Fuente: El País
"Se equivocaron nuestros adversarios: el fallo de La Haya ha unido a Centroamérica", dijo en 2007 el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, por entonces seguro en su cargo, al saber que el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) había resuelto la disputa territorial y marítima entre su país y Nicaragua. En una decisión salomónica, la corte de la ONU otorgó a la parte hondureña la soberanía que reclamaba sobre cuatro islas en el Caribe (los cayos Bobel, South, Savanna y Port Royal). Al trazar luego una nueva línea divisoria a partir de las costas de cada país, los jueces repartieron el resto de la razón entre ambos. Una vez arrumbado el trazado sobre los paralelos 15 y 17, defendidos, respectivamente, por Tegucigalpa y Managua, la decisión complació a las dos capitales. Con la ley en la mano, es decir, en la mejor tradición latinoamericana, se había despolitizado un grave problema regional. Además, quedó intacto el prestigio nacional de las partes.
Actualmente, el TIJ tiene pendientes de decisión cuatro casos latinoamericanos que incumben a siete países: Nicaragua contra Colombia, Ecuador contra Colombia, Argentina contra Uruguay y Perú contra Chile. Pero, si el TIJ lleva operando seis décadas, ¿por qué este renovado interés en su labor, con los cuatro casos pendientes y dos de arreglo reciente, en un continente propenso a los roces diplomáticos por culpa de sus fronteras? Para Gabriel Rosenzweig, diplomático mexicano, el hecho mismo de acudir al tribunal de Naciones Unidas supone una forma de victoria para los litigantes. "Lo difícil es la negociación política interna anterior. Una vez agotada la vía diplomática bilateral, los países deben ponerse de acuerdo en respetar el fallo de los jueces. Y ese mecanismo es el que legitima a los líderes ante su opinión pública. Salen fortalecidos y salvan la cara, si se quiere, aunque no consigan todo lo que buscaban", afirma.
Del lado mexicano, que podría hacerse extensivo al resto del continente, la labor del tribunal tiene otro valor añadido. "El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, conocido como el Pacto de Bogotá, marca el principio que nos rige. Es la fuerza del derecho internacional en un escenario como el latinoamericano, con un vecino tan poderoso como Estados Unidos", añade Rosenzweig.
En algunos casos, como el que enfrentó hasta la pasada semana a Costa Rica y Nicaragua, las bondades de la mano salomónica del TIJ parecen evidentes. Según el fallo, el primer país podrá navegar libremente por el río San Juan, que marca la frontera entre ambos. Nicaragua, a su vez, mantiene la soberanía fluvial e inspeccionará los navíos y a sus pasajeros en los puntos de control fijados en el cauce. Aunque Managua no descartaba regresar a los mismos jueces si "la situación sobre el terreno no funciona", el contencioso se cerró satisfactoriamente. Otro motivo para celebrar, después del arreglo entre Honduras y Nicaragua.
Nicaragua contra Colombia. El centroamericano tiene, con todo, otro litigio pendiente: la pelea con Colombia por fijar la frontera marítima y continental en el Caribe. El TIJ se ha declarado competente para ello, pero ya ha fallado que las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son colombianas, en virtud del Tratado de Bárcenas-Esguerra (1928). Queda por decidir la extensión del archipiélago de San Andrés.
Ecuador contra Colombia. En otras ocasiones, sin embargo, las espinas que erizan las fronteras comunes son mucho más duras. Ocurrió con Ecuador y Colombia, separadas por las fumigaciones contra las plantaciones de coca en la frontera colombiana. Nadie discute la lucha contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos en la linde común. Pero ahí acaba la amabilidad. Quito exige "la paralización inmediata de las aspersiones". También pide que se respete una franja de 10 kilómetros desde la frontera. Trata de evitar lo que los científicos denominan el efecto deriva, por el viento, de las fumigaciones, que alcanzan suelo ecuatoriano. Pero lo que de verdad está minando las relaciones diplomáticas -que no comerciales- entre unos vecinos antes modélicos es lo que podría denominarse el factor guerrilla del asunto. El Gobierno de Bogotá afirma que los cultivos ilícitos están controlados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Y cree que los rebeldes a su vez pueden haber camuflado minas antipersona entre las plantas; de ahí que no puedan ser arrancadas a mano. La situación se tensó más si cabe en marzo de 2008, tras el bombardeo de un campamento guerrillero clandestino situado en territorio ecuatoriano. En el asalto murió Raúl Reyes, el número dos de las FARC.
