Fuente: Prodigy
Vecinos de una ciudad argentina aprueban millonario acuerdo con la empresa holandesa por un derrame, pero no todos están de acuerdo.
Una mancha negra, inmensa y amenazante, tiñó las costas de la localidad de Magdalena aquella mañana de verano de 1999. Los reportes no tardaron en llegar: se trataba del mayor derrame de petróleo en aguas dulces jamás ocurrido.
Pasó una década desde la catástrofe ecológica, y los pobladores de esta localidad apacible de la provincia de Buenos Aires siguieron esperando un dictamen de la Justicia argentina, después de que la municipalidad demandara a la empresa Shell por el accidente.
Ante la demora, el intendente tomó cartas en el asunto. Se sentó a negociar con la multinacional petrolera, y usó el camino extrajudicial para llegar a un acuerdo.
Pero la vía de solución no se agotó allí: el funcionario decidió convocar a los ciudadanos a un insólito plebiscito, en el que debieron decidir si aceptaban los términos del convenio con Shell.
En las urnas, días atrás, los habitantes de Magdalena dijeron "sí", y ahora la empresa holandesa deberá entregar US$9,5 millones a modo de indemnización por el derrame.
"La Justicia ha sido demasiado lenta, y la vía extrajudicial es una herramienta válida para que las partes puedan ponerse de acuerdo, mucho más cuando lo hemos consensuado con la comunidad. Un 77% de los vecinos optó por el acuerdo", dijo a BBC Mundo el intendente de la ciudad, Fernando Carballo.
Polémica verde
Pero el plebiscito que convalidó el acuerdo entre el gobierno y la empresa privada no ha sido para muchos un ejercicio sano de participación ciudadana.
Organizaciones no gubernamentales, ambientalistas y vecinos protestan porque el dinero recogido se destinará a obras públicas, y no a paliar los efectos de la crisis ecológica.
La sábana de crudo, de 10 kilómetros de largo por 50 de ancho, afectó las condiciones ambientales de manera dramática y, según estudios científicos, las consecuencias de la contaminación son irreversibles.
"Nuestro informe de marzo de 2009 concluye que la magnitud del impacto fue lo suficientemente severa como para alterar el ecosistema y producir efectos que aún hoy persisten", afirmó a BBC Mundo Alejandro Meitin, de la Fundación Ala Plástica, uno de los organismos que se opone a la estrategia de negociación con Shell.
Y no sólo se trata de los residuos en las aguas. Según el ambientalista, las tareas de limpieza llevadas adelante por la multinacional erradicaron tallos, rizomas y raíces de la franja costera en los días siguientes al accidente, porque no fueron realizadas con equipos adecuados.
La empresa Shell se abstuvo de hacer declaraciones ante la consulta de BBC Mundo.
Junto con la Universidad de La Plata y la de Montevideo, los expertos de Ala Plástica aseguran que presentaron sus investigaciones a la intendencia, para reclamar un programa de reparación ambiental con participación de la ciudadanía.
En las filas del gobierno local, niegan que, una década más tarde, exista evidencia científica de que el medio ambiente necesita ser atendido.
"No hemos hecho estudio, los que hay los hizo la empresa y le han dado resultados que señalan que la contaminación no existe ya en los niveles del derrame. En el proyecto turístico vamos a afectar fondos, si es necesario hacer algo para la recuperación de esa zona", expresó el intendente Carballo.
El flamante Plan de Desarrollo Turístico que celebra el funcionario es parte de los proyectos de cooperación que se establecerán entre Shell y el gobierno local a partir del acuerdo extrajudicial.
Además de la indemnización en metálico, la compañía prestará su colaboración "desinteresada y no vinculante" - según expresó en un documento - para la instalación de una planta de tratamiento de residuos y un parque industrial, que las autoridades confían traerán una inyección de recursos y nuevos puestos de trabajo.
Para tareas medioambientales, sin embargo, no hay presupuesto reservado.
Destino negro
La historia "negra" de Magdalena fue consecuencia indeseada de un accidente fluvial.
El 15 de enero de 1999, el buque "Estrella Pampeana", cargado con hidrocarburos de la holandesa Shell, y el "Sea Parana", de bandera alemana, chocaron en aguas del Río de la Plata.
En pocas horas, 30 kilómetros de playa habían desaparecido bajo el manto espeso de 5 millones de litros de petróleo. La fauna y la flora fueron las víctimas fatales del crudo derramado, pero también los pobladores. Los juncales que se alineaban junto a la costa desaparecieron, y con ellos los empleos de cientos de recolectores, ocupados en una de las principales actividades económicas de la zona.
Asimismo, muchos habitantes creen que varios casos de cáncer y enfermedades genéticas que se registraron en el partido en los últimos años guardan relación directa con los residuos químicos y las emanaciones del derrame.
Por el momento, las denuncias no han sido resueltas en la Justicia. Son 523 causas individuales, que reclaman de la empresa un total de US$360 millones: casi 40 veces lo que Shell pactó con el intendente para cerrar el caso.
Plebiscito cuestionado
En la votación de mayo de 2009, los ciudadanos tenían dos boletas simples: un "sí" o un "no" para manifestar si aceptaban la oferta de la multinacional, en lugar de esperar el fallo de los tribunales.
En los días previos a la consulta, la ciudad se mostró dividida y, aunque el acuerdo fue convalidado, los niveles de participación fueron bajos: sólo una cuarta parte de los habilitados concurrió a las urnas.
Quienes critican la estrategia del intendente señalaron que faltó información adecuada.
"El plebiscito debería darse con el acceso a información sensible y científica para que la comunidad decida. En este caso, no pasó. La información ha sido muy parcial, orientada al hecho de que la localidad recibiría muchos millones. Eso atenta contra la legalidad de este proceso democrático", denunció el activista Meitin.
Desde el ámbito del derecho, también se presentaron objeciones por el precedente que sienta la resolución de un conflicto ambiental por fuera de la Justicia.
"Los juicios demorados y los arreglos extrajudiciales hacen que, en el futuro, pierdan peso los incentivos para que las empresas tomen las precauciones necesarias en el transporte de sustancias peligrosas", señaló a BBC el jurista Horacio Spector, de la Universidad Torcuato Di Tella, institución que asiste a los abogados de los vecinos demandantes.
Lo cierto es que, una década después, el acuerdo entre las partes permite que se cumpla un principio del derecho ambiental internacional - al que Argentina adscribe -, que establece que "quien contamina, paga".
Muchos magdalenienses celebran el fin de la espera, y la llegada de "dinero para la gente".
Tras la homologación del acuerdo por parte de un juez, aún pendiente, llegarán los dólares de Shell, y los beneficios prometidos al funcionario de turno.
Aunque el ecosistema ya nunca vuelva a ser el mismo.
