Fuentes cercanas a la representación paraguaya de la multinacional UABL aseguraron que toda la flota de la compañía se encuentra en regla, con los impuestos al día, “por lo cual no se podría sostener que venía operando en la clandestinidad”, dijeron. Dicha empresa, al igual que otra naviera, la firma Oceanpar, fue denunciada ante la Fiscalía General.
Fuente: ABC
Hubo protesta de las autoridades bolivianas por el doble abanderamiento de sus embarcaciones. Se menciona que en esa situación se encontrarían unas 300 naves de ambas navieras, ya que, según denunció Bolivia, no efectuaron ningún trámite en el país vecino para el cese de matrícula.
“Todo está en regla. La empresa paga todos sus impuestos al día. Las naves solo tenían bandera boliviana temporal, que ya está vencida incluso y, la originaria, es de Liberia.
No se podría mencionar que venía operando en la clandestinidad”, expresó un referente de UABL Paraguay.
El ministro Efraín Alegre y el director de la Marina Mercante, Ing. Jorge Irala Burgos, con el patrocinio del abogado Alejandro Nissen Pessolani y Alejandro González Barrios, coordinadores de la Unidad de Asuntos Internos del MOPC, presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción, el lunes en horas de la tarde, una denuncia contra personas innominadas, por supuestos hechos punibles contra la prueba documental.
Alegre e Irala manifiestan en su presentación que ciertas personas que continuarían perteneciendo al sector de la administración pública, mediante la “producción y uso de documentos oficiales de contenido no auténtico, permitieron que 284 embarcaciones con bandera boliviana ingresaran al territorio nacional para luego de manera solapada y clandestina, burlar el normativo vigente para inscripciones de esa naturaleza y con ello incorporar a las matrículas nacionales y al uso del pabellón paraguayo, en virtud al Art. 12 del Decreto Nº 5.399/05, en complicidad o instigados, probablemente, con empresas del sector privado”.
Aclara después que las autoridades bolivianas requirieron al MOPC conocer la situación jurídica de las embarcaciones de las firmas UABL y Oceanpar “en el sentido de que existía una sospecha de que dichas empresas habrían incumplido el acuerdo de Santa Cruz de la Sierra de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná”.
El hecho denunciado se materializó durante la gestión de Nicanor Duarte Frutos, siendo ministro de Obras, Pánfilo Benítez, y director de la Marina Mercante, Oscar Cortessi.
Fuente: ABC
Hubo protesta de las autoridades bolivianas por el doble abanderamiento de sus embarcaciones. Se menciona que en esa situación se encontrarían unas 300 naves de ambas navieras, ya que, según denunció Bolivia, no efectuaron ningún trámite en el país vecino para el cese de matrícula.
“Todo está en regla. La empresa paga todos sus impuestos al día. Las naves solo tenían bandera boliviana temporal, que ya está vencida incluso y, la originaria, es de Liberia.
No se podría mencionar que venía operando en la clandestinidad”, expresó un referente de UABL Paraguay.
El ministro Efraín Alegre y el director de la Marina Mercante, Ing. Jorge Irala Burgos, con el patrocinio del abogado Alejandro Nissen Pessolani y Alejandro González Barrios, coordinadores de la Unidad de Asuntos Internos del MOPC, presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción, el lunes en horas de la tarde, una denuncia contra personas innominadas, por supuestos hechos punibles contra la prueba documental.
Alegre e Irala manifiestan en su presentación que ciertas personas que continuarían perteneciendo al sector de la administración pública, mediante la “producción y uso de documentos oficiales de contenido no auténtico, permitieron que 284 embarcaciones con bandera boliviana ingresaran al territorio nacional para luego de manera solapada y clandestina, burlar el normativo vigente para inscripciones de esa naturaleza y con ello incorporar a las matrículas nacionales y al uso del pabellón paraguayo, en virtud al Art. 12 del Decreto Nº 5.399/05, en complicidad o instigados, probablemente, con empresas del sector privado”.
Aclara después que las autoridades bolivianas requirieron al MOPC conocer la situación jurídica de las embarcaciones de las firmas UABL y Oceanpar “en el sentido de que existía una sospecha de que dichas empresas habrían incumplido el acuerdo de Santa Cruz de la Sierra de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná”.
El hecho denunciado se materializó durante la gestión de Nicanor Duarte Frutos, siendo ministro de Obras, Pánfilo Benítez, y director de la Marina Mercante, Oscar Cortessi.
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