En los últimos días, además, ha ocurrido algo insospechado. Un jefe guerrillero ha confesado la supuesta financiación, por parte de las FARC, de la primera campaña electoral de Rafael Correa, presidente ecuatoriano y aliado privilegiado del venezolano Hugo Chávez. Ante esta declaración, negada por Ecuador, palidece un aspecto novedoso de la pugna entre Quito y Bogotá. "Los dos países suman la mayor biodiversidad del mundo, y nuestra demanda muestra la evolución del derecho internacional hacia temas del entorno", subrayó el pasado abril Diego Cordóvez, representante ante el TIJ.
Agentina contra Uruguay. La tendencia medioambiental señalada por el representante ecuatoriano la inauguró el propio TIJ en 2006. Fue, claro, con el conflicto sobre la presunta contaminación de dos fábricas de celulosa que enfrenta a Uruguay y Argentina. Bautizada ya como la guerra de las papeleras, ha marcado el curso del río Uruguay, donde se construyen. Buenos Aires, la demandante, considera que las plantas violan un tratado internacional firmado en 1975 sobre el uso fluvial. Montevideo, que ha efectuado la mayor inversión privada de su historia, tilda de abusivos los bloqueos del lado argentino, en una zona turística. Las audiencias públicas empezarán en septiembre.
Perú contra Chile. Por último, el diferendo entre Perú y Chile es por la delimitación marítima sobre un área de unos 100.000 kilómetros cuadrados en el Pacífico. Perú es la demandante y quiere una línea equidistante entre ambas fronteras, y no el actual paralelo que delimita el mar territorial y la zona económica exclusiva de ambos. Chile afirma que no hay temas limítrofes pendientes.
Y aún puede llegar a La Haya otro contencioso regional: el protagonizado por Belice y Guatemala, que reclama más de la mitad del territorio beliceño.
Actualmente, el TIJ tiene pendientes de decisión cuatro casos latinoamericanos que incumben a siete países: Nicaragua contra Colombia, Ecuador contra Colombia, Argentina contra Uruguay y Perú contra Chile. Pero, si el TIJ lleva operando seis décadas, ¿por qué este renovado interés en su labor, con los cuatro casos pendientes y dos de arreglo reciente, en un continente propenso a los roces diplomáticos por culpa de sus fronteras? Para Gabriel Rosenzweig, diplomático mexicano, el hecho mismo de acudir al tribunal de Naciones Unidas supone una forma de victoria para los litigantes. "Lo difícil es la negociación política interna anterior. Una vez agotada la vía diplomática bilateral, los países deben ponerse de acuerdo en respetar el fallo de los jueces. Y ese mecanismo es el que legitima a los líderes ante su opinión pública. Salen fortalecidos y salvan la cara, si se quiere, aunque no consigan todo lo que buscaban", afirma.
Del lado mexicano, que podría hacerse extensivo al resto del continente, la labor del tribunal tiene otro valor añadido. "El Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, conocido como el Pacto de Bogotá, marca el principio que nos rige. Es la fuerza del derecho internacional en un escenario como el latinoamericano, con un vecino tan poderoso como Estados Unidos", añade Rosenzweig.
