Fuente: Proceso
EMILIO GODOY
MÉXICO, D.F., 23 de octubre (apro).- Mientras en Estados Unidos avanza la investigación sobre el pago de sobornos de la empresa perforadora de pozos petroleros Pride --que opera en México--, a funcionarios de Aduanas y, presumiblemente, de Petróleos Mexicanos (Pemex), ese caso languidece en México, como otros similares.
Entre inicios de 2002 y principios de 2006, Pride, con sede en la ciudad texana de Houston, pagó a uno o más funcionarios mexicanos no identificados miles de dólares para permitir el paso de equipo y de una plataforma de perforación, así como para que se incluyeran éstas en un contrato de perforación y entretenimiento para esos servidores públicos.
El presunto conocimiento y aceptación de esos desembolsos anómalos por parte de la alta dirección de la transnacional ha generado descontento entre sus accionistas, al grado de provocar demandas penales en su contra. Pride cotiza en la Bolsa de Nueva York.
Kyle Arnold, accionista de la compañía, presentó el 14 de octubre una querella ante una corte distrital de Texas en contra de exejecutivos, consejeros y altos funcionarios de la corporación bajo el cargo de violación al deber fiduciario de buena fe, según la causa 2009-66082, a la que apro tuvo acceso.
El 17 de marzo de 2006, Pride informó que no podría presentar su informe 10-K --un reporte anual que se entrega a la Comisión Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) sobre el estado de una empresa-- del año fiscal 2005, y reconoció que el Departamento de Auditoría Interna había recibido señalamientos de pagos inapropiados a funcionarios extranjeros desde años atrás, lo que constituían violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) de 1977. Por ello, anunció que iniciaba una investigación.
"Algunos directores actuales y pasados funcionarios de la compañía sabían de esas violaciones, y que éstas podrían, y eventualmente lo hicieron, ocasionar un daño serio a Pride y sus accionistas; aun así, fallaron en hacer un esfuerzo consciente para corregir o prevenir la anomalía", se indica en la demanda, de 34 páginas de extensión.
El 31 de mayo de 2006, la transnacional reveló la renuncia de John R. Blocker, Jr., vicepresidente ejecutivo y director operativo desde enero de 2005, a causa del escándalo.
El 30 de junio la compañía presentó sus reportes 10-K y 10-Q –de naturaleza similar al 10-K, pero trimestral--, en los cuales reconoció el pago de hasta un millón de dólares a funcionarios de México y Venezuela entre 2002 y 2006.
En su comunicación a la SEC, el 1 de marzo de 2007, la empresa abundó en los sucesos relacionados con México y que había descubierto más desembolsos anómalos en Arabia Saudita y Kazajstán. En el primer caso, la corporación pagó por "el entretenimiento inapropiado" de funcionarios mexicanos. Asimismo, reveló que el gerente de la filial mexicana de Pride fue despedido el 2 de diciembre de 2006.
La pesquisa interna de Pride descubrió que ésta compró a funcionarios públicos en Venezuela, México, Arabia Saudita, Kazajstán, Brasil, Nigeria, Libia, Angola, República Democrática del Congo, Malasia e India.
En consecuencia, el Departamento Justicia de Estados Unidos y la SEC iniciaron una investigación que aún se desarrolla, y de la cual cabe la posibilidad de que la transnacional llegue a un acuerdo y pague una multa que podría superar los 25 millones de dólares.
"Nuestros clientes en Venezuela y México podrían buscar la imposición de multas o tomar otras medidas contrarias a nuestros intereses", dijo Pride en el comunicado de marzo de 2007.
"Estamos cooperando con las autoridades correspondientes en asuntos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que permanecen bajo investigación(…) Hemos tomado, y seguiremos haciéndolo, medidas disciplinarias donde sea apropiado, para enfatizar nuestro compromiso de manejar nuestras operaciones ética y legalmente, y para transmitir a nuestros empleados nuestra expectativa de que ellos alcancen los más altos niveles de honestidad, integridad, estándares éticos y respeto a la ley", declaró a apro Kate Pérez, directora de Relaciones con Inversionistas y Comunicación Corporativa de Pride.
Pride Internacional de México LLC, cuya oficina se encuentra en Ciudad del Carmen, Campeche, y Mexico Drilling Limited –ambas subsidiarias de la matriz estadunidense--, han recibido contratos de Pemex Exploración y Producción por más de 11 mil millones de pesos por el arrendamiento de sus plataformas desde 2004.
Pemex no respondió a la consulta del reportero.
Callada tolerancia
Arnold entabló la demanda en contra de Paul A. Bragg, David A. B. Brown, Archie W. Dunham, Ralph D. McBride, Louis A. Raspino, Blocker, Jr., y Gregory Looser.
Bragg fue presidente y director ejecutivo entre 1999 y 2005, y director operativo de 1997 a 1999; Brown ha sido presidente del consejo desde mayo de 2005 y consejero desde septiembre de 2001; Dunham, consejero desde mayo de 2005 e integrante de los comités de Auditoría desde 2006 y del de Compensación, desde este año.
