Fuente: La Provincias
La industria pesquera de la Unión Europea es la tercera del mundo por importancia económica -lo cual no resulta extraño al ser la mayor superficie marítima, con 70.000 kilómetros de costa y 1.200 puertos-, y suministra unos 6,9 millones de toneladas de pescado al año. A su vez, tanto la propia pesca como la industria de transformación de sus productos emplean de forma directa a más de 400.000 personas, si bien son casi cinco millones las que de una u otra manera están vinculadas a esta actividad. Estas cifras dan una medida de la importancia de un sector que, con el paso de los años ha visto reducido su tamaño y representatividad en el Producto Interior Bruto (PIB) comunitario, aunque aún sigue siendo casi estratégico para algunos países.
Por este motivo, los responsables de la Comisión han dejado claro que entre las prioridades del próximo trío de presidencias comunitarias (España, Bélgica y Hungría) destaca la revisión de la Política Pesquera Común -cuyo diseño actual termina en 2012-, con el propósito de asegurar su viabilidad económica, social y medioambiental. El reto es «lograr el correcto equilibrio entre la competitividad del sector y la sostenibilidad, tanto de las poblaciones como de los ecosistemas marinos».
Para el período 2007-2013, el Fondo Europeo de Pesca dispone de 3.850 millones de euros, y en los próximos años el comisario europeo del ramo, Joe Borg, pretende usar la dotación que aún está disponible para «cambiar el modo en que Europa gestiona sus activos marítimos». Estos nuevos derroteros deben pasar, a su juicio, porque todos los Estados miembros cooperen más entre sí en tareas de vigilancia, a fin de conseguir una mayor influencia europea en los esfuerzos internacionales por una mejor gestión de los mares. Dos proyectos piloto (uno en el Mediterráneo y otro en el Mar del Norte) pondrán a prueba la validez de este giro político-económico, encaminado a alcanzar una verdadera pesca sostenible.
Una iniciativa más en ese sentido ha sido el nuevo reglamento de pesca -que contempla un 'carné por puntos' para pescadores y sanciones de hasta 300.000 euros por infracciones graves- y la reciente propuesta de cuotas para 2010, en la que la Comisión Europea ha revisado a la baja -aunque menos que en años anteriores- sus autorizaciones para el bacalao (que con un 25% menos, ha sufrido el recorte más importante), el arenque y el boquerón, las especies que corren mayor riesgo. En aguas españolas, aparte de la veda de la anchoa en el Golfo de Vizcaya (que también afecta a Francia), se plantea capturar un 10% menos de cigalas, un 25% menos de rape y un 15% menos de gallo.
Las quejas, aunque también menores, se han repetido este año. Ante ello, el comisario Borg les ha respondido que «siempre habrá voces aisladas de descontento y cortoplacismo, favorables a capturar un poco más hoy y dejar la sostenibilidad para mañana. Pero no debemos prestarles oído si queremos asegurar el futuro».
La industria pesquera de la Unión Europea es la tercera del mundo por importancia económica -lo cual no resulta extraño al ser la mayor superficie marítima, con 70.000 kilómetros de costa y 1.200 puertos-, y suministra unos 6,9 millones de toneladas de pescado al año. A su vez, tanto la propia pesca como la industria de transformación de sus productos emplean de forma directa a más de 400.000 personas, si bien son casi cinco millones las que de una u otra manera están vinculadas a esta actividad. Estas cifras dan una medida de la importancia de un sector que, con el paso de los años ha visto reducido su tamaño y representatividad en el Producto Interior Bruto (PIB) comunitario, aunque aún sigue siendo casi estratégico para algunos países.
Por este motivo, los responsables de la Comisión han dejado claro que entre las prioridades del próximo trío de presidencias comunitarias (España, Bélgica y Hungría) destaca la revisión de la Política Pesquera Común -cuyo diseño actual termina en 2012-, con el propósito de asegurar su viabilidad económica, social y medioambiental. El reto es «lograr el correcto equilibrio entre la competitividad del sector y la sostenibilidad, tanto de las poblaciones como de los ecosistemas marinos».
Para el período 2007-2013, el Fondo Europeo de Pesca dispone de 3.850 millones de euros, y en los próximos años el comisario europeo del ramo, Joe Borg, pretende usar la dotación que aún está disponible para «cambiar el modo en que Europa gestiona sus activos marítimos». Estos nuevos derroteros deben pasar, a su juicio, porque todos los Estados miembros cooperen más entre sí en tareas de vigilancia, a fin de conseguir una mayor influencia europea en los esfuerzos internacionales por una mejor gestión de los mares. Dos proyectos piloto (uno en el Mediterráneo y otro en el Mar del Norte) pondrán a prueba la validez de este giro político-económico, encaminado a alcanzar una verdadera pesca sostenible.
Una iniciativa más en ese sentido ha sido el nuevo reglamento de pesca -que contempla un 'carné por puntos' para pescadores y sanciones de hasta 300.000 euros por infracciones graves- y la reciente propuesta de cuotas para 2010, en la que la Comisión Europea ha revisado a la baja -aunque menos que en años anteriores- sus autorizaciones para el bacalao (que con un 25% menos, ha sufrido el recorte más importante), el arenque y el boquerón, las especies que corren mayor riesgo. En aguas españolas, aparte de la veda de la anchoa en el Golfo de Vizcaya (que también afecta a Francia), se plantea capturar un 10% menos de cigalas, un 25% menos de rape y un 15% menos de gallo.
Las quejas, aunque también menores, se han repetido este año. Ante ello, el comisario Borg les ha respondido que «siempre habrá voces aisladas de descontento y cortoplacismo, favorables a capturar un poco más hoy y dejar la sostenibilidad para mañana. Pero no debemos prestarles oído si queremos asegurar el futuro».
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