Fuente: Una Fuente
NOTA ANTERIOR, UNAFUENTE EN TIEMO REAL: EL JEFE DIEGO GANA PORQUE LE TIENEN MIEDO: PRD CALIFICA GERMÁN MARTÍNEZ AL JEFE DIEGO DE “HONORABLE”
VANGUARDIA publica que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio por perdido el proceso que encabezó el ex senador Diego Fernández de Cevallos contra la expropiación de terrenos donde se levanto el puerto de Altamira, y en el cual están en juego mil 500 millones de pesos. Aunque el tribunal que amparó a ejidatarios afectados no precisó los alcances del fallo, la dependencia interpretó en 30 días que se deben devolver las tierras, valuar el pago de indemnizaciones y determinar qué dependencia del gobierno debe asumir el costo económico. El 3 de diciembre de 2008, solo un mes después de que se emitió la resolución jurídica, la SCT instruyó a funcionarios a recabar información necesaria “para iniciar ante la Secretaria de la Reforma Agraria el procedimiento que permita expropiar de nuevo a favor de esta dependencia los terrenos que nos ocupan”, con el compromiso de pagar avalúo e indemnización, comenta VANGUARDIA.
Al respecto, el dirigente del PAN, Germán Martínez, deslindó del asunto al gobierno: “Es una decisión que atañe a un juez”, y consideró “personas honorables” a Fernández de Cevallos y al ex procurador Antonio Lozano, quienes llevaron el proceso. En el Senado, el líder perredista Carlos Navarrete criticó que personajes de la política litiguen contra el Estado.
PREDIOS DE CLIENTES DEL “JEFE” DIEGO SERÁN RESTITUIDOS
VANGUARDIA advierte que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitó devolver a ejidatarios los terrenos expropiados donde se construyó el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas, e iniciar los trámites para un nuevo decreto de expropiación, el avalúo para el pago de indemnizaciones y ver cuál dependencia del gobierno federal debe asumir el pago de todo. Todo lo anterior, luego de leer la resolución sobre el amparo que un tribunal federal otorgó a la defensa de ejidatarios encabezada por los ex dirigentes del PAN, el ex senador Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador general de la República Antonio Lozano Gracia, contra el decreto presidencial que expropió los predios donde está la terminal marítima. Menos de un mes después de concedido el amparo a la defensa integrada también por el ex subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación Arturo Chávez Chávez, el director general adjunto normativo de la SCT, Francisco Loera Aguilar, interpretó el sentido del amparo de la siguiente manera: “Los efectos de la resolución antes mencionada serían la inexistencia del decreto expropiatorio y, en su caso, la restitución al ejido de los terrenos expropiados”, según documentos oficiales de Comunicaciones y Transportes a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso, refiere VANGUARDIA.
En la sentencia de amparo dictada el 5 de noviembre de 2008, no se establece cuál es el alcance de la misma. Señala que las autoridades no fundaron su proceder para que expresara la evidencia que tuvo a su alcance para determinar que dicha expropiación era superior a la utilidad social del ejido o de las comunidades y por ello “en ese contexto, se impone conceder el amparo solicitado por el núcleo agrario en contra del decreto expropiatorio”. Luego de esas frases no hay nada más sobre cómo debe cumplirse o a qué obliga el amparo. La respuesta de la SCT fue inmediata y en el oficio 17342 enviado el 3 de diciembre pasado por Francisco Loera Aguilar —entre cuyas responsabilidades en la institución se encuentran la emisión de opiniones y criterios jurídicos— se instruye a los funcionarios que tienen que ver con la administración y operación del puerto de Altamira para que lo en su opinión sería la inexistencia del decreto expropiatorio y la restitución al ejido de los terrenos, “se recabe información necesaria para iniciar ante la Secretaria de la Reforma Agraria el procedimiento que permita expropiar a favor de esta dependencia los terrenos que nos ocupan”.