Además, Kalman ha sido consejero desde octubre de 2005 y miembro del Comité de Auditoría desde 2006; McBride, consejero desde septiembre de 1995; Raspino, consejero desde junio de 2005 y es director financiero de la empresa; en tanto que Looser ha sido vicepresidente señor desde junio de 2008. Previamente, de 2005 a junio de 2008, ocupó ese cargo y el de consejero general y secretario.
De acuerdo con la querella, a todos los jefes, directores y empleados se les requería el apego al Código de Conducta Empresarial y Prácticas Éticas, aprobado por el Consejo de Administración el 19 de febrero de 2004. Éste estipula que "a todos los empleados se les requiere cumplir con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos.
En esencia, "ningún empleado debe hacer o prometer hacer, directa o indirectamente, ningún pago de dinero u objeto de valor a ningún funcionario de un gobierno, partido político o candidato a un cargo político, con el propósito de influir o inducir a esa persona a actuar de alguna manera para ayudar a la compañía a obtener o mantener un negocio para o con la empresa".
Según el documento legal, el Consejo sabía de las "violaciones sistemáticas y numerosas" a la ley, al menos desde febrero de 2006.
"Los acusados sabían de las violaciones mucho antes que la empresa hiciera pública su investigación. Empero, no actuaron hasta que un empleado anónimo se quejó de las irregularidades", cita el texto suscrito por los abogados Eric Zagar, Michael J. Hynes y Jesse Fuchs-Simon, de la firma, Barroway Topas Kessler Meltzer y Check, LLP, y representantes legales del acusador.
En una nueva comunicación del pasado 30 de julio, Pride dio a conocer que sostenía negociaciones con el DOJ y la SEC en relación con las violaciones incurridas, un proceso que concluiría a finales de este año.
Arnold presentó el pasado 15 de junio una solicitud de acciones contra los acusados ante el Consejo de Administración, para la cual no ha habido una respuesta oficial.
En diciembre de 2008, otro escándalo de corrupción golpeó a Pemex, luego de que la SEC reveló que la empresa alemana Siemens entregó a finales de 2004 al menos 2.6 millones de dólares a un consultor de negocios con conexiones políticas.
A su vez, este asesor usó una parte de esa cantidad para sobornar a un alto funcionario de la paraestatal para resolver una disputa entre la transnacional teutona y la petrolera nacional por la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, Nuevo León. Las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora por Petróleos Mexicanos no han redundado en acusaciones o detenciones.
EMILIO GODOY
MÉXICO, D.F., 23 de octubre (apro).- Mientras en Estados Unidos avanza la investigación sobre el pago de sobornos de la empresa perforadora de pozos petroleros Pride --que opera en México--, a funcionarios de Aduanas y, presumiblemente, de Petróleos Mexicanos (Pemex), ese caso languidece en México, como otros similares.
Entre inicios de 2002 y principios de 2006, Pride, con sede en la ciudad texana de Houston, pagó a uno o más funcionarios mexicanos no identificados miles de dólares para permitir el paso de equipo y de una plataforma de perforación, así como para que se incluyeran éstas en un contrato de perforación y entretenimiento para esos servidores públicos.
El presunto conocimiento y aceptación de esos desembolsos anómalos por parte de la alta dirección de la transnacional ha generado descontento entre sus accionistas, al grado de provocar demandas penales en su contra. Pride cotiza en la Bolsa de Nueva York.
Kyle Arnold, accionista de la compañía, presentó el 14 de octubre una querella ante una corte distrital de Texas en contra de exejecutivos, consejeros y altos funcionarios de la corporación bajo el cargo de violación al deber fiduciario de buena fe, según la causa 2009-66082, a la que apro tuvo acceso.
El 17 de marzo de 2006, Pride informó que no podría presentar su informe 10-K --un reporte anual que se entrega a la Comisión Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) sobre el estado de una empresa-- del año fiscal 2005, y reconoció que el Departamento de Auditoría Interna había recibido señalamientos de pagos inapropiados a funcionarios extranjeros desde años atrás, lo que constituían violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) de 1977. Por ello, anunció que iniciaba una investigación.
"Algunos directores actuales y pasados funcionarios de la compañía sabían de esas violaciones, y que éstas podrían, y eventualmente lo hicieron, ocasionar un daño serio a Pride y sus accionistas; aun así, fallaron en hacer un esfuerzo consciente para corregir o prevenir la anomalía", se indica en la demanda, de 34 páginas de extensión.
El 31 de mayo de 2006, la transnacional reveló la renuncia de John R. Blocker, Jr., vicepresidente ejecutivo y director operativo desde enero de 2005, a causa del escándalo.
El 30 de junio la compañía presentó sus reportes 10-K y 10-Q –de naturaleza similar al 10-K, pero trimestral--, en los cuales reconoció el pago de hasta un millón de dólares a funcionarios de México y Venezuela entre 2002 y 2006.
