Fuente: ABC
Las investigaciones iniciadas por Obras Públicas sobre la denuncia boliviana acerca de la doble bandera de buques desnudan la vergonzosa negligencia que existe en el sistema de matriculación de naves en nuestro país. Toda una flota de 30 embarcaciones de Oceanpar, una de las navieras denunciadas junto a UABL, habría iniciado aquí los trámites a base de un documento supuestamente falso.
La auditoría en Marina Mercante reveló además que gran número de buques está operando de forma irregular.
Semanas atrás el ministro de Obras, Efraín Alegre, ordenó una auditoría de gestión en la Marina Mercante a raíz de la protesta boliviana por el doble abanderamiento de buques de la multinacional UABL y la naviera Oceanpar.
Este hecho fue denunciado posteriormente a la Fiscalía Anticorrupción y sobre la base de una nota remitida a las autoridades paraguayas informando que 285 embarcaciones de UABL Paraguay y Oceanpar, en la que figura como presidente Jorge José Alvarez, tienen doble matriculación y no efectuaron trámite alguno para el cese de bandera en el vecino país, contraviniendo el acuerdo de Santa Cruz de la Sierra de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná.
El titular de la unidad de Asuntos Internos del MOPC, abogado Alejandro Nissen, conjuntamente con Carlos Capurro y el auditor interno del ente, Javier Morínigo, en rueda de prensa realizada en la víspera, informaron que las pesquisas que hicieron en el ámbito de la cartera y las entrevistas que mantuvieron en el vecino país con las autoridades bolivianas revelaron hechos que agravan aún más la situación de las navieras denunciadas.
Particularmente de Oceanpar SA, ya que según un trámite fiscal cumplido en La Paz, ante el despacho del agente Eduardo Andrés Cazenave Velilla, el director general de la Capitanía de Puertos de la vecina nación, Cap. de Nav. Ricardo Marquez Quenallata, dijo que en una supuesta constancia de cancelación de banderas de 30 embarcaciones de la empresa UABL, su firma estaría falsificada y que fue utilizada por la primera de las navieras referidas para su matriculación en Paraguay.
Se trata de las barcazas individualizadas con los nombres de “Matador I al LXI”, de varios tonelajes y características, consignadas como de propiedad de UABL Internacional SA, que designa como representante legal en el documento al Dr. Daniel H. Quevedo Calderón.
El supuesto certificado de cancelación lleva el número 001311, tiene fecha del 21 de agosto del 2006, en el que está, según manifestó ayer el abogado Nissen, la firma apócrifa del Cap. Marquez Capellanata, titular de la Capitanía de Puerto de la Fuerza Naval Boliviana.
Supuestamente, el documento, conforme se lee en el mismo, prueba que los 30 buques citados se “encuentran libre de cualquier hipoteca o gravamen y están cancelados permanentemente del registro de la Dirección General de Capitanías de Puerto”.
Marquez Capellanata, en su declaración ante el fiscal Cazenave Velilla, negó de forma categórica la autenticidad del documento.
“A principios de esta gestión, en forma casual, llego a conocer de un documento de UABL, del que yo no tenía ni idea. Ese documento me sorprendió, pues en mi gestión a la que hice referencia nunca había despachado un trámite internacional, o sea jamás había firmado un documento de esa naturaleza”, precisó el jefe naval ante el fiscal.
EN LA MIRA LOS BUQUES DE UABL
El jefe de la Unidad de Asuntos Internos del MOPC dijo que ahora se encuentran en observación los expedientes de UABL Paraguay SA, que según constan en las respectivas actas de constitución de las sociedades, se encuentran encabezadas por los mismos directivos (por lo menos, inicialmente). “Todavía queda mucha tela que cortar”, dijo ayer Nissen,
Javier Morínigo, encargado de la auditoría que se viene implementando en la Marina Mercante, señaló que los interventores pudieron detectar otros graves dolos que se vinieron materializando en el ente fluvial.
Morínigo mostró en la ocasión un largo listado de cuestionadas matriculaciones, pertenecientes a varias empresas de nuestro medio, en las cuales habría casos de indocumentación legal de las embarcaciones, obsolescencia de las mismas, y la habilitación totalmente irregular para prestar sus servicios en la hidrovía.
