ALTAMIRA, Tamps.— En el proceso contra la expropiación de terrenos del Puerto Industrial de Altamira, además de los ejidos Francisco Medrano y Ricardo Flores Magón, también aceptaron ser representados por el bufete jurídico de Diego Fernández de Ceballos, los ejidos La Pedrera y Francisco I. Madero, además de estar pendientes Villa Altamira y Armenta.
La decisión de los ejidatarios se tomó durante la reunión que sostuvieron el martes por la mañana con integrantes de dicho bufete jurídico.
El presidente del Comité Municipal Campesino de Altamira, Enrique Báez Nieto, mencionó que la mayoría de los ejidos involucrados en este caso fueron fundados allá por 1930 y se ubican en la zona Sur del municipio.
Cuando se realizó la expropiación, explicó, la mayoría de los ejidos conservaron sus asentamientos humanos, pero en el caso del ejido Armenta si les fue dotado de otro terreno para reubicación.
Respecto al origen de la demanda, a pesar de que se pagó la expropiación, añadió el también síndico de Altamira, fue porque el gobierno federal incumplió un acuerdo con los ejidatarios, de dotarles del 20% de las ventas a los industriales, “esto originó que los campesinos iniciaran una demanda y comenzaron a surgir muchas anomalías en el acuerdo original de expropiación”.
Sobre este tema, el director de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado, Hermenegildo García Walle, aseguró que aun cuando el gobierno federal está obligado al cumplimiento jurídico, en la resolución del Poder Judicial de la Federación por la cual se deja sin efectos a través de un amparo el decreto expropiatorio sobre 639 hectáreas de los ejidos Francisco Medrano y Flores Magón de Altamira, esto no implica necesariamente la restitución de los terrenos ni el desalojo de las industrias ahí asentadas.
El funcionario insistió en que este fallo es una sentencia firme, por lo cual la autoridad responsable en el amparo, que es el gobierno federal, está obligada a su debido cumplimiento.
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