo y la ley lo que trata es que el Estado mexicano pueda recuperar la mayor cantidad del daño. Por supuesto que no sería aceptable que la ley dijera que sólo regresaran lo que se llevaran; eso sería un aliciente para que todos los funcionarios cometieran actos de corrupción. Se trata de que sea un asunto ejemplar.
—Pemex es la empresa más grande de México. ¿Ustedes han estimado como ente auditor cuánto o qué porcentaje de todo su presupuesto representa la corrupción o este tipo de sobreprecios que se van pagando?
—No, es muy difícil de estimar. La corrupción es un acto que se comete en secreto. La verdad es que nosotros hemos tratado de estimarlo. Hemos visto las estimaciones que se hacen en otros lados, pero no nos parece que tengan demasiada solidez. Es demasiado aventurado dar un dato de esa naturaleza, simplemente porque son actos que se cometen en secreto. Es muy difícil hacerlo. Hemos explorado algunos métodos para poder estimarlo, pero no le vemos ninguna solidez.
—¿Pemex sí es la entidad con mayores actos de corrupción?
—Por lo menos es de la que más hemos descubierto, porque también tenemos un foco especial en Pemex. Justamente por la complejidad técnica, por la cantidad de recursos que se maneja, por el tipo de operaciones, por la historia que se tiene de estos actos [de corrupción] en Pemex, por supuesto que le hemos metido un foco especial.
—En su experiencia, ¿han encontrado un modus operandi similar para cometer daños al erario?
—Sí. Sobre todo manipulación de las licitaciones. Mucha de la normatividad que se hizo para combatir la corrupción se convirtió en un instrumento de la corrupción; es decir, la Administración Pública se modernizó y la corrupción se modernizó más. Ésa es una de las cosas que estamos revisando y atacando. En el gobierno federal, ya hicimos toda una desregulación de estos temas y pusimos todo mucho más claro para poderlo revisar con más facilidad y evitar que haya oportunidades de corrupción. Además de la manipulación de licitaciones, como fue el caso [de Arrendadora y TMM], está la colusión, también manipulando las licitaciones, con las empresas. Hemos encontrado muchas empresas fantasma, de fachada, para poder hacer este tipo de cosas. Es ahí donde hemos encontrado el mayor número de actos de corrupción.
—¿El foco de atención de la Secretaría está en todas las subsidiarias y en el Corporativo de Pemex o hay alguna que se haya descuidado?
—No. Hay en todos lados. Sin embargo, cada vez que encontramos actos de corrupción lo que hacemos es ajustarnos. Lo que estamos revisando ahora: cuando vemos cómo se cometieron los actos de corrupción, las estadísticas, cómo funcionan [los esquemas de corrupción], vamos haciendo nuestros propios ajustes. Eso es lo que ha podido hacer que estemos incrementando los casos de corrupción que descubrimos, porque además estamos trabajando mucho con los órganos internos de Control para capacitarlos técnicamente. Es decir, la complejidad del tema lo que exige es que los órganos internos de control entiendan el funcionamiento perfecto de Pemex. Les damos desde cursos de capacitación en el Instituto Mexicano del Petróleo, de cómo funciona una planta, una plataforma, cómo se transporta el crudo, el tema naviero. Todos estos conocimientos técnicos que les permita detectar este tipo de actos.
—¿Cuál es la respuesta del director de Pemex ante este interés de la Secretaría?
—Este tipo de casos han sido con el apoyo total de la Dirección General de Pemex. De hecho, eso nos ha ayudado mucho para detectar este tipo de casos. Cuando tenemos sólo indicios, pero no tenemos todos los elementos probatorios de los hechos de corrupción, la propia administración de Pemex toma medidas: hay casos en que han separado de sus cargos a los funcionarios sólo por los indicios. Mucho de este trabajo se hace con la colaboración de la Dirección General de Pemex.
—¿Es directamente la relación del secretario con el director?
—Sí. Nos hemos reunido en muchos de los casos para ver cómo están. Explicamos el caso, los elementos, y él toma las medidas en esas áreas. Muchos de estos casos no hubieran podido salir sin su colaboración.
—¿En este caso de Arrendadora Ocean y TMM también?
—Sí. En este caso tuvimos mucha ayuda del director general.
Fuente: Contralínea 221
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