Fuente: La Jornada
Alfredo Méndez
La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se sumó a la inconformidad de diversas empresas nacionales y extranjeras asentadas en el puerto de Altamira, Tamaulipas, las cuales consideran anticonstitucional el amparo otorgado en noviembre pasado a diversos ejidatarios asesorados por el abogado panista Diego Fernández de Cevallos.
Con la sentencia judicial, los ejidatarios consiguieron que se les devuelvan los terrenos expropiados para la construcción de la terminal portuaria; de lo contrario se les debe pagar una indemnización que superaría los mil 500 millones de pesos.
El pasado 22 de junio, la dependencia federal solicitó a un tribunal federal con sede en Tamaulipas que anule el juicio que hasta el momento beneficia a los representados por el bufete jurídico del ex senador panista.
También pidió que ordene reponer el procedimiento legal para valorar diversas pruebas que no fueron tomadas en cuenta en la resolución anterior.
La SRA hizo la solicitud en representación del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe). Así, la dependencia acreditó la personalidad jurídica en este litigio y solicitó la protección de la justicia federal contra la sentencia favorable a los clientes del jefe Diego, con la que se pretende declarar nulo el decreto de expropiación de los terrenos donde se levantó la terminal marítima.
En noviembre pasado, el despacho jurídico que encabezan los abogados Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, este último ex procurador general de la República, ganó un litigio en favor de dos grupos de ejidatarios afectados por la expropiación de terrenos, para efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pague una suma de al menos mil 500 millones de pesos o de lo contrario regrese a dos grupos ejidales los terrenos donde se asienta el puerto industrial de Altamira.
Tras hacerse público este caso el mes pasado, el titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, anunció que recurrirá la sentencia de amparo y hará valer todos los medios de defensa a su alcance para no pagar dos veces por esos terrenos o que se afecte la producción en el puerto de Altamira.
El fideicomiso Fifonafe es el único legitimado para ejercer la acción legal para la reversión de tierras, tratándose de expropiación de bienes ejidales y comunales, porque con el amparo obtenido por los abogados panistas, está obligado a devolver recursos financieros que le fueron entregados luego de un acuerdo en 1993 para no revertir el decreto de expropiación sobre diversos terrenos que se encuentran dentro de la superficie que ahora reclaman dos grupos ejidales.
Alfredo Méndez
La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se sumó a la inconformidad de diversas empresas nacionales y extranjeras asentadas en el puerto de Altamira, Tamaulipas, las cuales consideran anticonstitucional el amparo otorgado en noviembre pasado a diversos ejidatarios asesorados por el abogado panista Diego Fernández de Cevallos.
Con la sentencia judicial, los ejidatarios consiguieron que se les devuelvan los terrenos expropiados para la construcción de la terminal portuaria; de lo contrario se les debe pagar una indemnización que superaría los mil 500 millones de pesos.
El pasado 22 de junio, la dependencia federal solicitó a un tribunal federal con sede en Tamaulipas que anule el juicio que hasta el momento beneficia a los representados por el bufete jurídico del ex senador panista.
También pidió que ordene reponer el procedimiento legal para valorar diversas pruebas que no fueron tomadas en cuenta en la resolución anterior.
La SRA hizo la solicitud en representación del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe). Así, la dependencia acreditó la personalidad jurídica en este litigio y solicitó la protección de la justicia federal contra la sentencia favorable a los clientes del jefe Diego, con la que se pretende declarar nulo el decreto de expropiación de los terrenos donde se levantó la terminal marítima.
En noviembre pasado, el despacho jurídico que encabezan los abogados Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, este último ex procurador general de la República, ganó un litigio en favor de dos grupos de ejidatarios afectados por la expropiación de terrenos, para efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pague una suma de al menos mil 500 millones de pesos o de lo contrario regrese a dos grupos ejidales los terrenos donde se asienta el puerto industrial de Altamira.
Tras hacerse público este caso el mes pasado, el titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, anunció que recurrirá la sentencia de amparo y hará valer todos los medios de defensa a su alcance para no pagar dos veces por esos terrenos o que se afecte la producción en el puerto de Altamira.
El fideicomiso Fifonafe es el único legitimado para ejercer la acción legal para la reversión de tierras, tratándose de expropiación de bienes ejidales y comunales, porque con el amparo obtenido por los abogados panistas, está obligado a devolver recursos financieros que le fueron entregados luego de un acuerdo en 1993 para no revertir el decreto de expropiación sobre diversos terrenos que se encuentran dentro de la superficie que ahora reclaman dos grupos ejidales.
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