Naval Mexicana contra Pemex

Fuente: El Universal

Empresa

Alberto Barranco

En lo que a simple vista pareciera que al fin, tras diez años de corrupción galopante, la Secretaría de la Función Pública está colocando en la mira a Petróleos Mexicanos, se acaba de castigar a cuatro funcionarios medios de Pemex Refinación acusados de causar un daño patrimonial de 3.1 millones de pesos a la paraestatal

El supuesto pecado de los acusados fue haber arrendado en 2006 un buque de una empresa particular que estaba averiado, es decir, se pagó sin contraprestación al calce.

El golpe en la mesa de la dependencia, con perfil de ¡ya-basta!, no sólo ordena la destitución de tres de ellos, sino los condena al pago de una multa similar al daño causado… por más que al cuarto sólo se le suspende por 30 días.

Naturalmente, fiel al estilo de pegar sin descalabrar, el órgano responsable de cuidar el desempeño del gobierno panista no ofrece nombres de los funcionarios colocados en la picota, quizá para no avergonzar a sus familias.

Se sabe, sin embargo, que los destituidos son el jefe de la Unidad de Administración; el encargado de despacho de la Unidad de Administración, y el residente de Operaciones Portuarias.

El suspendido es el encargado de la Superintendencia de Transporte ProDucto.

Adicionalmente la firma involucrada, Naval Mexicana, fue inhabilitada por tres años para recibir contratos de la empresa pública, además de imponerle una multa de 830 mil pesos… y de pasadita turnar el expediente al Ministerio Público para una posible acción penal.

He dicho.

Sin embargo, el asunto no pareciera tan simple. De acuerdo con el alegato de la empresa en el banquillo, la avería que se detectó en su buque Apolo fue causada por la paraestatal. Más aún, aunque el navío estuvo 79 días a disposición de Pemex Refinación, la firma dejó de utilizarlo algunas semanas más, mientras se reparaba el desperfecto.

La historia se inicia en julio de 2006, cuando Petróleos Mexicanos le solicita auxilio a Naval Mexicana ante un derrame de combustóleo pesado generado en aguas interiores del puerto de Manzanillo por la fractura de una tubería en la terminal de la paraestatal.

La firma de capital 100% mexicano fundada hace 15 años puso a disposición de Pemex su barco para atender de inmediato los trabajos de recolección y almacenaje de los residuos y reducir los daños y el impacto ecológico.

El problema es que la paraestatal vertió en los tanques de carga del buque residuos del derrame con desechos como botellas, palos y otros desperdicios, que provocaron un daño grave al sistema de bombeo.

La firma jura y perjura que previamente le había advertido a Pemex Refinación que el sistema de bombeo estaba diseñado sólo para combustibles líquidos, lo que no valió para llevar la nave al sitio del desastre.

De hecho, la empresa pública reconoció su responsabilidad en la avería, señalando en su momento que sí se justificaba el pago correspondiente a los servicios por el buque-tanque en el tiempo en que la bomba estuvo fuera de operación, aunque no el resto.

El barco Apolo estuvo a disposición de Pemex del 28 de julio al 12 de octubre de 2006.

El caso es que para cubrir el adeudo la firma naviera debió interponer un juicio civil contra la paraestatal, que finalmente ganó.

De acuerdo al tribunal de la causa, Naval Mexicana estaba en su derecho de facturar 79 días a Pemex, incluidos los 33 días de recepción y almacenamiento de los residuos.

Según las normas, usos y costumbres generalmente aceptadas a nivel internacional, el arrendador de un navío está obligado a pagar la renta, sus costos y gastos durante el tiempo en que esté impedido para descargar por causas imputables al usuario.

La paradoja del caso es que para la Función Pública los particulares están obligados a poner sus bienes a disposición y uso de Pemex para atender sus emergencias, aun cuando dejen de lado su propio negocio, sin tener derecho a pago alguno.

La patria los recompensará.

Lo curioso del asunto es que aunque hasta hace unos días la Función Pública transparentó el caso, lo cierto es que la inhabilitación y la multa contra Naval Mexicana se dictó el 16 de agosto del año pasado, contra las cuales la firma interpuso juicio de nulidad ante la Séptima Sala Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación.

Ahora que en los cinco meses transcurridos no se sabe de ninguna acción penal contra la compañía.

¿Sombras nada más, para hacer como que se hace?

Balance general

Al son del refrán que señala: “De lo perdido lo que aparezca”, a la callada el Instituto Mexicano del Seguro Social está realizando una campaña para regularizar a empresas en problemas de adeudos fiscales.

La oferta, en cuyo eje se cancelarían recargos y multas a quienes acudan espontáneamente a regularizarse, alcanza hasta aquellos generados antes del 30 de junio del año pasado.

La cobertura contempla cuatro rubros: Omisión de cuotas obrero-patronales; capitales constituidos; gastos realizados por el organismo tripartita por inscripciones improcedentes, y gastos que tenga que exigir éste de las personas o derechohabientes. Quienes paguen hasta el 31 de marzo tendrán una condonación de 100% en los dos conceptos.

Quienes lo hagan de ahí al 31 de mayo, el 80 en multas y 90 en recargos, y quienes toquen la puerta antes del 31 de junio, de 50 en las primeras y 90 en las segundas.

La solicitud deberá hacerse por escrito, planteando los motivos para la procedencia de la prerrogativa, debiéndose garantizar el interés fiscal.

La posibilidad, naturalmente, habla de realizar los pagos a plazos.

Aviacsa la hizo

De acuerdo al convenio pactado por el nuevo dueño de Aviacsa con sus acreedores, en cuya pauta se le permitió salir del concurso mercantil, la línea aérea le pagaría a quienes no tengan garantía alguna de respaldo apenas 28% de la deuda… en tres años.

La quita, pues, fue de 72%, tres puntos menos a lo solicitado por Mexicana de Aviación.

En total, el débito de la empresa alcanza mil 636 millones de pesos, desparramándose entre 436 acreedores empresariales y cuatro mil 500 usuarios.

La parte más fuerte está en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el aeropuerto capitalino.

Puro escándalo

De acuerdo al secretario de Economía, Bruno Ferrari, las movilizaciones que están planteando los sindicatos independientes para protestar contra la escalada de precios tienen como sustento la imaginación febril de sus dirigentes.

La canasta de productos básicos está casi intacta en su costo.

Según los tradicionalmente acuciosos certificadores de precios de la dependencia, el kilo de tortillas sólo ha incrementado su precio en 18 centavos; el bolillo un centavo; la leche, en algunas tiendas de autoservicio lo ha hecho en tres centavos…

Vamos, ni en la época de don Porfirio crecía tan sutilmente el costo de la vida. Habría, pues, que darle las gracias al gobierno.