Fuente: e-consulta
El ex senador panista Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador Antonio Lozano Gracia obtuvieron un amparo en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo que implicaría la paralización de labores del puerto de Altamira, Tamaulipas, o el desembolso de más de mil 500 millones de pesos del erario.
Dos grupos de ejidatarios representados por los dos ex dirigentes del PAN comenzaron en junio de 2007 la impugnación del decreto presidencial que expropió —hace 28 años, en 1981— los terrenos donde se ubica la terminal marítima.
La protección otorgada contra la acción federal se dio porque en el texto del decreto no se justificó la utilidad pública del puerto para la expropiación, y no porque los ejidatarios no hayan recibido el pago por sus tierras o no se les haya dotado de nuevos predios.
En entrevista, el ex senador Diego Fernández aceptó que junto con el ex procurador llevaron la defensa de los ejidatarios y que ya ganaron el juicio. Agregó que están a la espera de la sentencia favorable a los ejidatarios, y confió en que sea en el sentido del pleno goce de los derechos sobre las tierras.
Altamira recibió en nueve años inversión por 2 mil 500 millones de dólares. La determinación del tribunal federal coloca en la incertidumbre jurídica las tierras donde se asienta.
El Puerto de Altamira es el complejo industrial portuario más desarrollado y con mayores perspectivas de crecimiento en México, ya que en un solo espacio reúne todos los requisitos para acceder a los mercados nacional e internacional.
El puerto industrial de Altamira esta situado en el Golfo de México, en el sur del estado de Tamaulipas, se enlaza por ferrocarril y carreteras con las regiones económicas donde se genera el 70% del producto interno bruto del país, tiene un calado de 39 pies que permite la entrada de embarcaciones de hasta 60 mil toneladas de peso muerto, y 300 metros de eslora, y existen planes de convertirlo en el puerto de mayor profundidad en el Golfo de México.
En abril se concluyó en esa terminal marítima la construcción de plataformas para la extracción de crudo en aguas profundas, obras que forman parte del proyecto denominado Maloob-C que está bajo la responsabilidad de J. Ray Mc Dermott de México.
J. Ray Mc Dermott es una compañía de capital norteamericano y una de las líderes en su ramo a nivel mundial. Con filiales en América, Medio Oriente, el Caspio y Asia, los servicios de esta empresa incluyen el diseño, la fabricación, el transporte y la instalación de plataformas y tuberías marinas.
En México, específicamente en el Puerto de Altamira, J. Ray Mc Dermott ha iniciado su producción con proyectos para PEMEX. La plataforma Maloob-C, ha sido fabricada exclusivamente para la Región Marina Noreste de PEMEX Exploración y Producción, y está diseñada para 18 pozos.
Ahora, la resolución abre la puerta para que otros tres ejidos exijan un amparo similar, además de poner en riesgo al puerto y al gobierno federal en la antesala de pagar, en momentos de crisis, indemnizaciones millonarias.
Dos grupos de ejidatarios representados por los dos ex dirigentes del PAN comenzaron en junio de 2007 la impugnación del decreto presidencial que expropió —hace 28 años, en 1981— los terrenos donde se ubica la terminal marítima.
La protección otorgada contra la acción federal se dio porque en el texto del decreto no se justificó la utilidad pública del puerto para la expropiación, y no porque los ejidatarios no hayan recibido el pago por sus tierras o no se les haya dotado de nuevos predios.
En entrevista, el ex senador Diego Fernández aceptó que junto con el ex procurador llevaron la defensa de los ejidatarios y que ya ganaron el juicio. Agregó que están a la espera de la sentencia favorable a los ejidatarios, y confió en que sea en el sentido del pleno goce de los derechos sobre las tierras.
Altamira recibió en nueve años inversión por 2 mil 500 millones de dólares. La determinación del tribunal federal coloca en la incertidumbre jurídica las tierras donde se asienta.
El Puerto de Altamira es el complejo industrial portuario más desarrollado y con mayores perspectivas de crecimiento en México, ya que en un solo espacio reúne todos los requisitos para acceder a los mercados nacional e internacional.
El puerto industrial de Altamira esta situado en el Golfo de México, en el sur del estado de Tamaulipas, se enlaza por ferrocarril y carreteras con las regiones económicas donde se genera el 70% del producto interno bruto del país, tiene un calado de 39 pies que permite la entrada de embarcaciones de hasta 60 mil toneladas de peso muerto, y 300 metros de eslora, y existen planes de convertirlo en el puerto de mayor profundidad en el Golfo de México.
En abril se concluyó en esa terminal marítima la construcción de plataformas para la extracción de crudo en aguas profundas, obras que forman parte del proyecto denominado Maloob-C que está bajo la responsabilidad de J. Ray Mc Dermott de México.
J. Ray Mc Dermott es una compañía de capital norteamericano y una de las líderes en su ramo a nivel mundial. Con filiales en América, Medio Oriente, el Caspio y Asia, los servicios de esta empresa incluyen el diseño, la fabricación, el transporte y la instalación de plataformas y tuberías marinas.
En México, específicamente en el Puerto de Altamira, J. Ray Mc Dermott ha iniciado su producción con proyectos para PEMEX. La plataforma Maloob-C, ha sido fabricada exclusivamente para la Región Marina Noreste de PEMEX Exploración y Producción, y está diseñada para 18 pozos.
Ahora, la resolución abre la puerta para que otros tres ejidos exijan un amparo similar, además de poner en riesgo al puerto y al gobierno federal en la antesala de pagar, en momentos de crisis, indemnizaciones millonarias.
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