En su comunicación a la SEC, el 1 de marzo de 2007, la empresa abundó en los sucesos relacionados con México y que había descubierto más desembolsos anómalos en Arabia Saudita y Kazajstán. En el primer caso, la corporación pagó por "el entretenimiento inapropiado" de funcionarios mexicanos. Asimismo, reveló que el gerente de la filial mexicana de Pride fue despedido el 2 de diciembre de 2006.
La pesquisa interna de Pride descubrió que ésta compró a funcionarios públicos en Venezuela, México, Arabia Saudita, Kazajstán, Brasil, Nigeria, Libia, Angola, República Democrática del Congo, Malasia e India.
En consecuencia, el Departamento Justicia de Estados Unidos y la SEC iniciaron una investigación que aún se desarrolla, y de la cual cabe la posibilidad de que la transnacional llegue a un acuerdo y pague una multa que podría superar los 25 millones de dólares.
"Nuestros clientes en Venezuela y México podrían buscar la imposición de multas o tomar otras medidas contrarias a nuestros intereses", dijo Pride en el comunicado de marzo de 2007.
"Estamos cooperando con las autoridades correspondientes en asuntos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que permanecen bajo investigación(…) Hemos tomado, y seguiremos haciéndolo, medidas disciplinarias donde sea apropiado, para enfatizar nuestro compromiso de manejar nuestras operaciones ética y legalmente, y para transmitir a nuestros empleados nuestra expectativa de que ellos alcancen los más altos niveles de honestidad, integridad, estándares éticos y respeto a la ley", declaró a apro Kate Pérez, directora de Relaciones con Inversionistas y Comunicación Corporativa de Pride.
Pride Internacional de México LLC, cuya oficina se encuentra en Ciudad del Carmen, Campeche, y Mexico Drilling Limited –ambas subsidiarias de la matriz estadunidense--, han recibido contratos de Pemex Exploración y Producción por más de 11 mil millones de pesos por el arrendamiento de sus plataformas desde 2004.
Pemex no respondió a la consulta del reportero.
Callada tolerancia
Arnold entabló la demanda en contra de Paul A. Bragg, David A. B. Brown, Archie W. Dunham, Ralph D. McBride, Louis A. Raspino, Blocker, Jr., y Gregory Looser.
Bragg fue presidente y director ejecutivo entre 1999 y 2005, y director operativo de 1997 a 1999; Brown ha sido presidente del consejo desde mayo de 2005 y consejero desde septiembre de 2001; Dunham, consejero desde mayo de 2005 e integrante de los comités de Auditoría desde 2006 y del de Compensación, desde este año.
Además, Kalman ha sido consejero desde octubre de 2005 y miembro del Comité de Auditoría desde 2006; McBride, consejero desde septiembre de 1995; Raspino, consejero desde junio de 2005 y es director financiero de la empresa; en tanto que Looser ha sido vicepresidente señor desde junio de 2008. Previamente, de 2005 a junio de 2008, ocupó ese cargo y el de consejero general y secretario.
De acuerdo con la querella, a todos los jefes, directores y empleados se les requería el apego al Código de Conducta Empresarial y Prácticas Éticas, aprobado por el Consejo de Administración el 19 de febrero de 2004. Éste estipula que "a todos los empleados se les requiere cumplir con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos.
En esencia, "ningún empleado debe hacer o prometer hacer, directa o indirectamente, ningún pago de dinero u objeto de valor a ningún funcionario de un gobierno, partido político o candidato a un cargo político, con el propósito de influir o inducir a esa persona a actuar de alguna manera para ayudar a la compañía a obtener o mantener un negocio para o con la empresa".
Según el documento legal, el Consejo sabía de las "violaciones sistemáticas y numerosas" a la ley, al menos desde febrero de 2006.
"Los acusados sabían de las violaciones mucho antes que la empresa hiciera pública su investigación. Empero, no actuaron hasta que un empleado anónimo se quejó de las irregularidades", cita el texto suscrito por los abogados Eric Zagar, Michael J. Hynes y Jesse Fuchs-Simon, de la firma, Barroway Topas Kessler Meltzer y Check, LLP, y representantes legales del acusador.
En una nueva comunicación del pasado 30 de julio, Pride dio a conocer que sostenía negociaciones con el DOJ y la SEC en relación con las violaciones incurridas, un proceso que concluiría a finales de este año.
Arnold presentó el pasado 15 de junio una solicitud de acciones contra los acusados ante el Consejo de Administración, para la cual no ha habido una respuesta oficial.
En diciembre de 2008, otro escándalo de corrupción golpeó a Pemex, luego de que la SEC reveló que la empresa alemana Siemens entregó a finales de 2004 al menos 2.6 millones de dólares a un consultor de negocios con conexiones políticas.
A su vez, este asesor usó una parte de esa cantidad para sobornar a un alto funcionario de la paraestatal para resolver una disputa entre la transnacional teutona y la petrolera nacional por la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, Nuevo León. Las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora por Petróleos Mexicanos no han redundado en acusaciones o detenciones.
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