Fuente: El Universal
Alberto Barranco
Empresa
Doble jaque a cementeras
Aunque ambas apuntan al mismo objetivo: demostrar que las principales cementeras instaladas en el país se coluden para fijar precios, en realidad son dos las denuncias colocadas en la mesa de la Comisión Federal de Competencia
El denunciante, o mejor dicho los denunciantes, son los mismos: Irkon Holding, Comercio para el Desarrollo Mexicano y Maquinaria, Carros y Camiones, cuyo común denominador es su integración en la frustrada expedición del barco-silo griego de bandera panameña Mary Nour.
La posibilidad hablaba de importar de diversos países asiáticos o europeos el llamado oro gris con proa hacia el mercado interno, para competir con la oferta nacional a precios sensiblemente inferiores.
El navío, como usted sabe, no pudo descargar las 27 mil toneladas de cemento ruso que llevaba en la panza, tras un largo vía crucis que se alargó por espacio de 10 meses.
La ruta, pues, nunca pudo abrirse ante la tenaz resistencia de las cementeras mexicanas que hurgaron todas las argucias, en un escenario en que al final había una carga adicional de multas por parte de la Administradora General de Aduanas.
Bien, pues la primera de las denuncias apunta específicamente al caso Mary Nour, y la segunda a la supuesta realización de prácticas monopólicas absolutas, en su modalidad de acuerdos para la fijación de precios. Lo interesante del asunto es que una y otra no sólo fueron admitidas por la dependencia en custodia de la Ley Federal de Competencia Económica, sino, desahogada la investigación, se emitieron sendos oficios de probable responsabilidad. Dicho con todas las letras, se emplazó a las firmas señaladas como presuntas responsables a responder a las acusaciones, bajo el amago de la existencia de visos de responsabilidad.
El primer oficio se emitió en enero pasado. El segundo en marzo.
En este último caso el jaque alcanza a Cementos Mexicanos, Holcim Apasco, Cooperativa Cruz Azul, Grupo Cementos Chihuahua, Lafarge Cementos y Corporación Moctezuma.
La denuncia específica que le dio paso a la indagación, planteada el 25 de agosto de 2006, hablaba de que los precios de cemento a granel en el mercado nacional en 2002 resultaban 243% más altos en relación con el promedio internacional de los 19 países de mayor consumo.
De acuerdo con el artículo noveno de la Ley Federal de Competencia Económica, se puede abrir una indagación cuando se presuma que “el precio de venta ofrecido en territorio nacional por dos o más competidores sea sensiblemente superior al costo de referencia internacional”.
El caso es que en sus conclusiones la instancia en lucha contra los monopolios señala que desde 1982 se observa que las empresas participantes en la industria del cemento han mantenido un comportamiento que sugiere la existencia de diversos mecanismos y prácticas, con tres objetivos: fijar o manipular los precios a nivel de cada plaza o región; definir y dar estabilidad a los participantes del mercado, y segmentar éste por región y cartera de clientes.
La conducta persiste desde entonces. Más allá, se identificó que la industria está caracterizada por elementos que facilitan la realización y mantenimiento exitoso de acuerdos colusivos entre sus oferentes, dada la homogeneidad del producto; el que existan pocos participantes y una elevada concentración.
Adicionalmente, se habla de escaso poder de negociación de los compradores y de barreras a la entrada, lo que limita las importaciones.
La práctica, sin embargo, no es privativa del país, se da a lo largo del planeta, lo que ha provocado severas sanciones contra las cementeras.
En el largo camino de tres años entre la presentación de la denuncia y la expedición del oficio de posible responsabilidad, se convocó como testigo a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Más allá, se le pidieron informes a Cementos Mexicanos, Holcim Apasco, Grupo Cementos de Chihuahua, Lafarge Cementos, Cooperativa Cruz Azul y la Corporación Moctezuma.
Finalmente, reunida una montaña de papeles, el pleno de la Comisión Federal de Competencia se reuniría para aprobar el pliego de probable responsabilidad. De la contundencia de las respuestas de las empresas emplazadas dependerá si se decreta una sanción contra ellas.
El jaque, por lo pronto, es al rey.