En algunos casos, como el que enfrentó hasta la pasada semana a Costa Rica y Nicaragua, las bondades de la mano salomónica del TIJ parecen evidentes. Según el fallo, el primer país podrá navegar libremente por el río San Juan, que marca la frontera entre ambos. Nicaragua, a su vez, mantiene la soberanía fluvial e inspeccionará los navíos y a sus pasajeros en los puntos de control fijados en el cauce. Aunque Managua no descartaba regresar a los mismos jueces si "la situación sobre el terreno no funciona", el contencioso se cerró satisfactoriamente. Otro motivo para celebrar, después del arreglo entre Honduras y Nicaragua.
Nicaragua contra Colombia. El centroamericano tiene, con todo, otro litigio pendiente: la pelea con Colombia por fijar la frontera marítima y continental en el Caribe. El TIJ se ha declarado competente para ello, pero ya ha fallado que las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son colombianas, en virtud del Tratado de Bárcenas-Esguerra (1928). Queda por decidir la extensión del archipiélago de San Andrés.
Ecuador contra Colombia. En otras ocasiones, sin embargo, las espinas que erizan las fronteras comunes son mucho más duras. Ocurrió con Ecuador y Colombia, separadas por las fumigaciones contra las plantaciones de coca en la frontera colombiana. Nadie discute la lucha contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos en la linde común. Pero ahí acaba la amabilidad. Quito exige "la paralización inmediata de las aspersiones". También pide que se respete una franja de 10 kilómetros desde la frontera. Trata de evitar lo que los científicos denominan el efecto deriva, por el viento, de las fumigaciones, que alcanzan suelo ecuatoriano. Pero lo que de verdad está minando las relaciones diplomáticas -que no comerciales- entre unos vecinos antes modélicos es lo que podría denominarse el factor guerrilla del asunto. El Gobierno de Bogotá afirma que los cultivos ilícitos están controlados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Y cree que los rebeldes a su vez pueden haber camuflado minas antipersona entre las plantas; de ahí que no puedan ser arrancadas a mano. La situación se tensó más si cabe en marzo de 2008, tras el bombardeo de un campamento guerrillero clandestino situado en territorio ecuatoriano. En el asalto murió Raúl Reyes, el número dos de las FARC.
En los últimos días, además, ha ocurrido algo insospechado. Un jefe guerrillero ha confesado la supuesta financiación, por parte de las FARC, de la primera campaña electoral de Rafael Correa, presidente ecuatoriano y aliado privilegiado del venezolano Hugo Chávez. Ante esta declaración, negada por Ecuador, palidece un aspecto novedoso de la pugna entre Quito y Bogotá. "Los dos países suman la mayor biodiversidad del mundo, y nuestra demanda muestra la evolución del derecho internacional hacia temas del entorno", subrayó el pasado abril Diego Cordóvez, representante ante el TIJ.
Agentina contra Uruguay. La tendencia medioambiental señalada por el representante ecuatoriano la inauguró el propio TIJ en 2006. Fue, claro, con el conflicto sobre la presunta contaminación de dos fábricas de celulosa que enfrenta a Uruguay y Argentina. Bautizada ya como la guerra de las papeleras, ha marcado el curso del río Uruguay, donde se construyen. Buenos Aires, la demandante, considera que las plantas violan un tratado internacional firmado en 1975 sobre el uso fluvial. Montevideo, que ha efectuado la mayor inversión privada de su historia, tilda de abusivos los bloqueos del lado argentino, en una zona turística. Las audiencias públicas empezarán en septiembre.
Perú contra Chile. Por último, el diferendo entre Perú y Chile es por la delimitación marítima sobre un área de unos 100.000 kilómetros cuadrados en el Pacífico. Perú es la demandante y quiere una línea equidistante entre ambas fronteras, y no el actual paralelo que delimita el mar territorial y la zona económica exclusiva de ambos. Chile afirma que no hay temas limítrofes pendientes.
Y aún puede llegar a La Haya otro contencioso regional: el protagonizado por Belice y Guatemala, que reclama más de la mitad del territorio beliceño.
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