Las investigaciones iniciadas por Obras Públicas sobre la denuncia boliviana acerca de la doble bandera de buques desnudan la vergonzosa negligencia que existe en el sistema de matriculación de naves en nuestro país. Toda una flota de 30 embarcaciones de Oceanpar, una de las navieras denunciadas junto a UABL, habría iniciado aquí los trámites a base de un documento supuestamente falso.
La auditoría en Marina Mercante reveló además que gran número de buques está operando de forma irregular.
Semanas atrás el ministro de Obras, Efraín Alegre, ordenó una auditoría de gestión en la Marina Mercante a raíz de la protesta boliviana por el doble abanderamiento de buques de la multinacional UABL y la naviera Oceanpar.
Este hecho fue denunciado posteriormente a la Fiscalía Anticorrupción y sobre la base de una nota remitida a las autoridades paraguayas informando que 285 embarcaciones de UABL Paraguay y Oceanpar, en la que figura como presidente Jorge José Alvarez, tienen doble matriculación y no efectuaron trámite alguno para el cese de bandera en el vecino país, contraviniendo el acuerdo de Santa Cruz de la Sierra de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná.
El titular de la unidad de Asuntos Internos del MOPC, abogado Alejandro Nissen, conjuntamente con Carlos Capurro y el auditor interno del ente, Javier Morínigo, en rueda de prensa realizada en la víspera, informaron que las pesquisas que hicieron en el ámbito de la cartera y las entrevistas que mantuvieron en el vecino país con las autoridades bolivianas revelaron hechos que agravan aún más la situación de las navieras denunciadas.
Particularmente de Oceanpar SA, ya que según un trámite fiscal cumplido en La Paz, ante el despacho del agente Eduardo Andrés Cazenave Velilla, el director general de la Capitanía de Puertos de la vecina nación, Cap. de Nav. Ricardo Marquez Quenallata, dijo que en una supuesta constancia de cancelación de banderas de 30 embarcaciones de la empresa UABL, su firma estaría falsificada y que fue utilizada por la primera de las navieras referidas para su matriculación en Paraguay.
Se trata de las barcazas individualizadas con los nombres de “Matador I al LXI”, de varios tonelajes y características, consignadas como de propiedad de UABL Internacional SA, que designa como representante legal en el documento al Dr. Daniel H. Quevedo Calderón.
El supuesto certificado de cancelación lleva el número 001311, tiene fecha del 21 de agosto del 2006, en el que está, según manifestó ayer el abogado Nissen, la firma apócrifa del Cap. Marquez Capellanata, titular de la Capitanía de Puerto de la Fuerza Naval Boliviana.
Supuestamente, el documento, conforme se lee en el mismo, prueba que los 30 buques citados se “encuentran libre de cualquier hipoteca o gravamen y están cancelados permanentemente del registro de la Dirección General de Capitanías de Puerto”.
Marquez Capellanata, en su declaración ante el fiscal Cazenave Velilla, negó de forma categórica la autenticidad del documento.
“A principios de esta gestión, en forma casual, llego a conocer de un documento de UABL, del que yo no tenía ni idea. Ese documento me sorprendió, pues en mi gestión a la que hice referencia nunca había despachado un trámite internacional, o sea jamás había firmado un documento de esa naturaleza”, precisó el jefe naval ante el fiscal.
EN LA MIRA LOS BUQUES DE UABL
El jefe de la Unidad de Asuntos Internos del MOPC dijo que ahora se encuentran en observación los expedientes de UABL Paraguay SA, que según constan en las respectivas actas de constitución de las sociedades, se encuentran encabezadas por los mismos directivos (por lo menos, inicialmente). “Todavía queda mucha tela que cortar”, dijo ayer Nissen,
Javier Morínigo, encargado de la auditoría que se viene implementando en la Marina Mercante, señaló que los interventores pudieron detectar otros graves dolos que se vinieron materializando en el ente fluvial.
Morínigo mostró en la ocasión un largo listado de cuestionadas matriculaciones, pertenecientes a varias empresas de nuestro medio, en las cuales habría casos de indocumentación legal de las embarcaciones, obsolescencia de las mismas, y la habilitación totalmente irregular para prestar sus servicios en la hidrovía.
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