Alberto Barranco
Empresa
Doble jaque a cementeras
Aunque ambas apuntan al mismo objetivo: demostrar que las principales cementeras instaladas en el país se coluden para fijar precios, en realidad son dos las denuncias colocadas en la mesa de la Comisión Federal de Competencia
El denunciante, o mejor dicho los denunciantes, son los mismos: Irkon Holding, Comercio para el Desarrollo Mexicano y Maquinaria, Carros y Camiones, cuyo común denominador es su integración en la frustrada expedición del barco-silo griego de bandera panameña Mary Nour.
La posibilidad hablaba de importar de diversos países asiáticos o europeos el llamado oro gris con proa hacia el mercado interno, para competir con la oferta nacional a precios sensiblemente inferiores.
El navío, como usted sabe, no pudo descargar las 27 mil toneladas de cemento ruso que llevaba en la panza, tras un largo vía crucis que se alargó por espacio de 10 meses.
La ruta, pues, nunca pudo abrirse ante la tenaz resistencia de las cementeras mexicanas que hurgaron todas las argucias, en un escenario en que al final había una carga adicional de multas por parte de la Administradora General de Aduanas.
Bien, pues la primera de las denuncias apunta específicamente al caso Mary Nour, y la segunda a la supuesta realización de prácticas monopólicas absolutas, en su modalidad de acuerdos para la fijación de precios. Lo interesante del asunto es que una y otra no sólo fueron admitidas por la dependencia en custodia de la Ley Federal de Competencia Económica, sino, desahogada la investigación, se emitieron sendos oficios de probable responsabilidad. Dicho con todas las letras, se emplazó a las firmas señaladas como presuntas responsables a responder a las acusaciones, bajo el amago de la existencia de visos de responsabilidad.
El primer oficio se emitió en enero pasado. El segundo en marzo.
En este último caso el jaque alcanza a Cementos Mexicanos, Holcim Apasco, Cooperativa Cruz Azul, Grupo Cementos Chihuahua, Lafarge Cementos y Corporación Moctezuma.
La denuncia específica que le dio paso a la indagación, planteada el 25 de agosto de 2006, hablaba de que los precios de cemento a granel en el mercado nacional en 2002 resultaban 243% más altos en relación con el promedio internacional de los 19 países de mayor consumo.
De acuerdo con el artículo noveno de la Ley Federal de Competencia Económica, se puede abrir una indagación cuando se presuma que “el precio de venta ofrecido en territorio nacional por dos o más competidores sea sensiblemente superior al costo de referencia internacional”.
El caso es que en sus conclusiones la instancia en lucha contra los monopolios señala que desde 1982 se observa que las empresas participantes en la industria del cemento han mantenido un comportamiento que sugiere la existencia de diversos mecanismos y prácticas, con tres objetivos: fijar o manipular los precios a nivel de cada plaza o región; definir y dar estabilidad a los participantes del mercado, y segmentar éste por región y cartera de clientes.
La conducta persiste desde entonces. Más allá, se identificó que la industria está caracterizada por elementos que facilitan la realización y mantenimiento exitoso de acuerdos colusivos entre sus oferentes, dada la homogeneidad del producto; el que existan pocos participantes y una elevada concentración.
Adicionalmente, se habla de escaso poder de negociación de los compradores y de barreras a la entrada, lo que limita las importaciones.
La práctica, sin embargo, no es privativa del país, se da a lo largo del planeta, lo que ha provocado severas sanciones contra las cementeras.
En el largo camino de tres años entre la presentación de la denuncia y la expedición del oficio de posible responsabilidad, se convocó como testigo a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Más allá, se le pidieron informes a Cementos Mexicanos, Holcim Apasco, Grupo Cementos de Chihuahua, Lafarge Cementos, Cooperativa Cruz Azul y la Corporación Moctezuma.
Finalmente, reunida una montaña de papeles, el pleno de la Comisión Federal de Competencia se reuniría para aprobar el pliego de probable responsabilidad. De la contundencia de las respuestas de las empresas emplazadas dependerá si se decreta una sanción contra ellas.
El jaque, por lo pronto, es al rey.
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