De acuerdo con el oficio enviado por el funcionario, éste pide que “con la urgencia que el caso amerita y en coordinación con la Administración Portuaria Integral de Tampico se recabe la información que se detalla y se remita a esta Unidad de Asuntos Jurídicos”.
VANGUARDIA publica que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio por perdido el proceso que encabezó el ex senador Diego Fernández de Cevallos contra la expropiación de terrenos donde se levanto el puerto de Altamira, y en el cual están en juego mil 500 millones de pesos. Aunque el tribunal que amparó a ejidatarios afectados no precisó los alcances del fallo, la dependencia interpretó en 30 días que se deben devolver las tierras, valuar el pago de indemnizaciones y determinar qué dependencia del gobierno debe asumir el costo económico. El 3 de diciembre de 2008, solo un mes después de que se emitió la resolución jurídica, la SCT instruyó a funcionarios a recabar información necesaria “para iniciar ante la Secretaria de la Reforma Agraria el procedimiento que permita expropiar de nuevo a favor de esta dependencia los terrenos que nos ocupan”, con el compromiso de pagar avalúo e indemnización, comenta VANGUARDIA.
Al respecto, el dirigente del PAN, Germán Martínez, deslindó del asunto al gobierno: “Es una decisión que atañe a un juez”, y consideró “personas honorables” a Fernández de Cevallos y al ex procurador Antonio Lozano, quienes llevaron el proceso. En el Senado, el líder perredista Carlos Navarrete criticó que personajes de la política litiguen contra el Estado.
PREDIOS DE CLIENTES DEL “JEFE” DIEGO SERÁN RESTITUIDOS
VANGUARDIA advierte que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitó devolver a ejidatarios los terrenos expropiados donde se construyó el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas, e iniciar los trámites para un nuevo decreto de expropiación, el avalúo para el pago de indemnizaciones y ver cuál dependencia del gobierno federal debe asumir el pago de todo. Todo lo anterior, luego de leer la resolución sobre el amparo que un tribunal federal otorgó a la defensa de ejidatarios encabezada por los ex dirigentes del PAN, el ex senador Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador general de la República Antonio Lozano Gracia, contra el decreto presidencial que expropió los predios donde está la terminal marítima. Menos de un mes después de concedido el amparo a la defensa integrada también por el ex subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación Arturo Chávez Chávez, el director general adjunto normativo de la SCT, Francisco Loera Aguilar, interpretó el sentido del amparo de la siguiente manera: “Los efectos de la resolución antes mencionada serían la inexistencia del decreto expropiatorio y, en su caso, la restitución al ejido de los terrenos expropiados”, según documentos oficiales de Comunicaciones y Transportes a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso, refiere VANGUARDIA.
En la sentencia de amparo dictada el 5 de noviembre de 2008, no se establece cuál es el alcance de la misma. Señala que las autoridades no fundaron su proceder para que expresara la evidencia que tuvo a su alcance para determinar que dicha expropiación era superior a la utilidad social del ejido o de las comunidades y por ello “en ese contexto, se impone conceder el amparo solicitado por el núcleo agrario en contra del decreto expropiatorio”. Luego de esas frases no hay nada más sobre cómo debe cumplirse o a qué obliga el amparo. La respuesta de la SCT fue inmediata y en el oficio 17342 enviado el 3 de diciembre pasado por Francisco Loera Aguilar —entre cuyas responsabilidades en la institución se encuentran la emisión de opiniones y criterios jurídicos— se instruye a los funcionarios que tienen que ver con la administración y operación del puerto de Altamira para que lo en su opinión sería la inexistencia del decreto expropiatorio y la restitución al ejido de los terrenos, “se recabe información necesaria para iniciar ante la Secretaria de la Reforma Agraria el procedimiento que permita expropiar a favor de esta dependencia los terrenos que nos ocupan”.
De acuerdo con el oficio enviado por el funcionario, éste pide que “con la urgencia que el caso amerita y en coordinación con la Administración Portuaria Integral de Tampico se recabe la información que se detalla y se remita a esta Unidad de Asuntos Jurídicos”.
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